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Juicio UP1/Gontero: Yanicelli culpa a la justicia federal
Por reproducido de Prensa Red -
Tuesday, Jul. 20, 2010 at 12:18 AM
Al declarar en el juicio a Videla (UP1) y Menéndez (Gontero), el represor Carlos Yanicelli cargó las culpas por los homicidios de los presos de la Unidad Penitenciaria Nº 1, perpetrados por el Ejército y la Policía en 1976, a la Justicia Federal de Córdoba. Además, acusó al juez camarista Luis Rueda de “trabajar” como servicio de inteligencia de la Fuerza Aérea.
13 de julio de 2010 - -Por Alexis Oliva - Prensared
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“Señor Presidente, usted dijo en esta sala que este juicio es público. Y como tal, quiero hacer conocer a este excelentísimo tribunal y también a la opinión pública un documento que afirma la relación cada vez más estrecha que con el paso del tiempo fue adquiriendo el señor (Luis Roberto) Rueda con los distintos servicios de inteligencia de Policía, Fuerzas Armadas y de seguridad”. Con ese preámbulo, casi al final de su descargo el represor Carlos Yanicelli tiró la bomba que venía anunciando y que -en palabras de un empleado tribunalicio- hizo “temblar todo el edificio” del Poder Judicial Federal de Córdoba. El documento era una fotografía que “demuestra que el señor Rueda tenía contactos con los servicios de inteligencia de Aeronáutica”, aseguró el acusado, mientras mostraba una foto donde se veía a cuatro personas en un brindis, entre ellas, un uniformado de la Fuerza Aérea y un hombre de saco y corbata azules que sería el camarista Rueda. “Voy a describir a todas las personas que se encuentran en esa reunión -aseguró Yanicelli-. Con esto quiero demostrar que el señor Rueda, desde que era pinche, trabajaba en los servicios de inteligencia. Lamentablemente, ahora lo tenemos como presidente de la Cámara Federal de Apelaciones”. Y antes de finalizar su exposición, en tono desafiante, dijo tener “más documentos para presentar en el momento oportuno” y solicitó “un careo con los funcionarios judiciales y demás personas que me acusan”. De esta forma, quien a pesar de estar señalado como uno de los principales represores de la Dirección de Informaciones llegó a ser jefe de Inteligencia de la Policía durante el gobierno constitucional de Ramón Mestre, dejaba helada a la sala de audiencias y despabilaba a Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, quienes en los primeros tramos de la cuarta audiencia habían vuelto a darse el lujo de disfrutar una siesta. Antes de tirar la bomba, Yanicelli -conocido como el “Tucán” a pesar de que no se hizo cargo de este alias- había reivindicado la represión ilegal, afirmando que “estos terroristas (las víctimas) no eran jóvenes idealistas como se dice en todas las publicaciones y libros escritos por ellos”, aunque también se cuidó de aclarar que por su “jerarquía y poca antigüedad en el Departamento, no tenía la capacidad de interrogar ni de hablar con los detenidos”. “Yo no participé ni participaba de los interrogatorios”, sostuvo antes de negar los crímenes de que se lo acusa. Por ejemplo, en el llamado “hecho cuarto” (fusilamiento de Diana Fidelman, Miguel Mozé, Luis Verón, Ricardo Young, Eduardo Hernández y José Svagusa, el 17 de mayo de 1976), desmintió el testimonio del ex integrante del ERP Carlos “Charly” Moore, quien denunció que “el traslado fue un pretexto para aniquilar a los presos” y señaló a Yanicelli entre los victimarios. “Esto es temerario”, se quejó Yanicelli, porque se basa en “la declaración de un prófugo de esta Justicia Federal, condenado por hechos aberrantes en la década del 70” y “traidor a la organización a la que pertenecía”, por lo que también pidió un careo con Moore. Asimismo, sobre este primer fusilamiento masivo, afirmó: “No se analiza lo más importante, que es que los detenidos fueron retirados porque mediaron oficios judiciales de los juzgados federales N° 1 y N° 2. (…) Pregunto: ¿Cómo es que se soslaya la parte más fundamental para poder arribar a la verdad real? (…) ¿Dónde está el sumario que se instruyó por este caso? ¿O es que la Justicia, ante semejante hecho, no adoptó ninguna medida en esa oportunidad? Eso, señor Presidente, no se lo cree nadie. Hubo seis muertes y por una cuestión de lógica las actuaciones se debieron realizar”. Las miradas perplejas en la sala mostraban cómo, en su estrategia de “llevarse puesta” a la corporación judicial, justamente Yanicelli, el otrora joven oficial de “legajo brillante” en tiempos del terrorismo de Estado, estaba usurpando las palabras repetidas y gritadas miles de veces por los militantes de derechos humanos. Pero el acusado siguió adelante: “Hasta hace poco tiempo prestó funciones en esta Justicia el señor (Carlos) Otero Alvarez, que a la fecha de los hechos oficiaba de secretario penal del Juzgado Federal N° 1, cuyo titular era el doctor (Adolfo) Zamboni Ledesma. Debo decir también que lo hacía la doctora (Cristina) Garzón de Lascano: en ausencia del secretario penal, ella ocupaba su lugar”. Y continuó con las incómodas preguntas retóricas: “¿Los responsables judiciales de los detenidos que fallecieron no preguntaron qué pasó con los mismos? ¿O solamente se enteraron por un comunicado en el diario? Es poco creíble, señor”. En el mismo sentido, equiparó la responsabilidad del Juzgado Federal N° 2, entonces “a cargo de Miguel Angel Puga” e “integrado por Graciela López de Filoñuk y Roberto Rueda”, del que también emanaban “las mismas directivas”. Como si no fuera suficiente, el acusado abundó: “Volviendo a la actuación de la Justicia Federal, que sabía exactamente qué y cómo funcionaba el D2, debo decir que en algunas oportunidades vi ingresar al señor Rueda al Departamento de Informaciones en compañía de otro señor, que ahora no está más en la Justicia Federal pero que ocupó el cargo de legislador, y se entrevistaron a solas con el comisario (Américo) Romano. Recuerdo que en una oportunidad me comisionó el comisario Romano al Juzgado Federal Nº 2, ya que había recibido un llamado telefónico del señor Rueda, en ese momento, según sus palabras, ‘pinche’ de ese tribunal, por orden de detención del mismo. Una vez en el lugar, me entrevisto con el señor Rueda, que me ordena detener al señor Luis Prol para ser conducido al D2”. Más que cabos, eran comisarios y jueces sueltos los que quedaron luego de la declaración de quien fuera un funcionario policial intocable durante largos años de vida democrática -protegido, entre otros, por el ex ministro de Asuntos Institucionales de la Provincia, Oscar Aguad, hoy diputado nacional radical- hasta su retiro en 1997. Pero no quiso responder preguntas.