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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA: AUDIENCIA PÚBLICA LEY PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 23/11/10
Por Asamblea ECI - Colectivo Indymedia Córdoba - Tuesday, Dec. 07, 2010 at 8:34 PM

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA CUERPO DE TAQUÍGRAFOS AUDIENCIA PÚBLICA LEY PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 23 de noviembre de 2010 VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

-En la Ciudad de Córdoba, a 23 días del mes de noviembre de 2010, siendo la hora 11 y 57:


Sra. Presidenta (Feraudo).- Buenos días.


En primer lugar, vamos a convocar a la licenciada María Antonia Solaro de la Escuela Superior de Bellas Artes “José Figueroa Alcorta”.

Sra. Solaro.- Buenos días.


Mi nombre es María Antonia Solaro, docente de la Escuela Superior de Bellas Artes “Doctor José Figueroa Alcorta”.


En un primer momento, a pedido de mis compañeros, quisiera recordar la solicitada publicada en un diario local el 18 de noviembre, adjunta en la memoria que luego haré entrega con otros documentos. En la misma, los docentes de la escuelas de arte del nivel superior de la Provincia de Córdoba denunciamos la ilegitimidad del proyecto de ley 6480/E/10, y exigimos a las autoridades del Cuerpo legislativo que atiendan a los siguientes reclamos: 1) Rechazamos la conformación tendenciosa del Consejo Provincial de Políticas Educativas, de clara intencionalidad privatizadora del interés público, al incluir representantes de la Iglesia Católica, sector empresarial y educación privada, y denunciamos la exclusión de representantes docentes y estudiantes de los institutos superiores no universitarios en la conformación de ese Consejo; 2) Rechazamos el mecanismo seudo democrático de participación que se nos brindó y en sólo cuatro horas debíamos leer más de cien artículos, analizarlos, debatir y redactar conclusiones; 3) Exigimos que se respeten los derechos constitucionales de educación pública, laica y gratuita, y rechazamos todo tipo de expresiones ambiguas que se presten a interpretaciones equívocas que oscurezcan o perturben el verdadero sentido de una ley que respete tales principios; 4) Denunciamos la manifiesta exclusión de la educación artística de las escuelas. La educación artística es un campo del conocimiento que debe formar parte de la currícula educativa en todos los niveles, con el mismo valor y jerarquía que cualquier otro campo de formación humana.
Por esos motivos, exigimos que se detenga el tratamiento del proyecto de ley en la Legislatura y que se prosiga el debate en el 2011. No pararemos en la lucha aún con la ley promulgada. Esta es la solicitada de la semana pasada, cuyo texto acabo de leer.


El documento conformado convalida nuestro interés en la expresión artística por razones obvias y consideramos que es necesario ahondar en algunas consideraciones, que deben ser confrontadas artística y críticamente, respecto al espíritu que inspira al proyecto de ley, ya que consideramos que se pasa por alto los aspectos que se señalan a continuación.


El arte no es sólo una actividad placentera o una producción de dimensión puramente estética, considero que es una opinión común que a veces es un cliché que, en realidad, lo que hace es despojar al arte de toda trascendencia. Por el contrario, el arte constituye un campo específico e integral del conocimiento y, por lo tanto, no puede ser desprendido de su dimensión crítica que lo posiciona directamente en su dimensión política. Así, es necesario tener en cuenta los aportes social y económico que el arte brinda al colectivo y no menospreciar el impacto social que una obra artística puede generar.


Al acentuar fundamentalmente el lugar de esparcimiento o entretenimiento y relajación, queda solapado el mecanismo de negación y ocultamiento de la complejidad de las operaciones artísticas. Es decir, se aplanan sus dimensiones simbólicas, políticas y críticas.


Ese proceso de negación y ocultamiento se puede observar cuando el proyecto de ley no especifica los objetivos, los alcances y límites ni las obligaciones del Estado en este campo, tampoco puntualiza las distintas áreas de la educación artística que están en juego, ubica a todas de la misma manera cuando, en realidad, a cada área artística le es inherente una estructuración propia y un modo particular de conformar y constituir su enseñanza. Las artes no son todas iguales ni son todas lo mismo.


En este sentido el proyecto de ley desconoce las diferencias discriminándolas al excluirlas de una consideración que les es pertinente. Tampoco habla de la red vincular que genera el arte, es decir, la red de relaciones con otros campos del conocimiento, de lo social, de lo político y de lo económico. Negar esta red implica anular la capacidad del arte para construir realidad.


Asimismo, resaltar sobre un aspecto lúdico en relación al arte deja como costo que se vuelvan invisibles otros aspectos vinculados con la dimensión crítica, desnudando una estrategia de manipulación dentro de lo legal, siendo este proceder ya en sí mismo un ejercicio abusivo del poder.


Por otra parte, pero en la misma dirección, en el proyecto de ley se pondera de forma predominante la formación técnica, avalada por su aparente potencial de inmediata inserción laboral y una consecuente inclusión social. Se manipulan así los intereses de los jóvenes en detrimento de su elección del arte como alternativa legítima y válida al momento de optar por seguir estudios de nivel superior. Tal desvalorización se refuerza al ubicar al arte y al artista en un lugar encapsulado, separado de su emergente social y expuesto, desde una exterioridad, a ese mismo movimiento.


Así las políticas que se implementan desde diversas gestiones culturales, tienden a fijar, a coagular el arte como cosa valiosa, acabada, circunscripta a espacios cualificados, tales como los museos, despojándolo de una dinámica inherente que lo hace interactuar con el medio social del cual emerge.


A continuación, me permito hacer la siguiente reflexión a título personal: la historia me ha mostrado que el acto creador es siempre un acto disrruptor de un estado de cosas establecido. En ese sentido considero que el arte es, ante todo, político, por esta instancia disrruptora. De otro modo, se me ocurre que –pienso en voz alta- seguramente que si García Lorca hubiese creído en “el arte por el arte”, no hubiera sido asesinado, y de igual modo quizás Víctor Jara aún estaría cantando, a los otros los salvó el exilio –Alonso, por ejemplo, que todavía está con nosotros.


Y les pido disculpas, pero con mis cincuenta años formo parte de una generación que aprendió dolorosamente el arte de la sospecha frente a las prácticas políticas y económicas en torno a la cosa pública. Digo esto porque desde que ingresé a la Facultad de Filosofía y hoy, como docente de una cátedra que se llama Arte y Filosofía, en Bellas Artes, asisto en estos años a una prolija colonización neoliberal del imaginario social, que usa de un discurso en torno a la formación artística que vacía y banaliza, cuando no bordea lo accesorio, al campo artístico y humanístico, despojándolo así del saber que constituía su sentido más profundo y de la formación de sujetos críticos, perspicaces y alertas, capaces de un compromiso histórico y social desde lo específico de su vocación individual.
El arte forma sujetos audaces, capaces de respuestas no mecánicas e innovadoras a los desafíos problemáticos.


Hoy, mis alumnos -al igual que yo cuando era estudiante-, muchas veces se ven obligados a justificar su elección de estudios superiores en el campo artístico en lugares como, por ejemplo, la cola de un banco o en el colectivo –también yo me siento haciendo lo mismo en este sitio-, y tratar de explicar la elección de una carrera estigmatizada de antemano en un imaginario colonizado como inútil por improductiva e imprudente, de vista al futuro individual y a la respectiva inserción social.


Este estigma de reclamar por el derecho a la formación artística -que en muchos sectores sociales sigue generando rechazo- no es gratuito; sospecho que es dirigido, construido y disciplinado prolijamente por estrategias del poder hegemónico. En nombre de políticas y economías globales, cada uno de nosotros hemos permitido que paulatinamente se vulnere y se vuelva permeable no sólo al sistema educativo sino también al de salud, para mencionar sólo dos campos muy álgidos de conflicto.


Tal vez, mi sospecha les parezca sólo una triste caricatura a los aquí presentes; es más, quizá muchos de ustedes en este momento me estén mirando con condescendencia porque interiormente piensan que tienen suerte en tener hijos que eligieron estudiar economía, abogacía o gestión empresarial –con el debido respeto a estas carreras-; esa no es la experiencia que diariamente tengo en el aula. Lo que yo vivo a diario es la inquietud y la angustia de jóvenes que continuamente se ven confrontados social y familiarmente en su elección de estudiar arte.


Como he venido insistiendo, pertenezco a una generación que aprendió el arte de la sospecha.


Mis alumnos tienen una edad promedio de 25 años; o sea, que nacieron con el programa de Tinelli –cosa bastante inquietante de por si-. Como el arte de la sospecha se aprende de la mano de la memoria, los adultos sabemos –porque lo vivimos- que desde marzo del año 1976 gran parte de los primeros arrestados y muchos de los que ya no están fueron artistas, poetas, pintores, cantantes, pensadores humanistas o sociólogos. Yo lo se y no me puedo olvidar; ustedes lo saben; mis alumnos se sorprenden. ¿Cómo es esto? ¿No es que el arte es inútil, estéril e improductivo? Es en nombre del asombro de mis alumnos y de todos los chicos que están afuera esperando un gesto audaz por parte de ustedes, señores legisladores, que en este momento me permito ejercer el odioso arte de la pregunta.


¿Les vamos a responder a los chicos de cómo lo inútil se convierte en peligroso? Responderles esto creo que es hacerse cargo de desnudar la relación que el arte tiene con el Estado.


Desde lo dicho, cabe preguntar: ¿qué ocurrirá con el arte y con la sociedad en general dentro de 15 o 20 años con jóvenes tecnologizados pero paulatinamente vaciados de creatividad y pensamiento crítico? Se puede deducir un impacto de progresiva desubjetivización de los procesos de avance de la mercantilización neoliberal al ofrecer personas incompetentes por esta falta de apropiación de su propia subjetividad para enfrentar el desafío de los tiempos que se avecinan, transformándola en mano de obra barata y dóciles al subempleo y precarización laboral, y en el olvido cada vez más marcado de los valores humanos, posibilitando la aparición de patologías psicosociales nuevas cada vez más graves y complejas.


No es gratuito que en los hospitales de día -que se están ofreciendo en el viejo Hospital San Roque y en muchos lugares más- cada vez haya mayor demanda de proyectos de arteterapia que se contextualiza en ambientes saludables a las personas que manifiestan patologías psicosociales.


Con esta propuesta de proyecto de ley se está violando, además, una normativa básica del Derecho pues, siendo provincial, desconoce el artículo 41 de la Ley nacional 26.206, que estipula el modo de implementación de las disciplinas que componen la educación artística.


Esta omisión deja librado el campo a cualquier arbitrariedad, lo que atenta directamente contra la formación integral del alumno, la distribución de la carga horaria del área artística, propende a la precarización laboral de los docentes especiales y, al menos, pone en duda –por no decir en crisis- el sentido de la existencia de los institutos superiores de educación artística y docente, de los cuales formo parte.


Remarcamos que nuestra exigencia de la derogación del presente proyecto de ley no responde, en nosotros, a una posición partidaria encubierta ni a una actitud anacrónica y necia frente a las exigencias del avance tecnológico de la sociedad global sino, por el contrario, responde al convencimiento de que una nueva Ley de Educación, que marcará el destino de los jóvenes por 20 años más, debe ser el resultado natural de un debate amplio y democrático que convoque a la comunidad educativa toda, a las organizaciones sociales y a especialistas, para que esta ley aúne, así, el ideal de equidad no sólo siendo legal sino también auténticamente legítima.
¿Y saben qué? Además sospecho que este proyecto de ley al menos nos ha hecho un favor: despertar a los jóvenes y ponerlos en lucha por sus propios intereses y su propio futuro.


Finalmente, consideramos que es una censura la urgencia de los plazos para la aprobación de la ley; consideramos que es una censura de tiempo, de espacio y de personas; y, si bien se sabe cuándo comienza una censura, les aseguro que nunca vamos a saber cuándo terminan sus efectos. Por eso tengan en cuenta, señores legisladores, que en el colectivo humano las líneas de fuga son siempre imprevisibles.


Por eso las preguntas que ustedes deberían hacerse frente a este apresuramiento y censura, no es si estos chicos que están afuera protestando pueden pensar o razonar por ellos mismos, si ustedes lo harían mejor que ellos; tampoco la pregunta es si pueden ellos hablar y defender consistentemente sus reclamos; sino que las únicas preguntas que cabe aquí hacerse, por parte de ustedes, son: ¿puede esta ley hacerlos sufrir?, ¿pueden ellos sufrir?, ¿hasta dónde pueden ellos sufrir?, ¿quiénes son los que van a responder por ese sufrimiento?


Muchas gracias. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Feraudo).- Muchas gracias por su aporte.


Recordamos que el tiempo reglamentario para que cada uno pueda llevar a cabo su exposición es de 10 minutos y, si lo desea, puede dejar el aporte por escrito, aunque están los taquígrafos a través de los cuales vamos a tener la versión correspondiente.


Convocamos a la licenciada docente Mónica Pairola.


Muchas gracias por su presencia.

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Sra. Pairola.- Empezando con algunas propuestas, vamos a situarnos en que este proyecto de ley que se presenta es, realmente, un marco normativo donde se tratan principios estratégicos y fundamentos claros –eso dicen en la introducción del documento que se ha presentado.


De ellos se infieren muchísimas cosas, pero tenemos que enmarcarnos dentro de la propuesta de marco normativo. Dentro de ese marco normativo se plantean cosas muy importantes y de avance, que creo que tienen que ser tenidas en cuenta.
En primer lugar, se plantea que la educación es una política prioritaria del Estado provincial; este reconocimiento va a hacer que se tenga en cuenta el Presupuesto, que se trata en el artículo 3º, inciso j); ahí se tiene que revelar el carácter prioritario que tiene la educación para el Estado provincial. Creo que esto se podría agregar o tener en cuenta en la redacción de dicho inciso.
Partiendo de la ubicación de la educación como política prioritaria de Estado, se plantean cosas muy importantes, entre ellas la obligatoriedad que tiene esta ley desde el jardín de infantes de 4 años e incluye el nivel secundario. Esa era una exigencia de estos tiempos y una necesidad para la Provincia de Córdoba; si bien se había establecido desde la práctica socialmente, no tenía una legislación que lo avalara.


