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Nac & anti-pop. La ANSES, el 82% móvil y los límites del reformismo.
Por Razón y Revolución / CEICS -
Monday, Nov. 29, 2010 at 5:57 PM
info@razonyrevolucion.org
La ANSES, el 82% móvil y
los límites del reformismo.
Emiliano Mussi
OME –
CEICS
El gobierno finalmente vetó la ley
del 82% móvil. Esta medida profundamente anti-popular tiene, sin embargo, un
carácter muy pedagógico: muestra los límites sobre los que se alza esta
experiencia reformista. El 82% móvil no es posible sin afectar intereses de los
capitalistas. El gobierno lo sabe, y frente al veto, queda demostrado a qué
clase social defiende. La oposición se contenta porque en ningún momento quiso
hacer efectiva la medida. Para colmo, si se observan los niveles de haberes de
las jubilaciones y pensiones, lejos están de su mejor momento, como el gobierno
intenta hacer creer. De hecho, si se pensaba que la estatización de la ANSES
avanzaba en ese sentido, es todo lo contrario. En efecto, luego de dos años de
haber estatizado el sistema de jubilaciones, mantiene la misma estructura que el
anterior sistema de AFJP. Más de la mitad de los fondos de la ANSES sigue
estando en títulos públicos, es decir, papeles que difícilmente se cobrarán. El
resto está puesta en la participación accionaria de las mismas empresas que
tenían las AFJP, activos de capitales nacionales de ineficiencia probada.
Expresión de esta incapacidad es el veto presidencial. Por su parte, las
soluciones “progresistas” de Pino Solanas y el Frente Sur no superan las
audacias del gobierno.
La ANSES (o cómo los jubilados de mañana
estarán peor)
Todo trabajador vende su capacidad de trabajar a un
capitalista para poder vivir. A cambio, recibe el precio de su fuerza de
trabajo: un salario. Con éste el obrero debe comprar lo necesario para estar en
condiciones renovadas todos los días: alimentarse, vestirse, pagar el alquiler,
etc. Y no sólo para él, sino para toda su familia, incluyendo un fondo de
reserva para cuando, al final de su vida, ya no tenga la capacidad de trabajar.
En ese sentido, la jubilación no es otra cosa que un salario diferido. Es una
porción de la masa de riqueza que el trabajador genera durante su actividad
laboral, que no la consume de inmediato, sino al final de su existencia. Este
fondo no lo acumula cada trabajador individual sino que lo garantiza el Estado,
a través del sistema de jubilaciones, en el caso argentino actual, a través de
la ANSES, la Administración Nacional de Seguridad Social. En diciembre del 2008,
se establece el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que pone fin al
régimen de capitalización conducido por las AFJP, implementado por el gobierno
menemista en 1993. De esta manera, se estatizan todas las cuentas de
capitalización individual que pasan a integrar el Fondo de Garantía de
Sustentabilidad (FGS).
La estatización de los fondos jubilatorios
permitió colocar estos recursos, ahora en manos del Estado, en condiciones
aparentemente más influenciables por la lucha de la clase obrera. Sin embargo, y
a pesar de estas diferencias, la forma en que funcionan los fondos jubilatorios
es la misma que antes, invirtiéndolos en actividades productivas, títulos y
acciones. De ahí que una condición para que el futuro beneficiario reciba lo que
le corresponde, es que los capitales donde se depositaron las inversiones
generen la riqueza correspondiente. El nuevo sistema, entonces, funciona igual
que el antiguo y con la misma composición de activos.
