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DOS FASCISTA en TRIBUNALES FEDERALES
Por Martín Notarfrancesco - Tuesday, Sep. 07, 2010 at 9:39 AM
manuelpoggi2010@yahoo.com.ar (Casilla de correo válida)

Cuando el juez español Baltasar Garzon vino a apoyar el juicio contra Videla y Menendez, dos conocidos fascistas lo atacaron cobardemente.

Novelesca Defensa del Genocidio por Martín Notarfrancesco

Los protagonistas de la saga son Alberto Aprea y Liliana Raffo. Él fue una suerte de secretario político de Menéndez, cuando éste ostentaba poder. Dicen que nunca lo abandonó, y demuestra su fidelidad asistiendo asiduamente a los juicios. El hombre militó durante una década en la agrupación católica ultraconservadora Tradición, Familia y Propiedad (TFP). Ahora, aggiornado y con su hacedor tras las rejas, busca amigos por Facebook. Aprea trabajó como vendedor de publicidad en la oficina del diario La Nación en Córdoba, de donde lo expulsan luego de tomar estado público la violencia que imprimía en el seno de su familia. Sin embargo, ese conchabo le sirvió para hacerse con un departamento del sindicato de periodistas (estuvo afiliado entre el 1993 y 1997), de donde hace unos años le robaron su auto particular, un Falcon verde. Reparó tamaña pérdida comprando otro, esta vez de color beige. Su infortunio continuó: a los pocos meses se lo volvieron a robar.
Quizá por esto se haya acostumbrado a caminar, ya que se sabe que asistía a todas las movilizaciones realizadas por los organismos de Derechos Humanos. Hace poco se lo vio marchando en contra de la ley de casamiento igualitario, pero al otro día también en la de apoyo a la normativa. Aprea se siente cómodo en el anonimato y registra todo.
El cumplimiento de obligaciones contractuales tampoco es su don. El consorcio de su edificio sigue buscándolo para cobrarle varios miles de pesos de expensas que nunca pagó.


Ella es Liliana Raffo, pero prefiere presentarse como “la viuda del Teniente Coronel Fernández Cuttielo”, uno de los militares muertos en el intento de copamiento al Regimiento de Infantería Mecanizada 3, de La Tablada en 1989. La acción fue llevada adelante por el Movimiento Todos por la Patria, liderado por Enrique Gorriarán Merlo.
En los últimos años, Liliana se destacó como una de las mujeres que encarnan la mediática defensa de los militares acusados por delitos de Lesa Humanidad. Suele asistir a los juicios portando una bandera argentina a modo de bufanda, reclamando la libertad de los genocidas y el juicio a los “terroristas de los 70”. Es vicepresidenta de la organización “Movimiento por una Verdadera Historia”, donde catalogan a H.I.J.O.S de “pandilla”.
En enero de 2008, entrevistada por el diario Perfil, Raffo mostró su enojo con el Ejército. Dice que se portó muy mal con ella, que tiene la moral destrozada y que perdió su capacidad de combate. Renegó también de que nadie reconozca a su marido y amplió: “a mí nadie me indemnizó, a ellos sí los indemnizan”.

La cuestión es que estos dos personajes coordinaron, ejecutaron y protagonizaron una “protesta” ante la visita del juez Garzón. Entre los epítetos más reiterados se los escuchó vocear “vivan los cristianos de España” y “viva la Falange”. Garzón vino acompañado por el actual secretario de DDHH de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, a quién también agredieron por su “pasado terrorista”.
El hall que precede a la sala de audiencia es el escenario de estos hechos. Este es el tercer juicio de estas características y la convivencia entre los familiares de los imputados y de las víctimas es una realidad. Se comparte el mismo espacio, los mismos ascensores, los mismos baños, etc. El episodio descripto rompió el respeto que caracterizó los últimos tres años. Y casualmente, los encargados de averiarlo no son familiares de ninguno de los 31 imputados de este juicio, más bien se trata de militantes del fascismo y la intolerancia.

La realidad se encarga de demostrar que los tiempos cambian. Los vientos de la impunidad soplan indolentes, arrastrando a duras penas a estos dos nostálgicos de antaño.

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saber quien es Garzon
Por yoyo - Wednesday, Sep. 08, 2010 at 9:40 AM

Compañeros, está muy bien decir quiénes son estos fascistas, sin darles más de lo que son porque la verdad es que no tendrán ningun lugar relevante en la historia.
Pero hay que tener en cuenta que no todo es blanco o negro, buenos y malos. El juez Garzón, tan reivindicado por los organismos querellantes en estas causas judiciales, no tiene un historial muy limpio. Asi como logro convertirse en "abanderado de la lucha por los DD HH" a nivel internacional, título que ninguna organización popular le reconocería en el estado español, Garzón tiene en su historia haber tolerado, igual que Otero Alvarez y otros jueces cómplices del terrorismo de estado, la aplicación sistemática de la tortura a militantes independentistas vascos y de otras organizaciones armadas como GRAPO.
También se probó su complicidad en la creación del grupo paramilitar GAL, patrocinado por el fascismo español y el propio rey, destinado a la represión ilegal hacia militantes de ETA.
El mismo Garzón habló el día que estuvo en Tribunales Federales de Córdoba de su lucha en el "combate contra el terrorismo", que si se lo lleva al plano local es lo mismo que los genocidas reivindican como "lucha contra la subversión". Por supuesto que en el caso de Garzon hablamo de una lucha en términos "legales", pero igualmente en cuanto a concepto, para Garzón los compañeros militantes de organizaciones revolucionarias serían "terroristas" a los cuales él juzgaría con los mismos criterios que usó la justicia federal y antes, el fuero en lo penal antisubversivo, haciendo la vista gorda ante el uso de la tortura.

