CORREPI - boletin informativo Nº 574
Por reenvio - Thursday, Sep. 09, 2010 at 7:19 PM

CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO NÚMERO 574 – 5 de septiembre de 2010.

1. La nueva ley antiterrorista de los alumnos del juez Garzón.
2. Poliproxeneta metrofederal y policuatrero mafioso.
3. 2.000 cámaras en Buenos Aires para más control social.
4. Represiones trasandinas: la educacion aquí y allá.
5. La mano dura.
6. Próximas actividades.

LA NUEVA LEY ANTITERRORISTA DE LOS ALUMNOS DEL JUEZ GARZÓN
En el Boletín nº 571, decíamos que el objetivo real de la tan promocionada visita del juez Baltasar Garzón era promover más leyes “antiterroristas”, que permitan al capitalismo defenderse de cualquier cuestionamiento. En el Foro de Parlamentarios Latinoamericanos, convocado por el Congreso Judío Latinoamericano bajo la excusa del aniversario de la masacre de la Amia, el juez torturador bajó línea, delante de más de 50 legisladores de Argentina y otros países de América Latina, sobre la necesidad de incrementar, en todas partes, leyes con bases y fundamentos comunes, para potenciar la “lucha contra el terrorismo”.

En nuestro país, el régimen penal viene recibiendo este tipo de reformas desde hace décadas. No necesitamos remontarnos a 1964, cuando el gobierno del “gran demócrata” radical, Arturo Illia, creó el art. 213 bis, la “prepotencia ideológica”, delito tantas veces achacado a luchadores populares, ni al aumento de pena que le impuso el general Juan Perón diez años después, dentro de su paquete de “leyes antisubversivas”. Basta recordar las reformas introducidas por las leyes “antiterroristas” de 1989; los proyectos peronistas, de la UCR y del Frepaso de 1997, frenados por la movilización popular; las dos sancionadas en abril de 2005; la junio de 2007, que creó los delitos de “asociación ilícita terrorista” y “financiación del terrorismo”, y, como informáramos en agosto del mismo año (Boletín nº 440), el proyecto kirchnerista sobre “asociaciones ilícitas para cometer genocidio”, que no fue sancionado.

Ahora, cumpliendo las directivas dadas por el represor español, promocionado como paladín de los DDHH, el radical Ricardo Gil Lavedra ya presentó un nuevo proyecto, suscripto por otros diputados de la UCR, de la Coalición Cívica, del Pro, del GEN, del Peronismo Federal y del Partido Socialista, es decir, todo lo que hay en el congreso por fuera del kirchnerismo.

La nueva avanzada represiva se ocupa de los “Actos de terrorismo internacional y Organizaciones terroristas internacionales”. Define las “organizaciones terroristas internacionales” como las que tengan por propósito aterrorizar a la población, u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, o abstenerse de hacerlo, que tengan un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político. Va de suyo que cualquiera que denuncie el carácter explotador de la clase dominante, está propagando “odio político”. Apenas una pequeña devolución del constante odio de clase que padecen los trabajadores y el pueblo a diario.

Para tener el status de “internacional” sólo se requiere que la organización reciba apoyo de estados u otras organizaciones extranjeras, o que tenga actividad en más de un país, lo que no es poco frecuente entre los internacionalistas.

Entre los 19 delitos que se consideran “terroristas” si cometidos por las organizaciones que caen en la definición anterior, por ejemplo, están el corte de calles o rutas y el atentado y resistencia a la autoridad, que típicamente se aplican a manifestantes callejeros, organizados o no. También se prevé el “premio al delator”, con sensibles rebajas de pena para quienes denuncien a sus compañeros.

En la exposición de motivos, los diputados explican que esta ley es necesaria para corregir “errores” judiciales, como el fallo –que cita textualmente- con el que se arrancó de la cárcel al compañero Josu Lariz Iriondo, frustrando su extradición para ser torturado o asesinado en España.

