| versión para imprimir - envía este articulo por e-mail |
Los jubilados y el 82 % movil
Por Raul Delattorre -
Monday, Oct. 18, 2010 at 12:22 PM
dellatorre55@hotmail.com
Los jubilados merecen el 82% movil sustentable. La derecha gorila pretende manipular a los trabajadores con falsas promesas...
Desarmando una bomba de tiempo
Por Raúl Dellatorre
17/10/2010
Ni equitativa ni progresista. Las inconsistencias del proyecto votado en el Congreso –y vetado en el Ejecutivo– para reformar el sistema de cálculo de las jubilaciones instalaba, objetivamente, una bomba de tiempo dentro del actual sistema previsional. Tal como quedó redactado y se votó en su versión final, el proyecto iba mucho más allá de darle movilidad a la jubilación atándola al salario mínimo, establecido en su primer artículo. Pero la cara oculta aparece en los artículos 5, 6 y 7, que definían actualizaciones y pagos retroactivos de ajustes a jubilados bajo distintos regímenes, y en el siniestro artículo 12, cuya pretensión de obligar a la Anses a malvender sus tenencias accionarias lo convertía en una pieza maestra de una estafa al Estado, tal cual lo expuso ayer la presidenta Cristina Fernández al anunciar el veto.
Si la elevación de la jubilación mínima al 82 por ciento del salario mínimo suponía una mayor erogación anual de 20 a 25 mil millones de pesos, según los cálculos más conservadores –Proyecto Sur, Instituto Ceil-Piette–, el impacto de los tres artículos (5, 6 y 7) que establecen la recomposición de haberes no es mencionado, en general, por ninguno de los participantes en el debate político. Sin embargo, su incidencia sería semejante o mayor a la producida por la suba del piso.
Los artículos 5 a 7 toman como referencia tres fallos de la Corte Suprema por recálculo de jubilaciones, resueltos para casos particulares, y los generaliza. Son los fallos conocidos como “casos” Eliff, Sánchez y Badaro, respectivamente.
- Por el primero (art. 5), se dispone una actualización de haberes desde el 1º de abril de 1991 hasta la fecha de jubilación, por el índice de salarios básicos de la Industria y la Construcción , que elabora el Ministerio de Trabajo. Es decir, recalcula el haber inicial del jubilado.
- El segundo (art. 6) resuelve un ajuste de los haberes percibidos entre el 1º de abril de 1991 y el 30 de marzo de 1995, según el índice de remuneraciones. Es decir, establece un ajuste retroactivo para ese período de cuatro años, según la variación del índice desde entonces hasta la actualidad.
- El tercero (art. 7) fija otro ajuste, en los haberes correspondientes al período 1º de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2006 (cinco años), según la variación del índice de salarios del Indec. Otro ajuste retroactivo por actualización desde dichas fechas hasta el presente.
Eso sí: mientras que el nuevo cálculo del mínimo por el 82 por ciento del SMVM debía aplicarse a los 30 días de la promulgación de la ahora frustrada ley, para abonar los haberes recompuestos por los tres artículos citados se fijaba un plazo más amplio: 120 días corridos desde la promulgación.
El impacto global de los tres sistemas de recálculo es difícil de mensurar, pero golpearía en lo inmediato (120 días) en la forma de una fuerte transferencia de recursos (¿se hubiera permitido pagarlo en bonos?). Para adelante, quedaría establecida una franja de jubilaciones con alto nivel de ingresos, probablemente de decenas de miles de beneficiarios, fuertemente diferenciados de quienes se encuentren en el piso jubilatorio. El Ceil-Piette estima, globalmente, una transferencia en un solo ejercicio anual de entre 20 y 40 mil millones de pesos en favor de sectores pasivos de ingresos medios y altos, “no de los más vulnerables”.
Esta suerte de resolución “mágica” de todos los reclamos judiciables, extendiendo el beneficio obtenido en tres demandas al conjunto de los jubilados en situación parecida no sólo genera una carga inmediata que puede perforar el sistema previsional sino que genera una situación privilegiada para un número importante de beneficiarios de importantes sumas retroactivas y con un nivel de ingresos marcadamente alejado de los que cobran la mínima.
