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Ya salio La Causa Obrera nº 65
Por PRS - Partido de la Revolucion Socialista -
Friday, Oct. 22, 2010 at 12:59 PM
prs-juventud@live.com.ar
Editorial:
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La lealtad de Moyano con los capitalistas y el gobierno…también sube de precio
En el acto del 15 de octubre en la cancha de River, convocado por la CGT Moyano destacó su “consecuencia” que “no es obsecuencia” –dijo-, y la “lealtad” hacia el “modelo” que permitió a los trabajadores “recuperar la dignidad”.
El modelo que inspira estos profundos sentimientos de Moyano es el que está haciendo llenar de plata a los empresarios mientras mantiene el poder adquisitivo de los salarios de la mayoría de los trabajadores por debajo de los niveles de los años previos a la crisis, y cayendo día a día bajo los goles de la inflación, con un 40% de los trabajadores en “negro”.
Bajo el lema “la hora de los trabajadores”, Moyano reclamó una mayor participación para los dirigentes sindicales en los “tres poderes”. Dado que el sector moyanista de la CGT es el principal apoyo “de masas” que tiene el gobierno K, lo que está diciendo Moyano es que seguirá siendo “consecuente” con ese apoyo siempre y cuando se incorpore a los burócratas sindicales aliados a Moyano en lugares importantes de las listas de candidatos, de manera que ello les permitan acceder a cargos en el poder del estado. Si ello no ocurre, Moyano amenaza con que no será “obsecuente”.
También le reclamó a los parlamentarios que aprueben el proyecto de ley de participación en las ganancias presentado por Recalde, al que calificó de “revolucionario”.
El proyecto de Recalde plantea que el 10 por ciento del total de las utilidades de las empresas se reparta entre sus trabajadores. De esa porción, el 80 por ciento la recibirán directamente los empleados, en tanto que el 20 por ciento restante pasará a formar parte de un fondo solidario dirigido a financiar programas asistenciales y al blanqueo de trabajadores. En realidad el proyecto afecta a un pequeño número de trabajadores, los de las empresas de más de 300 obreros que están en banco, lo cual significa aproximadamente un 25 % del total de la clase trabajadora, ya que no alcanza a los desocupados, trabajadores en negro, changarines y estatatales.
Este proyecto de ley es considerado por la patronal una nueva demostración de la “avanzada sindical”. Sin embargo para Moyano, este proyecto de ley demuestra que los dirigentes obreros pueden ser más capaces que los políticos, en el servicio que le prestan a la patronal.
Tratando de convencer a los patrones de que esta no es una ley antipatronal, Recalde declaró:
“Para los empresarios, si un proyecto viene desde un diputado cercano al movimiento obrero, indefectiblemente va a ser en contra de los patrones. Y esto no es así. Al contrario, favorece al empresario porque es un incentivo para el trabajador para que la empresa siga ganando”.
O sea, Recalde endulza los oídos de las patronales explicándoles que la ley sería la zanahoria que haría que los trabajadores “se pongan la camiseta de la empresa” y aumenten la producción; y contra los argumentos de los que opinan que ahuyentaría las inversiones responde que están equivocados ya que “inclusive, uno de los puntos de la propuesta establece que si la empresa reinvierte todas sus utilidades, automáticamente queda exenta de distribuirlas”.
Por eso, Recalde cree que el rechazo de los empresarios “nace más que nada de un preconcepto”, por lo cual espera convencer a las cámaras patronales de los beneficios que les traería la ley.
Por su parte el ministro de trabajo Carlos Tomada salió en defensa del proyecto de ley:
“La participación en las ganancias es una más de las tantas formas en las que se retribuye el trabajo en el mundo. Hay países que la tienen en marcha hace muchísimos años y yo diría que lejos de ser expresiones del socialismo, han sido prácticas que han contribuido a la integración de los trabajadores con la empresa. En la Argentina todas las experiencias que hay han sido muy favorables, como por ejemplo Siderar con los trabajadores de la UOM; Aguas Argentinas cuando todavía no había sido reestatizada, y están las empresas del neumático, que lo tienen previsto dentro del convenio colectivo.”
El dirigente del Sindicato Unico de los Trabajadores de Neumático Argentino (Sutna), Pedro Wasiejko –y hasta que se defina el resultado electoral, dirigente de la CTA- también manifestó su apoyo. Tras la crisis de 2001, la patronal de Firestone buscaba hacer un ajuste laboral con despidos masivos y una reducción salarial del 50% -en ese entonces tenían unos 800 trabajadores entre jornalizados y empleados-. Luego de seis meses con huelgas y movilizaciones, finalmente se sentaron a negociar. Allí acordaron, que los trabajadores aceptarían un ajuste en sus sueldos y retiros voluntarios a cambio de que no hubiera despidos directos y de que los empleados participaran de la distribución de ganancias de la empresa cuando superaran el 6%.
“La lógica fue: ustedes reparten las pérdidas bajando los salarios o despidiendo trabajadores cuando a la empresa le va mal, entonces que también distribuyan ganancias cuando les va bien”, dijo Wasiejko.
