Un periodista sería encarcelado en la Provincia de Salta
Por Idangel Betancourt / Prensa Libre - Tuesday, Sep. 07, 2010 at 12:11 AM
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La “tinellización” de la Corte de Justicia

La Corte de Justicia de Salta merece el “Guiness” de interpretación de leyes. Al ratificar en febrero una condena al periodista José Acho, editor de Salta Libre, por un informe donde el popular cantante, el Chaqueño Palavecino, aparecía como apropiador de tierras fiscales, la Corte olvidó que una ley despenalizó la figura de calumnias e injurias en 2009.

Como si esto no bastara, al darse cuenta del yerro, hace un mes, la Corte en lugar de limitarse a conceder o denegar el Recurso Extraordinario presentado por la defensa, enmendó su error con un nuevo fallo violando así la jurisdicción perdida.

Ahora, a los 20 mil pesos de multa y dos años de prisión en suspenso dictada en el primer fallo, la Corte sumó otros 12 mil pesos y dos años de prisión efectiva si no se paga ese dinero. El periodista de Salta Libre, declaró que está “dispuesto a ir preso antes que legitimar con el pago de las multas un fallo aberrante. Y será también una forma de denunciar públicamente a una Corte de Justicia incompetente”, dijo.

“Mi encarcelamiento confirmaría que Salta está ajena a una Argentina en plena democracia y libertad de derechos; porque ciertos periodistas que no se venden a los poderes de turno, trabajan precarizados y presionados como en las oscuras épocas de la dictadura. Aquí los jueces los condenan a la cárcel, la patota política atenta libremente contra sus vidas o se los persigue judicialmente hasta someterlos y quebrarlos económicamente”, denunció.

¿Cuál fue la base de este fallo gravoso? Como advierte el defensor de Acho, el doctor Pedro García Castiella, la Corte invirtió el proceso de razonamiento lógico; “en vez de desincriminar por ser el querellante figura pública, por el contrario, utiliza como agravante de delito la popularidad del querellante”.

Las palabras textuales de la Corte fueron: “mancillándose el honor de una persona de reconocida popularidad a nivel nacional”. O sea, todo el peso de la fama del Chaqueño cayó sobre la labor de un periodista independiente, en un fallo que parece salido de un jurado del programa de Marcelo Tinelli.

Los jueces de la Corte, Guillermo Posadas, María Cristina Garros Martínez, María Rosa Ayala, Guillermo Catalano, Abel Cornejo y Fabián Vittar, también ignoraron que el interés público no se reduce a la figura de funcionario, sino que un personaje popular es por lo tanto una figura pública. Más en este caso, cuando las tierras fiscales de los lotes 55 y 14 de Santa Victoria Este donde vive la familia del Chaqueño, son tierras en litigios entre criollos y originarios.

La Corte Provincial ignoró el antecedente de la IV Cámara del Crimen porteña que sobreseyó recientemente a la periodista Guillermina Fossati ante la demanda de Bulgheroni, una persona de interés público. Según la Corte Suprema de la Nación “la investigación periodística sobre asuntos públicos desempeña un rol importante en la transparencia que exige el sistema republicano. El exceso rigor y la intolerancia del error llevarían a la autocensura lo que privaría a la ciudadanía de información imprescindible para tomar decisiones sobre sus representantes”.

El malestar de la cultura salteña

La condena de la Corte de Justicia Provincial al periodista José Acho por calumnias e injurias al Chaqueño Palavecino, aparece atravesada por algo más que equívocos judiciales. Demuestra que en Salta nadie debe salirse de una partitura bien reglamentada y orquestada desde los poderes políticos y económicos. Una partitura que no responde precisamente a la ley, sino a la cultura del silenciamiento y la omisión. Una partitura que supo explicar en un café hace unos días un intelectual temeroso murmurando que en Salta hay un Estado que no escucha y una sociedad que no habla.

Esta práctica de regulación del saber y del decir, tiene dos efectos inmediatos: una sociedad silenciada, y el castigo y la satanización para el individuo que rompe las reglas de “saber qué no se debe decir”.

El ejemplo paradigmático es el del periodista Sergio Poma, quien sufrió una persecución en todos los ámbitos, incluido el judicial, bajo el gobierno de Juan Carlos Romero. Si la muerte no lo hubiera sorprendido probablemente Poma estuviera preso en estos momentos, ya que recaía sobre él una condena por el delito de calumnia e injuria contra el ex Gobernador.

Lamentablemente, los ejemplos no pertenecen solo al pasado, hace unos días la radio del periodista Carlos Villanueva de Cerrillos fue incendiada. El periodista atribuye la agresión a sus críticas, a través de FM Cerrillos y en el programa que realiza por el canal de cable Norte Visión, contra la gestión del intendente Rubén Corimayo (PJ). Hasta ahora no ha sido apresado ningún sospechoso.

Durante este año, la Asociación de Periodistas de Salta (APeS) emitió decenas de comunicados de repudio a los poderes públicos y a la comunidad, donde se ponen de manifiestos la preocupación por las agresiones hacia periodistas y la violación a la libertad de expresión en las que incluso ha estado involucrada la policía.

Incluso, en el caso del periodista de FM Chaco de Tartagal, José Piedra, la Asociación se reunió con el ministro de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos Pablo Kosiner, a quien se le pidió garantías para que Piedra pudiera seguir ejerciendo su oficio ante las amenazas recibidas. Hechos similares se registraron a través de toda la provincia: Orán, Tartagal, Rosario de la Frontera, Güemes, Metán, etc.

Estos son solo algunos ejemplos que explican que la interpretación de la Corte de Justicia Provincial sobre las figuras de calumnia e injuria, hoy despenalizadas y que regían de la época de la dictadura militar, no se refiere a una cuestión legal, sino a una cuestión de control y de selección cultural (fama, poder y dinero), a la que ningún humano está exento aún siendo juez.

* Idangel Betancourt
Periodista y escritor

www.saltalibre.net/Un-periodista-seria-encarcelado-en.html

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