Dentro del derecho a la educación se plantea la responsabilidad, y los derechos y deberes de los padres de los alumnos, que es donde está el conflicto. El artículo 11 dice que los padres hacen que sus hijos reciban, de manera opcional en el ámbito de la educación pública de gestión estatal, educación religiosa que les permita aprender los valores y contenidos básicos de la creencia por la que hubieren optado.
Este artículo derivó mucha polémica y controversia. Creo que en este marco normativo, para ubicarlo mejor sin caer en reglamentaciones, se podría aclarar –ya que en la intención de la ley se habla del respeto al otro, de las libertades de conciencia, de pensar y responder sin dogmatismos dentro de la escuela- que esta opción de lo padres de la enseñanza religiosa sería extracurricular, y ello implica que no entra en la promoción de los alumnos para el grado; también se podría aclarar que sería fuera del horario escolar ya sea de jornada simple o extendida o ampliada, como se presenta en la ley; y que el o lo cultos por los que se podrían optar serían los registrados dentro del Registro Nacional de Cultos para evitar la problemática de la secta. Este es un tema sensible que ha sido tratado en la historia de la educación argentina desde la histórica Ley 1420 en la que se determinaron muchas cosas, pero ahora las no voy a analizar. Entonces, creo que ubicándola extracurricularmente, fuera del horario escolar, y solamente para los cultos registrados sería darle una ubicación más acotada a ese marco tan amplio.
Siguiendo con las creaciones de esta ley, el artículo 22 crea la Comisión de Evaluación e Información Educativa. Se plantea aquí la búsqueda y análisis de la eficiencia pedagógica y económica que debe tener la administración del sistema escolar. Creo que esta Comisión de Evaluación e Información Educativa –que se plantea abiertamente en los últimos artículos de la ley- es de suma importancia y daría una visión sistemática y una lectura racional sobre la necesidad de que esta comisión vea y concientice sobre esa cultura de la evaluación del sistema, que nos falta. Claro que, como nueva comisión, tiene muchos posibles conflictos si, posteriormente, no se reglamenta su ubicación adecuadamente. Creo que la Comisión de Evaluación e Información Educativa es sumamente interesante. Además, se dice que no va a estar circunscripta a su conocimiento sino que su documentación será publicada en la web y tendrá que informar a la Legislatura las propuestas y análisis que determinen.
La estructura del sistema se modifica con la obligatoriedad, que es muy importante a su vez también para todos los niveles. El nivel preescolar está planteado en 7 artículos, y es importante que dentro de ellos se vea que están vinculados con programas de niñez y familia que complementan lo que puede hacer la institución escolar para el niño. Creo que este artículo que habla de la articulación de la escuela con los programas de niñez y familia debería también ser considerado en el nivel primario, porque en los primeros grados del nivel primario hay muchos programas de niñez y familia que son importantes.


Los objetivos de los niveles educativos están concatenados, están progresivamente expuestos en los objetivos, y en todos se habla de la educación integral del hombre como un hombre biopsicosocial y trascendente, y en cada uno de ellos se va haciendo, si uno lo lee detenidamente, la progresión en la adquisición de saberes significativos, en las expresiones artísticas, en la formación de la identidad regional, local y nacional.
Se da importancia a todas las áreas, y ya en primaria comienza a pedirse generar condiciones pedagógicas para el manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como la producción y reflexión critica de los discursos mediáticos. Esto es la aceptación de esta nueva era de las “TIC” que entran a ser analizadas. Pero entiendo que no debe dejarse de lado, o tal vez podría aclararse en algún inciso, la lectura de textos de literatura nacional, regional y local, ya que desde los distintos gobiernos se hace mucho hincapié en la formación de bibliotecas porque, tal vez, ese soporte –me estoy refiriendo al libro– haya sido un poco descuidado. Además, considero que también tendría que decirse que se hace el manejo de los libros y la lectura crítica de los mismos. Todo esto es en relación a los estudios secundarios.
En la educación primaria que se plantea, el artículo 36 dice: “Para asegurar el logro de los objetivos fijados se plantea la posibilidad de la jornada extendida”. Esta es una alternativa pedagógica sumamente interesante, que ya está probada en la Provincia de Córdoba y que realmente puede consolidar los objetivos fijados en esto. Pero no solamente esto sino por qué no poner también –sin entrar en reglamentaciones pero sí como una alternativa– las maestras de apoyo en los primeros grados –que es una práctica que ya se da en la provincia de Córdoba y ha tenido su éxito pedagógico– y tratar de que haya menos alumnos por grado. Porque actualmente hay más de 35 alumnos por grado y lo óptimo es que haya entre 25 y 35 para una jornada escolar eficiente.
Lo que aquí trae de nuevo el nivel secundario, además de la formación biopsicosocial y demás, es la formación de la ciudadanía, del trabajo y la continuidad de los estudios. Aquí también ha habido un problema, tal vez, de mala interpretación de ese momento, de ración entre la escuela y el trabajo, que es el momento de la praxis, es el momento donde se sintetiza lo teórico con lo práctico.
En este sentido, si bien está puesto en la ley, considero que habría que recalcar que la pasantía es realmente un proceso de aprendizaje y no de producción; destacar la importancia de hacer convenios centrados desde el Ministerio de Educación, y que la evaluación, el monitoreo y el seguimiento de ese momento de práctica estaría dado por el profesor de la cátedra o del área en la cual se está haciendo esa pasantía. Es decir que ese momento tan importante de praxis, que relaciona al adolescente o al joven con el mundo del trabajo, es un proceso de aprendizaje de la vida laboral, y no un proceso de producción. A esto lo dice la ley pero, tal vez, habría que reforzarlo poniendo la figura de ese docente que es quien va a evaluar, monitorear, acreditar y promocionar la pasantía.
Respecto a las modalidades de educación que se plantean se incorporan nuevos conceptos: el concepto de inclusión, que hoy es muy importante, y otras nuevas modalidades caras para la educación de Córdoba, como la educación hospitalaria, la educación de jóvenes y adultos, el contexto de privación de la libertad, la educación rural y la técnico profesional, de suma importancia. Además, como todos recordarán, en la historia de la educación argentina hubo dos títulos muy significativos: maestro normal nacional y maestro mayor de obras.


Por otra parte, se crea el Consejo Provincial de Políticas Educativas que, con carácter consultivo y destinado al asesoramiento y colaboración, está sumamente ligado a la Comisión de Evaluación e Información. Se trata de una importante entidad para contribuir al funcionamiento del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.


En paralelo, se crea el Consejo Provincial de Educación Técnica y Trabajo, que será el encargado de custodiar que las pasantías realmente formen parte de un proceso de aprendizaje y no de producción, y tendrá que determinar –tal como lo establece la reglamentación– cómo éstas se operativizan y cómo se concreta el enlace para enriquecer y potenciar al alumno y su trabajo en el marco de la relación entre la escuela y la empresa.


De tal manera, el Consejo Provincial de Políticas Educativas, la Comisión de Evaluación e Información y el Consejo Provincial de Educación Técnica y Trabajo, son los tres componentes que generan una nueva dinámica en la macro política de nuestra Provincia, y tendrán que ser tenidos especialmente en cuenta para que no acaben siendo mecanismos burocráticos o grandes juntas que no arriban a ninguna solución; por el contrario, deberán estar integrados por gente avezada en el sistema educativo, que sepa cómo proyectar en la práctica las cuestiones que tanto se enuncian en el campo pedagógico.


El capítulo final –no quiero dejar de mencionarlo– se refiere a los municipios, cuya tarea ha ido creciendo cada vez más en esta Provincia, y sabemos del aporte que han realizado a las escuelas de sus respectivas ciudades. No me refiero a la importancia de la escuela municipal en sí, sino a las actividades y acciones que pueden llevar adelante los municipios para fomentar la educación de sus respectivas ciudades, ayudando a que sus escuelas alcancen un mayor nivel de calidad en la enseñanza. Esto cobra cada vez más importancia para que termine de efectivizarse y concretarse algo que ya es una realidad en nuestra Provincia.


Les agradezco por la posibilidad que me han brindado para expresarme aquí y quedo a disposición de ustedes para lo que sea necesario. (Aplausos).

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Sra. Presidenta (Feraudo).- A continuación, hará uso de la palabra la señora Silvina Verdú.

Sra. Verdú.- Buenos días. Soy directora de una escuela urbano marginal –tal la denominación que tenía antes– inserta en un contexto socioeconómico y cultural desfavorecido de la ciudad de Córdoba.


Quiero destacar que me gusta mucho el espíritu de esta ley, fundamentalmente porque apunta con equidad a favorecer la calidad educativa, el ingreso y egreso, la permanencia y el progreso, que son factores tan necesarios para los sectores menos favorecidos. No obstante, quiero plantear como inquietud que en este contexto la escuela no puede sola.
El artículo 8º establece: “El personal administrativo técnico auxiliar social de la salud y de servicios que se desempeña en las escuelas es parte integrante de la comunidad educativa, y su misión principal será contribuir a asegurar el funcionamiento de las instituciones educativas y de los servicios de la educación, conforme los derechos y obligaciones establecidas en sus respectivos Estatutos”.


Lo que me preocupa es que este personal no está, por lo menos en las escuelas que conozco, y es lo que nosotros necesitaríamos; lo digo con conocimiento porque en la escuela donde estoy tuvimos, hasta el año 2006, un equipo de salud familiar que nos ayudó y apoyó enormemente en la tarea que nos tocaba desempeñar como docentes. Esta es una de mis inquietudes, porque este personal, si bien nos va a apoyar, no está en las escuelas; entonces, cómo hacemos para que ese personal esté en las escuelas.


Otra de las cuestiones que también me preocupa -y hablo en nombre de los papás y de los chicos de mi zona-, si bien está contemplada no se la ve muy clara, son los niños que egresan de la primaria y no cumplen con la obligatoriedad del nivel medio. Son niños que ingresan pero están uno o dos meses, luego son expulsados del sistema y quedan –disculpen la expresión- “boyando” en la vida, pidiendo ingresar nuevamente al nivel primario. Se van y después nos golpean las puertas diciéndonos: “¿Seño, me dejás entrar?”, y a veces se los puede dejar entrar a hacer algo, pero las escuelas no están preparadas para tener a estos niños que quedan dando vueltas.


Me parece que esta franja etaria, de los 14 a los 17 años, no está bien contemplada y especificada y es la que más nos preocupa, o por lo menos nos debería preocupar como sociedad, porque es una etapa donde el niño todavía está en formación y queda librado al azar, no hay una especificación que diga que se están ocupando o que se van a ocupar o qué pueden hacer estos chicos. También es su preocupación porque ellos quieren estar en la escuela, y voy a usar una palabra que a veces suele ser un poco fuerte, ellos quieren estar “institucionalizados”, quieren estar en una institución escuela -no en lo que antiguamente se llamaba institución- donde puedan hacer cosas: aprender, trabajar, estudiar o leer; o sea que hay que ver qué se puede hacer con estos chicos.


Hay una serie de cuestiones más, pero fundamentalmente estas dos son las que más nos preocupan.


Muchas gracias. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Feraudo).- Muchas gracias por tu aporte.


Convocamos a Gabriela Rotonde y Horacio Paulino; muchas gracias por su presencia.

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Sra. Rotonde.- Buenos días. Horacio no pudo venir, pero voy a trabajar sobre material producido colectivamente en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional y algunas experiencias.


En primera instancia, quiero plantear que mi presencia en este espacio tiene fundamentos en el reconocimiento de la importancia planteada para la presencia de los ciudadanos y también para las instituciones, en este caso la Universidad Nacional, que es mi institución de pertenencia, y desde allí poder hacer un aporte en la cuestión pública –en este caso la cuestión educativa. En ese sentido, entiendo mi participación como un derecho pero también como una responsabilidad de mi práctica profesional, académica y ciudadana.


Pretendo hacer un pequeño aporte respecto de dos temas: uno, referido a la agremiación juvenil y los centros de estudiantes secundarios; otro, un debate respecto de la educación sexual integral.
Ambos temas vienen trabajándose en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad y arrojaron distintas conclusiones. En tal sentido, quería traer las conclusiones de un aula abierta que se hizo el 28 de octubre, que aporta algunos elementos, y de una resolución derivada del órgano de cogobierno de nuestra Escuela.


En primera instancia, es parte de estas conclusiones la importancia y el reconocimiento que se hace respecto de sostener la participación de los alumnos y alumnas en los reclamos que se realizaron durante el mes de octubre en la Ciudad de Córdoba, y tomar en cuenta estos hechos como un elemento que favoreció los procesos de empoderamiento de los estudiantes como ciudadanos, y que amerita la inclusión y el reconocimiento de espacios de participación en la institución escolar. En esta línea, la resolución 124, del Ministerio de Educación, también aportó algo.
Para nosotros la discusión y deliberación que se planteó respecto de la ley también ha tenido que ver con esa emergencia de un estado de discusión y deliberación a partir de los hechos y de las tomas. Por otro lado, nos sentimos convocados como universitarios y en mi caso, particularmente, porque en realidad el debate de la participación social, política e institucional es parte de la importancia que le atribuimos en el juego de las instituciones, y la escuela es una institución que puede garantizar, de alguna manera, este derecho de los jóvenes a agremiarse.


Por otra parte, queremos señalar el aporte y el valor que la agremiación estudiantil tiene en sí como derecho humano y ciudadano -estos procesos sociales, políticos y culturales hacen a la educación-; y es relevante porque implica asumir en el proceso educativo la participación de los actores estudiantiles que intercambian y que junto a los otros actores se vinculan en un proceso de crecimiento.


Por otra parte, señalamos en el aula que es necesario adoptar un compromiso de aquellos que, desde la posición de adultos o de educadores, participan en esa ampliación de la idea de participación ciudadana en la agenda educativa, incluyendo no sólo a los educadores mismos sino a los jóvenes y sus familiares como actores implicados -y necesariamente activos- en la educación.
En este sentido, hay que garantizar esta cuestión en una expresión concreta en la ley, ya que si bien en el artículo 12, inciso e), se contempla el derecho de los estudiantes a toda forma de agremiación, tiene que incluirse un apartado sobre las instituciones educativas y su obligación de garantizar su desarrollo, y la posibilidad de expresión y acción en las escuelas, tal como lo plantearon los secundarios. Esto implica plantear y replantear algunas responsabilidades que los educadores y las instituciones tienen que tener en cuanto a otorgar garantías a los jóvenes, y no es posible un corrimiento de esta responsabilidad.


Por otra parte, estos procesos de reclamos han demostrado también una interpelación a algunas normativas y/o procedimientos instituidos en las escuelas que no favorecen la participación y no abordan los problemas, por ejemplo, la convivencia entre jóvenes y adultos en la escuela. Por este motivo, es necesaria la revisión de normas y criterios disciplinares, los procesos de conformación efectiva para la agremiación estudiantil y los espacios de participación de familiares de los jóvenes en el ámbito educativo, así como también garantizar, por ejemplo, espacios físicos en condiciones para poder llevar adelante la educación.


Es nuestra obligación y también nuestro derecho, como universitarios, constituirnos en actores activos en el marco de estas acciones y posicionarnos desde nuestras instituciones particulares, en mi caso la Escuela de Trabajo Social, porque se está hablando de educación y, en ese sentido, estamos dispuestos a acompañar a los jóvenes tal como lo hemos venido haciendo y se expresa en los encuentros de centros de estudiantes secundarios que llevamos adelante desde 2007, que hasta la fecha han reunido a más de 4.500 estudiantes, y esta propuesta, además, ha sido regionalizada en Córdoba y declarada de interés por este Cuerpo.


