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Chile: Cuatro diputados chilenos deciden sumarse a huelga de hambre mapuche
Por Azkintuwe -
Friday, Sep. 10, 2010 at 11:20 AM
Los miembros de la Comisión de Derechos Humanos, Manuel Monsalve (PS), Sergio Aguiló (PS), Tucapel Jiménez (PPD) y Hugo Gutiérrez (PC), ingresaron al penal de Temuko donde se plegarán al ayuno de los presos políticos mapuche, que ya cumplió 60 días, hasta que se establezca una mesa de diálogo que les dé una solución concreta.
Cuatro diputados de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja se sumaron hoy jueves a la huelga de hambre que realizan 34 prisioneros políticos mapuches en distintos penales del sur de Chile y que ya se prolonga por 60 días.
Los parlamentarios Hugo Gutiérrez (PC), Sergio Aguiló (PS), Tucapel Jiménez (PPD) y Manuel Monsalves (PS) llegaron este jueves hasta la cárcel de Temuko, donde advirtieron que permanecerán en huelga hasta que el gobierno de Sebastian Piñera establezca una mesa de diálogo que solucione la crisis.
Los diputados se suman a la huelga horas después que la Iglesia Católica hiciera un llamado urgente a los poderes del Estado para solucionar el conflicto mapuche y solicitara a los propios comuneros deponer el ayuno y “continuar su lucha por otros medios legítimos”.
La decisión también se produce luego que el Presidente Sebastián Piñera endureciera sus declaraciones, señalando que “la huelga de hambre no es un instrumento legítimo de presión en una democracia y en un Estado de Derecho. Y un gobierno tiene que saber soportar esa presión, porque si no lo hiciere, estaría sentando un muy mal precedente”.
El dirigente regional del Partido Comunista (PC) en la Novena Región, Gustavo Carrasco, reveló detalles del ingreso de los parlamentarios. “Estuvimos con los presos comuneros en huelga de hambre conversando de la situación. Ellos están muy mal de salud, han bajado entre 15 y 20 kilos de peso”, señaló en conversación con radio Universidad de Chile.
“Luego de la conversación y viendo la situación de los presos, los diputados tomaron la decisión de plegarse a la huelga de hambre en las mismas condiciones, hasta que el Gobierno instale una mesa de diálogo con los familiares de los presos, porque hasta el momento no ha habido ninguna conversación para negociar la situación”, indicó.
Carrasco aclaró que el objetivo es apoyar la movilización y no convertirse en intermediarios en una eventual negociación: “Tajantemente no, solo se ofrecen como facilitadores de una mesa de diálogo, pero no como interlocutores directos. Lo que nos ha dicho Hugo (Gutiérrez) es que quien debe sentarse a discutir en la mesa son los familiares y el Gobierno”, explicó. Además, aseguró que los mapuches recluidos en Temuko recibieron en forma positiva la decisión de los diputados y dijo desconocer si Gendarmería, el Ministerio del Interior o el Gobierno había tenido comunicación con ellos.
“Depende del Gobierno la pronta salida a este conflicto. Creemos que es una muy buena medida la que han tomado los diputados para ayudar a la solución de este conflicto. Instalar una mesa de diálogo es lo que se está esperando y si el Gobierno lo asume así, esta situación no se prolongaría por más tiempo”, finalizó.
Quien no se manifestó para nada contento con la medida de presión de los parlamentarios fue el diputado regional José Manuel Edwards, de la UDI, para quien la medida correspondería a un “aprovechamiento descarado de la problemática mapuche”, asegurando que ellos perfectamente pudieron haber intervenido cuando la Concertación gobernó el país por 20 años.
“¿Por qué no hicieron lo mismo en la huelga de hambre anterior? y tampoco dijeron nada cuando se modificó la ley antiterrorista a comienzos de los ‘90 y cuando los presidentes Lagos y Bachelet la invocaron en contra de los huelguistas”, señaló el parlamentario oficialista, quien indicó que la solución a la problemática indígena no pasa por presionar mediante huelgas, sino más bien en la correcta aplicación de políticas de Estado que beneficien verdaderamente a los pueblos originarios.
Polémica reforma
El Gobierno ingresó ayer al Congreso la propuesta de modificación de la Ley Antiterrorista colocándole suma urgencia, pese a que la iniciativa despierta recelos entre algunos parlamentarios oficialistas, precisamente en quienes aplicaron dicho cuerpo legal contra mapuches en los gobiernos de la Concertación. Se trata de los diputados Jorge Burgos (DC) y Felipe Harboe (PPD), ex subsecretarios del Interior.
Ambos parlamentarios advirtieron sobre el riesgo de “desarticular” este instrumento legal. Burgos expresó que existe un espacio legislativo para el cual está disponible, que dice relación con la configuración de los tipos penales, o con que la facultad de invocar esta ley sea exclusiva de los fiscales y el Gobierno, excluyendo a los particulares. “Ese espacio no puede ser sinónimo de desarticular el estatuto especial de combate a grupos terroristas”, señaló.
El diputado Harboe fue más allá. A su juicio, no es conveniente hacer modificaciones legales al amparo de conflictos particulares, pues la normativa no se aplica exclusivamente en el tema mapuche. Incluso, aseguró que no es partidario de que los delitos contra la propiedad sean apartados de la ley antiterrorista, punto que fue tema de discusión entre el Gobierno y la Alianza en la afinación del proyecto de ley que ingresaría hoy. “Eliminar la posibilidad de considerar estos delitos dentro de esta ley puede debilitar peligrosamente este instrumento”, concluyó.
En las filas del gobierno, también existen divisiones al respecto. Diputados como el RN René Manuel García y los UDI Gustavo Hasbún, María Angélica Cristi y Enrique Estay cuestionaron la fórmula elegida por el Ejecutivo, poniendo hincapié en que no se puede legislar “bajo presión”, en alusión a la huelga de hambre de los comuneros. Pese a ello, el senador UDI Andrés Chadwick garantizó el respaldo del partido, señalando que “vamos a votar favorablemente” el proyecto presentado por La Moneda.
Al mismo tiempo, el senador Andrés Zaldívar, a nombre de la Concertación, repuso como moción el proyecto presentado durante 2006 por la administración Bachelet, que excluye los delitos contra la propiedad de la Ley Antiterrorista, algo no contemplado en las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo.