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DESIGUALDAD DE GÉNERO EN LA POLÍTICA PERUANA
Por JULISSA ICHO YACUPOMA - Thursday, Jul. 29, 2010 at 1:52 PM
julissa_icho@hotmail.com (Casilla de correo válida)

Analizar que hacen los gobiernos, cómo, por qué y que efectos produce en la elaboración de las políticas públicas destinadas hacia la mujer rural, específicamente, en el Distrito de Los Morochucos, Provincia Cangallo, Región Ayacucho desde los años 1990 hasta el 2011. Referido al conjunto de actividades del Estado conocidos como “políticas públicas” desde los noventas hasta la actualidad.

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DESIGUALDAD DE GÉNERO EN LA POLÍTICA PERUANA

Autora: Julissa Icho Yacupoma
Socióloga e Investigadora del Mundo Andino
Maestria en Política Social y Doctorado en Ciencias Sociales UNMSM
Correo: julissa_icho@hotmail.com

Analizar que hacen los gobiernos, cómo, por qué y que efectos produce en la elaboración de las políticas públicas destinadas hacia la mujer rural, específicamente, en el Distrito de Los Morochucos, Provincia Cangallo, Región Ayacucho desde los años 1990 hasta el 2011. Referido al conjunto de actividades del Estado conocidos como “políticas públicas” desde los noventas hasta la actualidad.

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

Los temas de políticas públicas para las mujeres, que se ha desarrollado con mucha fuerza a nivel internacional en las dos últimas décadas, implican acuerdos internacionales, basados en la realización de los derechos de las personas en la que no sólo dependerá de su exigibilidad judicial, sino también de una debida y garantizada vigilancia para su promoción y cumplimiento; la vigilancia de los derechos pueden contribuir a fortalecer el proceso de integración social y democratización del país.

La explicación de la desigualdad de género se encuentra en la pervivencia de un sistema de dominación social (categoría teórica de origen weberiano) que muchas veces el feminismo tradicional u ortodoxo lo conceptualizó sólo desde una limitada perspectiva eurocéntrica, explicados desde marcos de explicación patriarcalistas.

Los textos españoles lo definen como exclusión social, marginación, feminización de la pobreza, discriminación laboral, distribución desigual del trabajo doméstico, violencia de género y desigualdad en la participación política. A veces se le denomina patriarcado otras veces discriminación estructural y desigualdad histórica.

En efecto, el lado opuesto de la infra representación de las mujeres se refleja en el marco que representa la dominación masculina de la vida política y de la toma de decisiones como un problema. El problema de dominación de los hombres en los puestos de poder y la subordinación de la mujer se debe a la existencia de perjuicios de género en la política y la persistencia de estructuras masculinas. En España el partido popular rechaza las cuotas de género en la política por tres razones: las cuotas humillan a las mujeres, la competición por el poder promoverá los individuos más dignos y capaces y, la infrarrepresentación no puede solucionarse por ley.

En la Unión Europea como en España son los que parecen tener el problema y los hombres se tratan o se percibe como el estándar de normalidad que las mujeres deben de conseguir. Las mujeres son el grupo objetivo de las acciones, mientras que a los hombres nunca se les llama a actuar y las medidas propuestas nunca están dirigidas a ellos. Emanuela Lombardo precisa que “La solución, así como el diagnóstico del problema, se enmarca en términos numéricos y consiste en aumentar el número de las mujeres” .

España y la Unión Europea comparten el objetivo de conseguir una democracia paritaria (cerca de una cuota del 40%). En España está la diferencia de género. Los discursos conservadores insisten en que “la política, los valores de las mujeres” supuestamente feminizarían la política, humanizándola. Más bien es tomado en cuenta que el tipo de reglas políticas deben de sufrir un cambio como cambiar la cultura política, cambiar la elite política masculina. Tanto la Unión Europea como España promueven la asunción de la responsabilidad por parte de los partidos políticos para incrementar el número de mujeres. “El papel del Estado para animar y apoyar a las mujeres en la política a través de actividades de formación” fomentando la independencia de las mujeres y al mismo tiempo buscar sensibilizar hacia nuevos modelos de liderazgo.

La eficacia del impacto de la política pública de género de la Unión Europea en el ámbito nacional depende de dos elementos esenciales: “una formulación exhaustiva de la política, capaz de responder a las necesidades del colectivo al que se dirige y una correcta implantación por parte de los Estados miembros” . El resultado de ambas fases del proceso de elaboración de políticas depende tanto del marco general impuesto por el contexto político – institucional y social dominante en la UE y en el país miembro.

