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Tensión en Los Toldos: una mujer mapuche amenazó con suicidarse en un desalojo
Por La Verdad / Junín -
Saturday, Dec. 04, 2010 at 11:12 AM
Los González Corón se encadenaron en la puerta del Municipio de Los Toldos.
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02/12/2010 - Varias horas de tensión se vivieron en Los Todos ayer, cuando un grupo de 50 efectivos del Grupo de Apoyo de la Jefatura Departamental de Junín (GAD) ingresó al campo que los Salazar había recuperado hace unos meses, y de manera violenta intentó llevar adelante la orden de desalojo firmada por la jueza Marisa Muñoz Saggese. La desesperación llevó a que una de las integrantes de la familia Mapuche, encadenada a un poste, amenazó suicidarse.
Todo esto pasó mientras funcionarios del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) estaban en Los Toldos, dialogando con miembros del Ejecutivo de ese municipio, para intentar solucionar los problemas de las familias González Corón y Salazar.
Hace dos semanas los González Corón fueron desalojados del campo que habían recuperado, con un despliegue policial similar al utilizado ayer. Salvo que en aquella ocasión no había integrantes de la familia en el predio.
“Mientras estábamos debatiendo en la Municipalidad se produce este intento de desalojo en el campo de los Salazar”, contó Oscar Farias, referente de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas. El militante social fue testigo de la violencia empleada por los efectivos durante toda la jornada de ayer.
Farias dijo que el accionar de la policía fue desmedido e inentendible, “ya que estamos hablando de una familia totalmente pacifica, que con sus chiquitos estaban en el medio del campo. La verdad fue vergonzoso lo que pasó, porque se trató a la familia como delincuentes”, señaló.
Además dijo que el desalojo fue arbitrario e irregular ya que ni la familia, ni la abogada que los patrocina recibió la notificación del desalojo. “Patrulleros, camionetas, un camión y muchos efectivos, habían cercado los caminos para impedir que pasemos a ver a la familia”.
En ese momento, mientras los representantes del INAI, del Municipio de Los Toldos, junto a Farias y el resto de la comunidad Mapuche intentaba pasar el celoso cerco policial, Gabriela Salazar se encadenó a un poste, se subió sobre tres garrafas y mientras prendía un encendedor se apoyaba un cuchillo sobre la yugular y, a los gritos, decía que se iba a matar si no frenaban el desalojo.
“Estuvo así durante siete horas, hasta que se logró suspender el desalojo”, dijo Farias, que todavía no podía creer lo que había vivido durante la tarde. “Gracias a la gestión de los funcionarios del INAI, de derechos humanos y de la municipalidad de Los Toldos, se descomprimió la situación”.
El freno del desalojo, ordenado por la jueza de Garantías Nº 2, Marisa Muñoz Saggese, es momentáneo, pero trae un poco de tranquilidad a la familia Salazar.
Familia encadenada
Tras el desalojo de las tierras que había recuperado, los González Corón se encadenaron en la puerta del Municipio de Los Toldos reclamando por la restitución de los campos que por herencia cultural les pertenecen.
Esta situación se había logrado descomprimir, hasta los hechos ya relatados, aunque se cree que la suspensión del desalojo generará un alivio en ambas familias.
Esta toma de territorio se enmarca en una nueva etapa de recuperación que tres familias llevaron adelante sobre el Cuartel II de General Viamonte donde se ubican 16.450 hectáreas que en 1866 y 1869 les fueran donadas al cacique Ignacio Coliqueo y su tribu como estrategia de resguardo de la frontera bonaerense de entonces. Desde aquella entrega de propiedad, y luego de la muerte del cacique, el territorio ingresó en una zona oscura de dominios encontrados, escrituraciones válidas e inválidas y reclamos diversos que con las nuevas generaciones de mapuches, vuelven a presentarse en los juzgados.
www.laverdadonline.com/detallenoti.php?recordID=11536
Por donde pasa la cuestión?
Por Diana Oliva-Farias -
Saturday, Dec. 04, 2010 at 11:10 PM
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En 1974 el entonces senador De la Rúa intentó hacer aprobar en el Congreso una ley que contemplara los Derechos Indígenas. La Mayoría justicialista en el Congreso no se la aprobó. Luego vinieron los sucesos por todos conocidos. Con la vuelta de la democracia en el 83, el partido radical se compromete a presentar nuevamente el proyecto de ley, esta vez mejorado y actualizado por la participación indígena, que comprometió su voto. Ganó el radicalismo y el proyecto fué presentado en el 85, esta vez con mayoría radical. Fué aprobada por unanimidad. Pero el doctor Alfonsín recibió tantas presiones que estuvo a punto de vetarla. El senador de la Rúa movió todas sus influencias para que, ya que el ejecutivo no la aprobaba. al menos no la vetara. En 1989 se reglamentó mediante decreto 155/89. El primer ministro de Acción social de Menem puso a Serralta, de la Pampa, para que elaborara una propuesta de cumplimiento de la ley, tarea que le llevó 6 meses. En el interin, el ministro murió en un accidente de aviación y el reemplazante permitió a Serralta a continuar con su tarea, en consenso y participación indígena a través de AIRA. Al finalizar su propuesta y entregarla al Ministerio, el gobierno hizo un enroque, al ministro de Acción Social lo pasó a ser jefe de gabinete y al jefe de gabinete fué como ministro de Acción Social. Su primer tarea fué ordenar desalojar al señor Serralta de su oficina, sacándole toda su documentación al pasillo, cambió las cerraduras y se terminó el proyecto de poner en marcha la Ley 23.302. A continuación el Poder Ejecutivo por Decreto eliminó la ley y creó una Dirección de Asuntos Indígenas, sin participación de los Pueblos Indígenas. La Asociación Indígena de la República Argentina, AIRA, le inició juicio de conocimiento. El primer fallo a favor de los Pueblos Indígenas fué en 1998. El Gobierno apeló. El segundo fallo fue en el 2000. Justamente el Presidente De la Rúa, era el autor de la Ley. No podía apelar. Presentó un remedo de cumplimiento que no fué aceptado por AIRA y sigue el Juicio. Tres fallos favorables más, con cobro de astreintes, un dictamen del Defensor del Pueblo, una recomendación del Comite de la ONU para la Eliminación de la Discriminación, no logran que el actual gobierno firme el último Decreto, como se lo ordena la justicia, para poner en marcha la genuina y verdadera representación indígena, que debe ser elegida en última instancia por todos los Pueblos y Comunidades preexistentes al Estado Argentino que habiten el territorio argentino. Mientras, se debe designar una comisión provisoria (CCI), cuyo Decreto de creación el Ejecutivo se niega a firmar, cuya principal misión es elaborar la propuesta de convocatoria general, mientras asume la responsabilidad de delinear y aplicar la política indígena en consulta con el Presidente del INAI y un representante por cada área de gobierno nacional y de las provincias que hayan adherido a la ley. Nadie sabe, porque nadie lo pregunta, excepto los Pueblos Indígenas y el AIRA, cuya voz no llega al Poder Ejecutivo, el porqué de dicho incumplimiento. A punto tal que el AIRA, de persistir esta situación, se apresta a conseguir diversos apoyos para en el 2011 conmemorar con una gran fiesta los "20 AÑOS DE JUICIO POR INCUMPLIMIENTO DE LA LEY 23.3022" por parte del Estado Argentino. E iniciar acciones legales en foros internacionales.