Respecto de la educación sexual integral, menciono dos cuestiones que también se debatieron en nuestra escuela. En primera instancia, comprendemos la educación sexual integral como un derecho humano ciudadano y, en este sentido, recuperamos lo que aporta la Ley 26.150 respecto de la educación sexual integral. Es evidente que es indispensable y necesario instalar la educación sexual como un contenido significativo en las instancias escolares, y algo que hay que profundizar en la ley.


Es fundamental para nosotros considerar las responsabilidades que le caben a la escuela como espacio social, cultural y público donde también se debate esta cuestión, porque en realidad los debates que instala la ley de educación sexual en las escuelas en Argentina abren un nuevo capítulo respecto de los derechos de la ciudadanía y las prácticas educativas, particularmente en lo que se refiere a la cuarta generación vinculados al conocer y decidir de mujeres y hombres en temas vinculados a salud sexual reproductiva.
Eso amerita debates y desafíos pero también alineamientos y posicionamientos de la escuela, y esta cuestión también plantea otras aristas de discusión cuando se trata de dar marco a la educación sexual en la escuela que conocemos y que requiere definir también los posicionamientos de aquellos actores que tienen que garantizar esta educación.


En tal sentido, vemos como un elemento clave la lectura de los contenidos que plantea la Ley 26.150, así como la necesidad de conceptualizar aspectos centrales para pensar la implementación y aplicabilidad de esta ley nacional articulada en el ámbito provincial.


Es necesario que en la reformulación de la norma provincial se recuperen elementos claves, como el debate de la misma convocatoria que plantea la ley nacional a incluir en los distintos niveles del sistema educativo la educación sexual, así como la inclusión que hace esta norma respecto de organizaciones, por ejemplo, de la sociedad civil.


Esto también requiere posicionarse en torno a la legitimidad de la ley y a su implementación, pero también nos plantea la necesidad de involucrarnos respecto de lo que significa para las personas recibir educación sexual como un elemento clave en su formación para la toma de decisión y el ejercicio de sus derechos reproductivos.


Esta cuestión se juega en los espacios sociales educativos, y la escuela, en primer término, aparece como una institución central en el medio social. El derecho a la educación sexual plantea un cruce entre diversas dimensiones de la ciudadanía, y es así que encontramos la importancia de incluirla en la normativa provincial. La educación en sí es un derecho social clave de los debates ciudadanos pero también del conocimiento para la decisión respecto de la vida sexual y reproductiva, los marcos relativos a los derechos humanos como un vértice clave que se ejerce en el sistema educativo; los debates y las luchas de género como un aspecto que también involucra a la educación sexual integral, para abordar la construcción de los derechos de los sujetos. Estos elementos son clave para incluir en una normativa y creo que es necesario profundizar. La ley nos plantea en relación a la educación sexual una expectación activa pero también múltiples apuestas y desafíos así como propuestas.


Creemos que acompañar el proceso de implementación de la ley nacional y su articulación con la provincial es un compromiso que nos acerca a estas luchas cotidianas por los derechos así como el análisis de las prácticas y representaciones en torno al tema.


Por otro lado, el debate de la educación sexual y su enclave en las aulas son parte también o cosecha de arduas luchas sociales feministas, del movimiento de mujeres que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos y esto es relevante porque involucra también un colectivo social que se expresa.


Por último, quiero señalar dos cosas: por un lado, reiterar el compromiso del sector universitario y en particular de la Escuela de Trabajo Social y del mío propio para reiterar la apuesta en relación con una educación pública, gratuita, laica, de excelencia, que se involucre con la realidad y con nuestra propia historia como ciudadanos y ciudadanas, donde la participación y la agremiación, así como el derecho a la educación sexual integral, tienen que incluirse como elementos claves en una reforma educativa.


Por último, quiero leerles un párrafo de la declaración de nuestra escuela, del Honorable Consejo Académico Consultivo que es el órgano de cogobierna a nuestra escuela que se expresa en la Resolución 86/10 que plantea: “Declarar a la Escuela de Trabajo Social en estado de institución movilizada en defensa de la educación pública, laica, gratuita que promueve la igualdad, y dar continuidad y profundizar las acciones relativas en este sentido.


Solicitar a la Legislatura provincial el aplazamiento del proyecto de ley 8313, participar activamente en la marcha convocada para el 28 del corriente en contra del proyecto de ley, hacer público el pronunciamiento de este Consejo y propiciar cambios de actividades para profundizar los estudios relativos al tema e invitar a los docentes a que dediquen tiempos prudenciales en sus clases al debate en torno al proyecto de la ley provincial”.


En ese marco es que se realizó el aula abierta del 28 de octubre, algunas de cuyas expresiones intenté exponer.


Nada más. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Feraudo).- Gracias por su aporte.


Convocamos ahora a Gaut Juan y a Robledo Ángel.

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Sr. Gaut.- Buenos días, mi nombre es Juan Manuel Gaut y soy director de Nivel Medio del Instituto Nuestra Señora del Pilar de la ciudad de Pilar.


Ángel Robledo no va a hablar en esta oportunidad; participará después.


En primer lugar, quería agradecer la posibilidad de participar expresando algunas reflexiones en torno al anteproyecto de ley desde mi condición de docente con años de experiencia como directivo en la escuela secundaria.


Hace ya varios años que venimos discutiendo y trabajado sobre la situación en la que se encuentra la educación secundaria en nuestro país y de manera particular en nuestra Provincia; incluso, hemos llevado adelante en nuestras instituciones algunas experiencias de innovación y cambios de orden metodológico y curricular que buscaban dar respuesta a los problemas más acuciantes del nivel.


A nuestro juicio, estos cambios fueron en número excesivo y poco profundos. Basta recordar que en el término de los últimos cinco años se implementaron dos reformas únicamente destinadas al Ciclo Básico Unificado.


En el estado de revisión del estado de situación de la escuela secundaria, los resultados que se obtuvieron a partir de los diagnósticos realizados pertinentemente y las problemáticas más graves, relevantes y recurrentes que pudieran ser identificadas, si bien pertenecen de manera específica a la escolarización del nivel medio, pienso que pueden hacerse extensivas a la consideración del resto de los niveles del sistema educativo, ya que las dificultades más importantes que se manifiestan en este nivel muchas veces tienen su origen en los anteriores y sus consecuencias impactarán indefectiblemente en el nivel superior.


La transferencia y aplicación de lo que pudo visualizarse de la realidad de la escuela secundaria hacia los otros niveles nos parece oportuna, sobre todo teniendo en cuenta que es a partir de esa mirada diagnóstica desde la cual se delinearán las políticas educativas que pretenden generar en la sociedad condiciones más justas e igualitarias para sus ciudadanos.


Sin miedo a equivocarnos, podemos señalar que hace más de 30 años que vienen desarrollándose en nuestro país procesos políticos, culturales, sociales y económicos que a su vez tuvieron una incidencia altísima en procesos que se generaron al interior del ámbito específico del sistema educativo y de las instituciones que lo conforman, dejándonos en la situación en la que hoy nos encontramos, con escuelas que se ven metamorfoseadas en su configuración tradicional, sobrexigidas y demandadas por la acuciante condición socio cultural y económica del entorno al que pertenecen, y desbordadas en el intento de dar respuesta a los problemas que aquejan a la sociedad y que repercuten en última instancia en la totalidad de la comunidad educativa.


Da la impresión de que en muy poco tiempo nos hemos acostumbrado, inexorablemente, al deterioro de las escuelas secundarias. Vivimos casi con naturalidad la baja calidad educativa que, paulatinamente, se acentúa en el nivel medio y resultan poco preocupantes –o, al menos, pasaron desapercibidas hasta estos últimos años- las dinámicas culturales e institucionales que marcan fuertemente el fracaso, la deserción y la exclusión del sistema educativo de adolescentes y jóvenes.


Tan es así que el desafío actual parece estar, no tanto en lograr la universalización de la escolarización a través de la extensión de su obligatoriedad, sí más bien en conseguir universalizar las condiciones necesarias que posibiliten el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje genuinos, significativos y relevantes para todos y cada uno de los estudiantes.


En la Ley de Educación nacional pueden encontrarse consignadas algunas nociones fundamentales que sirvieron de guía a la puesta en consideración y discusión de los elementos que componen y configuran la realidad de la educación secundaria en la Argentina. Estos conceptos básicos están también presentes en la actual propuesta de reforma de la ley de educación provincial, dándole una tónica particular.


Por ello mismo, podemos destacarlos de manera esquemática, dejándolos expresados como principios o criterios a tener en cuenta al momento de pensar y diseñar políticas públicas en materia educativa para el futuro inmediato y mediato.


En primer lugar, existe la clara conciencia de la necesidad de que el Estado, tanto provincial como nacional, avance en su capacidad de dotar al sistema educativo de una finalidad fundamental en la dirección de lograr constituir una escuela con inclusión y calidad para todos. A esto se le añade la pretensión de recomponer la autoridad pedagógica en sus distintos niveles y ámbitos, tanto para el sistema educativo en su conjunto como para cada una de las instituciones escolares y para los docentes en particular.


Esta recomposición del vínculo pedagógico exige, necesariamente, plantear al mismo tiempo un cambio en el modelo de institucionalidad escolar, un modelo escolar inclusivo, junto a la construcción de una nueva profesionalidad docente.


Finalmente, advertimos el reconocimiento de que la necesidad de pensar y de diseñar nuevas estrategias, líneas de acción e instrumentos que puedan mejorar la calidad y las oportunidades de la propuesta del sistema educativo implica, además, admitir la siguiente especie de paradoja: si no se realiza una inversión importante y significativa de los recursos materiales y humanos, lo que estamos haciendo en realidad es dilapidar los recursos existentes.


Estos tres ejes señalados apuntan a transformar las instituciones educativas en la dirección de un modelo institucional participativo, inclusivo, democrático y abierto a la comunidad. Este tipo de modelo institucional requiere de las mismas comunidades educativas y de sus equipos de conducción una gestión capaz de generar estrategias que permitan a las escuelas realizar un seguimiento de la trayectoria escolar de los alumnos con la finalidad de planificar las estrategias de retención de los mismos para lograr un aprendizaje satisfactorio.


Esta expectativa asignada a la escuela, que debe transformarse y resignificarse, también tiene que tener en cuenta en cada caso las diferencias presentes en la experiencia escolar de nuestros alumnos en lo que respecta a sus capacidades para el aprendizaje y a sus capacidades para participar del proceso educativo formal.


Esto quiere decir que, en la actualidad, la escuela tiene la doble tarea de aprender de manera preponderante, tanto el aspecto académico-curricular de la educación como también su componente socializador.


Por lo tanto, las instituciones educativas deben ser capaces de propiciar entre los agentes de educación espacios de reflexión acerca de cómo es y quién es el sujeto que protagoniza los aprendizajes propuestos en las escuelas y sobre las prácticas y dinámicas de permanencia de los mismos para el cursado en el nivel secundario.


En la misma línea de lo que venimos planteando hasta aquí, podemos recordar que ya en 2008 el Ministerio de Educación de la Nación se proponía algunos objetivos estratégicos para la política educativa con la intención de que la transformación del sistema educativo no quedase reducida específicamente al ámbito del diseño curricular.


Es por eso que junto al mencionado cambio del modelo institucional en las escuelas, se pretende llegar a consolidar las condiciones que favorezcan el desarrollo profesional de los docentes. En este punto pensamos que resulta indispensable trabajar de manera aún más decidida en la mejora de la formación inicial de los mismos, en su capacitación y actualización y en la designación de maestros y profesores por cargos, de modo tal que, tanto el incremento de la permanencia de los docentes en las escuelas y su adecuada formación, incidan fuertemente en la elevación de la calidad educativa del sistema provincial.
Además, es preciso tener en cuenta que los aspectos que mencionábamos –que juegan un papel importantísimo en la reconstrucción de la autoridad pedagógica de los docentes- se complementen con el fortalecimiento y desarrollo de los equipos de conducción, de modo específico con lo que ese refiere a un modelo de gestión institucional y comunitaria, que propicie la transformación de las escuelas basado en una corresponsabilidad de la gestión por parte de todos los agentes involucrados, en la participación activa de las familias y en la preocupación de las comunidades educativas por la mejora de las condiciones sociales de aprendizaje.


De lo que se trata actualmente en la Argentina -y de modo particular en la Provincia de Córdoba, ante esta instancia de reforma educativa- es de comprender que un cambio en las leyes que dan marco normativo a la educación, implica mucho más que un dibujo de un programa escolar.


La sanción de una ley que oriente y dirija en el ámbito provincial la política pública en materia de educación para los próximos años, significa de modo propio la participación comprometida y responsable en el proceso de construcción de una ciudadanía más justa, más solidaria y más inclusiva.


Nos hace falta un sistema educativo que pueda garantizar las condiciones necesarias para el acceso, la permanencia y el egreso de todos los estudiantes; es preciso que todos nuestros niños, adolescentes y jóvenes se conviertan en estudiantes que integren un sistema que tienda a ir con mayor fuerza hacia la consecución de la igualdad, de la calidad en la enseñanza y el aprendizaje.


No debe perderse de vista que una sociedad justa y solidaria se forma si es que, primeramente y en la actualidad, trabajamos para construir entre todos una escuela más justa y más solidaria.


Las instituciones escolares deben ir adquiriendo con el paso del tiempo una mayor capacidad para valorar la diversidad y atender las necesidades concretas de los niños y de los jóvenes.


Por eso es de vital importancia -ante la situación que nos convoca a debatir y a construir acuerdos sobre el futuro de la escuela y la educación- comprender que tanto una como otra formarán parte del desarrollo de la justicia social sólo si nos preocupamos por realizar una distribución equitativa de los bienes públicos que conforman el sistema educativo provincial.


No constituye ningún misterio el hecho de que el sistema educativo provincial conserva en su interior fuertes desigualdades de oportunidades de aprendizajes; esto responde, en gran medida y en muchos casos, a la disposición y distribución desigual de los recursos.


Es preciso tener en cuenta que resulta imposible que exista la distribución equitativa sin justicia; esto exige de nosotros abandonar la peligrosa idea de que trabajamos en pos de una mayor equidad si es que nos encontramos dedicados a repartir los recursos a todos por igual.


Debemos asumir el desafío de cambiar de mentalidad y de práctica, dejar de lado la dádiva y comenzar la tarea –tantos años postergada- de dar a cada quien lo que necesita; de otra manera, seguiríamos sosteniendo un perverso sistema que reproduzca las desigualdades presentes en el origen social y cultural de aquellos que acceden a la escolarización.


Por todo esto me permito expresar –y este es el pedido a los legisladores- que creo firmemente que la futura Ley de Educación provincial debería incluir, además del acrecentamiento del financiamiento con que el Gobierno provincial sostiene este sector, la actualización y renovación significativa de la planta funcional de las instituciones educativas en todos sus niveles y la creación de los nuevos cargos que con sus roles y funciones permitan la adecuación del modelo institucional y de gestión que nuestras escuelas están requiriendo en la actualidad para dar una respuesta significativa a las demandas de la sociedad desde una transformada identidad escolar.
Actualmente ya no es suficiente compensar las desigualdades desde la elaboración de programas socioeducativos. El desafío es garantizar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje para todos los alumnos.