Por consiguiente, los países que con mayor probabilidad se resistan a la implementación de las directivas europeas de la igualdad son aquellos que, como España, reproducen una división de roles de género más tradicional entre la esfera pública masculina y la esfera privada femenina con un reparto desigual a desventaja de las mujeres. Con relación a la inclusión legal, la UE proporciona un marco normativo sobre la igualdad de género en el empleo que sirve de apoyo y referencia para las mujeres españolas.

El problema de la desigualdad de género en la política afectan en la manera como se formulan las políticas públicas. Asimismo, en política puede diagnosticarse o bien como un problema de las mujeres que no alcanzan a los hombres o bien de los hombres que dominan la posición del poder y excluyen a las mujeres. “La elección de las mujeres en la política no es condición suficiente para suponer que los intereses de las mujeres mismas vayan a ser representados, pues se requiere de una composición suficiente para influir en la opinión de los grupos que deciden” .

Ahora el comportamiento político según la Teoría de la Masa Crítica” se forma según el contexto estructural, esto es, los políticos responden estratégicamente a las oportunidades presentes a su alrededor. La teoría de la masa crítica supone una herramienta analítica para distinguir aquellas situaciones en la que el aumento de la presencia de mujeres hace posible un cambio en la elaboración de las agendas políticas.

Según María Bustelo y Emanuela Lombardo, “la desigualdad de género es un problema político, polémico y complejo” basado en las incoherencias de las políticas de igualdad y de las mejoras que podían derivar de un diseño más consciente de las mismas.

En América Latina la realidad familiar – privada gira en torno a la mujer, pero el modelo público de poder y autoridad sigue siendo masculina. La mujer peruana ve enfrentadas sus capacidades para integrarse a los espacios formales de toma de decisiones, no sólo a un sistema político deslegitimado por su poca eficacia y falta de representatividad, sino también a la lógica machista que aún persiste y, más aún, a la falta de oportunidades para su empoderamiento. Tal persistencia se hace visible tanto en la estructura de aparatos estatales como en la estructura mental de los peruanos.

El reto actual consiste en hacerle frente a las barreras estructurales y las restricciones sociales que impiden a la mujer, especialmente de las zonas rurales, alcanzar puestos directivos en los niveles más elevados de las esferas política, económica y social, que le permitan, a la vez, continuar ampliando su liderazgo, representación y participación en todos los niveles de la sociedad peruana.

Uno de los campos en que la mujer ha logrado un alto índice de representatividad se ubica en el ámbito social, estando a cargo de los clubes de madres y los programas de vaso de leche. Con el paso de los años, las mujeres han ido conquistando cargos políticos, como es en el caso de las regidoras del distrito de Los Morochucos, identificadas con sus raíces, luchadoras por la defensa de sus derechos y desarrollo de sus pueblos.

Siguiendo con el curso de la investigación, los derechos de la mujer de Los Morochucos y la mujer indígena, en general, han sido vulnerados tanto por ser mujer, pobre y por ser indígena. Siendo el principal problema que enfrentan las mujeres que incursionan en las políticas: la falta de autoridad de la mujer, falta de recursos económicos, falta de tiempo por labores en el hogar y la política es sólo tema de varones. En síntesis, la participación de la mujer no se limita a espacios formales sino a espacios de poder alternos al gobierno.

En la actualidad, las mujeres continúan enfrentando obstáculos considerables. El reto actual consiste en hacerle frente a las barreras estructurales y las restricciones sociales que impiden a la mujer, especialmente de la zona rural, alcanzar puestos directivos en la esfera política, económica y civil, que le permita, a su vez, continuar ampliando su liderazgo, representación y participación en todos los niveles de la sociedad.

