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Repudio a la restitución de los policías en Bariloche
Por reenvío red eco alternativo - Friday, Oct. 08, 2010 at 9:59 AM

La policía de Río Negro ordenó la reposición en sus cargos de policías involucrados en los asesinatos de Diego Bonnefoi, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, ocurridos entre el 17 y 18 de junio de 2010.

(Analia Rodriguez – Red Eco) Río Negro - La Multisectorial contra la Represión y la Impunidad de Bariloche manifestó mediante un comunicado su repudio ante la decisión de la Jefatura de Policía de Río Negro de restituir en sus cargos a efectivos directamente involucrados en la represión que terminó con el asesinato de Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, durante la movilización en repudio por la muerte de Diego Bonefoi, el 17 de junio pasado.
El jefe de Policía de Río Negro Jorge Villanova anunció que reubicó al comisario Jorge Carrizo y al oficial principal Rodolfo Aballay, quienes estaban en situación de disponibilidad, por decreto del gobernador Miguel Saiz luego de la represión ilegítima e ilegal desatada por la policía provincial.
Carrizo fue desplazado el 17 de junio luego del homicidio de Diego Bonnefoi, que ocurrió esa madrugada en la jurisdicción de la Comisaría 28, que estaba a su cargo. Por ese hecho está procesado y detenido el cabo Sergio Colombil, quien prestaba servicios en esa unidad policial.
En cambio, Aballay fue separado porque se lo acusa de haber retirado balas de plomo de una empresa de seguridad y de repartirlas entre algunos policías que intervinieron en la represión.
De acuerdo a lo informado por el Comisario Edgardo Pérez, jefe de la Regional, Carrizo cumplirá funciones en la Regional III de Policía, mientras que Aballay lo hará en la Comisaría Segunda.
A su vez, la Multisectorial alertó al conjunto de la sociedad sobre la presión solapada a la justicia que implica esta maniobra, a la vez que constituye una afrenta al dolor de los familiares de las víctimas y un paso político a la impunidad del estado de terror instalado en Bariloche desde entonces.
El comunicado detalla, en este sentido, que mientras la Multisectorial aseguraba, por los testimonios de los heridos y testigos, que la policía disparó con balas letales, el ministro de Gobierno Larreguy afirmaba que sólo se habían usado balas de goma. La policía hizo una investigación interna en la que confirmó que en los sucesos de junio se usaron balas de acero: cerca de 200 provenientes de una empresa privada y cerca de 700 en posesión del grupo de operaciones especiales, BORA. Sin embargo, la investigación no estableció qué efectivos utilizaron dichas balas y menos aún quienes son los que dispararon contra Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas.
Los mecanismos resultan similares a los utilizados en innumerables casos de gatillo fácil, la misma policía que asesina es la que realiza las investigaciones sobre los hechos, con la complicidad de las autoridades políticas y policiales.
Es por ello que la Multisectorial declara: “junto a los familiares de las víctimas, sostenemos el reclamo irrenunciable de una investigación judicial seria e independiente, por verdad y justicia con la identificación de todos y cada uno de los responsables y autores materiales y políticos de todas las graves violaciones a los derechos humanos perpetrados especialmente los días 17 y 18 de junio en Bariloche”.
Por estos hechos, la Defensora del Pueblo, Ana Piccinini, solicitó al jefe de la Policía provincial, Jorge Villanova, que le informe los motivos por los que resolvió restituir en sus funciones a Carrizo y Aballay, acompañando copia del acto administrativo respectivo, y la resolución que dispuso su pase a disponibilidad.
A su vez, solicitó que le “haga saber con calidad de detalle, la nómina completa de efectivos policiales (personal superior y subalterno) que fueron separados de sus puestos a partir de los sucesos del 17 y 18 de junio, particularmente bajo qué modalidad (disponibilidad, desafectación preventiva, traslados u otra) así como la identificación de todos los efectivos que participaron de los procedimientos y que se encuentran con sumario administrativo, estado de los mismos, y las medidas preventivas dispuestas a partir de tales desgraciados sucesos”.
Por otro lado, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos manifestó su apoyo a la denuncia y el pedido de sanciones de la Multisectorial contra el Jefe de Policía y sus avales políticos, el Secretario de Seguridad Víctor Cufré, el Ministro de Gobierno Diego Larreguy y el propio gobernador Miguel Saiz, quienes, consideró, “no pueden ignorar la legislación nacional y constitucional sobre Derechos Humanos” y manifestó que: “su conducta irresponsable elude la administración de una justicia seria e independiente y sume en el desamparo a las víctimas y familiares agredidos por el Estado”.

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