Muchas gracias. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Feraudo).- Tiene la palabra la señora María Cristina Córdoba.
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Sra. Córdoba.- Buenos días.


Mi nombre es María Cristina Córdoba, soy parte de la Coordinadora de Padres, madre de un alumno de la Escuela Normal Alejandro Carbó, madre de un alumno de la Escuela Superior Manuel Belgrano, y madre de un estudiante de la Facultad de Filosofía.


He transcurrido toda mi instrucción escolar en la escuela pública, lo que me hace partícipe de esta educación luego de haber padecido su proceso, y aún así la continúo defendiendo porque la escuela pública es el mayor ámbito de pluralidad y diversidad, produciendo una mayor integridad en sus alumnos.


Es una escuela maltratada, abandonada, con edificios derruidos, como se lo pudo notar a través de noticieros a partir de septiembre del corriente año. A esta imagen espeluznante la podemos trasladar perfectamente a la educación en general, la política educativa, las horas cátedra sin profesores, materias de poco contenido curricular y escuelas integrales no adaptadas a los alumnos que deberían ser integrados.


Por ello, en septiembre los alumnos tomaron el bastión de la educación y lo hicieron su lucha, porque son ellos quienes en el día a día vienen sorteando los avatares de esta política educativa que deciden sea de inclusión pero en la práctica es de exclusión; estos jóvenes que llegaron a la medida extrema de tomar los colegios, mientras que algunos ministros y el propio Gobernador, junto a la prensa, minimizaron los hechos expresando que no compartían la metodología de los estudiantes.


Hace más de veinte años que la comunidad educativa está reclamando mayor presupuesto, mejoras salariales para docentes, mejoras edilicias, sin tener respuestas. Estos jóvenes tuvieron que marchar, cortar calles, hacer intervenciones, tomar escuelas, y seguían sin ser escuchados.


Señoras y señores, ¿creen verdaderamente que esta sociedad en su totalidad está dormida, que estos niños y jóvenes estudiantes adolescentes no tienen mejor cosa que “jugar a ser legisladores”, como los calificó la prensa y algunos funcionarios? Otros ciudadanos “tinellizados” y saturados por Cadena 3 no entendían lo que ellos reclamaban.


Estos jóvenes son la brisa nueva de una primavera ciudadana que impregna de conciencia cívica, protagonismo, igualdad, solidaridad, inclusión y hasta soberanía. Esta brisa entró por muchas ventanas ansiosas de aire fresco, movilizando a muchos actores cansados de ver la misma puesta en escena. Por ello, dijimos que hay que luchar como ciudadanos por la defensa de la educación, ese icono ancestral que nos distinguió como cordobeses, como Córdoba “la docta” y, a pesar de las pobres políticas educativas durante décadas, todavía se mantiene en pie a partir de nuestra lucha.


Se dice que estuvieron elaborando durante un año y medio un anteproyecto que no fue consultado a las bases, quienes sufrían día a día la miseria de este sistema. Como dijo el Ministro de Educación, Walter Grahovac, en su alocución el día que fue presentado el anteproyecto ante la Comisión de Política Educativa, que no iba a contemplar la participación de alumnos y padres, ya que no estaban debidamente institucionalizados.


¿Será por eso que no se los convocó? ¡Cómo se equivocaron! Los subestimaron, no los escucharon, no les prestaron atención. No pudieron hacer una lectura política de la situación y siguen sordos y ciegos, no divisan si ya no pueden hacer otra Ley de Bosques porque la sociedad, los tiempos y el mundo están cambiando. Las viejas metodologías democráticas ya no van más, no queremos más “manos de yeso”.


La comunidad educativa está cansada de promesas, de obras que nunca llegan, de promesas de aumento del presupuesto que no existe, de la mercantilización de la educación. En los 90 fue el cierre de las escuelas técnicas; hoy y en el 2011 están en riesgo las escuelas de arte.


Señoras y señores: veo representantes que no representan; veo que este proyecto va a en contra de la tradición de una escuela pública, gratuita y laica; veo un proyecto que no avanza en la calidad educativa; veo que el proyecto adolece de innumerables contradicciones y ambigüedades, veo que favorece la mercantilización de la educación; veo que la reglamentación para poner en práctica este proyecto no se ha dado a conocer; veo que cuatro horas o dos semanas para discutir este proyecto no fueron suficientes, es más, fue una burla, un menosprecio que se hizo hacia educandos y educadores; veo que al no haber hecho partícipes a las bases, es decir, a la comunidad educativa, carece de total legitimidad; veo una urgencia desesperada de aprobar un proyecto de ley, mientras que estudiantes, docentes y padres se proponen discutir y construir pacientemente. Entonces ¿por qué tanta urgencia?, si el pueblo cordobés, al cual ustedes, supuestamente, representan, no los está apurando.


Propongo que tanto la Comisión de Educación como los legisladores se expidan en contra del mecanismo de elaboración de este anteproyecto de ley, así como no lo avaló el Consejo Superior de la U.N.C. ni la Universidad Católica de Córdoba -por intermedio de su rector, que hoy pone en duda artículos que fueron consensuados durante un año y medio-, tal vez porque se dieron cuenta de que no fueron consultados los actores principales. Y, en consecuencia, que sea trabajado de manera democrática y participativa por todos los actores sociales interesados en el futuro de nuestra educación. De lo contrario, nosotros –los utópicos, los soñadores, los delirantes-, así como nos han nombrado quienes quieren descalificarnos- organizados vamos a seguir sembrando la defensa del derecho a la educación, porque sabemos por experiencia que el camino más largo es éste, pero también el único para pensar en el futuro de las bases y que la necesidad es la del presente: es en una educación que respete la diferencia y la pluralidad, y dejar en claro que lo hacemos por el amor a estas convicciones, por el amor a nuestros hijos y compañeros que viven lo educativo hoy, por amor hacia los que lucharon por la educación y, sobre todo, pensando en los que vendrán.


Ustedes, nuestros representantes, son quienes tienen que defender el derecho a la educación y no al servicio, es fundamental que -dado este proceso donde es importante el número de actores sociales sumados a este reclamo- se elabore una nueva ley que contemple todas las garantías y derechos educativos de los ciudadanos, incluyendo las bases, alumnos y padres, que impulse un verdadero trabajo colectivo y legítimo, un producto constituido por todos y todas, y para garantizar los derechos ciudadanos y que sea elaborada y consensuada durante el año 2011, por la construcción de una verdadera democracia participativa.


Nada más. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Feraudo).- Muchas gracias por tu aporte.


Le damos la palabra a la señora Juana Druetta.

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Sra. Druetta.- En primer lugar, deseo dar las gracias por la invitación.


Soy miembro de la Comunidad Sorda de la Provincia de Córdoba y vicepresidente de la Federación internacional de Intérpretes.


Estamos trabajando con el Centro de Recursos Especializados para Personas Sordas y con la Oficina de Inclusión Educativa de la Universidad Nacional de Córdoba. Además, vengo en representación de la Confederación Argentina de Sordos, que es una organización no gubernamental.


Voy a hacer referencia no solamente en la cuestión legal sino en la vida de las personas sordas. El artículo 3º de este proyecto de ley hace referencia a que la educación pública tiene que garantizar la integración de las personas y debe estar exenta de dogmatismos. Eso es lo que tradicionalmente ha sucedido con la educación de las personas sordas.


Por oralismo entendemos una metodología de enseñanza para las personas sordas mediante la cual se va mejorando su expresión a fin de que puedan insertarse correctamente dentro de la sociedad. La idea de no dogmatismo no se cumple ya que todavía está presente el oralismo, que es un dogmatismo dentro de la Provincia de Córdoba.


Voy a hablar de los niños sordos porque la educación comienza con los niños. Yo asistí a una escuela oralista en Córdoba, lo que no me resultó fácil y me significó un sufrimiento. Soy una persona sorda de nacimiento, con madre y padre sordos, y tengo tres hermanos sordos, además de una sobrina en la misma condición. En mi casa eran todos sordos. Era una familia común, nos desarrollábamos como todos ustedes, no teníamos nada especial. Gracias a mi familia y a las asociaciones de sordos de Córdoba aprendí a vivir; fueron éstos últimos quienes me enseñaron a leer y escribir.


Fui alumno de una escuela oralista, pero no terminé en esa escuela sino en una común, ya que en la escuela oralista no me enseñaban a “aprender”; solamente me enseñaban a “repetir” palabras o, mejor dicho, vocales, razón por la cual tuve que asistir a una escuela común a fin de poder capitalizar los contenidos educativos. Al respecto, es muy importante que esta ley tenga en cuenta todo esto a fin de que se puedan formar verdaderos ciudadanos.


El artículo 4º, inciso b), dice que se dará libertad a los ciudadanos.


A veces, la lengua de seña tiene diferente sintaxis porque es un idioma distinto a las lenguas orales. Esto despierta mucha discusión porque el tema de la educación especial no habla específicamente sobre cada una de las personas como discapacitadas; los sordos no nos vemos a nosotros mismos como discapacitados, somos una minoría lingüística y cultural, porque la lengua de señas es un idioma que nos permite formarnos cognitiva y socialmente.


En este artículo 4º, que habla de la libertad, la valoración y la preservación del patrimonio cultural, no está puesta la cuestión lingüística porque se piensa sólo en el ciudadano. También es importante la valoración con relación al patrimonio lingüístico y cultural de las minorías culturales.


Hay un artículo que habla de la cuestión bilingüe, pero siempre se refiere a las cuestiones aborígenes. Pensemos en otras minorías: los inmigrantes que llegan a nuestro país, los gitanos que están aquí; todos ellos son minorías lingüísticas culturales; cada uno de ellos tiene su patrimonio y no se lo está viendo reflejado en esta ley.


También es importante que en el artículo 4º, inciso g), que habla sobre los fines y dice: “La formación que hay que respetar y valorar”, figuren todas las diversidades lingüísticas y culturales de los pueblos originarios.


Mi propuesta es agregar también a las otras minorías lingüísticas y culturales como nosotros, las personas sordas.


En el artículo 5º se habla sobre garantizar el derecho a la educación, garantizar las posibilidades de recibir un servicio como la educación, pensada para todos los ciudadanos en general, vista como “igualdad de oportunidades”. ¿Qué quiere decir igualdad de oportunidades? Yo, como persona sorda, en este momento estoy estudiando una carrera terciaria, en el Instituto Cabred. La Provincia, en aproximadamente 10 años, nunca me dio garantía para que pudiera entrar a ese instituto; luché para poder entrar, entré por mi ambición personal; porque si ustedes quieren estudiar es su derecho, ¿no es cierto?, pero la Provincia a mí no me permitía entrar. Luché y, finalmente, la Justicia me concedió un recurso de amparo para poder ingresar al Cabred; entonces: “gané la batalla”, pero no se terminó porque todavía sigo estudiando, estoy terminando.


¿Qué significa que la Provincia “garantiza”? Es pensarme a mí también como un ciudadano común, igual a los demás, que terminé la primaria, terminé la secundaria en una escuela de oyentes y estoy yendo al terciario. No solamente está la cuestión del ingreso sino que también necesito “servicios”, como dice la ley.
¿Cuáles son los servicios que necesitamos? Por ejemplo, un intérprete. Va a hacer 7 años que estoy en el Instituto Cabred y la Provincia no me ha dado el servicio de intérprete dentro de la institución. Esa es la forma de pensar el futuro docente, pero se está pensando distinto, porque ahí se forman docentes para personas ciegas, con discapacidades motrices, no se está viendo eso. Yo pedí eso en reiteradas oportunidades y nunca se cumplió, por lo que tuve que llamar en forma voluntaria a mis intérpretes. Este es el servicio que “garantiza” la Provincia.


El artículo 7º habla sobre los derechos y deberes de los docentes. Con relación a esto, estaba pensando el futuro, porque yo voy a ser un futuro docente, y ahí dice que se puede ingresar a la educación especial. En la educación especial no se permite el ingreso ni que reciban personas que son consideradas con discapacidad. Debe modificarse ese punto de vista y pensar en incorporar en ese artículo que todas las personas tengan realmente el derecho a ser docentes; mi vocación es esa y espero que se pueda cumplir ese objetivo.


El artículo 12, inciso b), dice que hay que recibir una enseñanza conciente del valor e interés, que posibilite el aprendizaje, que atienda a las características individuales, sociales y culturales. Entonces, les pido que aquí incorporen “culturales y lingüísticas” porque hay variedad de lenguas como la de la comunidad sorda, la gitana y otras de países limítrofes. Esto es atender a la diversidad lingüística cultural.


El articulo 13 habla de las diferentes instituciones educativas. Todas las instituciones educativas deben respetar el derecho de las personas con discapacidades que quieren ingresar a estudiar, eso significa cumplir la obligación que tiene cada uno en su trabajo.


En el artículo 16, incisos b) a d), deben ver el desarrollo de políticas educativas de igualdad. Estoy hablando sobre la no estigmatización, la no discriminación porque eso afecta el derecho de los educandos. También incorporar en este artículo el entorno cultural; la Ley nacional 26.206, en los artículos 53 y 54, habla justamente de la educación bilingüe y cultural. En esa ley está clarísimo y perfecto, define cada uno de los diferentes roles y habla de qué se trata la educación bilingüe; pero en la ley de la Provincia no está claro desde el punto de vista de quiénes son los que realmente necesitan educación bilingüe; me estoy refiriendo a las diferentes comunidades, no sólo a la sorda sino que todas y cada una de ella tiene sus particularidades.


En relación a la educación bilingüe, otro ejemplo, son las comunidades aborígenes; hay que contemplar a esas comunidades y observar esto de: “y otras comunidades”.


Estuve trabajando no solamente en Córdoba-Argentina; y les voy a entregar el documento para que lean y vean que la comunidad sorda no está trabajando sola. Como les comenté, estoy trabajando a nivel mundial en la Asociación de Sordos Intérpretes; esa federación tiene vínculo directo con Naciones Unidas y yo trabajo muy cerca de ella; pues bien, en diferentes convenciones, declaraciones y derechos sobre las personas llegamos al mismo acuerdo: “lo principal es la lengua de señas”.


Hace poco tiempo mandé por mail a la presidenta de la comisión y a algunos de ustedes que conozco, también a Delia Provinciali de la Comisión de Políticas Educativas, copia de todos los puntos más importantes que aquí les presento; también estamos trabajando en conjunto con la Universidad Nacional de Córdoba, la rectora está al tanto de este trabajo, y es lo que proponemos para esta ley.


