Justicia por Mariano Ferreyra
Por reenvío red eco alternativo - Friday, Nov. 05, 2010 at 2:52 PM

La causa judicial por el asesinato del joven militante del PO ya tiene 6 detenidos, entre ferroviarios y barrabravas. Los testimonios apuntan también a la responsabilidad de la policía, de la cúpula de la Unión Ferroviaria y de UGOFE, gerenciadora del Roca, sin embargo no hubo avances en ese sentido. El próximo martes habrá una nueva movilización para exigir justicia.

(Red Eco) Buenos Aires - Dos semanas han pasado ya desde el asesinato de Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero, a cargo de una patota de la Unión Ferroviaria, integrada por trabajadores y barrabravas contratados para impedir que un grupo de tercerizados del Ferrocarril Roca junto a organizaciones de izquierda cortaran las vías para reclamar por la reincorporación de casi un centenar de despedidos y el pase a planta de 1500 tercerizados. Elsa Rodríguez, también militante del PO y herida gravemente en el salvaje ataque, continúa en estado de coma, luchando por su vida. Las balas también alcanzaron entonces a Nelson Aguirre y Ariel Pinto,
La investigación judicial, a cargo de la jueza Wilma López y la fiscal Cristina Caamaño, derivó en la detención de 6 personas integrantes de la patota. La causa fue caratulada por la fiscalía como "homicidio y lesiones en riña" lo cual implicaría, según Claudia Ferrero, abogada del Partido Obrero, “como teoría de investigación, la existencia de dos grupos que tienen la voluntad de enfrentarse entre sí”, perspectiva que fue desmentida por las decenas de testimonios –que incluyen no sólo a militantes sino también a periodistas del canal C5N que estaban cubriendo en el lugar de los hechos-.
El círculo de testimonios y acusaciones parece cerrarse sobre Cristian “Harry” Favale, barra del club Defensa y Justicia, sindicado como el autor de los disparos que hirieron de muerte a Mariano. Favale fue señalado tanto por los numerosos testigos del ataque –militantes del PO, de Convergencia de Izquierda y tercerizados- como por uno de los detenidos. Este es el caso de Gabriel Sánchez, “El Payaso”, guarda de la estación Constitución, a quién el propio Favale acusó como el ejecutor de la balacera. Por su parte, otro testigo de identidad reservada sostuvo que oyó a Favale alardear en los talleres de Escalada de haberle “agujereado la panza al de la gomera”. Un tercer detenido es Pablo Díaz, dirigente de la UF muy cercano a Pedraza, acusado de organizar la patota de matones. Completan el grupo los ferroviarios Salvador Pipito, guardabarreras, Jorge González y Juan Carlos Pérez, de los Talleres de Remedios de Escalada.

Autores intelectuales y responsabilidades políticas
En esta instancia, la investigación pareciera centrarse en la autoría material del asesinato y de los ataques. Sin embargo, demasiados cabos sueltos quedan en relación a las responsabilidades intelectuales y políticas, que según los testimonios recogidos, apuntan a la dirigencia de la UF, en manos de Pedraza, a la policía y a la propia empresa. Tal como sostuvo Pérez al testificar, fue el propio Díaz quien lo convocó a conformar el grupo que impediría la manifestación de los tercerizados. Resultaría irrisorio que esta movida no haya tenido lugar a instancias del propio Pedraza, jerarca del sindicato y responsable de varias de las empresas que tercerizan servicios para UGOFE (Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia). Algunos testigos señalan que Pablo Díaz se comunicó en varias oportunidades con Juan Carlos “EL Gallego” Fernández, alto dirigente de la Unión Ferroviaria.
Por otro lado, muchas voces sostienen que la empresa, a pedido del gremio, dio licencia a un centenar de trabajadores ferroviarios que luego integraron la patota asesina. Poco se ha hablado en los medios de comunicación de la responsabilidad patronal, central en el entramado detrás del crimen.
La tercera pata del triángulo de complicidades es la policía, responsable de haber liberado la zona y allanarles el paso a los matones para que avancen sin freno sobre los tercerizados y militantes de izquierda. Desde el inicio del conflicto, en la estación Avellaneda, la policía impidió que los dos grupos se cruzaran. Cuando los tercerizados comenzaban a retirarse, los autos de policía apostados entre los dos grupos se movieron, abriendo el paso a la patota. Los atacantes huyeron luego entre los patrulleros, sin ningún tipo de problemas. Claudia Ferrero, abogada del Partido Obrero sostuvo que “A pesar de que se anunció la separación de la Policía Federal del expediente debido a la responsabilidad que tuvo en la emboscada, ella sigue actuando en la causa a través del departamento de Asuntos Internos, junto a la Gendarmería”.