Por eso, entre otras cosas, el nuevo proyecto prevé un procedimiento de delivery express para la entrega inmediata de cualquier militante al país que lo requiera. Una especie de Plan Cóndor legalizado.

Finalmente, establece que los delitos “terroristas” son imprescriptibles, porque los equipara a los de lesa humanidad. Entonces, un manifestante que interrumpe el tránsito o que se resiste a que lo detengan arbitrariamente, puede ser perseguido y condenado a 10, 20 o 30 años de los hechos. Mientras tanto, la Corte sostiene la doctrina impuesta a partir del caso del comisario Derecho, de que, en democracia, la tortura no es un crimen de lesa humanidad, y prescribe como cualquier otro.

¿Incoherencia? No, coherencia del sistema, en un país que, como le gusta decir a nuestros gobernantes y su “oposición”, está integrado al concierto de naciones que tocan al unísono la sinfonía de la obediencia al imperialismo.

POLIPROXENETA METROFEDERAL Y POLICUATRERO MAFIOSO
Recién tras evidencias "revisadas" por diez años, el ahora jefe de Investigaciones de la policía metropolitana, Miguel Ángel Fausto Colombo, de 59 años, irá a juicio. Como contábamos en el Boletín nº 551, está acusado de dar protección a tres boliches que funcionaban como prostíbulos en el barrio de Retiro. En la causa, además de Colombo, están involucrados cinco ex comisarios, cuatro ex subcomisarios y dos oficiales. En el momento de los hechos, todos cumplían funciones en la comisaría 15ª de la policía federal.

La causa se inició cuando, allá por 1999, un muchacho que sufre de problemas psicológicos porque su padre, policía, le disparó en la cabeza cuando era chico, fue por error a uno de estos prostíbulos y al salir lo denunció.

Al principio, el juez Baños sobreseyó a los oficiales. Tras una apelación de la fiscalía, la Sala I de la Cámara del Crimen, en 2008, procesó a los involucrados e hizo algo inusual. Además de los delitos de cohecho (coimas), encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público, consideró que también eran partícipes necesarios del delito de regentear prostíbulos.

Mientras tanto, en Corrientes, un policía que había sido condenado por abigeato (robo de ganado) y por extorsionar a dos jóvenes en 2007, sigue trabajando en una comisaría de la localidad de Goya, y ahora enfrenta una causa por amenazas a jueces y fiscales. Uno de los jueces recibió una carta que decía: “Al doctor Silvero, funcionario de la Cámara local, le hacemos saber a través de este boletín que esta mafia organizada es grande y contamos con una gran capacidad de cometer delitos como secuestros de personas, toma de comisarías, hoy le quemamos su auto y mañana le matamos a sus hijos”. El 15 de junio, el auto de otro juez fue incendiado.

Mientras que a los estudiantes que cortan una calle, los persiguen hasta por la “pérdida económica” de los colectivos y los negocios que los rodeaban, entre ellos se otorgan beneficios increíbles. Investigados, procesados, condenados, pero siguen trabajando, en la federal, la metropolitana o la correntina, tanto da.

Una notita de color: En el caso de los policías de la federal y la metropolitana, una de las pruebas en su contra es una grabación de un llamado de uno de los dueños de los prostíbulos a un subcomisario, que estaba en la comisaría. “Perdoname, no te puedo pasar la guita que acordamos porque me afanaron a la salida del banco y ando sin efectivo”, dijo uno. Y el oficial respondió “No te preocupes, viste como esta la inseguridad”... Claro que sabemos. Siguen sueltos.

2.000 CÁMARAS EN BUENOS AIRES PARA MÁS CONTROL SOCIAL
El gobierno porteño continúa con su política de control social. Bajo la fachada de combatir la inseguridad (de los ricos, claro), Macri anunció la instalación de 2.000 cámaras (más), que en verdad se utilizarán para vigilar y controlar a los pobres y oprimidos que quieran alterar el orden de las cosas.