Sé que es difícil no pensar en las personas sordas como “pobre, son discapacitados y están destinados a la educación especial”, son discapacitados y están destinados a la educación especial”, sino q

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CONTINUACIÓN PARTE 2 SEGUNDA AUDIENCIA PÚBLICA EN LEGISLATURA DE CÓRDOBA
Por Asamblea ECI- Colectivo Indymedia Córdoba - Tuesday, Dec. 07, 2010 at 9:41 PM

Sé que es difícil no pensar en las personas sordas como “pobre, son discapacitados y están destinados a la educación especial”, son discapacitados y están destinados a la educación especial”, sino que hay que abrir, ampliar. Sé que es posible y sé que las personas sordas podemos; también sé que hay personas como, por ejemplo, sordo-ciegas o que tienen problemas mentales o personas sordas con problemas físicos, pero hay que abrir y apuntar a lo realmente importante: ver cómo vamos a educar; y no solamente el oralismo que hasta el día de hoy sigue siendo un dogmatismo que nos está llevando a los sordos a no terminar ni siquiera la primaria y cuando se logra es recién a los 20 años. Esto no nos asegura el secundario y mucho menos el terciario o la universidad.


El campo laboral: ¿de quién es? En el campo laboral no hay opción para la persona sorda; terminan siendo pensionados, cobran 700 pesos; trabajan en servicio de limpieza; entonces, ¿dónde están los derechos?


Muchas gracias por su tiempo. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Feraudo).- Muchas gracias por su presencia y aporte. Asimismo le agradecemos a la intérprete porque su labor fue de gran colaboración para todos nosotros.


Continuamos con el doctor Silvio Pedro Montini, presidente del Congreso Pedagógico Nacional en 1988.


Muchas gracias por su presencia.

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Sr. Montini.- Buenos días.


Hace muchos años, cuando nuestros hijos aún no eran niños de escuela primaria, con mi esposa entendimos que debíamos involucrarnos en aquella convocatoria que se hizo en aquel momento, por lo cual llegamos a presidir el Congreso Pedagógico Nacional.


Desde esa perspectiva quiero decirles a los señores legisladores que les agradezco la oportunidad que nos dan para venir, como simples ciudadanos, a expresar nuestra opinión sobre este proyecto que está en debate.


Quiero señalar que, después de la Constitución, la Ley de Educación es, sin lugar a dudas, la norma más importante para la vida social, no sólo porque sienta las bases para el sistema educativo –lo que en sí mismo es importante– sino principalmente porque con ella la Provincia diseña lo que quiere para su futuro, los objetivos que se propone alcanzar. De ahí, señores legisladores, la trascendencia de la tarea que les ha propuesto el Poder Ejecutivo y que la sociedad cordobesa confió a ustedes.
En consecuencia, estamos ante una oportunidad que se debe valorar debidamente.
El proyecto en análisis expresa los consensos logrados después de muchas jornadas de arduo trabajo y de profundas y serias discusiones. En Educación no se improvisa. Leyendo el texto propuesto se puede estar de acuerdo o no, pero se advierte que no hay improvisación, lo que es un mérito significativo.
Existen muchos puntos que, por su importancia, merecen ser objeto de especial análisis; sólo consideraré tres de ellos que hacen a la esencia de la libertad de educación.
En primer lugar, quiero referirme al papel de la familia: la Constitución provincial reconoce a la familia como agente natural y primario de educación. Por eso parece ilustrativo recordar que, para fundamentar ese derecho, en la Convención Constituyente de 1987 se dijo que si la familia no favorece y promueve una actitud sanamente crítica frente a los acontecimientos de la vida concreta, los hijos son modelados por las pautas sociales predominantes y, en muchos casos, piensan, juzgan y obran de acuerdo con criterios de la sociedad, cuyo interés no está puesto en el ser sino en el tener o en el consumir.


La familia es el santuario de la vida plena, en que la persona puede y debe desarrollarse en todas sus dimensiones. Es cierto que muchas veces no asume –o lo hace deficientemente– esa responsabilidad, pero no por ello se debe castigar a las familias que sí lo hacen. Por eso, la familia debe tener un asiento en el Consejo de Políticas Educativas, evitando cualquier intento de politización de su participación. Así como se posibilitó –como corresponde– que participen otros actores de la educación, no pueden estar ausentes aquellos que la propia Constitución reconoce como sus agentes naturales y primarios.


Además, no puede entenderse que a los estudiantes más avanzados –que, por un lado, como conviene que suceda, se les dará participación– se les impida, por otro, participar en las primeras etapas de su vida con el solo argumento de que a esa participación corresponde a sus padres.


Respecto de la educación de gestión privada, se expresó en la Convención Provincial Constituyente que sancionó la Constitución vigente: “La existencia de un significativo sector educativo, creado por credos, personas, asociaciones y municipios, es la manera concreta de asegurar el ejercicio de distintas opciones a que todo hombre tiene derecho en razón de su inalienable libertad, sin que ello pueda entenderse como retaceo a la atribución, la función y el deber que tiene el Estado en esta materia”.


Sin embargo, aunque esté consagrada en la Constitución, la libertad de enseñanza no existe si los padres que optan por una determinada educación para sus hijos son discriminados por ese hecho, al tener que hacerse cargo de gastos educativos que ya atendieron al pagar sus impuestos. Por ello, siempre que la escuela no persiga fines de lucro, el Estado debe atender todo el gasto de la escuela de gestión privada, y no sólo –como hace ahora, y no en todos los casos– el relativo al salario docente.


Asimismo, se dijo en la Convención Constituyente de 1987: “...de lo contrario, se establece el principio discriminatorio de que el padre que opta por la escuela privada debe pagar los impuestos y, además, sostener la escuela de sus hijos”. Esto resulta especialmente significativo cuando se advierte que, a través de la ANSES, el Gobierno nacional, al ampliar gravemente esa discriminación económica, transita exactamente el camino inverso, y los padres que optan por una escuela de gestión privada terminan viendo amenazado, por esa sola razón, su derecho a la Asignación Universal por Hijo, cuando su realidad familiar y laboral les da derecho a obtenerla. Lo mismo sucede respecto del reparto de computadoras y de otros beneficios.


Con relación al análisis de las particularidades de la educación de gestión privada, debo destacar que corresponde adherir a la sugerencia hecha por el señor Gobernador de la Provincia, en oportunidad de la elevación del proyecto a esta Legislatura, en el sentido que la ley debe contemplar –cosa que no hace el proyecto en análisis– que la máxima autoridad de la escuela de gestión privada es el representante legal, en tanto que el director es su autoridad pedagógica.


Respecto de la enseñanza religiosa en las escuelas, una cuestión que originó discusiones sobre el proyecto en análisis fue la inclusión del derecho de los padres a que sus hijos reciban en la escuela estatal educación religiosa o moral, según sus convicciones, sin perjuicio que el texto de la Ley 8113, similar pero menos precisa que la que ahora se propone, no originó discrepancias en todo el tiempo de su vigencia; lo cierto y real es que cumplir lo que disponen la Constitución nacional, la provincial y los pactos internacionales incorporados a la primera nunca puede ser ni es discriminatorio.


Oponerse al texto propuesto implica desconocer esas normas superiores y constituye una incoherencia en un Estado que asegura los beneficios de la libertad para todos los hombres, a la vez que reconoce a Dios como fuente de toda razón y justicia. Hablar de inconstitucionalidad de ese derecho es jurídicamente insostenible, porque implica desconocer aquellas normas de la Constitución nacional y los pactos incorporados a ella. Pero, además, el planteo es ilógico porque supone un dogmatismo que la propia Carta Magna provincial condena, querer imponer el laicismo a quienes tenemos convicciones religiosas es precisamente el dogmatismo que la Constitución procura evitar al asegurar que la educación religiosa debe impartirse, o no, según las propias convicciones de quienes la piden.


Señores legisladores: existen en el proyecto otros puntos dignos de consideración, me limité al análisis de los que anteceden para respetar el tiempo asignado y porque los tres revisten particular interés en función de la libertad de enseñanza.


La libertad de enseñanza es la preocupación que nos llevó a mi esposa y a mí a involucrarnos en la educación de nuestros hijos y ahora de nuestros nietos. Mientras avanzamos en el camino de consolidar el efectivo ejercicio de las garantías constitucionales démosle a la familia el lugar que la Constitución provincial le reconoce y no permitamos que la libertad de educar sea retaceada a las futuras generaciones con discriminaciones que el sistema legal argentino no tolera, o bien adscribiendo a dogmatismos que la Constitución provincial expresamente se propone evitar.


Muchas gracias. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Feraudo).- Muchas gracias por su aporte.


Convocamos a Osvaldo Pereyra, de la Asociación de Celíacos; muchas gracias por su presencia.

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Sr. Pereyra.- Mi nombre es Osvaldo Leandro Pereyra y pertenezco a la Asociación Argentina de Celíacos, Delegación Córdoba.


En nombre de la asociación agradecemos habernos permitido participar en este proyecto, pedimos hacerlo aunque pareciera que no corresponde que la enfermedad celíaca esté dentro de la Ley de Educación, sin embargo, no debemos olvidar que el celíaco se encuentra en todos los niveles de la educación, desde la guardería a la Universidad.


Quiero hacerles conocer, brevemente, qué es la celíaquía; yendo a la esencia de lo que constituye nuestra razón de ser como entidad, corresponde definirla también como enteropatía por gluten y es la intolerancia total o permanente a determinadas proteínas llamadas prolaminas que están activas en el trigo, la avena, la cebada y el centeno, cereales muy comunes en la dieta de los argentinos. Su ingesta provoca una severa lesión en la mucosa del intestino delgado, más precisamente en sus vellosidades, no permitiéndole la correcta absorción de nutrientes produciendo lo que se denomina síndrome de mala absorción y como consecuencia de ello se origina, entre otras cosas, la desnutrición severa.


Es una enfermedad de condición genética, se nace con la predisposición a padecerla; no se manifiesta clínicamente y puede llevar a movilizar mecanismos de autoinmunidad capaces de fabricar anticuerpos contra partes del mismo cuerpo. Es correcto decir que se trata de una patología intestinal crónica causada por una falla enzimática que provoca la intolerancia a una proteína llamada “gliadina”, que junto con la “glutamina” forman el gluten, que es una proteína compleja que da elasticidad a la masa de panes y pastas.


El tipo de prolaminas tóxicas para el celíaco va a depender del cereal y de la concentración de las mismas: la del trigo es la gliadina; de la avena, la aveína, de cebada, la hordeína y de centeno la secaína.


La sintomatología puede ser variable y a veces poco llamativa, por eso el diagnóstico puede ser tardío o no llega a efectuarse; el niño suele presentar diarrea crónica, vómitos, distensión abdominal, pérdida de peso, escasa estatura, descalcificación, falta de masa muscular, cabellos y piel seca, inapetencia, mal carácter y heces fétidas; en adolescentes: dolor abdominal, falta de ánimo, rechazo a la actividad deportiva, retraso en el ciclo menstrual; en adultos: descalcificación, diarreas, desnutrición y abortos espontáneos. El diagnóstico se realiza mediante análisis de sangre y biopsia a nivel intestinal.


En estudios poblacionales realizados en nuestra región indican una incidencia cercana a 1 cada 140 personas. Por este motivo, la Asociación Argentina de Celíacos, Delegación Córdoba venimos a los efectos de realizar nuestro aporte al proyecto de ley 6480/E/10 para que en el mismo se tenga en cuenta en la Ley Nacional 26.588 y se haga suyo el artículo 11, en el párrafo que dice: “El Ministro de Salud en coordinación con el Ministerio de Educación debe desarrollar programas de difusión en los ámbitos educativos con el objeto de promover la concientización sobre la celiaquía con los organismos públicos nacionales competentes, proveer medidas de incentivos para el acceso a los alimentos libres de gluten”. Tomando el artículo de la misma Ley Nacional 26.588 “Invítase a las Provincias a adherir a la presente ley”.


Les agradezco la atención. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Feraudo).- Si les parece bien vamos a hacer un intervalo de 40 minutos pero si alguien tiene apuro lo podemos escuchar ahora.


Muchas gracias por la presencia de todos ustedes.

-Es la hora 13 y 43.
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-Siendo la hora 14 y 40:

Sra. Presidenta (Feraudo).- Reanudamos la Audiencia Pública.


Tiene la palabra el ingeniero José Sánchez, de FAMAF.

Sr. Sánchez.- Buenas tardes.


No soy de FAMAF, sino de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Soy docente de la Facultad y de la Comisión de Enlace con ADIUC, que de alguna manera está dentro de la parte gremial docente de la Universidad Nacional de Córdoba.


Voy a hablar de un solo punto, el relativo al artículo 7°, inciso f) del proyecto de ley, que dice que todos los docentes –siguiendo la línea de la Ley nacional 11.206- estatales y privados tienen derecho al mantenimiento de la estabilidad en el cargo en tanto su desempeño sea satisfactorio, de conformidad con las normativas provincial y nacional vigentes.


Con respecto a esto, la rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, ya sea por ignorancia o malicia, ha dicho que los docentes privados adquieren estabilidad. Esto es falso y engañoso, y no es que se atribuya el engaño al proyecto de ley sino que este engaño viene ya de la Ley de Educación nacional 26.206.


¿Por qué esta ley es engañosa y mentirosa, simulando establecer derechos humanos para los docentes cuando no es así? Veamos lo que dice la citada ley, en su artículo 67: los docentes de todo el sistema educativo tendrán los siguientes derechos y obligaciones, sin perjuicio de lo que establezcan las negociaciones colectivas y la legislación laboral. El inciso f) establece que gozarán de estabilidad en el cargo en tanto su desempeño sea satisfactorio de conformidad con la normativa vigente. O sea que lo que establece el proyecto de ley provincial es similar a lo que establece la ley nacional. Esta estabilidad –dice- tiene que estar de conformidad con la normativa vigente.


Ahora, ¿cuál es la normativa vigente? A mi parecer, la normativa vigente es la Ley 13.047, que es el Estatuto para el Personal de los Establecimientos Privados de Enseñanza –del año ’47, con lo que quiero decir que no hay nada nuevo bajo el sol- cuyo artículo 13 establece que los docentes podrán ser removidos sin causa ni preaviso, por causas de inconducta, mal desempeño, etcétera. El artículo siguiente habla de la indemnización. En definitiva, el derecho a la estabilidad es lo que los abogados suelen llamar “estabilidad impropia”, es decir, el derecho a que si son despedidos sin causa sean indemnizados.


