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Comunicado sobre la visita de la directora del INAPL a la Cámara de Diputados
Por Fuente: Elsa Siria Quiroz - Wednesday, Jul. 14, 2010 at 4:01 PM
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14/07/10- La diputada nacional de la CC-ARI, Elsa Quiroz, participó de la Comisión de Cultura a la que estaba invitada la directora del “Instituto Nacional de Arqueología y Pensamiento Latinoamericano”, Sra. Diana Rolandi, para brindar informes sobre la situación del sitio arqueológico ubicado en Punta Querandí-Tigre.

“Teniendo en cuenta que el terreno del que se habla pertenecía previamente al ONABE y, por lo tanto hablamos de jurisdicción nacional, ¿estaba el Instituto enterado de dicha situación?” –cuestionó Quiroz-. Y: “teniendo en cuenta que la ordenanza Nº 2288/00, de la Municipalidad de Tigre, estableció que los hallazgos de restos arqueológicos se deben preservar hasta que intervenga la Comisión de Museos y Monumentos y Lugares Históricos, ¿tuvo el Instituto alguna solicitud de la Municipalidad de Tigre u otro organismo para intervenir en el predio?” –finalizó-. La Sra. Rolandi, alegó desconocer que se trataba de tierras de jurisdicción nacional y manifestó que el Instituto no había recepcionado ninguna solicitud ni provincial, ni municipal o de cualquier otro organismo alertando sobre posibles hallazgos arqueológicos en el predio.

También se hallaban presentes el responsable legal del Instituto y el arqueólogo Loponte, responsable de los informes elaborados respecto del predio en cuestión, quien agregó que: -en el lugar en el que se realizaron las excavaciones era el único en el que quedaban restos arqueológicos y, en realidad, estos fueron desplazados hasta el Canal con la remoción de tierras que provocó la construcción del ferrocarril en su momento-.

La diputada Quiroz también planteó el interrogante de “los fondos con los que se financiaban los estudios arqueológicos”. Ante este cuestionamiento, Rolandi respondió que “se financiaban exclusivamente con donaciones provenientes de organismos internacionales dedicados a la preservación del patrimonio cultural de los países y con fondos otorgados por el Gobierno Nacional”.

Concluyó así la Comisión, con más dudas que certezas respecto de la situación de las tierras de Punta Canal.

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