Cuando se hizo el
traspaso, en el 2008, comenzó a funcionar el Fondo de Garantía de
Sustentabilidad (FGS), que implicó una transferencia de 98 mil millones de pesos
hacia las arcas estatales(1) . Para julio de 2010 (último dato disponible) ya
cuenta con 156 mil millones. Pero creció, como decíamos, manteniendo la misma
estructura. En diciembre de 2008, la tenencia de títulos públicos, es decir la
deuda que tiene el Estado con la ANSES, representaba el 59,5% del total de la
cartera del FGS. En julio de 2010, el 61,3%. En lo que respecta a la tenencia de
títulos públicos, en el 2008 sumaban 58 mil millones de pesos, mientras que en
julio de 2010, 95 mil millones. Similar evolución siguen los diferentes
componentes del Fondo de Garantía: los plazos fijos pasan del 10% al 7%; las
acciones, del 8% al 10%, aunque sí se redujeron los títulos en valores
extranjeros, pasando del 5,2% (5 mil millones de pesos) al 1,2%. Luego de dos
años de la estatización, la tenencia de títulos públicos creció en un 56%, lo
que signifca que el Estado utiliza esta caja a discreción.
En efecto,
para cada “agujero fiscal”, el gobierno pide un parche a la ANSES. Sobre todo,
cuando esta institución tiene autonomía financiera y económica, es decir, que el
gobierno puede pasar de tener deudas con acreedores extranjeros a contraerlas
con la ANSES (como si ésta no formara parte del Estado). La deuda sigue estando,
sólo que cambiaron los acreedores. Deuda que ocupa el 60% de los fondos del FGS,
difícil de recuperar con un Estado siempre al borde del default. Para colmo,
esos mismos fondos incobrables con que cuenta el FGS son los que garantizarían
un nuevo endeudamiento externo por parte del gobierno, quedando “respaldado”,
curiosamente, por activos imposibles de realizar. Pero aquí no se terminan los
problemas.
La ANSES también cuenta con participación directa en 43
empresas privadas: el 30% del capital social del Banco Macro, el 26% de Edenor,
el 20% del Grupo Galicia y Molinos Río de la Plata. También cuenta con el 9% del
Grupo Clarín, y el 8% de Metrovías y Metrogás, respectivamente. La ANSES,
entonces, respalda sus compromisos futuros en las ganancias de estas empresas.
Lo que no se dice es que varios de estos capitales necesitan continuas
transferencias de riqueza para seguir funcionando. El caso más paradigmático es
el de las empresas automotrices, que están siendo subsidiadas con la caja de la
ANSES. Desde marzo del 2009 se viene incentivando la producción de vehículos por
“el alto impacto multiplicador en la economía”. Por ejemplo, en marzo del 2009
se entregaron 76 millones de pesos de incentivos. Pero en julio de este año se
otorgaron 470 millones (0,3% del total de fondos del FGS). La principal
beneficiaria fue Peugeot Citröen Argentina, pero también recibieron subsidios
Volkswagen, Ford, Renault, Toyota, Mercedes y General Motors Argentina. Vale
recordar que todas estas automotrices suspendieron o incluso despidieron
personal a comienzos del año pasado.
Estas contradicciones se
manifiestan también en los proyectos productivos que encara la ANSES. A partir
de diciembre del 2008, la ANSES impulsa proyectos destinados a ampliar la
producción de energía, es decir, obra pública. En ese mes se distribuyeron 2 mil
millones de pesos. Un año después se destinaban casi 8 mil millones y, en julio
del 2010, la partida fue de 13 mil millones. Algunos de sus destinos son la
Central Atucha, AySA, Enarsa, etc. En realidad, la obra pública siempre está
asociada a momentos de crisis, como la vivida durante el 2008, por su efecto
antíciclico. Lo que no pone en cuestión este argumento, es que los capitales a
los que se pretende alentar no tienen ninguna potencialidad para relanzar la
economía. Por lo que la obra pública, con plata de los aportantes, se constituye
en otra fuente de despilfarro para rescatar capitales ineficientes, incapaces de
sostener al país.
La pelea por el 82% móvil
La ley del
82% móvil hubiese permitido ajustar el haber jubilatorio en ese porcentaje del
salario mínimo, vital y móvil. Los argumentos del veto presidencial son, por un
lado, el desfinanciamiento y hasta la quiebra del Estado; por otro, que las
jubilaciones, gracias a los aumentos de los últimos años, ya estarían en sus
mejores niveles históricos. Que el Estado pueda “quebrar” por esta ley resulta
materia de discusión, lo que está claro es que la “oposición” busca quitarle
aire financiero al gobierno de cara a las elecciones del año que viene. Esa es
una de las razones por las cuales la ley no contemplaba ninguna fuente de
financiamiento. Lo que no ofrece discusión seria es la supuesta “mejora” de los
haberes.
El haber mínimo para marzo 2010 (último dato publicado por el
Ministerio de Trabajo) sería de $895 y el medio de 1.151. El primero
representaría un aumento del 496% y el segundo del 220% por encima de lo cobrado
en 2001. Claro está, sin tener en cuenta la inflación. Si le agregamos la
inflación real (no la del Indek), la mínima sólo aumentó un 60% de lo que
cobraban en 2001, cosa bien distinta que afirmar que creció 5 veces. Pero el
haber medio, que se habría multiplicado por dos, en realidad disminuyó un
13%.(2) Es decir, que después del mayor crecimiento de la economía en los
últimos 200 años y de casi 20 aumentos inéditos de la jubilación, la situación
de los jubilados no sólo no fue resuelta sino que la media está peor y la
mínima, aunque porcentualmente registra un aumento importante, no alcanza para
nada en términos absolutos.(3) En realidad, se redistribuyó la miseria en el
interior del “colectivo” de la “Tercera Edad”.
Si el kirchnerismo se ha
mostrado impotente para resolver la situación de los jubilados, las alternativas
que se presentan en el campo burgués no son mucho mejores. Tal es el caso de
Proyecto Sur. Este espacio político, liderado por Pino Solanas y Claudio Lozano,
redactó un documento con la intención de discutir las fuentes de financiamiento
del 82% móvil que no cumple su objetivo ni por asomo.(4) En total, según sus
cálculos, se necesitarían 24 mil millones de pesos. Asumen que la ANSES tiene un
superávit de 8 mil millones, por lo que faltan conseguir 16 mil. Y en este punto
es dónde el progresismo no puede ir más allá de su horizonte (burgués). La
propuesta sería volver al nivel de las contribuciones patronales derogadas por
Menem en 1993, dejando de lado a las pymes. Si bien parece más “progresivo”, el
“proyecto” de Proyecto Sur es, globalmente, inviable.
En efecto, debe
recordarse que el solanismo se alineó con el campo en el 2008, con lo cual es
evidente que, o incumple sus promesas, o se apoya en las retenciones. Las va a
necesitar, si no quiere que la medida de reimplantar los aportes patronales
afecte la marcha de la acumulación del núcleo capitalista del país. La solución
de este dilema llevará al solanismo a una disyuntiva: o va a fondo con su
capitalismo pyme agrario o reimplanta la política que han llevado todos los
gobiernos argentinos de Videla para acá. En el último caso, es obvio que, como
las retenciones no van a alcanzarle, como ya no le alcanzan a Cristina, va a
tener que renunciar al 82% móvil y entrar de lleno al ajuste que tanto la
oposición como el gobierno planean para marzo de 2012. Si insiste en su
capitalismo pyme agrario, llevará al país a una crisis sin precedentes, salvo
que alguien crea que la Argentina, cuyas mayores empresas son pymes a nivel
mundial, retroceda al nivel de fuerzas productivas de cien años atrás. Dicho de
otra manera, las opciones que puede ofrecer la burguesía argentina son el
desastre general o más de lo mismo. Como “más de lo mismo” se agota igualmente
porque no se apoya en una productividad del trabajo creciendo a mayor velocidad
que la productividad mundial, sino en transferencias de ingresos de otros
sectores (renta diferencial, deuda, aumento de la tasa de explotación,
expropiación pyme, etc.), a largo plazo ambas alternativas confluyen en el mismo
desastroso resultado. Resultado que no hace más que expresar los límites
históricos de la burguesía que opera en la Argentina. Desde esa perspectiva, el
82% móvil sólo puede plantearse como una medida transicional que tenga como
horizonte la concentración absoluta de los medios de producción en manos de la
clase obrera. Esto sólo podrá lograrlo una política que avance en el
enfrentamiento del capitalismo como tal, más que a ésta o aquella variante.
El gobierno finalmente vetó la ley del 82% móvil. Esta medida
profundamente anti-popular tiene, sin embargo, un carácter muy pedagógico:
muestra los límites sobre los que se alza esta experiencia reformista. El 82%
móvil no es posible sin afectar intereses de los capitalistas. El gobierno lo
sabe, y frente al veto, queda demostrado a qué clase social defiende. La
oposición se contenta porque en ningún momento quiso hacer efectiva la medida.
Para colmo, si se observan los niveles de haberes de las jubilaciones y
pensiones, lejos están de su mejor momento, como el gobierno intenta hacer
creer. De hecho, si se pensaba que la estatización de la ANSES avanzaba en ese
sentido, es todo lo contrario. En efecto, luego de dos años de haber estatizado
el sistema de jubilaciones, mantiene la misma estructura que el anterior sistema
de AFJP. Más de la mitad de los fondos de la ANSES sigue estando en títulos
públicos, es decir, papeles que difícilmente se cobrarán. El resto está puesta
en la participación accionaria de las mismas empresas que tenían las AFJP,
activos de capitales nacionales de ineficiencia probada. Expresión de esta
incapacidad es el veto presidencial. Por su parte, las soluciones “progresistas”
de Pino Solanas y el Frente Sur no superan las audacias del gobierno.
La ANSES (o cómo los jubilados de mañana estarán peor)
Todo trabajador vende su capacidad de trabajar a un capitalista para
poder vivir. A cambio, recibe el precio de su fuerza de trabajo: un salario. Con
éste el obrero debe comprar lo necesario para estar en condiciones renovadas
todos los días: alimentarse, vestirse, pagar el alquiler, etc. Y no sólo para
él, sino para toda su familia, incluyendo un fondo de reserva para cuando, al
final de su vida, ya no tenga la capacidad de trabajar. En ese sentido, la
jubilación no es otra cosa que un salario diferido. Es una porción de la masa de
riqueza que el trabajador genera durante su actividad laboral, que no la consume
de inmediato, sino al final de su existencia. Este fondo no lo acumula cada
trabajador individual sino que lo garantiza el Estado, a través del sistema de
jubilaciones, en el caso argentino actual, a través de la ANSES, la
Administración Nacional de Seguridad Social. En diciembre del 2008, se establece
el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que pone fin al régimen de
capitalización conducido por las AFJP, implementado por el gobierno menemista en
1993. De esta manera, se estatizan todas las cuentas de capitalización
individual que pasan a integrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
La estatización de los fondos jubilatorios permitió colocar estos
recursos, ahora en manos del Estado, en condiciones aparentemente más
influenciables por la lucha de la clase obrera. Sin embargo, y a pesar de estas
diferencias, la forma en que funcionan los fondos jubilatorios es la misma que
antes, invirtiéndolos en actividades productivas, títulos y acciones. De ahí que
una condición para que el futuro beneficiario reciba lo que le corresponde, es
que los capitales donde se depositaron las inversiones generen la riqueza
correspondiente. El nuevo sistema, entonces, funciona igual que el antiguo y con
la misma composición de activos.
Cuando se hizo el traspaso, en el 2008,
comenzó a funcionar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que implicó
una transferencia de 98 mil millones de pesos hacia las arcas estatales(1) .
Para julio de 2010 (último dato disponible) ya cuenta con 156 mil millones. Pero
creció, como decíamos, manteniendo la misma estructura. En diciembre de 2008, la
tenencia de títulos públicos, es decir la deuda que tiene el Estado con la
ANSES, representaba el 59,5% del total de la cartera del FGS. En julio de 2010,
el 61,3%. En lo que respecta a la tenencia de títulos públicos, en el 2008
sumaban 58 mil millones de pesos, mientras que en julio de 2010, 95 mil
millones. Similar evolución siguen los diferentes componentes del Fondo de
Garantía: los plazos fijos pasan del 10% al 7%; las acciones, del 8% al 10%,
aunque sí se redujeron los títulos en valores extranjeros, pasando del 5,2% (5
mil millones de pesos) al 1,2%. Luego de dos años de la estatización, la
tenencia de títulos públicos creció en un 56%, lo que signifca que el Estado
utiliza esta caja a discreción.