Es importante reconocer, en parte, la labor del Estado peruano en el establecimiento de políticas públicas, pero considero que no es suficiente, no se iguala a las perspectivas en políticas de género de España y la Unión Europea , es decir, cuando en la práctica no son tomadas en cuenta y no existe participación plena, no hay atención para mejorar la calidad de vida y, lo más importante, el trato y atención en igualdad de condiciones; tampoco se puede negar que existe un desconocimiento de la verdadera esencia de los pueblos indígenas que sí son reconocidos por los convenios internacionales, como es el caso del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

En el Perú la consolidación de relaciones igualitarias entre mujeres y hombres en los diversos ámbitos de la vida social es una de las bases de las políticas de Estado, teniendo como primera reivindicación política de género en 1956 a través del voto femenino dado por un dictador el Gral. Odría que no fue producto de movimientos sociales sino para conseguir apoyo y las cuotas de género que llegan a ser el 30 % de participación política. Siendo la obligación del Estado fomentar y ejecutar políticas públicas tendientes a alcanzar la erradicación de la violencia contra la mujer en sus diferentes manifestaciones. Tal como nos da indicar el Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer para el período 2009-2015 que recoge los aprendizajes de la ejecución del Plan durante el período 2002-2007 y busca mejorar la intervención estatal en los niveles de gobierno nacional, regional y local, en estrecha colaboración con la sociedad civil y el sector privado para enfrentar exitosamente el problema.

El nuevo Plan reconoce la existencia de mujeres peruanas que todavía no gozan de igualdad de derechos, que debido a su condición femenina se les impone normas sociales que las desvalorizan y que las hacen susceptibles de sufrir violencia en distintas esferas de su vida. Asimismo, reconoce las enormes posibilidades de cambios en los patrones socio-culturales hacia una sociedad inclusiva, democrática con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, respetuosa de los derechos de las mujeres y sobre todo libres de violencia.

El Plan es un instrumento de política que implica la acción conjunta del Estado y de la
Sociedad, en tres ámbitos: a) la implementación de acciones tendientes a garantizar el
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; b) el acceso a servicios públicos de
calidad y; c) la promoción de cambios en los patrones socio-culturales hacia nuevas formas de relaciones sociales entre mujeres y hombres basadas en el respeto pleno de los derechos humanos.

Si tomamos en cuenta nuestro Marco Normativo Nacional encontramos que específicamente la Constitución Política del Perú en los artículos 2.1 que consagra el derecho a la vida, identidad, integridad moral, psíquica y física y al libre desarrollo y bienestar; el 2.2º que hace referencia a la igualdad. La Ley Nº 28983 referido a la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres suscrito el 16 de Marzo de 2007, establece las garantías para el ejercicio de derechos y acceso a oportunidades sin discriminación, entre ellos el acceso a la justicia. La Ley 26842 (Ley General de Salud) suscrito el 27 de Julio de 1997 que establece el derecho a la recuperación, rehabilitación de la salud física y mental, así como del consentimiento informado, clave para prevenir la violencia hacia las mujeres desde la prestación de servicios y para que ellas puedan tomar decisiones libres.

El Marco nacional, para la implementación de las políticas públicas a nivel nacional como el Acuerdo Nacional suscrito el 22 de julio de 2002. Incorpora el abordaje de la violencia hacia la mujer en la Sétima Política de Estado: Erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana, Décima Política de Estado:
Promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación, Décimo Sexta Política del Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer 2009-2015

El Decreto Supremo - D.S. 027-2007-PCM Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional Suscrito el 25 de marzo de 2007 que es el impulsar en la sociedad, en sus acciones y comunicaciones, la adopción de valores, prácticas, actitudes y comportamientos equitativos entre hombres y mujeres, para garantizar el derecho a la no discriminación de las mujeres y la erradicación de la violencia familiar y sexual.

En la medida que los Estados partes tomarán las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país, y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: “Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales”.

Se ha formulado y suscrito un pacto de gobernabilidad llamado Acuerdo Nacional que contienen 29 políticas de Estado para un período de 20 años. Los objetivos que debe atender este acuerdo es vinculante, firmado por las principales fuerzas políticas, instituciones de la sociedad civil y por el gobierno, son; democracia y estado de derecho, equidad y justicia social, competitividad del país y Estado eficiente transparente y descentralizado. La Política décimo primera del Acuerdo Nacional sobre la promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación, establece como una obligación del estado fortalecer la participación de las mujeres como sujetos sociales y políticos que dialogan y conciertan con el estado y la sociedad y que fortalecerá al más alto nivel de una institución como ente rector de políticas y programas para la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres con equidad de género.

La construcción de la Democracia, se expresó de manera diferente para las mujeres que para los hombres, es decir, tuvo una dimensión de género. Esta dimensión de género aparece en la construcción de la ciudadanía y la construcción de las instituciones democráticas en el Estado. En donde la democracia, vista, “como una actitud (ético – política, institucional) frente al poder, que procura maximizar su distribución e impedir su concentración en pocas manos” .