Quiero aclarar y dejar absoluta constancia de que se ha dispuesto esto maliciosamente desde el Gobierno nacional en 2006. Para ello voy a citar párrafo expresado por el senador Urquía en la sesión del 6 de diciembre de 2006: “Debemos reconocer la invalorable colaboración de la vicepresidenta de la Comisión de Educación de este Cuerpo y del Ministro de Educación, quienes coinciden en afirmar que el artículo 67, específicamente en los incisos f) y k), comprenden únicamente a los docentes de las instituciones de gestión pública”. Es decir, se ha puesto la palabra “estabilidad” como un engaño, como una ilusión, pero en realidad los docentes pueden ser dañados en su dignidad o ser echados sin causa.
Sin embargo, no basta con lo que dijo el senador Urquía. Quiero mostrar lo que dice la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires, donde se vislumbra lo mismo que acabo de mencionar. La Ley 13.688, en su artículo 93, establece los derechos de los docentes a la estabilidad en el cargo en tanto su desempeño sea satisfactorio, de conformidad con la normativa vigente para la relación de empleo público y privado y la presente ley. En este punto, se está aludiendo al derecho de estabilidad impropia, no al derecho de estabilidad propia, porque para ser despedido con causa debe haber un sumario previo, como recordamos que ya estaba en el Estatuto del año ’47.
En conclusión, el docente privado no tiene ningún derecho nuevo, como equivocadamente expresa la Rectora Scotto, particularmente, no tiene derecho a la estabilidad.
Veamos algunas cosas más para reafirmar lo que estoy diciendo. En primer lugar, hablemos de la jurisprudencia. Esta norma es válida para todo el sistema educativo, también para las universidades privadas. Tenemos el caso de un docente de la Universidad Católica que fue despedido sin causa después de 25 años de antigüedad por el Rector Velazco, porque se le daban las ganas, pagándole una indemnización -porque ellos tienen mucho dinero y creen que pueden atropellar a otros. Esto se llevó a sede judicial, donde el Rector Velazco –uno de los defensores de esta ley- cree que puede conculcar el derecho a la libertad de expresión porque tiene dinero. Posteriormente, la jueza ordenó una medida cautelar para que al docente se lo reincorpore. El Rector desobedeció la orden, sin que le pasara nada, por las influencias políticas que tiene, y acudió a la Cámara Octava, quien le rechazó el amparo porque dijeron que la Universidad Católica era una empresa, que se rige por el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Ahora bien, el Diccionario de la Real Academia Española, define a la empresa como una organización con fines de lucro, y está establecido en la Ley de Educación Nacional y en otras normas que no tiene fines de lucro, porque, de hecho, la Universidad Católica de Córdoba es una asociación civil sin fines de lucro, como lo son también todos los colegios primarios y secundarios; son fundaciones o asociaciones civiles sin fines de lucro.


Por lo tanto, el derecho a la propiedad que tiene la Universidad Católica no es el derecho de una persona porque no hay ni dueños ni accionistas. Tampoco tiene el derecho al libre comercio, porque no tiene derecho al lucro. Lo que existe es una comunidad en la que se debería respetar la estabilidad del docente y, como dice el Estatuto de la Universidad Católica, se debe despedir con causa y no sin causa.


Además de esto, desobedecieron la orden de la jueza porque tienen dinero. No les costó nada porque la jueza fue presionada; fue a la Cámara y, al haber transcurrido cerca de dos años, este docente corre el riesgo de perder, incluso, la indemnización. Esto es así porque el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que en los contratos laborales hay un plazo de dos años para la prescripción. Pero la norma es tan maliciosa que, engañando a la persona que hizo la acción legal y pensando que era para darle más derechos, corre el riesgo de quedarse sin nada, sin la indemnización y sin el cargo. En consecuencia, se presentó el recurso de casación y ahora se encuentra en el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia.


Pero el criterio jurisprudencial es negativo. Si alguien me pregunta si algún docente ha sido reincorporado por el artículo 67, inciso f) de esta ley, debo decir que absolutamente ninguno. Hay muchos docentes que han sido echados sin causa de establecimientos de educación pública de gestión privada. Generalmente aceptan la indemnización porque son pobres y, como tales, no tienen derecho a la dignidad.


Quiero agregar algunos conceptos sobre los estándares internacionales. Tenemos particularmente la recomendación relativa a la condición del personal docente de la UNESCO de 1966 que dice: “La estabilidad profesional y la seguridad del empleo son indispensables, tanto para el interés de la enseñanza como para el personal docente y deberían estar garantizadas, incluso, cuando se produzcan cambios en la organización, tanto del conjunto como de una parte del sistema escolar. El personal docente debería estar protegido eficazmente contra los actos arbitrarios que atenten contra su situación profesional o su carrera.”


En cuanto a la dignidad, ello está establecido en la Constitución de la Provincia y es la base de toda la Constitución nacional.


La OIT ha establecido que el trabajo no es una mercancía, en la declaración relativa a sus fines y sus objetivos, aprobada en mayo de 1944.


Particularmente, quiero decir que el Gobierno nacional, que en algunos otros aspectos ha apoyado y refrendado los derechos humanos, no lo ha hecho en lo que hace a los trabajadores, específicamente porque no ha ratificado el Convenio 158 de la OIT, que establece que no se puede despedir sin causa, aún en la actividad privada. Las causales del despido son: las necesidades de la empresa o la mala conducta del trabajador. Sin embargo y lamentablemente, el Gobierno nacional no ha refrendado el citado convenio.


En referencia a la dignidad, quiero agregar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene el criterio que cuando hay un agravio debe producirse lo que se denomina restitución “in integrum”. Entonces, la restitución “in integrum” del agravio que se le hace a un docente cuando es despedido sin causa tiene que ser la restitución en el cargo porque es lo único que repara integralmente el daño causado. Ello es lo que sostiene el distinguido doctor Moisés Meik cuando dice: “No se puede afirmar que existe libertad para despedir pagando la indemnización, como no se puede decir que existe libertad para atropellar a un peatón pagando la indemnización. Afirmar esto presupone ignorar el concepto mismo de antijuridicidad civil. El despido sin causa es, por definición, el despido sin causa de justificación…”


Podrían agregarse algunas cuestiones más sobre esto pero, en definitiva, voy a hacer una propuesta más allá de las críticas: la Legislatura de la Provincia de Córdoba tiene la oportunidad de dar un paso trascendente, como se dio en ocasión de la Reforma Universitaria, si realmente quiere garantizar la estabilidad de los docentes en los establecimientos privados de gestión estatal. ¿Qué se debe hacer -si realmente se quiere- y desnaturalizando la parodia del Gobierno nacional a que se refiere el ex senador nacional Urquía? Acá se habla de estabilidad para los privados pero no lo es. Es una mentira, está claro. Si a alguien le interesa esa intervención, se la puedo dejar. De todas maneras, figura en la página web del Congreso de la Nación en la sesión correspondiente.


Entonces, lo que se debería hacer es algo para el mantenimiento de la estabilidad; eliminar donde dice “de conformidad con la normativa provincial y nacional vigente” y decir que el docente no puede ser despedido sin causa y que, en ese caso, tiene derecho a la reincorporación, estableciendo además una acción. Esa acción tiene que ser una acción legal como un amparo o una acción sumarísima como ocurre, por ejemplo, con los dirigentes sindicales. Además, tiene que quedar claro que esa acción suspende los plazos para acudir luego a impedir la indemnización eventualmente.


También hay que tener en cuenta que a veces los directores de colegios privados despiden a alguien y nombran inmediatamente a otra persona para decir que se ha tornado imposible la reincorporación.


Distinto es si el colegio se cierra ya que no se puede inventar un cargo, pero al docente no se lo puede despedir por emitir una queja, ya que tiene derecho a la libertad de expresión, o por hacer una petición; eso sería propio de un sistema nazi o totalitario, impropio de las prácticas correspondientes a un país democrático. No se puede hablar de democracia ni de derechos humanos cuando se admite y se tolera esto con la complicidad de algunos sindicatos, especialmente de la CGT, la principal cómplice.


Considero que debe estar claro que esto no se puede subsanar ni con la reglamentación ni tampoco con el estatuto específico que se dice se hará posteriormente. ¿Por qué no se puede subsanar? Porque al decir de la normativa nacional y provincial vigente, se debe aplicar la Ley 13.047, que no ha sido derogada y que comprende al Estatuto para el Personal de los Establecimientos Privados de Enseñanza, que por una reglamentación posterior no puede ser dejada sin efecto.
Ahora, esta ley se puede interpretar como una reglamentación de la Ley nacional, que ya existe y reglamenta el derecho a enseñar y a aprender, que está en el artículo 14 de la Constitución nacional.
En la Ley 26.206 se reglamenta este derecho constitucional porque lo dice expresamente en su artículo 1º, más las atribuciones y los tratados internacionales que están incorporados en el artículo 75 inciso 22.
El derecho a enseñar está contenido en la Constitución Nacional y la Ley 26.206 reglamenta expresamente este derecho; esta ley que están tratando en este momento reglamenta a su vez la otra ley: en este caso el artículo 7º, inciso f), está reglamentando al artículo 67, inciso f), de la Ley 26.206.
En la Provincia de Buenos Aires se ha hecho algo mucho más directo, ya que al hablar de las relaciones de trabajando se está admitiendo la posibilidad del despido sin causa. Entonces, si acá se aclara que los docentes tienen derecho a ser reincorporados, además de a una indemnización por daño moral y demás si se lo despide sin causa, estableciendo cuál es la acción legal procedente en ese caso, sea un amparo u otra acción, y también se le suspenden los plazos para poder accionar desde el punto de vista del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, estaría protegido. Ahora, así como está –no digo de mala fe sino que tal vez desconocen la jurisprudencia o su intencionalidad- es no sólo pisotear la dignidad, los derechos humanos de los docentes privados, sino que constituye una burla. Parece que le dijeran “te vamos a pisar, pero vos tenés derecho a la estabilidad”; es casi una cuestión “kafkiana”, donde las puertas de las justicia permanecen abiertas pero no se puede ingresar. Esto representa una farsa a los derechos humanos.
Con esto pretendo dar una humilde opinión para decirle a quien tenga interés en oír esto: “que lo tenga en cuenta”. Si puedo aportar algo, sobre todo con la documentación sobre jurisprudencia que tal vez algún legislador no disponga, me pongo a disposición dejándoles mi mail y teléfono.


Muchas gracias. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Feraudo).- Muchas gracias por su aporte.


Recordamos que la exposición es de diez minutos y que pueden hacer entrega de sus aportes por escrito a la relatora o a la presidencia de la comisión.


Convocamos al señor Fabián Barrionuevo.

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Sr. Barrionuevo.- Buenas tardes.


He venido como participante de la agrupación política Proyecto Sur, cuyo referente es Pino Solanas; además, soy padre de estudiantes que concurren a la escuela secundaria y docente de institutos secundarios.
Este debate no es nuevo.
Siempre me han interesado todos los problemas que hacen a la vida de nuestra comunidad.
Me ha llamado la atención y me ha tomado con sorpresa este acontecimiento político de las movilizaciones y toma de los colegio.


A diferencia de algunas personas que han expuesto cierto juicio negativo por la politización, lo veo como un hecho positivo porque vivimos en una comunidad donde la conciencia de la participación es muy escasa. Si en un barrio de 500 casas queremos reunirnos para mejorar algo con mucha suerte conseguimos reunir a 20 ó 30.


Cuando en un tema como este una parte de la comunidad estudiantil –aunque sea pequeña en número- se atreve a plantear cosas y a participar no lo deberíamos ver con tanta desconfianza sino, por el contrario, deberíamos estimularla porque es lo que nuestra democracia necesita.


Llevamos 27 años de un sistema democrático, y para expresarme en esta Audiencia –que no es vinculante, que no sé si ustedes se van a burlar de lo que decimos, aunque les agradezco que nos escuchen- he tenido que pasar por tres controles policiales, pero mucha gente que ha hecho los trámites –como establece el Reglamento- ha quedado afuera.


Esto se podría hacer en un lugar abierto para que más gente tenga acceso a escuchar y pueda ingresar a las sesiones para saber qué piensan los legisladores.
Yo, pese al enorme deseo de participación política que tengo, no conozco el pensamiento de nuestros legisladores, salvo de dos o tres honrosas excepciones; me gustaría saber cómo nos están gobernando y qué leyes están tratando. Ahora que se está tratando esta nueva ley, aprovecho para decir algunas cosas que me parecen fundamentales.
En representación del Proyecto Sur -digo “representación” auque no me gusta esa palabra porque quisiera que nuestra democracia fuera más directa y pura, que en mayor número de instancias los ciudadanos pudiéramos participar y decidir directamente sobre nuestras cuestiones y no delegar y representar, porque ese es uno de los elementos que justifican esta baja calidad de democracia que tenemos- debo señalar que la educación debería ser una política de Estado y, como tal, debería regirse por algunos principios fundamentales.
Desde mi vocación de padre, desde el espíritu de las ideas que encara Proyecto Sur -porque no es causalidad una cosa y la otra-, como docente y formador de personas, quiero que los estudiantes de Córdoba egresen siendo capaces de ejercer su derecho a la ciudadanía y tengan una clara conciencia de todo lo que está pasando en el mundo.


Es exacto lo que dicen afuera nuestros jóvenes –que a cuentagotas pueden entrar a escucharnos-, que este modelo educativo tiene poco que ver con nuestra realidad. Tiene que ver sí –lo reconozco- con el modelo de producción y de consumo establecido; no sé si va a corresponder al modelo de producción y de consumo que necesitamos para el futuro; muchas de estas cosas serán inviables dentro de 10, 20 o 30 años. Hoy ya es inconcebible un mundo donde todos tengamos un auto; el típico paradigma de la familia burguesa -de las películas norteamericanas de los ’60 o ’70- es imposible; no hay lugar en el planeta tierra para que circulen siete mil millones de autos. Se está asistiendo a un cambio de época tremendo; y para mí es tremendo que en nuestro sistema educativo estos contenidos no estén previstos. Estas conciencias tienen que ser para nuestros estudiantes, que van a protagonizar los procesos históricos del futuro. Eso queremos: “formar personas protagonistas del futuro próximo”.


A pesar de que esta ley expresa que las prácticas profesionales en las empresas no serán rentadas, o son con fines estrictamente de capacitación y no productivos -en beneficio del empresario-, no escapa al modelo que forma cuadros para seguir sirviendo a este sistema de producción y consumo. Hay que prever que en el futuro las cosas no van a ser de esta manera.


Por ejemplo, es inviable la megaminería de cielo abierto; las tecnologías nuevas son muy extractivas del recurso natural, como el modelo de la Monsanto para la sojización –la Provincia de Córdoba es una de las víctimas principales-, con la depredación del suelo, del fósforo, del monte y del bosque. Me parece una desgracia y una catástrofe que no tengamos ciudadanos conscientes de esta situación en el futuro, como que desde la democracia y la participación no se pueda decirles masivamente a nuestros legisladores y al Gobierno que esto no es lo que queremos y, por el contrario, en reuniones privadas los empresarios y las corporaciones les están diciendo lo que necesitan. Es lamentable para la calidad de nuestra democracia.


