EE.UU. cuestiona banco de desarrollo luego de problemas en proyecto de gas en el Perú
Por Kelly Hearn - Thursday, Nov. 11, 2010 at 11:24 PM

Autoridades del BID encubren fraude y corrupcion en Peru

Por Kelly Hearn - The Washington Times – 8:03 p.m., Lunes, 8 de noviembre, 2010
http://www.washingtontimes.com/news/2010/nov/8/us-looks-tax-supported-bank-peru-gas-project/?page=1

En tiempos económicos difíciles, los países de América Latina y el Caribe han acudido al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual esta financiado por contribuyentes de EE.UU., para obtener préstamos con el fin de incrementar la producción nacional y al mismo tiempo proteger el medio ambiente y las poblaciones vulnerables.

Ahora el prestamista con sede en Washington, que el año pasado sufrió una pérdida de un billon de dólares luego de colocar su dinero en valores respaldados por hipotecas, quiere que el Congreso ayude a pagar una ampliación de capital histórica de 70 mil millones dólares para financiar proyectos como programas de desarrollo en Haití y proyectos mineros ecológicos en la República Dominicana.

Sin embargo, funcionarios de EE.UU. han comenzado a cuestionar la razonabilidad de los préstamos del BID en medio de críticas de que los banqueros están más centrados en la obtención de nuevos acuerdos, en lugar de asegurarse de que los proyectos en existencia esten trabajando según lo previsto.

Mientras el gobierno de los EE.UU. – el mayor accionista del banco –esta considerando la posibilidad de aprobar el aumento, un examen del Washington Times de un proyecto de gas natural apoyado por el BID en la Amazonía peruana confirma las críticas. La revisión revela que funcionarios del banco en 2007 manipularon una investigación técnica de una tubería propensa a rupturas, al producir un informe fraudulento que despejó el camino para un polémico préstamo de 400 millones dólares para un proyecto de exportación de gas natural encabezado por una compañía petrolera de Texas.

Implementado en la región sur de Urubamba del Perú, una franja extensa y prístina en gran parte de la selva amazónica, el Proyecto de Gas Natural de Camisea entró en funcionamiento en 2004. Funcionarios del BID habian respaldado el consorcio de Camisea, un grupo de compañías que incluía a Hunt Oil de Texas, con un préstamo de US $ 73 millones, elogiando el proyecto como un ejemplo de mejores prácticas de cómo remover quirúrgicamente el petroleo de una selva tropical y llenar las arcas del desarrollo.

Con motosierras y topadoras en lo profundo de la selva a lo largo de los ríos fangosos, los equipos construyeron una estación de procesamiento y dos tuberías que se extendían sobre los Andes, una que conducia a la ciudad costera de Pisco y la otra hacia el sur para alimentar a Lima. Poco despues, el gobierno peruano estaba haciendo un contrato de exportación de gas natural –extraoficialmente conocido como Camisea II – con Hunt Oil. Para construir una planta de procesamiento de 3.9 billones dólares en la costa, Hunt volvió nuevamente al BID por un préstamo de US$ 400 millones.

Pero empezaron a surgir problemas. Cuatro meses después de entrar en línea, la principal tuberia de Camisea que alimentaria a la futura planta de procesamiento de Hunt Oil se quebro, vertiendo contaminantes en los ríos y arroyos. Ocho meses más tarde, sucedio otra vez; luego otra vez 18 días después. Para marzo de 2006, la tuberia en la selva tropical había producido cinco rupturas –derramando gas, enviando a tres víctimas al hospital con quemaduras y creando una nube negra sobre las posibilidades de Camisea II.

Otras complicaciones surgieron. En febrero de 2006, mientras los críticos presionaban al BID para que explique los problemas de la tubería de Camisea antes de proceder con el proyecto de exportación de Hunt, una firma de ingeniería sin fines de lucro con sede en California, E-Tech International, presentó a los funcionarios del banco una bomba.

Bill Powers, presidente de E-Tech e ingeniero, se presento con un informe detallado alegando que la empresa que construyó la tuberia defectuosa había sacrificado calidad para ahorrarse US$ 90 millones en costos. Dijo que la compañía - conocida por sus siglas en español como TgP - violó el acuerdo de préstamo del banco mediante el uso de tuberías que se habían deteriorado debido a su almacenamiento inadecuado previo a su uso en el proyecto.

El Sr. Powers – quien basó su informe en gran medida en testimonios, documentos y fotos proporcionadas por un inspector de soldadura peruano que trabajó en la tuberia defectuosa – también afirmó que TgP utilizo soldadores no calificados y que había cambiado la ruta del la tuberia sin la aprobación del banco.

