Reformas financieras: en lista de espera
Por Eduardo Lucita - Tuesday, Aug. 31, 2010 at 8:36 PM

A poco de iniciada la actual crisis mundial comenzaron a circular versiones de reformas de los sistemas financieros. Estos cambios serían significativos y alcanzarían también al FMI. Entre nosotros cobró fuerza la idea de una nueva Ley de Entidades Financieras y otra Carta Orgánica para el BCRA. A nivel mundial poco y nada se ha hecho hasta ahora, a nivel local el debate está por comenzar.

Lo cierto es que la demanda de regulaciones en el sector financiero se instaló en la escena internacional. Desde las primeras reuniones del G-20 diversos países han reclamado penalizar los paraísos fiscales, regular y establecer controles a la actividad financiera; reformar el FMI, tanto en su composición, otorgándole mayor preponderancia a los BRICS, como en los criterios para otorgar prestamos. Sin embargo el G-20 acordó reforzar la presencia del FMI, ampliando significativamente su capacidad prestable y de contralor, y por lo tanto reimponiendo criterios neoliberales que estallaran en la crisis. Fue el único acuerdo general logrado y no hay ningún atisbo de una regulación internacionalmente coordinada.

La reforma en EEUU, que luego de un año de intensas discusiones fue aprobada en el parlamento y caracterizada por la administración Obama como “la reforma de regulación del sistema financiero más importante desde la gran recesión de los años ‘30” es en realidad un pequeño conjunto de modificaciones que limitan tibiamente la actividad bancaria, pero que no preocupa a los bancos. No avanza sobre la estructura de negocios, sobre el apalancamiento sin límites, tampoco sobre la enorme concentración del sector.

Presionados por el capítulo europeo de la crisis los presidentes de Alemania y Francia, en una carta conjunta, solicitaron a la Comisión Europea “apurar los trabajos para una urgente regulación financiera”. En Europa se discute poner un impuesto a los bancos constituyendo un fondo especial para enfrentar futuras recaídas de la crisis; también sobre la conveniencia de prohibir aquellas operaciones financieras que alimentan la volatilidad de los mercados. En EEUU están en danza un impuesto a las ganancias bancarias y otro a las transacciones financieras. Sin embargo nada de esto se ha hecho hasta ahora.

Aquí recién se aproxima el debate. El sistema financiero tuvo su propia crisis en el 2001, los bancos se ajustaron, se concentraron y hoy nadan en la abundancia, con tasas de ganancias superiores a las del período anterior, como lo muestra acabadamente el informe del suplemento Cash del domingo 15 de este mes. Argentina muestra una diferencia con los países centrales, allá los intentos de reforma son resultado de la crisis mundial, por el contrario aquí tiene que ver con terminar con una rémora de la dictadura: la Ley de Entidades Financieras de 1977 que desreguló la actividad financiera, dejando librada la tasa de interés al libre juego del mercado; dio plena libertad al movimiento de capitales, abriendo un claro canal para la fuga de divisas; estimuló el ingreso de nuevas instituciones al sistema, con lo que ayudó a la concentración y a la extranjerización; en lugar de fijar taxativamente lo que un banco debía realizar dejó un abanico muy amplio fijando solo lo que no se podía, por lo tanto favoreció la especulación en detrimento del financiamiento a la actividad productiva. En rigor Martínez de Hoz fue un verdadero adelantado de lo que se impondría a nivel mundial, su ley articuló un combo con la convertibilidad y con la reformulación de la carta orgánica del BCRA. Desde entonces esta entidad ya no fijaría la tasa de interés ni orientaría la inversión hacia las ramas productivas.

Tres décadas después, y varios gobiernos democráticos de por medio, aquellas reglas se mantienen hasta hoy con pocas modificaciones. Resultado: los bancos están montados en una enorme masa de dinero que solo prestan para el consumo y a tasas verdaderamente confiscatorias, prácticamente no hay crédito a la inversión. Les resulta más rentable financiar tarjetas de crédito y prestarle al Estado.

Semanas atrás se ha presentado en el Congreso un proyecto de “Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social” suscripto por un conjunto de diputados de tres bloques parlamentarios. Sus aspectos principales radican en que define la actividad como un servicio público; establece que la política crediticia no puede quedar librada al mercado, por lo tanto regula las tasas de interés; define tasas máximas para micro y pequeñas empresas y para créditos personales de bajo monto. Direcciona el crédito obligando a los bancos a prestar no menos del 38 por ciento de sus carteras al sector privado a micro, pequeñas y medianas empresas y un 2 por ciento a microemprendimientos.

Apunta a la desconcentración del sistema estableciendo que ninguna institución privada puede tener una participación mayor al 8 por ciento del total. Se completa con un conjunto de medidas tendientes a la regulación, la protección de los usuarios y depositantes, defensa de la competencia y la democratización de los servicios.

Así como está presentado y de aprobarse será un progreso respecto de la situación actual, que debiera articularse con la reforma de la Carta Orgánica del BCRA para, entre otras cosas, fijar encajes diferenciados para movilizar fondos ociosos hacia el sector productivo.
Sin embargo no resuelve el problema de fondo: la financiación de la acumulación de capitales en el sector productivo y áreas estratégicas, fundamentalmente un proceso de industrialización.

Es que el país es prisionero de una lógica por la cual el sector privado no proyecta grandes inversiones reproductivas y el sector público no radica inversión en sectores estratégicos mirando a futuro. El resultado es una ecuación donde los bancos hacen poco o nada para estimular o facilitar la demanda de financiamiento para inversiones y por otro lado no hay gran demanda de crédito, ni privada ni pública, para grandes proyectos. Así el desarrollo del país está estrangulado, solo hay crecimiento por la estimulación del consumo y las exportaciones.

Es ilusorio pensar que este estrangulamiento se romperá por el sector privado. Solo es posible hacerlo desde el Estado, si este se involucra en los dos términos de la ecuación. Por un lado invirtiendo en grandes proyectos que a su vez tengan un efecto reproductor en la industria (transporte ferroviario, energía, petróleo) privilegiando la provisión local, claro que será necesario revertir la política de privatizaciones. Por el otro garantizando financiamiento, esto requiere la nacionalización de la banca, o cuando menos la estatización de los depósitos como hizo el primer peronismo. Obviamente, este gobierno o el que fuere debiera contar un programa de desarrollo nacional e integración regional y una planificación en función del mismo.

Si es que esto fuera posible en las actuales condiciones de la mundialización del capital sin afectar seriamente intereses locales e internacionales.


Eduardo Lucita es integrante de EDI- Economistas de Izquierda

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