Más allá de la justicia o no de los reclamos de actualización, lo cuestionable es que se establezca por ley la prioridad del cobro inmediato de esos créditos y el ajuste de sus haberes, a costa del fondo de garantía previsional y poniendo en riesgo el sistema. Porque esta parte del costo para las arcas públicas, por afuera del impacto de la suba del piso jubilatorio, no es mencionada por ninguno de los diputados y especialistas que titulan sus argumentaciones con la muletilla “la plata está”.
No es todo. Hay otro aspecto del proyecto impulsado por el arco opositor de similar gravedad. Es el contenido del artículo 12, que les pone techo a los valores que puede acumular el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del régimen previsional: no podrá superar las erogaciones por prestaciones anuales de la Anses.
Ayer, Cristina Fernández hizo referencia a las especulaciones y trampas a que podría llevar la obligación impuesta a la Anses de “desinvertir” parte de sus activos bursátiles: salir a vender una cantidad de acciones que supera varias veces la magnitud que se negocia diariamente en el mercado de esas mismas empresas equivale a “rifarlas”. ¿Y quién más interesado que los accionistas mayoritarios de la propia empresa en comprarlas a precio de liquidación? “Una nueva estafa contra el Estado”, calificó Cristina. Sería difícil negar que ése sería el resultado, más allá de las intenciones de los autores e impulsores del proyecto.
Un último aspecto del proyecto vetado, no menos trascendente. El Ejecutivo convirtió, desde la extinción de las AFJP, al Fondo de Garantía de Sustentabilidad en una herramienta dinámica para promover inversiones, fondear líneas de crédito subsidiadas y cumplir un rol activo en la economía para alentar el crecimiento, el empleo y el consumo. Es lo que la capitalización en manos de las AFJP nunca hizo, pese a las promesas de Domingo Cavallo cuando hizo parir el sistema privado de jubilaciones. El FGS apuesta a inversiones rentables a largo plazo que le devolverían recursos para hacer frente a las obligaciones de pago de haberes en años siguientes. El artículo 12 apunta directamente a romper esta lógica, este papel de la Anses : limita su nivel de capitalización y reduce el giro de sus operaciones a un año. Va en contra de la política activa del Estado, en contra de la dinámica de la inversión pública, en contra de la promoción mediante estos fondos de las operaciones y apuestas de largo plazo. Es esperable de la oposición de derecha, devotos de los beneficios de “achicar el Estado”. Menos esperable de la oposición de centroizquierda. Pero, otra vez, ambos entraron y salieron del debate de la mano.
EL GOBIERNO SE GASTA LA PLATA
Por JUSTO -
Monday, Oct. 18, 2010 at 5:53 PM
justolomas@yahoo.com.ar
CASI LA M ITAD DE LA PLATA DE LAS JUBILACIONES LO USA EL GOBIERNO DEL MATRIMONIO KIRCHNERISTA POR DECRETO.
18/10/10
Son más de $ 60.000 millones al año que se destinan a gastos que no tienen financiamiento propio. Su uso fue decidido sin debatir de dónde saldrían los recursos. Esto lo empezó a hacer Cavallo en los 90 y fue profundizado por los Kirchner.
Por Ismael Bermúdez
Etiquetas
Jubilaciones,
decreto,
82% móvil
El Gobierno vetó el viernes pasado la ley impulsada por la oposición para restablecer el 82% en el haber mínimo y aplicar un reajuste en las jubilaciones según los criterios determinados por la Justicia. El argumento de la Casa Rosada fue que en la ley no se especificaba de dónde saldrían la plata para financiar esas mejoras para los jubilados. Y agregó que si hubiera promulgado esa norma esto implicaría “prácticamente la quiebra no sólo del Sistema Previsional Argentino sino del propio Estado”.
Sin embargo, hay un detalle que la argumentación oficial pasó por alto: la ANSeS está pagando más de $ 60.000 millones anuales en distintas prestaciones que, en la mayoría de los casos, fueron aprobadas a través de decretos sin el respaldo de un financiamiento propio o específico, cargándolos sobre el presupuesto del organismo que se ocupa de administrar el sistema jubilatorio.
Este tipo de decisiones se vienen aplicando desde la década del 90. Y las mantuvieron todos los gobiernos que sucedieron a la gestión presidencial de Carlos Menem, incluyendo a la administración de Néstor y Cristina Kirchner iniciada en 2003:
En 1994, cuando el ministro de Economía era Domingo Cavallo, se decidió transferir a la ANSeS el financiamiento de los déficit de las cajas jubilatorias militares y de las demás fuerzas de seguridad. Hasta ese momento, ”desde siempre este gasto estaba imputado al presupuesto del Ministerio de Defensa o del Interior”, según plantearon oportunamente los especialistas Amancio López y Jorge Urriza. Ese es un gasto que continúa bajo la órbita de la ANSeS. Para 2011 se prevé que el déficit de esas cajas rondará los $ 4.513 millones que serán cubiertos recursos del sistema jubilatorio.