Semanas más tarde, de acuerdo a correos electrónicos internos del BID, las denuncias del Sr. Powers fueron respaldadas por el ingeniero peruano Alfredo Arana, quien se ofreció a proporcionar fotos y documentación para sustentar las denuncias de ambas personas.

Las entrevistas con empleados anteriores y actuales del banco, así como docenas de páginas de documentos internos del banco obtenidos por The Times, muestran un equipo de funcionarios del banco luchando con el informe de E-Tech para despejar el camino para Camisea II.

La Oficina de Integridad Institucional (OII) del banco contrató a RW Beck, Inc., una firma de ingeniería con sede en Denver, para investigar las denuncias del Sr. Powers. El 16 de agosto de 2006, la compañía entregó un informe de avance. El entonces jefe de la OII, Stephen Zimmermann, ordenó a un investigador contratado para revisar el informe que determine si este abordaba el asunto en cuestion del banco. En una nota de fecha 29 de septiembre, el investigador, la abogada María Contreras, le informo al Sr. Zimmerman "que Beck no parece darle gran importancia a las cuestiones planteadas por la OII".

La Sra. Contreras escribió que Beck no había examinado las calificaciones de los soldadores, si los tubos eran nuevos en el momento de la instalación o si la ruta de la tuberia fue modificada para sufragar gastos. Aun más llamativo, ella escribió, los expertos pertinentes no habían siquiera ido al campo para inspeccionar la tubería defectuosa.

El informe de tuberías planteaba varias inquietudes que llamaban la atención a E-Tech. Acerca de los soldadores, por ejemplo, se observó que el mismo inspector emitia certificados de soldadura en dos lugares diferentes el mismo día. Acerca de los cambios en la supuesta ruta de la tuberia, la Sra. Contreras señaló que el informe de Beck "rechaza las denuncias sumariamente".

Meses más tarde, con la decisión de Camisea II que se avecina y la integridad de la tubería todavía en duda, los consultores de Beck que trabajaban en Lima se encuentran en un dilema: en varias oportunidades TgP incumplio en producir todos los registros de soldadura. Y los documentos que entregaron demostraban que más soldadores de lo que se pensaba carecían de calificaciones.

Al abordar esta cuestión en un correo electrónico a un empleado del BID, la Sra. Contreras afirmó: "La importancia de todo esto va más allá de la calificación de los soldadores y más a la fiabilidad de la información que se esta produciendo ... pone todos los datos producidos por ellos en una nube de incertidumbre".

Hunt Oil no ofreció comentarios sobre este informe. Un portavoz de RW Beck derivo las preguntas a gerentes del BID.

En abril de 2007, el Sr. Zimmerman envió a la Sra. Contreras a Lima con el empleado de la OII José Casasola y les dio sólo una semana para presentar un informe. Es más, no les dio ninguna instrucción específica. "Estaba claro en ese momento que el banco no estaba interesado en una investigación real", dijo el empleado del banco. "Sólo querían los grandes números de Camisea II".

Cuando la Sra. Contreras regresó el 27 de abril, abandonó voluntariamente el banco al final de su contrato.

"Esto dejó a Zimmerman y a Casasola en un aprieto", dijo Beatrice Edwards, una investigadora del Government Accountability Project, un grupo con sede en Washington que protege a denunciantes, quien dijo que ha entrevistado a empleados del banco sobre la investigación. "Se improviso un informe desestimando a E-Tech y dejando preguntas y acusaciones todavía sin respuesta".

El 2 de mayo de 2007, en una reunión entre el Sr. Zimmerman, el Sr. Casasola y el Comité de Supervision de Fraude y Corrupción del BID, se determinó que no había "pruebas suficientes para justificar una investigación adicional" de las acusaciones de E-Tech, de acuerdo a las actas de la reunión. Los funcionarios también determinaron que el informe de Beck, "en vista de las objeciones expresadas por TgP", no sería puesto a disposición del público.

Siete meses más tarde, después de desestimar el informe de E-Tech y dando a la tuberia defectuosa un sello de aprobación, el BID aprobó el préstamo de US $ 400 millones para Camisea II.

"La OII recibió e investigó las denuncias de fraude y corrupción en relación con el proyecto Camisea", dijo un portavoz del BID en un e-mail. "Los resultados de esa investigación fueron comunicados a los denunciantes, por escrito, en mayo de 2007."

agrega un comentario