Presupuesto 2011. ¿Cuáles son sus presupuestos?
Por LR - Saturday, Nov. 27, 2010 at 9:55 AM

Una nota que intenta explicar cuáles son los principales lineamientos del presupuesto 2001

http://cecsodeargentina.wordpress.com/

[Esta nota apareció en Prensa de Frente, 23 de noviembre de 2010, http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2010/11/23/p6126]

El debate sobre el presupuesto del Estado nacional para 2011 ha estado teñido de sospechas e intrigas. Sin embargo, poco parece discutirse la sustancia del mismo, sus presupuestos y sus prioridades.

Si analizamos sucintamente algunos de los principales elementos de la proyección de gastos y recursos del Estado nacional para el próximo año (el presupuesto) veremos que más allá del teatro parlamentario, el Presupuesto 2011 profundiza un esquema de política económica que supone una serie de continuidades preocupantes:

1. Subestimar el crecimiento e inflación.

El presupuesto para 2011 supone que el PBI aumentará 4,3% en comparación con 2010 y que la inflación minorista será del 8,4%. Es decir, el gobierno dice que la economía se frenará fuertemente pues en la actualidad el crecimiento es superior al 9% anual. El llamado efecto “arrastre” implica que aun si la economía dejara de crecer a partir de enero de 2011, el crecimiento promedio esperado entre 2011 y 2010 sería de 4,5%. La proyección de crecimiento es – entonces – claramente inverosímil y falta de realidad.

Por otra parte, la inflación estimada por el gobierno se mantiene dentro de los valores de los últimos años, según el cálculo del INDEC. Desde la intervención del organismo estadístico, esos números han entrado en cuestionamiento. Aún así, el propio INDEC señala que la inflación promedio es mucho más baja que la inflación en productos alimenticios: en 2010 fue de 11% contra 16%, respectivamente.

A los fines del gobierno, la subestimación de la inflación y el crecimiento sirve en al menos tres sentidos. Primero, la recaudación impositiva será mucho mayor que la proyectada en el presupuesto y la asignación de esos excedentes queda bajo el manejo plenamente discrecional del Poder Ejecutivo mediante el uso de las potestades delegadas por el Congreso. En segundo lugar, la inflación más baja le permite mantener artificialmente bajo el peso de la deuda pública atada a la inflación. Si bien es positivo en términos de que disminuye los pagos de deuda, esta situación le permite al gobierno evitar poner en discusión la necesidad de suspender los pagos, investigar el origen de la misma y anular la porción fraudulenta, ilegal e ilegítima. Tercero, esta baja inflación proyectada le permite al gobierno mostrar aumentos de gasto en términos reales cuando en realidad en muchos rubros sensibles (como los salarios, jubilaciones y pensiones) los aumentos presupuestados implican fuertes reducciones en el poder de compra.

2. Continuar privilegiando el pago de la deuda externa.

Más allá de que desde 2002 la deuda pública a reducido su peso en el gasto total, no deja de ser cierto de que para 2011 el gobierno plantea pagar intereses por más de 36 mil millones de pesos y deberá buscar financiamiento por unos 30 mil millones de dólares para cubrir una porción equivalente de deuda que se vence durante el año próximo. La realidad es que el estado argentino gasta un 9,8% de su presupuesto en pagar intereses de la deuda pública, un monto equivalente a 1998. Ese monto es 2 veces más que el presupuestado para educación, 5 veces el presupuesto para salud o 3 veces el presupuesto de la AUH y el Plan Argentina Trabaja juntos. Se continúa privilegiando los intereses de los acreedores (ver nota).

3. Mantener bajos los salarios de los/as trabajadores/as estatales.

El aumento proyectado para la masa de salarios del estado nacional es igual a 14%. Es decir, suponiendo que el número de trabajadores/as no varíe durante 2011, ese aumento significa que los/as trabajadores/as del sector público nacional pueden esperar un aumento en sus salarios no mayor a ese 14%. Por supuesto, es probable que la planta del Estado nacional se incremente y que la inflación sea superior al 9% proyectado. Con una inflación del 9% anual, el 14% de aumento en los salarios significan un aumento del 5% en el poder de compra de los ingresos. Ahora bien, si la inflación real es mayor al 14% (la inflación oficial de alimentos es superior a eso en la actualidad) el aumento presupuestado en la masa de remuneraciones del sector público nacional implica una reducción en el salario real de los/as trabajadores/as.

4. Continuar subsidiando al gran capital.

El presupuesto 2011 contempla un incremento de 22,4% en las exenciones impositivas (gastos tributarios): en particular, los regímenes de promoción económica que benefician fundamentalmente a las grandes corporaciones supondrán subsidios indirectos que aumentarían en 2011 el 30,2%, llegando a 8462 millones de pesos. Por otra parte, los gastos en el rubro servicios económicos aumentarían 10,2% y representarán 16,4% del gasto total. Estas erogaciones suponen 61 mil millones de pesos en subsidios directos e indirectos a empresas del sector transporte, energía, constructoras, etc., en su mayor parte grandes empresas. Un monto seis veces mayor que los gastos en construcción de vivienda, de servicios de agua potable y cloacas.

5. Continuar sin universalizar la Asignación Universal por Hijo (AUH) y sin pagar el 82% para los trabajadores jubilados que reciben la mínima.

La proyección para 2011 es que los recursos destinados a la AUH aumentarán un 20,5%, es decir por debajo del aumento en los recursos destinados al pago de intereses de la deuda pública (28,1%). El aumento propuesto apenas si cubrirá la desvalorización provocada por la inflación real (no la oficial). Por otro lado, la cobertura que ha llegado a 3,8 millones de niños/as se extenderá a sólo 200 mil niños/as más en 2011, quedando muy corto aún de la urgente necesidad de universalizar el beneficio: incluyendo las asignaciones familiares por hijo/a para asalariados formales, el conjunto de las asignaciones por hijo/a deja sin cobertura incondicional al 29,5% (3,1 millones) de los/as niños/as del país.

En relación a las Jubilaciones y Pensiones, sigue sin considerarse una propuesta de acercamiento progresivo de los beneficios mínimos al 82% del salario mínimo que – como mostramos en un artículo anterior – es una medida claramente posible a corto plazo. Por otra parte, la proyección de aumento en este rubro se encuentra en el 22,7% para todo el año próximo, algo por encima de la inflación real esperada, pero claramente por debajo de los requerimientos para alcanzar la reivindicación histórica de los/as trabajadores/as jubilados/as.

6. Mantener la regresividad tributaria: pagan más los que menos tienen.

Luego de 8 años, el gobierno insiste en sostener un esquema tributario basado en la imposición sobre el consumo popular. El impuesto al valor agregado (IVA) continúa representando la mayor porción de la recaudación (37% de los ingresos tributarios). Por el lado del impuesto “a las ganancias” (24,4% de los ingresos tributarios), sin cambios en sus estructura, se mantendrá la tendencia a la reducción en la participación de los pagos de corporaciones y grandes empresas (en 2009, las empresas aportaron sólo el 60% del impuesto, mientras que en 2003 esa proporción era del 74%). Por último, se mantienen las reducciones en los aportes patronales vigentes desde los años noventa y sigue sin gravarse las ganancias del capital financiero (por intereses y valorización de activos) o las exportaciones de minerales, ambas fuentes de rentas extraordinarias (ver nota).

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