En un acuerdo firmado en agosto de 1992 entre la Nación y las provincias se estableció que el 15% de la recaudación impositiva que se coparticipa se destinara al financiamiento del sistema previsional nacional y a otros gastos. Sin embargo, un año más tarde, a través del decreto 2443, se “asignó retroactivamente el destino de esos fondos al pago de garantías a las provincias y a gastos administrativos de la DGI”, según documentó Urriza.
A su vez, en el Pacto Federal de 1993 se estableció el “compromiso” de financiar con ese aporte los déficits por la transferencia de las cajas de jubilaciones provinciales al Sistema Nacional y luego a financiar los déficits de las Cajas no transferidas. Los gastos que paga la ANSeS por comisiones de la AFIP en el Presupuesto 2011 suman $ 674 millones.
Esa porción de 15% de los recursos coparticipables -que ingresa a la ANSeS como contribuciones figurativas”- se destina a pagar pensiones no contributivas (que no requieren que el beneficiario haga aportes para recibirlas) que administra la cartera de Desarrollo Social. Por estos compromisos, para 2011 están presupuestadas $ 11.392 millones, más los mencionados déficits de las cajas militares y de las fuerzas de seguridad.
Ya con la gestión kirchnerista, la jubilación por moratoria -que permite acceder a una jubilación a quienes no tienen aportes o cuentan con menos de 30 años de aportes- fue aprobada por un Decreto de Necesidad y Urgencia en 2005. Si bien la cuota de la moratoria se descuenta del beneficio que cobra mensualmente el jubilado, la incorporación de 2,5 millones de nuevos jubilados en un plazo muy corto obligaba a determinar una fuente de financiamiento propia, pero esto no se hizo. Según el Presupuesto 2011 este beneficio representará el año próximo $ 37.392 millones.
La Asignación Universal por Hijo se aprobó también por un DNU, sin discusión sobre cómo debería financiarse. En este caso, se resolvió además que absorbería las partidas de algunos planes sociales, como el plan Familias. Y se decretó que todo su financiamiento recaería sobre los intereses que genera el Fondo de Garantía, que administra los activos por unos $ 150.000 millones que la ANSeS heredó de las AFJP cuando se eliminó el sistema de jubilación privada. En 2011 la partida prevista para la asignación universal es de $ 10.083 millones.
Lo mismo con el plan de computadoras Conectar: insumirá $ 3.199 millones el año próximo.
Una parte de los recursos del Fondo Nacional de Empleo, que pertenecen a la ANSeS para financiar el seguro de desempleo se destina a financiar planes de empleo. En el Presupuesto 2011 suman $ 1.184 millones.
Al discutir el financiamiento para el 82%, el Gobierno parte del supuesto que el monto de los beneficios está subordinado al estado actual de las cuentas públicas. Esto supone que no se pueden revisar las exenciones impositivas, los subsidios a grupos económicos ni los pagos de la deuda. Y que no se pueden generar nuevas fuentes de ingresos, gravando la renta financiera o subiendo los aportes patronales a los niveles de 1993.
Las claves de la discusión por el 82% móvil
1 La ANSeS se hace cargo de varios gastos que se le asignaron por decreto y sin discusión sobre cómo pagarlos. Por caso, más de 910.000 pensiones no contributivas, que suman unos $ 10.000 millones anuales.
2 Cubre el déficit de las Cajas jubilatorias de militares, policías y fuerzas de Seguridad.
3 Paga los subsidios del programa de Reproducción Productiva (Repro), que se otorga a las empresas en crisis.
4 Las 2,3 millones de las llamadas jubilaciones “por moratoria”, que se dieron a gente con aportes incompletos o directamente sin aportes: son $ 27.000 millones.
5 De los intereses del Fondo de Garantía de la ANSeS salen los $ 8.300 millones para el pago de la nueva Asignación Universal por Hijo. Y también el plan de computadoras portátiles para colegios y estudiantes.