Hago un llamado de conciencia para las personas que me escuchan de no tomar a mal el tema de la politización; por el contrario, necesitamos más política, más participación, más democracia. Quisiera formar a mis estudiantes y mis hijos básicamente con tres conciencias: primero, la conciencia “participativa y del compromiso” que tenemos con la comunidad; segundo, la conciencia “patrimonial”, que seamos conscientes de qué somos dueños los argentinos, cuál es nuestro patrimonio público, cuántas escuelas tenemos, cuántas tierras fiscales, cuántos aeropuertos, cuántos hospitales, cuántas plazas públicas, y que nos sintamos dueños, propietarios y copropietarios -junto con el resto de la comunidad- de todo ese enorme y fabuloso patrimonio con que “Tata” Dios nos bendijo a los argentinos; y tercero: la conciencia de “cambio cultural” la conciencia que necesitamos para participar de los procesos históricos del futuro. Ahora que hablamos tanto del Bicentenario, fue la conciencia de San Martín y Belgrano, de nuestros libertadores, que sabían qué estaba pasando en el mundo. No es que la globalización se inventó ahora, sabían lo que estaba pasando en el mundo y sabían con qué intereses teníamos que participar para poder construir una nación. Esta conciencia tiene que continuar a través del sistema educativo, pero no veo que eso esté previsto en la ley, sino que veo una ley muy adaptada a lo ya dado, no a un proyecto de país, no a un proyecto de futuro.


La cuarta conciencia que necesitamos es la de la ética pública, y a esto me quiero referir con la toma de los colegios. Pensamos que un acto de esa naturaleza debe ser usado como último recurso, sin embargo, como padre he notado que el cuidado del patrimonio público ha sido muy riguroso por parte de los jóvenes, lo que me sorprendió porque, como todo el mundo, esperaba destrozos o cosas por el estilo.


También debo destacar el nivel en la participación de los alumnos en la asamblea, lo que me enorgullece profundamente y me hace pensar que no todo está perdido y que podemos tener esperanzas. No le tengamos miedo a la participación ni a la política.


Pero pido a los señores legisladores que, por favor, implementen otro sistema para que la gente pueda ingresar a la Legislatura que no sea el de tener que pasar por tres controles policiales. La sola barrera que rodea a la Legislatura me resulta un insulto, algo que no es propio de una democracia. Creo que el pueblo de Córdoba no está tan indignado a punto tal de querer linchar a los legisladores, lo que sí justificaría semejante operativo de seguridad.


He notado que cuando me pongo de acuerdo para hacer un reclamo con, por ejemplo, 30 personas, tenemos 100 policías que nos están rodeando; pero ningún policía sabe nada de la droga que se distribuye en los barrios Müller y San Vicente, nadie sabe nada, entonces tenemos que mejorar la calidad de nuestras instituciones. Esto lo digo a título personal como padre, como docente y como militante del Proyecto Sur.


Gracias. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Feraudo).- Muchas gracias por tu aporte.


Continuamos entonces con la participación de la Sra. Silvia Krabete, de la U.N.C.
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Sra. Krabete.- Buenas tardes.


Mi nombre es Silvia Krabete, soy docente de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la U.N.C.


En esta oportunidad deseo hacer algunos comentarios acerca de tres cuestiones puntuales para insistir en que se revise el articulado. Las reflexiones o aportes en torno a estos artículos giran alrededor de la noción de la educación como derecho y como bien social. Por lo tanto, y compartiendo esa perspectiva, creo que la redacción de los artículos de los tres temas que quiero plantear colisiona o pone en cuestión la educación como derecho social.


En primer lugar, paso a leer la redacción del artículo 105, referido a las cooperadoras escolares: “Las instituciones educativas podrán propiciar la creación de asociaciones de apoyo, tales como cooperadoras, clubes, cooperativas de docentes y padres…”, pero me quiero detener en esto: “Estos organismos tendrán como finalidad movilizar, captar y administrar medios y recursos para cumplir con las actividades programadas”. Desde mi punto de vista y el de otros colegas, ese enunciado debe ser revisado y reelaborado completamente en la nueva legislación provincial. La formulación actual resulta muy preocupante porque, en primera instancia, desnaturaliza la función de las asociaciones cooperadoras u otras organizaciones sociales, asignándoles casi exclusivamente la finalidad de generar y administrar recursos para el cumplimiento de las actividades programadas. Pero como no se dice absolutamente nada respecto al tipo de actividad que podría estar programada, consideramos que podría entenderse esta gestión de recursos para atender gastos corrientes, y en ese sentido, los fondos por las cooperadoras escolares -que tal como está redactado el artículo, sería la única función que podrían tener- podrían servir, además, para comprar material didáctico, para arreglar o adquirir equipamiento y artículos de limpieza. De lo contrario, si nos atenemos a la redacción del artículo, efectivamente los fondos que reúnen las cooperadoras escolares continuarán siendo como hasta ahora en muchas escuelas; los únicos fondos que se destinan para el mantenimiento de los edificios escolares, ya que los edificios se construyen, se inauguran y luego el gasto de mantenimiento -que, en general, no se hace porque se ve poco- es afrontado por las cooperadoras escolares.


En segunda instancia, el artículo 6º, inciso j), que habla de la responsabilidad del Estado provincial, sostiene que en el Presupuesto están detallados los recursos para el financiamiento del sistema educativo e integra con igual fin aportes comunitarios, sectoriales y de otras jurisdicciones. Este párrafo para mi resulta discutible, sobre todo por el origen y el destino de los fondos.


Si el Estado, efectivamente, se hace cargo -tal como lo plantea el artículo e inciso antes mencionado- del sostenimiento de la educación como derecho, queremos recuperar para las cooperadoras escolares el lugar por excelencia que tienen: el de vínculo de la escuela con la familia; la función fundamental de la cooperadora tiene que ver con participar y colaborar en la tarea pedagógica. Esa participación implica un doble compromiso: por un lado, acompañar a los chicos en el desarrollo del proceso de aprendizaje y, por el otro, vincular a los padres con los docentes, con los directivos y con los alumnos. Allí radica la tarea de las asociaciones cooperadoras y no solamente en la generación de recursos.
Por lo tanto, propongo que en la redacción de los artículos destinados a regular la actividad de las cooperadoras escolares se incluyan algunos de estos puntos: colaborar con las autoridades escolares en la mejora de la calidad educativa apoyando la tarea de los docentes; participar en las acciones que tiendan al fortalecimiento de la igualdad y de la ciudadanía democrática en las instituciones; realizar actividades culturales, recreativas y deportivas en el marco de proyectos institucionales; colaborar con la integración e inclusión de sectores de la comunidad que se encuentran excluidos de la escolaridad; realizar actividades solidarias con otras escuelas y participar con otras organizaciones vecinales.
En síntesis, estamos hablando de las promociones de la realización de diversas actividades que patrocinen la interrelación de la escuela y la comunidad con otras organizaciones del medio para favorecer el conocimiento recíproco y la integración social de los sujetos. Además, podría incluirse la promoción de actividades que tengan que ver con la captación de recursos.
Hay que revisar el contenido del artículo 47, en el que además de establecer que el Estado provincial puede desarrollar actividades de investigación docente en los campos científico, tecnológico, etcétera, dice: “La estructuración académica, carreras y títulos, gobierno, administración y financiación de dichos centros, deberá facilitar su articulación e interrelación con el conjunto del sistema”.
Consideramos que la redacción, tal como está planteada en este artículo no evita ni genera instancias que permitan al ministerio provincial orientar la creación de nuevas ofertas, de modo tal de evitar la superposición entre instituciones nacionales y provinciales y aún entre instituciones dependientes de la propia jurisdicción.
Si bien por el artículo 45 la Provincia propicia la articulación de las ofertas de formación superior de su dependencia con universidades con sede en la Provincia, el texto del artículo no contiene ninguna restricción, ni para la jurisdicción ni para otros ámbitos, que asegure una regulación efectiva de la oferta.


La articulación, a la que alude la ley, no es automática ni surge del acuerdo entre los actores; sólo será posible si se avanza en orden a configurar un nivel superior integrado a partir de la firma de acuerdos y convenios entre distintas instituciones que benefician al conjunto de los estudiantes de nivel superior.


Es importante recordar que en esta ley –reitero- la educación es un derecho, definición que compartimos; y, en tal sentido, nada más alejado de un privilegio.


Se sostiene, además –y esto lo han manifestado reiteradamente muchas organizaciones y muchos actores-, que, como bien social, debe quedar fuera de las leyes de mercado, o sea, de la tensión y de la disputa entre la oferta y la demanda.


El artículo 3º, inciso a), establece –en este texto del proyecto de ley- que la educación es función principal, obligatoria y permanente para el Estado provincial, quien establece y supervisa la política del sector.


Con la redacción del artículo 47 como está, la autoridad provincial se corre absolutamente, se desvincula de todo lo que sea cumplimiento de la política educativa para el nivel superior. Tal como está expresado en el texto, el Ejecutivo no tiene posibilidad de objetar ni de rechazar la apertura de carreras ya existentes o que, por una cuestión cuantitativa o por el perfil de la propuesta, estén cubiertas.
Estamos ante la potencial situación de que distintas instituciones de gestión pública o privada, de dependencia provincial o nacional, entren en competencia por la matrícula de un trayecto formativo que posiblemente ya esté cubierto, y estemos postergando o dilatando la creación o el fortalecimiento de otras ofertas educativas, de otras propuestas que, efectivamente, desde el punto de vista nacional, provincial y regional estemos necesitando con cierta prioridad.


No creo que sea el mecanismo de competencia por la matrícula la modalidad más apropiada –modalidad que es razonable para la empresa pero no para el sector Educación.


Debe aclarase, en este artículo, que hay que fijar criterios que tengan que ver con la dependencia pública o privada de la nueva institución, si se crea; el criterio de interés, la localización geográfica y las posibilidades efectivas de articulación con otros tramos.


El proyecto de ley prevé, en uno de los incisos relativos a las funciones del Consejo de Políticas Educativas, encargar a una comisión permanente la articulación entre las propuestas de la educación superior; pero si la ley no contiene alguna propuesta más concreta en ese sentido, me parece que dejarlo solamente como una función del Consejo es reducirlo muchísimo. Además, el Consejo es un órgano de asesoramiento, no de ejecución de políticas.


Finalmente, quiero hacer algunos comentarios con relación al artículo 108, que dice: “Las instituciones educativas de gestión privada podrán ser gratuitas o aranceladas. En este último caso, podrá combinar, para su funcionamiento, el aporte estatal y los aranceles educacionales”. Al respecto, me permito señalar que esta definición resulta sumamente ambigua, especialmente cuando el artículo 80 de este anteproyecto dice: “La enseñanza de gestión privada se imparte en los institutos debidamente reconocidos. Su funcionamiento se regula por una ley especial que establece las condiciones para su reconocimiento y para la cooperación económica del Estado a aquellas que no persiguen fines de lucro. El Poder Ejecutivo debe disponer un organismo específico para su contralor u orientación”.


El organismo específico existe; la ley está pendiente desde la sanción de la Ley 8113, que regula específicamente la oferta de los municipios y del sector privado, pero todavía no la tenemos. Entonces, me parece que la formulación es muy amplia, muy ambigua.


De este modo, la definición de carácter gratuito o arancelado de la educación, sin que el texto legal delimite criterios, resulta riesgoso y puede implicar contradicciones profundas con los principios generales de la ley, que postula en su artículo 2º que la educación es conocimiento como bien público y evita cualquier forma de mercantilización.
Al respecto, me permito considerar lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley de Educación Nacional, que define criterios para la asignación de aportes financieros a las instituciones de gestión privada y plantea que la asignación de aportes financieros destinados a salarios docentes de institutos de gestión privada estará basada en criterios objetivos de justicia social, teniendo en cuenta la función social que cumple, su zona de influencia, el tipo de establecimiento, el proyecto educativo, la propuesta experimental y arancel que se establezca. Un artículo que no establezca claramente los criterios por los cuales el Estado provincial no asigna fondos específicos para las escuelas de gestión privada deja librado al funcionario de turno, a la capacidad de las corporaciones o de algunos sectores el poder de presionar, cuando si realmente pensamos que la educación es un bien público, es un derecho y demás, siempre deberá garantizarse una oferta educativa de calidad para todos y estos aportes pueden ir en desmedro de eso.
Muchas gracias. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Feraudo).- Invitamos a Marcos Puricelli.


Muchas gracias por tu presencia.

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Sr. Puricelli.- Al contrario, gracias a ustedes por haber dado la posibilidad a la Federación Universitaria de Córdoba de expresar la posición que adoptó el Movimiento Estudiantil Universitario desde el comienzo del conflicto desatado por este ante proyecto de ley de educación provincial.


Antes de comenzar, me gustaría hacer propio el reclamo que hizo quien representó a Padres de la Coordinadora por la Educación Pública, para que se permita ocupar las sillas vacías a los estudiantes que están afuera. También quiero pedir, si es posible, que la Audiencia del día martes -que concluirá con la lista de los que esperan para emitir su posición-, se lleve a cabo en algún salón de mayor capacidad que haya en esta Legislatura, para que todos los estudiantes puedan participar y escuchar lo que aquí se expresa.


Desde la Federación, no solamente queremos dirigirnos a todos los miembros de la Comisión de Educación de esta Legislatura sino también a todos los estudiantes, padres y docentes de la Provincia de Córdoba.


Como gremio de estudiantes universitarios, una vez más nos hacemos presentes en esta lucha que, seguramente, quedará marcada en la historia del movimiento estudiantil de Córdoba.


Desde el primer día creímos que los principales afectados por este anteproyecto de ley eran los participantes y los protagonistas de la comunidad educativa. Fue por esto que, a pesar de las diferencias políticas que tenemos entre las distintas agrupaciones que conducen actualmente centros de estudiantes, logramos la adhesión de cada una las posiciones de los representados en la Federación Universitaria de Córdoba y esta posición se adoptó por unanimidad en torno al anteproyecto de modificación de la Ley provincial de Educación.


Entendemos que estos ciudadanos de la comunidad educativa no son los empresarios, la Iglesia, las universidades privadas e incluso las públicas, como si habláramos de una sola persona que integra un organismo colegiado de toma de decisiones, sino que estos ciudadanos de la comunidad educativa son los estudiantes, los padres y aquellos docentes que dan la batalla a favor de un futuro digno desde adentro de las aulas.