Esto se estableció en 2001, pero los trabajadores sólo lo cobraron en 2003, 2004, 2005 y 2006, una vez superada la crisis. El mejor año, el primero, cada obrero recibió unos $12.000. “La empresa tuvo una rentabilidad de 17%, por lo que fue un buen año y recibimos el 11% -17 menos 6-“, recordó Wasiejko (En el segundo, 5.500$, y en el tercero, de 2.800$. En los años siguientes las utilidades de la empresa no alcanzaron para repartir entre los trabajadores) “El último balance, en cambio, arrojó una ganancia de 5,5%, por medio punto no cobramos nada”.
O sea, la lógica de Waisejko y del proyecto de ley es que los trabajadores tienen que aceptar voluntariamente despidos y rebajas salariales en periodos de crisis, y dejarse super-explotar a cambio de un pequeño porcentaje de hipotéticas ganancias futuras. Como se ve, sería una ley muy apropiada para el período de crisis prolongada que se aproxima.
A pesar de las explicaciones que buscaban calmar los ánimos, la preocupación del empresariado alcanzó para que todos los sectores (nucleados en el llamado G-7) se reunieran y sacaran un comunicado común –lo cual no es poca cosa en estos días-, rechazándolo, casi en un ataque de histeria. El instinto de clase de estos chupasangres se ve claramente en que el eje del rechazo manifestado en el comunicado no es la cantidad de ganancias que tendrían que “compartir” con los trabajadores. Saben que ese problema se resuelve dibujando los balances. Lo que puso los pelos de punta a estos señores se resume en el párrafo del comunicado donde declaran que“rechazan categóricamente los proyectos en cuestión, máxime cuando se comprueba que avanzan hacia un poder de interferencia sindical, que choca contra los principios constitucionales de derecho de propiedad y de ejercicio de toda industria lícita al otorgar a los sindicatos facultades de fiscalización y de información ajenas a su cometido muy superiores a la de los propios accionistas”. Ese es un principio que la burguesía no está dispuesta a negociar: que sus ganancias y todo su mecanismo de explotación quede al descubierto frente a los ojos de los trabajadores.
Buscando disipar estos temores de los empresarios que rechazan el proyecto de Recalde porque creen que “trae escondida la cogestión sindical, Wasiejko dijo: “Nosotros no gerenciamos Bridgestone (Firestone), eso lo hacen los empresarios, nosotros sólo producimos”.
Pero a pesar de las garantías que ofrece la burocracia sindical, la patronal sabe que los sindicatos, a pesar de estar dirigidos por una casta enriquecida de traidores, siguen siendo organizaciones de la clase obrera, y que si los trabajadores derrotan a la burocracia, la ley podría ser un arma en sus manos.
El hecho de que los trabajadores “fiscalicen” y se “informen” a través del control obrero, sería el primer paso para que quede en evidencia que los capitalistas no son más que una minoría de parásitos que viven a costa del trabajo de la mayoría de la población arrastrándola a la miseria.
Pero no todas las asociaciones patronales rechazaron el proyecto. Por el contrario la Confederación General Económica (CGE), que agrupa a los recontra-negreros medianos empresarios, emitió un contracomunicado respaldándolo. Es que, el proyecto de ley, además de encajar en el discurso demagógico de los Kirchner, busca repartir las ganancias a favor de algunas fracciones patronales. El propio Recalde lo reconoció cuando en defensa del mismo explico que "cuando el trabajador percibe un aumento del poder adquisitivo, lo vuelca al consumo interno" y en consecuencia "se reactiva la economía, y se benefician de esto las pequeñas y medianas empresas que viven del mercado interno”.
Como dijimos en el editorial del LCO anterior, unas de las criticas mas importantes al gobierno por parte de las grandes patronales es “el reforzamiento de la alianza y las concesiones a Moyano, quien asumió la conducción del PJ bonaerense. El gobierno se mantuvo al margen de los bloqueos a las plantas de Siderar por encuadramiento sindical, lo que ha llevado a un duro cuestionamiento de sectores de la patronal al gobierno. Clarín llama a estos hechos una fase de "radicalización" del gobierno. En realidad, es la forma en que la facción de la burguesía nacional a la que Kirchner representa, defiende sus intereses frente a otros sectores capitalistas, haciendo pesar para esto su relación privilegiada con la burocracia sindical y la movilización ultralimitada -y férreamente controlada- en la que estos se recuestan”.
De allí que la reacción patronal ante el proyecto de ley –que para algunos miembros del gobierno fue exagerada-, hay que ubicarla también en el marco de las disputas entre distintos sectores burgueses por el reparto las ganancias surgidas de la explotación de los trabajadores.
Respondiendo a las quejas patronales acerca de que no hubo un acuerdo previo antes de hacer público el proyecto, Recalde aclaró que es “sólo un proyecto” y que está dispuesto a consensuarlo con los empresarios. Por otra parte todo indica que recién se trataría en las sesiones ordinarias del año próximo, o sea después de mayo.
En definitiva, la “participación laboral en las ganancias” es el verso con el que la burocracia sindical moyanista pretende ganar más apoyo entre los trabajadores y utilizarlo para disputar el terreno político dentro del PJ frente al aparato tradicional de los gobernadores e intendentes. Y no cabe la menor duda de que sólo será aprobado en el parlamento si cuenta con el aval de las patronales, previo filtro que no deje ningún resquicio que implique un riesgo para sus intereses.
17/10/10