En efecto, para cada “agujero fiscal”,
el gobierno pide un parche a la ANSES. Sobre todo, cuando esta institución tiene
autonomía financiera y económica, es decir, que el gobierno puede pasar de tener
deudas con acreedores extranjeros a contraerlas con la ANSES (como si ésta no
formara parte del Estado). La deuda sigue estando, sólo que cambiaron los
acreedores. Deuda que ocupa el 60% de los fondos del FGS, difícil de recuperar
con un Estado siempre al borde del default. Para colmo, esos mismos fondos
incobrables con que cuenta el FGS son los que garantizarían un nuevo
endeudamiento externo por parte del gobierno, quedando “respaldado”,
curiosamente, por activos imposibles de realizar. Pero aquí no se terminan los
problemas.
La ANSES también cuenta con participación directa en 43
empresas privadas: el 30% del capital social del Banco Macro, el 26% de Edenor,
el 20% del Grupo Galicia y Molinos Río de la Plata. También cuenta con el 9% del
Grupo Clarín, y el 8% de Metrovías y Metrogás, respectivamente. La ANSES,
entonces, respalda sus compromisos futuros en las ganancias de estas empresas.
Lo que no se dice es que varios de estos capitales necesitan continuas
transferencias de riqueza para seguir funcionando. El caso más paradigmático es
el de las empresas automotrices, que están siendo subsidiadas con la caja de la
ANSES. Desde marzo del 2009 se viene incentivando la producción de vehículos por
“el alto impacto multiplicador en la economía”. Por ejemplo, en marzo del 2009
se entregaron 76 millones de pesos de incentivos. Pero en julio de este año se
otorgaron 470 millones (0,3% del total de fondos del FGS). La principal
beneficiaria fue Peugeot Citröen Argentina, pero también recibieron subsidios
Volkswagen, Ford, Renault, Toyota, Mercedes y General Motors Argentina. Vale
recordar que todas estas automotrices suspendieron o incluso despidieron
personal a comienzos del año pasado.
Estas contradicciones se
manifiestan también en los proyectos productivos que encara la ANSES. A partir
de diciembre del 2008, la ANSES impulsa proyectos destinados a ampliar la
producción de energía, es decir, obra pública. En ese mes se distribuyeron 2 mil
millones de pesos. Un año después se destinaban casi 8 mil millones y, en julio
del 2010, la partida fue de 13 mil millones. Algunos de sus destinos son la
Central Atucha, AySA, Enarsa, etc. En realidad, la obra pública siempre está
asociada a momentos de crisis, como la vivida durante el 2008, por su efecto
antíciclico. Lo que no pone en cuestión este argumento, es que los capitales a
los que se pretende alentar no tienen ninguna potencialidad para relanzar la
economía. Por lo que la obra pública, con plata de los aportantes, se constituye
en otra fuente de despilfarro para rescatar capitales ineficientes, incapaces de
sostener al país.
La pelea por el 82% móvil
La ley del
82% móvil hubiese permitido ajustar el haber jubilatorio en ese porcentaje del
salario mínimo, vital y móvil. Los argumentos del veto presidencial son, por un
lado, el desfinanciamiento y hasta la quiebra del Estado; por otro, que las
jubilaciones, gracias a los aumentos de los últimos años, ya estarían en sus
mejores niveles históricos. Que el Estado pueda “quebrar” por esta ley resulta
materia de discusión, lo que está claro es que la “oposición” busca quitarle
aire financiero al gobierno de cara a las elecciones del año que viene. Esa es
una de las razones por las cuales la ley no contemplaba ninguna fuente de
financiamiento. Lo que no ofrece discusión seria es la supuesta “mejora” de los
haberes.