Por consiguiente, existe una dicotomía tanto en la esfera pública y privada que gira en torno al papel de la familia con el estado, con una libertad restringida donde las mujeres van perdiendo su individualidad al sentirse representadas por el hombre, encasillándose en un ámbito más codificante en la sociedad internacional. Por ende, el estado se muestra incapaz de valorar los derechos de las mujeres, al vivir estas exentas de violencia; al mismo tiempo que se traduce la violación de los derechos humanos por parte de actores individualizados, la responsabilidad se declara bajo el Estado, debido a una creciente violencia masculina privada contra la mujer por su incapacidad de proteger a las mismas y por no buscar la prevención de la violencia en contra de la mujer, convirtiéndolas en sujetos sin estado, según nos indica Celina Romany.

Actualmente, en nuestro país el derecho de la mujer se está empezando a reconocer en forma paulatina, como el derecho a la educación, empleo; sobre todo en éste último ámbito, la mujer encuentra muchas trabas que aún siguen existiendo en nuestra realidad, todavía sociedad machista; asimismo, se reconoce el derecho a ejercer la política a través de los distintos cargos gubernamentales como alcaldesas, regidoras, parlamentarias al congreso, incluso, se ha creado el Ministerio de la Mujer, etc., pero en la actualidad no es posible erradicar la violencia contra la mujer, debido a que todavía seguimos constreñidos en un ámbito tradicional. Se busca que los temas de la mujer no sólo abarquen los estados individuales sino toda la comunidad internacional en su conjunto, considerando que ello es tarea fundamental de la sociedad actual. Recientemente, la mujer está asumiendo un papel activo dentro de las estructuras sociales logrando su independencia y valoración frente al hombre. Es así como se denota el rechazo de un contenido significativo de lo tradicional, que significa a la mujer bajo un marco cultural (sistema educativo, religioso y otros).

Las mujeres de nuestro interior del país se encuentran en un estado de marginación, dominio e inseguridad propia de una “herencia colonial”, que inhibe a la mujer a la búsqueda del progreso; es algo vetado, como una etapa en que la mujer no debería atravesar, a pesar que en nuestro país las mujeres de baja condición económica realizan labores importantísimas; a pesar de ello, tienen la supervisión de sus esposos, porque todavía sigue esa ética de dominio, es decir, como diría Weber, de un poder tradicional, bajo una legitimidad basada en la costumbre hereditaria, provocándoles un conflicto interior que se refleja en la educación de las hijas. La influencia de estos factores impide, en numerosas ocasiones, la inserción de la mujer en el mercado laboral.

Con el fin de acortar la brecha que distancia a hombres y mujeres en las formulaciones de las políticas públicas, se produce la apreciación del contexto, en el cual las mujeres pueden acceder al pleno goce de sus derechos; los obstáculos que para ello enfrentan las lleva a la formulación de un mecanismo llamado Acción Afirmativa.

En los últimos años, se ha hecho notoria, en el Perú, una mayor participación de las mujeres en asuntos públicos y en espacios de poder, tradicionalmente, monopolizados por los varones. Es interesante comprobar que el incremento de las mujeres en la cosa pública se ha producido, por un lado, en un plano en que los partidos políticos han debido enfrentar una severa crisis institucional y de representación, y por otro, en un contexto de autoritarismo, pues la presencia de mujeres en las esferas cercanas al poder alcanzó uno de sus puntos máximos durante los gobiernos de Alberto Fujimori.


MARCO TEÓRICO

La Doctora en Filosofía, Isabel Rauber miembro del Foro Mundial de las Alternativas y del Foro del Tercer Mundo, señala que “la cuestión de género no es cosa de mujeres" ; plantea una relación social entre hombres y mujeres establecida sobre la base de patrones culturales que instalan y justifican la desigualdad y la subordinación de la mujer. Es ahí en donde las propuestas de género intentan cambiar ese patrón de comportamiento patriarcal – machista en la pareja, en el seno de la familia y en la vida social, política, económica, etc.

Otra conceptualización sobre género es la siguiente: "El género es la forma social que adopta cada sexo, toda vez que se le adjudican connotaciones específicas de valores, funciones y normas, o lo que se llama también, no muy felizmente, roles sociales” . Esta percepción está vinculada a lo cultural y social, en tanto que la cultura patriarcal machista hace que las discriminaciones de cada sexo se contengan en perjuicio de las conductas “propias” de las mujeres: la sensibilidad, pasividad, sumisión, así como el valor, fuerza, poder, lo racional, en el caso de los varones.