El silencio oficial
Más allá de las reacciones preliminares, esas del día después del asesinato, poco han dicho los voceros del Gobierno nacional sobre el entramado de responsabilidades políticas que trascienden a quién jaló el gatillo. Pasó lo de Kirchner en el medio, es cierto, pero el dolor popular y la conmoción política por la muerte del ex presidente no tapan –ni deben hacerlo- lo nefasto del asesinato de Ferreyra ni alivianan las responsabilidades de todos los implicados.
El día del crimen, y el día después, la presidenta ensayó una condena demasiado tibia, repudiando “la violencia” y el crimen, como si la bala que salió del arma de quien disparó hubiera surgido de un repollo, o de la mente de un grupito de violentos e inadaptados que actuó por su cuenta. Como si las balas no hubieran salido de un solo lado, como si del otro lado no hubiese habido más que piedras y palos, como si los atacados no se hubieran estado retirando en el momento en que atronó la balacera. En ese entonces, la presidenta insinuó una comparación entre una patota asesina y quienes rompieron la puerta de un ministerio (en alusión a los estudiantes de Sociales que habían tomado el Ministerio de Educación la semana previa). “Es cierto que una puerta no es una vida” concluyó Cristina, como para que nadie se confundiera del todo.
Nada han dicho Cristina, ni el jefe de Gabinete, ni el ministro Tomada –ex abogado de la UF- sobre las responsabilidades de la Policía, garante del crimen, de la Empresa –gestionada por empresarios socios del gobierno que reciben millonarios subsidios y a cambio devuelven un millonario fraude laboral- y de una burocracia sindical-empresarial, violenta y patotera, que tiene a cargo el velar por los intereses de los trabajadores pero que co-gerencia junto con UGOFE la explotación y la precarización laboral de los propios trabajadores.
Durante varios meses el Ministerio de Trabajo estiró y dilató la resolución del conflicto, desoyendo las demandas de tercerizados y despedidos, sólo porque esto implicaba tocar intereses demasiado poderosos de sectores aliados, afines, o al menos y en algún grado, socios.
Para colmo, las patotas, los matones, la violencia y la connivencia con el empresariado no son propiedad exclusiva de la Unión Ferroviaria. Con matices, existen prácticas similares en muchísimos Sindicatos de la CGT. El caso del ataque realizado la semana pasada en Santa Cruz a militantes del PO por parte de miembros de la UOCRA es una muestra clara de ello. (Ver Agresión a militantes del PO en Santa Cruz )
El asesinato de Mariano puso en evidencia no sólo el problema de la tercerización sino que desnudó también la matriz de una dirigencia sindical burócrata que hace años ha dejado de defender a sus trabajadores. Que la CTA y decenas de organizaciones sindicales –como el Subte, SIMECA, entre muchas otras- no cuenten con el reconocimiento del Estado da cuenta de que hay intereses demasiado poderosos que no hay voluntad de tocar, quizás porque son parte del fundamento primario del proyecto político oficial.
No vamos a ser tan trasnochados como para afirmar que el Gobierno es culpable del asesinato, pero hay diversos grados de responsabilidades, y es necesario señalarlas con nombre y apellido. Y si tienen que caer muñecos pesados para que se haga justicia, el Estado se tiene que hacer cargo.

79 despedidos adentro
El Ministerio de Trabajo confirmó esta semana la reincorporación de 79 trabajadores despedidos por las empresas tercerizadas. Todavía quedaría un grupo de 80 despedidos que no fue alcanzado por el acuerdo. Además, hace dos semanas la Cartera Laboral se comprometió a iniciar el proceso de efectivización de los 1500 trabajadores contratados, pero aun no se han dado pasos significativos en ese sentido. Los tercerizados reclaman el pase a planta de la totalidad de ellos, dado que los trabajadores señalan que el gobierno pretende efectivizar tan sólo a los que realizan tareas directamente vinculadas con el trabajo ferroviario.
Nueva movilización en reclamo de justicia
Luego de la masiva movilización del jueves 22 de octubre en la que decenas de miles de personas se manifestaron en repudio del crimen y exigiendo juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales, un centenar de organizaciones políticas convocan para el próximo martes 9/11 a una marcha a la Jefatura de Gabinete (en Casa de Gobierno) para redoblar el pedido de justicia. El Partido Obrero difundió un pronunciamiento que ya fue firmado por varios centenares de organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles, de DD.HH., referentes legislativos y gremiales, intelectuales, periodistas y medios alternativos.
La convocatoria es a las 17 horas en Corrientes y Callao.

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