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LA NUEVA LEY ANTITERRORISTA DE LOS ALUMNOS DEL JUEZ GARZÓN
Por reenvio Correpi - Thursday, Sep. 09, 2010 at 11:21 AM



En el Boletín nº 571, decíamos que el objetivo real de la tan promocionada visita del juez Baltasar Garzón era promover más leyes “antiterroristas”, que permitan al capitalismo defenderse de cualquier cuestionamiento. En el Foro de Parlamentarios Latinoamericanos, convocado por el Congreso Judío Latinoamericano bajo la excusa del aniversario de la masacre de la Amia , el juez torturador bajó línea, delante de más de 50 legisladores de Argentina y otros países de América Latina, sobre la necesidad de incrementar, en todas partes, leyes con bases y fundamentos comunes, para potenciar la “lucha contra el terrorismo”.


En nuestro país, el régimen penal viene recibiendo este tipo de reformas desde hace décadas. No necesitamos remontarnos a 1964, cuando el gobierno del “gran demócrata” radical, Arturo Illia, creó el art. 213 bis, la “prepotencia ideológica”, delito tantas veces achacado a luchadores populares, ni al aumento de pena que le impuso el general Juan Perón diez años después, dentro de su paquete de “leyes antisubversivas”. Basta recordar las reformas introducidas por las leyes “antiterroristas” de 1989; los proyectos peronistas, de la UCR y del Frepaso de 1997, frenados por la movilización popular; las dos sancionadas en abril de 2005; la junio de 2007, que creó los delitos de “asociación ilícita terrorista” y “financiación del terrorismo”, y, como informáramos en agosto del mismo año (Boletín nº 440), el proyecto kirchnerista sobre “asociaciones ilícitas para cometer genocidio”, que no fue sancionado.


Ahora, cumpliendo las directivas dadas por el represor español, promocionado como paladín de los DDHH, el radical Ricardo Gil Lavedra ya presentó un nuevo proyecto, suscripto por otros diputados de la UCR , de la Coalición Cívica , del Pro, del GEN, del Peronismo Federal y del Partido Socialista, es decir, todo lo que hay en el congreso por fuera del kirchnerismo.


La nueva avanzada represiva se ocupa de los “Actos de terrorismo internacional y Organizaciones terroristas internacionales”. Define las “organizaciones terroristas internacionales” como las que tengan por propósito aterrorizar a la población, u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, o abstenerse de hacerlo, que tengan un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político. Va de suyo que cualquiera que denuncie el carácter explotador de la clase dominante, está propagando “odio político”. Apenas una pequeña devolución del constante odio de clase que padecen los trabajadores y el pueblo a diario.


Para tener el status de “internacional” sólo se requiere que la organización reciba apoyo de estados u otras organizaciones extranjeras, o que tenga actividad en más de un país, lo que no es poco frecuente entre los internacionalistas.


Entre los 19 delitos que se consideran “terroristas” si cometidos por las organizaciones que caen en la definición anterior, por ejemplo, están el corte de calles o rutas y el atentado y resistencia a la autoridad, que típicamente se aplican a manifestantes callejeros, organizados o no. También se prevé el “premio al delator”, con sensibles rebajas de pena para quienes denuncien a sus compañeros.


En la exposición de motivos, los diputados explican que esta ley es necesaria para corregir “errores” judiciales, como el fallo –que cita textualmente- con el que se arrancó de la cárcel al compañero Josu Lariz Iriondo, frustrando su extradición para ser torturado o asesinado en España.


Por eso, entre otras cosas, el nuevo proyecto prevé un procedimiento de delivery express para la entrega inmediata de cualquier militante al país que lo requiera. Una especie de Plan Cóndor legalizado.


Finalmente, establece que los delitos “terroristas” son imprescriptibles, porque los equipara a los de lesa humanidad. Entonces, un manifestante que interrumpe el tránsito o que se resiste a que lo detengan arbitrariamente, puede ser perseguido y condenado a 10, 20 o 30 años de los hechos. Mientras tanto, la Corte sostiene la doctrina impuesta a partir del caso del comisario Derecho, de que, en democracia, la tortura no es un crimen de lesa humanidad, y prescribe como cualquier otro.


¿Incoherencia? No, coherencia del sistema, en un país que, como le gusta decir a nuestros gobernantes y su “oposición”, está integrado al concierto de naciones que tocan al unísono la sinfonía de la obediencia al imperialismo.

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