Según Scott, la identidad de género es una elaboración simbólica de las diferencias corporales, en donde el individuo aprende a ser hombre y a ser mujer en la medida en que cada cultura elabora sus identidades de género, pero exactamente no basado en las diferencias corporales sino en lo que un determinado grupo simboliza sobre estas diferencias.

Los papeles de género son asignados en referencia a un fundamento biológico, produciéndose dicha racionalidad de asignación en las sociedades modernas. La visión parsoniana consideraba este comportamiento de género como un proceso normal; más aún, cualquier variación era considerada una desviación del comportamiento en los años treinta y cuarenta, teniendo presente que el temperamento científico social reaccionaría apegado a esta visión.

El individuo no acepta normativamente su género o sexualidad sino más bien éste se encuentra en continuas representaciones acerca de su propia identidad o posición sexual; es decir, el género no es algo determinista desde que nacemos sino más bien es una construcción cultural y sexual.

Por lo visto, el género no es una representación funcional de papeles sociales lógicamente prescritos; involucra una conceptualización cultural y de organización social, en este contexto teórico, que permita la entrada a una opción sexual construida o reconstruida individualmente, puesto que la integridad del yo es una ficción que debe reafirmarse y redefinirse en diferentes contextos sociales. Por consiguiente, el género no es un determinismo biológico aunque puede influir. Lo más acertado es considerar al género como una construcción social, suponiendo que el género es determinado por nuestra sociedad.
La propuesta de género supone la modificación de los roles atribuidos a hombres y mujeres, donde la posibilidad de "El origen histórico de la discriminación de la mujer nace de la diferencia de roles como la forma más primaria de división del trabajo: la mujer se centra en la maternidad y en el ámbito doméstico y el hombre asume el quehacer público, socialmente valorado como más importante que el privado." , basándose en una diferenciación cultural creada por la humanidad.

La participación de la mujer es vista desde su salida del ámbito privado para incursionar en la esfera pública, ámbito que está apoderado por el varón. Pierre Bourdieu, en “La Dominación Masculina”, percibe la división social del mundo como inequidad, desigualdad entre el hombre y la mujer, que es confirmada en la cotidianidad de la vida (prácticas diarias), enmarcando a la mujer en las tareas del ámbito privado, como es lo doméstico, cayendo en una monotonía; en cambio, los hombres vienen a ser considerados, lo público, la ley. Todo ello constituye tanto lo femenino y lo masculino como oposiciones análogas, imágenes antagónicas, otorgándoles una naturaleza metafísica, ejerciendo a su vez, una violencia simbólica en una relación de dominio, en la que el mundo social construye el cuerpo como una realidad sexuada y sexante, en la que se constituye el sexismo como un esencialismo difícil de arraigar. Es por ello que Bourdieu percibe el relegamiento de la mujer de los espacios públicos, encasillándolas en los espacios separados con una conducta del “ocultamiento del yo”, de carácter sumiso.

Según Bourdieu, el analista social, particularmente, el psicoanalista, utiliza su reflexión como una objetividad inserta en las estructuras sociales y una subjetividad fijada en las estructuras mentales, pues sus explicaciones son tomadas de su inconsciente.

“El dominio masculino está suficientemente bien asegurado como para no requerir justificación: puede limitarse a ser y a manifestarse en costumbres y discursos que enuncian al ser conforme a la evidencia, contribuyendo así a ajustar los dichos con los hechos” , expresándose tanto en discursos subjetivos como en prácticas sociales palpables, viéndose la superioridad masculina como natural porque se halla en las estructuras cognitivas y objetivas del mundo social; la concordancia entre éstas posibilita la relación con el mundo.

Esto genera, a su vez, la violencia simbólica, conceptualizada como la imposición de una coerción que se instituye, que induce al reconocimiento extorsionado, es decir, más allá del conocimiento que se tiene del otro, en un sentido obligatorio, pues el individuo no dispone de los conocimientos que tiene en común con el otro dominante, que es la expresión de la dominación.

El poder tiene una dimensión simbólica que participa en la adhesión de los dominados; es una decisión sumisa inmediata de los cuerpos socializados, pues, hasta en el lenguaje usado conscientemente, es una expresión de prejuicio. Dicha violencia sólo ocurre en la oscuridad de los esquemas prácticos del habitus en que se halla inscrita la relación de dominio que no es accesible a la toma de conciencia reflexiva. El poder es un elemento prescindible en la identidad de género, en tanto que, al llegar a ser hombre o mujer, cumplen roles en la estructura social. El rol de la mujer está centrado en la maternidad, según Wainerman; la mujer representa el rol reproductivo y el hombre el rol productivo.