Sin riesgo de default
Aún si se empezara a pagar ahora el 82% móvil, el país no enfrentaría riesgos de caer en default en los próximos meses porque la ANSeS cuenta con un superávit mayor a $ 10.000 millones que alcanzaría para pagar un eventual incremento del haber mínimo en lo que resta de 2010.
82% móvil. Zonceras oficiales y chantadas de la oposición conservadora
Por Buenos Aires para todos -
Monday, Oct. 18, 2010 at 6:09 PM
LAS ZONCERAS OFICIALES Y LAS CHANTADAS DE LA OPOSICION CONSERVADORA EMBRETAN A LOS JUBILADOS EN UNA CONTIENDA ELECTORAL QUE HACE CASO OMISO DE SUS NECESIDADES.
Frente al veto presidencial al proyecto aprobado en el Senado es imprescindible considerar que:
1) De los 5.491.049 jubilados y pensionados cubiertos por el sistema previsional, el 74% de los mismos está cobrando el haber mínimo de $1.046; e incluso gran parte de los 2,5 millones que accedieron a la jubilación por la moratoria están cobrando por debajo de dicho valor (dado el descuento por la deuda asumida) en un contexto donde la canasta individual para un jubilado no baja de $2.250. Este dato contundente es el que debe ocupar el primer lugar en la consideración del debate actual. Son las necesidades apremiantes de los jubilados los que no pueden dejarse de lado al considerar la decisión de la Presidenta de vetar el proyecto aprobado en el Senado.
Que fue lo que veto la Presidenta? El proyecto que la Presidenta vetó permitía:
a) Llevar el haber mínimo actual de $1.046 a $1.426,80 y actualizarlo a $1.508,80 a partir de enero del 2011. Esto es lo que proponía el proyecto en su artículo 1 al fijar la jubilación mínima en el 82% del salario mínimo.
b) Sacar al 42% de los jubilados del haber mínimo, permitiendo que el 37% de los mismos tuviera un haber promedio de $1.800 y el 5% de los mismos con un haber medio de $5.000. Esto es lo que se lograba de la aplicación de los criterios fijados por la Corte Suprema de Justicia en los fallos Badaro y Sanchez.
Se trata de un proyecto que lejos de constituirse como una reforma previsional acabada estaba en dirección a comenzar a resolver los graves problemas que acumula el sistema previsional actual, que en tanto se mantiene sin modificaciones, se consolida como un sistema que garantiza haberes de miseria, produciendo significativos efectos negativos que deterioran el propio sistema previsional, en la medida que los bajos haberes alientan la evasión previsional, y le abren la puerta a los regimenes privados de capitalización que buscan resolver individualmente la situación particular de la población de mayor poder adquisitivo.
Resulta claro que los graves problemas acumulados en el sistema previsional vigente no se resolvían con la sanción del proyecto aprobado en el Senado, puesto que no se trataba de una reforma integral, sino de un paliativo a la situación existente en línea con promover un debate imprescindible sobre el sistema previsional argentino. En este marco, la actitud de la Presidenta de vetar en tiempo record el proyecto completo, sin siquiera evaluar la opción del veto parcial (que hubiera permitido por ejemplo aprobar el punto a) –fijando el haber mínimo en el 82% del salario mínimo y vetar la opción b)- no contemplar los fallos dispuestos por la Corte Suprema) son una muestra más de la ausencia de voluntad política por parte del Gobierno de encarar el debate previsional que nuestra sociedad demanda.
3) Para justificar el veto, la Presidenta incurre en una serie de ZONCERAS que merecen destacarse:
a) En primer lugar asocia el proyecto con la Quiebra del Estado. Argumento que, más allá de la investidura presidencial, no puede menos que catalogarse como estúpido al observar que el costo del proyecto ($30.000 millones de necesidades de financiamiento neto para el 2011) representa apenas el 5,5% del Gasto Público Consolidado (estimado en $550.000 millones). Resulta paradójico y revelador a la vez de la concepción del Gobierno, que pagarle a los jubilados se asocie con la quiebra del Estado mientras que pagarle los acreedores (por una cifra similar en el 2010 por $25.000 millones financiados con reservas) se presente como darle certeza y confianza a la economía. Llevando este argumento al extremo, si mejorar la situación de los jubilados supone la quiebra del Estado, entonces mantener jubilaciones de miseria se constituye en la fortaleza del mismo, por lo que en este marco no queda más que postergamiento y privación para los jubilados mientras el Estado muestra un superávit fiscal o mejor dicho, excedentes de recursos, que se destinan a otros fines, como por ejemplo el pago a los acreedores en el 2010.