El haber mínimo para marzo 2010 (último dato publicado por el
Ministerio de Trabajo) sería de $895 y el medio de 1.151. El primero
representaría un aumento del 496% y el segundo del 220% por encima de lo cobrado
en 2001. Claro está, sin tener en cuenta la inflación. Si le agregamos la
inflación real (no la del Indek), la mínima sólo aumentó un 60% de lo que
cobraban en 2001, cosa bien distinta que afirmar que creció 5 veces. Pero el
haber medio, que se habría multiplicado por dos, en realidad disminuyó un
13%.(2) Es decir, que después del mayor crecimiento de la economía en los
últimos 200 años y de casi 20 aumentos inéditos de la jubilación, la situación
de los jubilados no sólo no fue resuelta sino que la media está peor y la
mínima, aunque porcentualmente registra un aumento importante, no alcanza para
nada en términos absolutos.(3) En realidad, se redistribuyó la miseria en el
interior del “colectivo” de la “Tercera Edad”.
Si el kirchnerismo se ha
mostrado impotente para resolver la situación de los jubilados, las alternativas
que se presentan en el campo burgués no son mucho mejores. Tal es el caso de
Proyecto Sur. Este espacio político, liderado por Pino Solanas y Claudio Lozano,
redactó un documento con la intención de discutir las fuentes de financiamiento
del 82% móvil que no cumple su objetivo ni por asomo.(4) En total, según sus
cálculos, se necesitarían 24 mil millones de pesos. Asumen que la ANSES tiene un
superávit de 8 mil millones, por lo que faltan conseguir 16 mil. Y en este punto
es dónde el progresismo no puede ir más allá de su horizonte (burgués). La
propuesta sería volver al nivel de las contribuciones patronales derogadas por
Menem en 1993, dejando de lado a las pymes. Si bien parece más “progresivo”, el
“proyecto” de Proyecto Sur es, globalmente, inviable.
En efecto, debe
recordarse que el solanismo se alineó con el campo en el 2008, con lo cual es
evidente que, o incumple sus promesas, o se apoya en las retenciones. Las va a
necesitar, si no quiere que la medida de reimplantar los aportes patronales
afecte la marcha de la acumulación del núcleo capitalista del país. La solución
de este dilema llevará al solanismo a una disyuntiva: o va a fondo con su
capitalismo pyme agrario o reimplanta la política que han llevado todos los
gobiernos argentinos de Videla para acá. En el último caso, es obvio que, como
las retenciones no van a alcanzarle, como ya no le alcanzan a Cristina, va a
tener que renunciar al 82% móvil y entrar de lleno al ajuste que tanto la
oposición como el gobierno planean para marzo de 2012. Si insiste en su
capitalismo pyme agrario, llevará al país a una crisis sin precedentes, salvo
que alguien crea que la Argentina, cuyas mayores empresas son pymes a nivel
mundial, retroceda al nivel de fuerzas productivas de cien años atrás. Dicho de
otra manera, las opciones que puede ofrecer la burguesía argentina son el
desastre general o más de lo mismo. Como “más de lo mismo” se agota igualmente
porque no se apoya en una productividad del trabajo creciendo a mayor velocidad
que la productividad mundial, sino en transferencias de ingresos de otros
sectores (renta diferencial, deuda, aumento de la tasa de explotación,
expropiación pyme, etc.), a largo plazo ambas alternativas confluyen en el mismo
desastroso resultado. Resultado que no hace más que expresar los límites
históricos de la burguesía que opera en la Argentina. Desde esa perspectiva, el
82% móvil sólo puede plantearse como una medida transicional que tenga como
horizonte la concentración absoluta de los medios de producción en manos de la
clase obrera. Esto sólo podrá lograrlo una política que avance en el
enfrentamiento del capitalismo como tal, más que a ésta o aquella variante.
(Corrección: el cuadro esta expresado en
dólares)
Notas
(1) Todos los datos, a menos que se especifique lo
contario, fueron extraídos de www.anses.gob.ar/FGS2.
(2) Ver
www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/descargas/bess/boletin1trim_2010.pdf.
(3) Este punto ya lo veníamos denunciando hace un año, afirmando que el
haber mínimo no alcanzaba para vivir. Ver Kabat, Marina: “Cada vez es más
difícil alquilar una vivienda” en Crítica de la Argentina, 4/8/09.
(4) Ver
http://buenosairespt.org.ar/documentos/ReformaPrevisionaloJubilacionparapobres_20710.pdf.