Las relaciones de poder se expresan mediante definición y representación de la realidad de la cual somos partícipes, que coaccionan, limitan o inhiben formas de actuar y de comportarnos; en otras palabras, el ejercicio de ciertas posesiones sociales norman formas de actuar y de ser, de las cuales somos conscientes, que varían en intensidad considerando tiempo y espacio. Estas relaciones de poder se internalizan considerándose naturales y eternas, puesto que el individuo lucha en este nivel de representaciones; es decir, negocia y modifica, ya sea como individuo o como masa, en un proceso de resistencia donde puede negarlo, apropiarse o redefinirlo.

Estas representaciones de la realidad actúan como principios de diferenciación sexual o de distinción social partiendo de la dicotomía “de lo correcto o incorrecto” o bien de “lo malo o bueno”, que pueden ejercerse dentro de la violencia simbólica a través del consenso.
Bourdieu en los roles sociales de los individuos no parte de los sexos, de su redefinición a través de la transformación de la cultura, independientemente de la conciencia del individuo o más allá de una conciencia de género, sino basado en las construcciones simbólicas, presentando un cambio en el imaginario colectivo, producto del intercambio cultural en primacía de los medios de difusión masiva, lo cual ha conllevado a una renovación de los símbolos tradicionales que la sociedad maneja, es decir, una sociedad con una cultura moderna que, en lo sucesivo, rigiera para las relaciones sociales, en general y a las conductas de género, en particular.

Las mujeres desempeñan un papel en materia de género e identidad, según Narda Henriquez, en las formas de conocimiento, estereotipos sobre lo femenino y lo masculino a través de la lucha por sus derechos, enmarcados a su vez, en el feminismo, denominándolas “intelectuales orgánicas” . Asimismo siguiendo con el punto de vista de la autora, el concepto de identidad engloba a la experiencia personal de los individuos, pero también a los diversos vínculos que definen las afiliaciones colectivas (socialización) de los individuos en una sociedad. Por otro lado, en el ámbito del género, dicho concepto sirve para explicar las diferencias entre hombres y mujeres, en sus valoraciones culturales y sus jerarquías sociales, como sucede con el feminismo que trata de explicar el comportamiento de los individuos relacionando su subjetividad con la construcción de las identidades.

Es preciso indicar que las identidades no sólo deben fijar al sujeto, conceptualizadas como un proceso de articulación, construcción cultural y social. Se percibe al género como una categoría analítica sobre las relaciones entre hombres y mujeres, permitiendo la total comprensión de los sistemas sociales y culturales. Asimismo, siguiendo el pensamiento de Narda Henriquez, el género es percibido como las diferencias sexuales entre los hombres y las mujeres, así como la profunda opresión en el caso de la mujer.
El enfoque funcionalista tiene como planteamiento general el concepto de clase y estrato en una sociedad estratificada dentro del sistema social, como rol y status. La idea de Durkheim percibe la relación entre grupos sociales como estructural, sistémica e íntegra en la medida que un conjunto de individuos interactúan entre sí, analizando la sociedad a través del individuo. Por consiguiente, no todos los individuos tienen los mismos roles y status (funciones); es decir, el rol condiciona el status que está dado de acuerdo a los valores morales del sistema. El actor que no se integra al sistema social es disfuncional y anómico.