b) En su recuento histórico, la Presidenta se olvidó de las reducciones de las contribuciones patronales dictadas por Menem y Cavallo en 1993. Se acordó sí de la y la restitución de Alfonsín de 1984, pero para justificar el argumento neoliberal y noventista de que “no se puede restituir contribuciones porque ello significa aumentar el desempleo, disminuir el financiamiento al sistema previsional y pagar menores jubilaciones”. Zoncera esta digna de la Convertibilidad y obtusa respecto a la experiencia nefasta de dicha etapa. En efecto, cuando se redujeron las contribuciones pasó lo que señaló la Presidenta: aumento del desempleo, desfinanciamiento previsional y reducción de los haberes.
c) La zoncera de señalar que el proyecto pretendía liquidar el FGS del ANSES. El proyecto señalaba que dicho Fondo no podría superar el valor de un año de prestaciones. En ningún lugar se pone plazo para que ello suceda, ni menos que deba malvenderse esos activos.
d) Por último, al finalizar su argumentación, la Presidenta se olvidó, al mencionar a los sectores por los cuales pelea para mejor su nivel de vida, de los jubilados. En efecto, la Mandataria finalizó su discurso convocando “trabajadores, estudiantes, docentes, empresarios” a defender sus condiciones de vida. Los jubilados brillaron por su ausencia en el cierre del discurso presidencial. Todo un olvido que dice más que mil palabras sobre el lugar que ocupan los jubilados en la visión oficial.
4) Por otro lado, la CHANTADA de la Oposición Conservadora consistió en no haber incorporado todo el financiamiento completo que el proyecto demandaba (razón por la cual se opusieron a la restitución de las contribuciones patronales para las grandes firmas) otorgándole la excusa necesaria para que el Oficialismo se escude y justifique el veto. Es bueno aclarar que la chantada de la Oposición Conservadora es la Excusa, y no otra cosa, para el veto Oficial. Si la Presidenta hubiera querido conseguir el financiamiento necesario por vía de la restitución de las contribuciones patronales para las grandes firmas, lo podría y lo puede hacer con el dictado de un simple decreto, tal como Menem y Cavallo usaron un decreto para reducirlas en 1993. Restituir las contribuciones patronales para las grandes firmas es una opción que la Presidenta tiene a disposición pero que ha decidido no utilizarla. También aquí todo un indicador de orden de preferencias y prioridades que revela el veto presidencia.
5) En rigor, tanto la CHANTADA de la Oposición Conservadora como las ZONCERAS del Oficialismo son las dos caras de una misma moneda: En efecto, de modo distinto, ambas opciones responden a la lógica de postergar las necesidades de los jubilados. Del lado del oficialismo, y más allá del exabrupto presidencial sobre la “quiebra del Estado”, lo cierto es que el veto de la Presidenta responde a la estrategia fiscal vigente que ha transformado al ANSES en una caja de recursos para financiar la brecha de financiamiento del Tesoro.
6) En concreto, la propuesta vetada por la Presidenta, que permitía mejorar la situación de los jubilados, transformándose en un paliativo en línea con transitar la necesaria reforma previsional integral, tenía un costo de:
a) De $20.000 millones con el valor del salario mínimo actual.
b) De $30.000 millones con el valor del salario mínimo a partir de enero 2011.
Frente a esta necesidad de financiamiento, los recursos disponibles a disposición son:
a) El ANSES tiene un superávit financiero al 2010 de $14.078 millones; y el Presupuesto 2011 tiene previsto un superávit de $21.531 millones.
b) La restitución de las contribuciones patronales para las grandes firmas al momento actual (septiembre del 2010) permiten expandir la recaudación en $25.406 millones. Teniendo en cuenta la hipótesis de crecimiento del 22% en la recaudación proyectada por el Presupuesto 2011, ubicaría dichos recursos en nada menos que $30.996 millones.
Por lo tanto, queda claro que existen todas las condiciones para resolver las urgentes necesidades de los jubilados. No hacerlo, es una decisión política que la Presidenta y el Oficialismo han tomado en función de privilegiar la rentabilidad de las grandes firmas y el mantenimiento del superávit en el ANSES con destino fundamental al pago de los acreedores.