Son las cámaras que utilizan las fuerzas represivas estatales para reprimir y los grandes medios de comunicación para legitimarlo. Las primeras 300 se instalaron en Saavedra, Coghlan, Villa Urquiza y Pueyrredón; y se suman a las que ya hay en el microcentro, Once, Recoleta y en accesos a la ciudad de Buenos Aires.

Tienen toda la tecnología para reprimir: software de seguimiento de movilidad, manejo de alarma y paneo. Las imágenes serán monitoreadas desde cinco centros. Lisa y llanamente, se indica que el funcionamiento de este sistema consiste en que, cuando un operador observa una conducta que requiere intervención policial, informa al oficial de servicio y se determina el envío de personal propio o se deriva a la policía federal. Obviamente, para reprimir.

Desde el diario El Argentino, medio de capitales aliados al kirchnerismo, banalizaron esta política de control social comparándola con “Gran Hermano”. Eso da cuenta de que, cuando se tratar de reprimir, de controlar y vigilar mejor el orden, entre el macrismo, el kirchnerismo y los grandes medios, no hay diferencia. Todos defienden los mismos intereses.

REPRESIONES TRASANDINAS: LA EDUCACION AQUI Y ALLA
Cuando el 18 de agosto, en Santiago de Chile, la policía reprimió con gases y balas de goma a miles de estudiantes que cuestionaban el sistema educativo, la democracia chilena confirmaba qué política despliega cuando el reclamo popular afecta privilegios de la clase dominante. La misma que en tiempos dictatoriales: represión.

Ahora, acaban de detener a 41 estudiantes que tomaron las instalaciones educativas de la capital. Los jóvenes chilenos, que representan el 10% de la población pobre del país y sólo acceden gratuitamente a la educación primaria y una parte de la secundaria (al resto de la secundaria y al nivel superior sólo acceden quienes pueden pagarlas) se oponen al plan privatizador del resto del sistema e impugnan la Ley General de Educación, precisamente porque están destinadas a consolidar los privilegios de los pocos ricos, acentuando las serias dificultades que atraviesan los muchos pobres trasandinos.

Todo en un marco de protesta general de los trabajadores del sector público en pie de huelga y con los pobres de origen mapuche sosteniendo legítimas reivindicaciones, con sus presos políticos y sus dramas sociales. No muy distinto a lo que ocurre en nuestro país...

La denuncia de los estudiantes chilenos, como la de los pibes argentinos, que pusieron en evidencia al gobierno macrista de la ciudad de Buenos Aires -y a los propios kirchneristas como el rector Hallú- por el estado de las escuelas y universidades públicas, revela cuál es la verdadera naturaleza de sus políticas. La educación sólo les interesa en la medida que repercuta en beneficio de las necesidades de la burguesía dominante.

La educación en Chile, como en Argentina, y, en general, en toda sociedad que se basa en la tensión entre clases antagónicas, pasa a ser una complicación para los gobiernos de la clase dominante, sobremanera cuando quedan expuestas sus miserables políticas de subejecución presupuestaria y de negocios con capitalistas amigos.

La educación puede ser un elemento disciplinador, pero cuando el "educando" se organiza e incorpora el concepto de la lucha, puede convertirse en una herramienta de liberación que ningún gobierno está dispuesto a admitir.

De ahí la respuesta represiva que despliegan: listas negras de estudiantes rebeldes, con aprietes, amenazas y procesamientos, o, directamente, balas de goma, gases lacrimógenos y detenciones masivas, según sea la "calidad democrática" del gobierno de turno.

Todo convenientemente acompañado por imbéciles que demonizan a los luchadores y arman o se suman a campañas de indisimulada estolidez.

Mientras la represión iguala a los gobiernos de aquí y allá, nosotros sostenemos que la educación es un derecho y la lucha organizada una obligación, que iguala a los luchadores de aquí y allá.