La teoría funcionalista de Parsons define que todo sistema social está constituido por unidades que son los componentes estructurales que se forman de acuerdo a la relación de los actores con su rol y status, y de acuerdo a los requisitos funcionales o condiciones. Tienen que ser determinadas pautas alternativas para que un actor cumpla un determinado rol.
En el constructivismo, el efecto de la perspectiva de género nos ha permitido comprender la profundidad y el enraizamiento del valor simbólico del género en la construcción de las organizaciones sociales, los roles y las relaciones interpersonales. Nos hace conscientes de lo determinante de las categorías genéricas en la valoración, el conocimiento y el lenguaje.
De otro lado, “La política no tiene porqué ser sinónimo de corrupción, no tiene porqué ser perversa, al contrario es y puede ser una práctica de construcción del bien común, para fortalecer la ciudadanía, tanto de hombres como de mujeres”. . Lo que se busca es una sociedad democrática, no somos una república burguesa como lo explica Nicolás Lynch, somos una república estamental porque los derechos se dan por franjas coincidiendo con la tesis de Sinesio López en la medida que la democratización se da por franjas, específicamente la incursión de un grupo en el estado, como por ejemplo el caso de la seguridad social en el gobierno del presidente Benavides en 1936, basándose en la tesis de Cotler de una modernización segmentada, en la medida que sólo segmentos de la sociedad tienen derechos políticos, sociales, económicos, etc.
En principio, la expansión de las políticas públicas está asociada en el siglo XX al crecimiento del estilo de Estado denominado Welfare State (Estado de Bienestar), pero en realidad se puede hacer coincidir la aparición de las políticas públicas con el Estado Bismarckiano cuando se estudia la posibilidad de extender la actividad del Estado a áreas donde su competencia era escasa o nula.
Las políticas públicas en la etapa moderna nacen y se desarrollan en los Estados Unidos con la reforma llevada a cabo por el presidente Woodrow Wilson al tener la necesidad de desarrollar una doctrina científica aplicada a la administración, separando la decisión política de la ejecución burocrática. En la última década, las políticas públicas se han constituido en una forma de articulación entre la sociedad civil y el Estado, y en una estrategia clave para la legitimación de la acción gubernamental en el marco del modelo neoliberal.
Según Héctor Béjar el concepto de política pública supone en primer lugar la existencia de lo público es decir de una esfera de cooperación en ideas y acciones a la que confluyen en mayor o menor grado todos los integrantes de una sociedad.
La hipótesis con la que parte Héctor Béjar es “que el Perú pueda tener su estado de bienestar siempre que el país y sus gobernantes lo decidan, de acuerdo con sus recursos y su cultura.” . Asimismo, “plantea que no sólo las condiciones económicas sino la decisión política del gobierno, la conciencia colectiva de la sociedad y el equilibrio de fuerzas entre mayoría y minorías, ricos y pobres, empresarios y trabajadores, sociedad civil y Estado, aquellos que hacen posible una política social equitativa”.
Siendo una de las formas que emplea el Estado para relacionarse con la sociedad son las políticas públicas. Éstas se definen como las acciones controladas por el aparato estatal y que afectan tanto el espacio público como el privado. Su objetivo principal es impulsar el desarrollo y alcanzar mejores niveles de vida para la población en los distintos sectores de una sociedad. Por una parte, se refieren a la acción del gobierno en
sus distintas dimensiones: los contenidos, la elaboración, aplicación e impacto de estas políticas y las diversas acciones gubernamentales relacionadas a las mismas; la estructura institucional, la característica de los distintos actores, los instrumentos utilizados en el accionar gubernamental, los problemas y condicionantes que se enfrentan en cada proceso, entre otros. Todo esto, como un proceso para mejorar la calidad y nivel de vida, y el bienestar social a través de las agencias, programas, e instituciones en los distintos niveles de gobierno.

Los funcionarios necesitan de grandes orientaciones para determinar su comportamiento ante los diversos problemas que deben enfrentar. Estas grandes orientaciones reciben el nombre de políticas públicas. De otro lado, la política según Héctor Béjar resulta ser el espacio o escenario donde actores distintos con intereses frecuentemente contrapuestos buscan imponer sus criterios teniendo en cuenta al conjunto de la sociedad. Mientras la política es el escenario descubierto o encubierto donde negocian los agentes sociales y económicos, individuales o colectivos, las políticas constituyen los criterios mismos que gobernarán las soluciones específicas de cómo manejar los diferentes asuntos públicos. Asimismo, son congruentes con un objetivo y contribuyen a alcanzarlo.

Las políticas sociales también son políticas públicas. Siendo los niveles de éstas últimas:
 Nivel macroeconómico: Nivel de políticas macroeconómicas que se refieren a las cuentas generales del estado.
 Nivel Productivo: Políticas públicas referidas a la producción que orientan, norman y regulan el proceso productivo.
 Nivel de la vida social: Políticas Sociales que establecen finalmente cómo, entre quienes y en qué proporciones se distribuye la renta nacional.

Por otra parte, las políticas públicas se refieren a las acciones de los distintos niveles de gobierno, aparatos administrativos, instituciones de interés público, organismos internacionales, organizaciones sociales y partidos políticos vinculados con el diseño, aplicación y evaluación de políticas.

En la mayoría de los países la incorporación de la perspectiva de género a la agenda pública es un producto de años de esfuerzo y lucha por la legitimidad de movimientos de distintos grupos dentro de la sociedad. Aunado a esto existe un creciente interés por la investigación en estos rubros y por la generación de conocimiento sobre las relaciones de género y las diferencias entre las oportunidades de hombres y mujeres en sociedades específicas. Al mismo tiempo, se ha necesitado de un creciente consenso internacional sobre la importancia y la necesidad de contar con una mayor equidad en los procesos y políticas públicas de desarrollo, diferenciando las necesidades de grupos específicos de la población. Esta lucha constante se ha traducido en un mayor compromiso por la equidad y la igualdad de género.

Junto con estos esfuerzos, es indispensable terminar con las prácticas discriminatorias existentes entre cada uno de los grupos de la sociedad. Algunas de las más preocupantes se encuentran en las relaciones de género, pobreza y empleo, así como en las relaciones de poder que se ejercen entre los actores sociales. Estas prácticas se traducen de varias maneras, como la desigualdad de género en la legislación.

De otro lado, es vista las políticas públicas tal como la da a indicar Margarita Pérez Sánchez en lo siguiente:
- Política Pública como la expresión de un propósito general o un estado de cosas deseado.
- Política Pública como decisión del gobierno.
- Política Pública como autorización formal.
- Política Pública como programa.
- Política Pública como producto o modelo.
- Política Pública como proceso.

Asimismo, recoge la definición de B. Guy Peters definiendo a la Políticas Públicas como “el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, actuando directamente o a través de agentes, y que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos” .

A la vez, que la definición de política pública enfatiza el rol de análisis para incrementar el conocimiento de la acción, también se hace notar que el análisis puede ayudar a los decidores a “mejorar la calidad de las políticas públicas o - como dirían Ives Meny y Jean Claude Thoenig, como una contribución de los “Expertos” a las decisiones de las autoridades gubernamentales . En todo caso la política pública la conciben como determinada, en su forma y en su contenido, por las instituciones, los actores políticos, la actitud de los gobiernos y los gobernados, etc.

Siendo los principales modelos teóricos que contribuyen a conocer mejor las políticas públicas los siguientes:

El primero centrado en un enfoque social, privilegiando al individuo y al pluralismo social y sólo se concibe al estado desde una perspectiva funcionalista, es decir, en un modelo teórico que se dedica a interpretar los equilibrios y desequilibrios entre el estado y la sociedad, que por lo tanto, las políticas públicas permiten traducir.

En tanto que un enfoque pluralista – racionalista percibe a las políticas públicas como respuestas a las demandas sociales, considerando a la instituciones y las organizaciones como instrumentos que reaccionan a éstas demandas o inputs suministrando productos o outputs a través de los cuales los agentes públicos persiguen metas que no son exclusivamente demandas sociales.

Manuel Tamayo Sáez” define a la política pública como el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios” . Radicando el valor de los enfoques de las políticas públicas en su preocupación por las acciones del gobierno y sus administraciones. No se interesa tanto por la estructura y composición del sistema político – administrativo como por su funcionamiento, estableciendo el carácter de construcción social y política que tienen los problemas públicos participando en la implementación de las mismas, no sólo actores de la administración o del gobierno, profesionales, técnicos asociaciones de todo tipo, políticos de otros ámbitos de gobierno, sindicatos y ciudadanos.

El valor del enfoque de las políticas públicas radica en su preocupación por la acción del gobierno y sus administraciones. En la medida que el análisis de las políticas públicas es a la vez, un arte y una ciencia. Es un arte porque hace referencia a la labor de los directivos públicos, que intuitivamente reproducen con sus decisiones las fases del proceso de las políticas sin dominarlo conceptualmente. Es una ciencia porque aspira a entender el complejo mundo de la acción pública y prescribir, en la medida de lo posible, la mejor manera de aproximarse al proceso de las políticas. Sólo mediante políticas eficaces se puede legitimar la acción de los gobiernos en una democracia pluralista.






Autora: Julissa Icho Yacupoma
Socióloga e Investigadora del Mundo Andino
Correo: julissa_icho@hotmail.com


 Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Facultad Ciencias Sociales – E.AP. Sociología
1999 – 2003 (Licenciada) (Quinto Superior)

 Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Maestría en Política Social – Gestión de Proyectos Sociales
2006 – 2007

 Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Doctorado en Ciencias Sociales Mención Sociología 2008 - 2009























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