LA MANO DURA
La noche del 28 de septiembre del año pasado, en el barrio de Ingeniero Budge, un joven albañil de 24 años, Arnaldo Sanabria Maidana, iba caminando, cuando un patrullero se detuvo a su lado y le pidió documentos. Un pobre no es libre de caminar de noche por su barrio, ya que por portación de cara la policía puede detenerlo. Un muchacho humilde de clase trabajadora, que se vino desde Asunción del Paraguay en busca de mejores condiciones laborales, tal vez pensó que, siendo este el país “de los Derechos Humanos” no hacia falta eso de andar con los documentos encima.

Sabemos que no es obligatorio portar el DNI, pero se lo llevaron detenido a la comisaría por averiguación de antecedentes. Total, para eso está la ley.

Arnaldo llamó a su cuñada para que le alcanzara los documentos a la comisaría, así podía irse a su casa, con su mujer y su beba. Lamentablemente, la cosa no iba a ser tan fácil.

Esa misma noche, una mujer denunció que su hija, menor de edad, había sido víctima de un abuso sexual. La madre dijo que fueron dos hombres a quienes la chica no pudo identificar. Pero en la comisaría hicieron que la chica viera a Arnaldo, e informaron al juez que lo señaló como uno de agresores.

Caso cerrado. Otro violador preso, para que Scioli pueda seguir exhibiendo la eficacia policial a la hora de resolver crímenes, y defendiendo este sistema judicial que funciona con firmeza sólo cuando el acusado es de clase trabajadora.

Mientras estuvo detenido en la comisaría, Arnaldo fue apaleado para que confesara la autoría del hecho. El fiscal lo hostigó, diciéndole “violador de mierda” y la defensora oficial nunca apareció.

Desde el preciso momento de la imputación, el albañil se declaró inocente, y exigió a la justicia un examen de ADN para desligarlo del ataque sexual. No sólo nadie lo escuchó, sino que tampoco le tomaron declaración indagatoria para defenderse. “La primera vez que el fiscal le tomó declaración fue en marzo del año siguiente”, contó el abogado contratado con esfuerzo por la familia, que, como primera medida, exigió una prueba genética que recién se llevó a cabo a finales de abril, en la Asesoría Pericial de La Plata.

Finalmente, el 9 de junio, el resultado del estudio dio negativo. Al día siguiente, el trabajador paraguayo recuperó la libertad. Poco después fue sobreseído definitivamente.

Estuvo 8 meses preso, tratado de violador por todo el pabellón y sus guardiacárceles. A pesar de su absolución, los vecinos lo miran y murmuran por lo bajo. Perdió su casa y su trabajo, y no pudo disfrutar los primeros meses de su beba, por ser obrero, y tener cara de obrero. Todo ser humano con conciencia de clase debe saber que hechos como éste pasan a diario, disfrazados de “casos resueltos”, mientras las cárceles se llenan de pobres.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Martes 7 de septiembre, 11:00, escrache a los tribunales de Lomas de Zamora, Camino Negro y Larroque, denunciando la sistemática protección judicial a los policías asesinos y torturadores.

Miércoles 8 de septiembre, 20:30, charla debate con CORREPI sobre la “utilidad práctica” para reprimir de las contravenciones, en el Instituto Joaquín V. González. Organiza Agrup. La Curva.

Sábado 25 de septiembre, a las 14:00, participamos del escrache a la comisaría 1ª de Morón.

LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS
Los sábados a las 18:00, escuche la columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110.
http://www.radiodelaciudad.gov.ar , tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.
El segundo sábado de cada mes, a las 16:00, escuche el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, po FM La Tribu , FM 88.7, o en http://www.fmlatribu.com.
Lunes por medio, a las 11:00, escuche el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en http://www.fmentransito.org.ar.
Visitá nuestros espacios de difusión: http://correpidifusion.blogspot.com y http://correpi.lahaine.org (¡renovada!)
Comunicate con nosotros para colaborar con CORREPI.
CORREPI
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional
Ciudad de Buenos Aires • Argentina
correpi@fibertel.com.ar
Si no desea recibir nuestros Boletines, envíe un mail con el asunto "Remover" a correpi@fibertel.com.ar o prensa.correpi@gmail.com

agrega un comentario