Recuperada la democracia y en la lucha cada una de las entidades que intentan alcanzar la democracia social, este anteproyecto nació con el peor defecto que puede tener una normativa tan trascendental como es la reforma del sistema educativo de una provincia: fue la falta de participación activa y con el tiempo suficiente de la comunidad en su análisis, discusión y en la confección del anteproyecto. Esto generó –es conocido por todos, incluso compartido por nosotros– desde el primer día un rechazo categórico y se notó cuando se desnudaron las condiciones edilicias de los establecimientos educativos para el resto del país.
Creemos que el anteproyecto plantea avances en algunas cuestiones, como ser la declaración de bien público de la educación y que sea una responsabilidad del Estado el garantizarla, y la incorporación de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza educativa. Pero creemos que todavía que los defectos superan ampliamente a las virtudes: resulta inconcebible para el movimiento estudiantil en su conjunto, que una ley quite el derecho de estudiantes, padres y docentes a participar en el gobierno de los establecimientos. Además, con esta regulación, en este aspecto y en un futuro cuando se intente judicializar cualquier tipo de normativa presente en esta legislación, podemos encontrarnos con que claramente lesione o esté en contra de la Ley Nacional de Educación.
En este sentido, me voy a tomar el atrevimiento de hacer un análisis más jurídico de la regulación que plantea el anteproyecto: digo que violenta la ley nacional porque en su artículo 126, expresa: “Los alumnos tienen derecho a: 1) Participar en la toma de decisiones sobre la formulación de proyectos y en la elección de espacios curriculares complementarios que propendan a desarrollar mayores grados de responsabilidad y autonomía en sus procesos de aprendizaje”. En el inciso h) plantea: “Integrar centros, asociaciones y clubes de estudiantes u otras organizaciones comunitarias para participar en el funcionamiento de las instituciones educativas con responsabilidades progresivamente mayores a medida que avancen en los niveles del sistema”.
Con respecto a los estudiantes, a los alumnos, antes, en la Provincia de Córdoba se regulaba sobre lo que se regula actualmente, diciendo: “Los estudiantes tendrán derecho a asociarse para participar en el gobierno del sistema y de los centros educativos, en relación con las edades y de acuerdo con lo dispuesto por esta ley y su reglamentación”. Ahora, el anteproyecto plantea: “Tendrán derecho a asociarse para participar en el funcionamiento de las instituciones educativas a través de centros, asociaciones y clubes de estudiantes, en relación con las edades y de acuerdo con lo dispuesto por las reglamentaciones que a tal efecto se dicten”.
Con respecto a los docentes, actualmente está regulado de la siguiente manera: “Tienen derecho a participar en la organización y gobierno del centro educativo en el que se desempeñen, compartiendo la responsabilidad de su gestión con los demás integrantes de la comunidad educativa”. En el anteproyecto se plantea: “…a participar en el gobierno de la educación por sí, o a través de sus representantes”. Es decir, no establece cuáles son concretamente los ámbitos de participación que tendrán los docentes en todo el sistema educativo de la Provincia.
Con respecto a los padres, antes se regulaba diciendo: “…a participar en el gobierno del sistema mediante las representaciones que esta ley le confiere”; y ahora dice: “…a participar en el planeamiento del proyecto educativo institucional”.
Esta ambigüedad que se le da en el tratamiento legislativo al aspecto de la participación en el gobierno de los actores involucrados en el sistema educativo, nuevamente pone en discusión la posibilidad real que van a tener en un futuro los distintos protagonistas del sistema universitario, de participar en el gobierno y la construcción colectiva de un sistema educativo provincial.
Otro aspecto que hemos planteado y que nos preocupa desde la Federación, es que se elimina el Consejo General de Educación, el que tenía una integración plural, electiva, democrática y participativa de todos los miembros; y se crea el Consejo Provincial de Políticas Educativas integrado por –esto ya es por todos conocido– el Ministerio, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, las universidades públicas y privadas, y entidades gremiales. Pero también se eliminan las funciones y la constitución de los Consejos en los centros educativos, que era otra esfera de participación trascendental, por lo que sería importante que se lo haga de manera obligatoria o se fomente la implementación en cada uno de los centros educativos.


En este sentido, desde la Federación pretendemos la participación de todos los actores, de los padres, de los estudiantes y de los docentes en los órganos de gobierno de cada escuela, de cada región y, particularmente, del organismo provincial, donde los protagonistas de la vida educativa tengan mayor poder de discusión y de voto en cualquiera de estos organismos, y en esto consiste –los universitarios entendemos muy bien este concepto– el cogobierno, ningún monopolio de decisión para ningún estamento.


Esto tiene una profunda fundamentación democrática porque permite que los resultados a alcanzar en todo el sistema educativo, en las distintas esferas de participación y de implicancia, sean consensuados, pasando de una organización jerárquica a una de orden interactivo, fortaleciendo una comunidad educativa que percibe que sus aspiraciones colectivas se satisfacen a través de un proceso de consulta y revisión, por el que se propicia una salida para las distintas problemáticas, no sólo generando un sistema más eficiente y participativo sino también fortaleciendo el concepto –tan estancado– de comunidad educativa.


Mientras muchos países del mundo avanzan cada vez más en la implicancia de los distintos actores en la toma de decisiones para generar un sentido de pertenencia que contribuya a cuidar entre todos la educación pública, esta ley menoscaba, hasta más no poder, la democracia educativa, restringiéndola, en términos vagos que lo único que dejan en claro es la voluntad de no avanzar en la democratización del sistema educativo. Hacemos tanto hincapié en esto y lo expresamos de manera tan categórica porque la redacción ambigua y poco clara de determinados conceptos –innegociables para el Movimiento Estudiantil– demuestra una tendencia política que no compartimos.


Afirmamos, asimismo, que esta ley está concebida desde un punto de vista enciclopedista, de modo que la educación que recibirán los educandos será asimilada a información y a conceptos, y no al fomento del propio conocimiento educativo, cuando en realidad deberíamos intentar generar que la educación impartida en las aulas permita analizar, con un enfoque crítico, toda la información que actualmente se difunde en nuestra sociedad, para saber aprovechar las posibilidades que este siglo nos da para acceder a todo tipo de conocimiento, para evitar la educación que actualmente plantea la globalización, impartida a través de flashes informativos, de manera que los establecimientos educativos, a través de sus docentes, sean realmente un ámbito de resistencia y defensa de un proceso de conocimiento crítico por parte de cada uno de los estudiantes.


Otra cuestión que afecta al núcleo de contenidos innegociables del Movimiento Estudiantil es la educación laica. Estamos pisando la cuna de la Reforma Universitaria, que dio origen –esto ha sido comprobado a partir de las últimas investigaciones desarrolladas por diversos organismos, fundamentalmente por la CEPAL– a uno de los sistemas universitarios públicos, gratuitos, laicos, cogobernados, autónomos y extensionistas más sólidos del planea, más inclusivos de América Latina y que mayor movilidad social ha generado. Y en este mismo lugar, nos damos ahora con que se ha generado un proyecto de ley por el que se afecta, principalmente, la educación laica.


Estamos muy preocupados por esto, no porque con la educación religiosa se inculquen los procedimientos que todo feligrés necesita para ser un creyente con buen promedio, sino porque las instituciones eclesiásticas continúan influyendo, directa o indirectamente, en la búsqueda de las verdades del ser humano. Si no se garantiza la educación laica, se descuidarán los contenidos antropológicos, históricos, económicos y jurídicos que todo argentino debe aprender, no sólo para conocer la historia de su país sino también para contribuir a formar una ciudadanía responsable, en que la democracia sea el método empleado para alcanzar la justicia, la paz y la libertad.


Para finalizar nuestro mensaje, señoras y señores legisladores, quiero decir que nos encontramos ante una gran oportunidad; podemos optar por dar un paso atrás, un paso en falso o caminar firmemente hacia el futuro. Los estudiantes secundarios han demostrado una clara capacidad –casi envidiada, de algún modo, por el Movimiento Universitario– para hacerse escuchar y generar un debate político sobre esta materia, con altura y con argumentos que sostenemos que deben ser escuchados, ya que defendemos aquellos postulados que, aplicados al sistema educativo, hicieron grande a nuestro país.


En tal sentido, recordemos que en la época más oscura del neoliberalismo en Argentina, el cogobierno, la participación conjunta y democrática de los actores involucrados en el sistema educativo fue lo que defendió la educación pública en lo académico y jurídico, mientras que en la calle los estudiantes dejábamos en claro que acompañábamos esa lucha que llevaban –repito, en lo académico y en lo jurídico- hacia adentro de los órganos de gobierno de las instituciones educativas.


Estos órganos de gobierno son el último bastión de defensa de la educación pública en su conjunto para las épocas de resistencia; nosotros no creemos que ésta sea una época de resistencia ya que esos órganos de gobierno también significan el principal motor de la movilización de todo el sistema educativo en aquellas épocas donde las políticas públicas van, justamente, hacia el desarrollo del sistema educativo, aquello que va a potenciar si realmente se modifica la cuestión de la participación y la de la educación laica intentando cambiar los criterios de orientación pedagógica, que no queden solamente encerrados en la heteroeducación. Creemos que si se potencian los órganos de participación se van a potenciar, incluso, las virtudes que en algunos aspectos este proyecto de ley también tiene.


La política es un campo de lucha donde se debaten tendencias por subvertir, reformar o consensuar un estado u orden de cosas. Hemos dado la lucha para reformar muchos defectos de esta ley aceptando que no se ha comenzado por garantizar un debate democrático y participativo de construcción colectiva de una ley, y ésta va a ser una realidad con la que nos vamos a encontrar a fin de año o bien a comienzos del año que viene, porque si no cuenta con un alto grado de consenso social nuevamente la Legislatura será un ámbito de discusión ajeno a lo que se está planteando, una realidad social que hasta este punto está caminando por una senda distinta cuando, en verdad, ustedes, que son nuestros representantes y que son reconocidos por todo el pueblo como tales, cuentan con las herramientas necesarias para garantizar que lo que afuera se está gritando se escuche adentro de la Legislatura.


Simplemente, les agradezco por haberme escuchado y esperemos que esta ley sea para el futuro de la juventud y no para los intereses que están manchando los guardapolvos de nuestros estudiantes, porque, a fin de cuentas, como sabiamente anuncia el manifiesto de la Reforma Universitaria, la única puerta que nos queda abierta a la esperanza es el destino heroico de la juventud.


Muchas gracias. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Feraudo).- Muchas gracias por tu colaboración.


Convocamos a la docente Marcela Garraizabal, muchas gracias por tu presencia.

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Sra. Garraizabal.- Buenas tardes a todos, mi nombre es Marcela Garraizabal, hace ocho años que ejerzo como directora de la escuela Mauro Fernández, de Córdoba Capital, y desde la semana pasada soy supervisora técnica de escuelas primarias en la ciudad de San Francisco.


Cuando en el mes de agosto llegó la propuesta de debatir el proyecto en las escuelas, consideramos que era poco el tiempo para el debate, sin embargo, convocamos a padres, alumnos y demás y en cuatro horas pudimos analizar varias cosas que había que modificar y las enviamos al Ministerio, sobre todo en lo que respecta a educación primaria y cómo se iban a implementar todos estos conceptos tan loables que están incluidos en el proyecto de ley pero que, con la experiencia que tenemos en las escuelas, veíamos que eran de dificultosa implementación.


Por ejemplo, el artículo 35 habla de la educación primaria, y dice: “Brindar oportunidades equitativas a todos los niños para el aprendizaje de saberes significativos en los diversos campos del conocimiento, especialmente la lengua y la comunicación”. Muchas escuelas vulnerables, como la que gestionaba, desde el año 2000 tienen el Programa de Fortalecimiento Pedagógico en Ciencia, Matemática y Lengua; este programa trabajaba con los docentes del primer ciclo y la intención era, a partir de un enfoque constructivista, lograr la alfabetización inicial de los chicos como un proceso donde el sujeto se apropia paulatinamente de la lengua escrita, reconociendo y recuperando como insumo la diversidad contextual e implementando líneas de acción que tiendan a revertir la exclusión y la desigualdad educativa.


Esos son los objetivos de este programa -digo “son” porque actualmente todavía está en las escuelas-, el modelo directivo que impulsa es coherente con el enfoque constructivista o con las prácticas transformadoras que despliegan los docentes para transmitir el capital cultural.


Con respecto a la implementación de este proyecto, actualmente las encargadas de desarrollar este proyecto son docentes de apoyo, o sea, maestras de grado que se preparan para cumplir este rol y las funciones son: asesorar, acompañar, colaborar y orientar la planificación de situaciones didácticas, organizadas en tiempo didáctico.


Impacto de este proyecto: el Programa está instalado en 108 escuelas desde el año 2000 y los resultados -hasta el momento- son buenos, pero sería oportuno -como dice el artículo 92, cuando habla de crear el Consejo Provincial de Políticas Educativas y la Comisión de Evaluación e Información Educativa- que se generaran ciertos dispositivos para evaluar periódicamente los resultados de este programa, porque los recursos, tanto materiales como humanos que intervienen en este programa, son muy importantes y no siempre las escuelas tienen los resultados esperados por la implementación de este tipo de programas.


¿Qué posibles modificaciones se propusieron el día del debate? Uno de ellos es el de fortalecer el rol del vicedirector, porque la ley ni siquiera lo menciona. El rol de vicedirector es ser “asesor pedagógico”, pero por allí éste tiene una mirada holística sobre la realidad de las escuelas y sobre los procesos de enseñanza que se desarrollan en cada uno de los grados. Entonces, podría ser que este docente de apoyo sea este vicedirector, que tiene una mirada más general. Además, lo que en la escuela hace mucho ruido es que el docente de apoyo es un docente de grado que llega a la institución para asesorar y acompañar a otro docente de grado. No está instalado todavía en las escuelas lo de la cultura colaborativa y el trabajo en parejas pedagógicas. Entonces, este docente de apoyo no es reconocido por su colega de grado, diferente sería si es el vicedirector, que tiene dentro de sus funciones la de ser asesor pedagógico.


Modificaciones posibles: otra de las cuestiones que no vienen con este proyecto pero que las instituciones ven y que también está en la ley, es lo de poder trabajar con otros estamentos gubernamentales. Desde el Consejo Provincial de Políticas Educativas existe una multiplicidad de programas con las que están trabajando, pero muy pocas veces llegan a las escuelas, por lo general somos las escuelas las que llegamos a estos lugares y no siempre tenemos respuestas. Entonces, hay una gran cantidad de recursos humanos muy bien preparados que no están llegando a las instituciones educativas, donde en realidad se ven los problemas.


Otra cuestión de este programa en las escuelas es el impacto sobre los equipos docentes de las instituciones. Cada docente de grado que se va al Programa 108 lo hace con carácter de “suplente” y queda el cargo vacante. Hay instituciones que tienen hasta 5 docentes que están en el Programa de Apoyo, por lo tanto, cuando uno pretende gestionar una institución y fortalecer un equipo docente –esto lleva un período prolongado- es renovado el plantel. Cada año hay 5, 6, o 7 docentes nuevas a las cuales hay que volver a formar y contagiar el espíritu del “paint”; entonces, el carácter de los nombramientos tendría que dar la posibilidad que quien reemplaza al docente de apoyo pueda permanecer en la institución más tiempo y sumarse al proyecto educativo.


Otra propuesta que surgió también a partir de este programa es la capacitación en servicios para todos los docentes de primer ciclo, y que esta capacitación sea sistematizada y periódica, porque muchas veces este docente de apoyo, que ya está preparado, vien

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CONTINUACIÓN PARTE 3 SEGUNDA AUDIENCIA PÚBLICA EN LEGISLATURA DE CÓRDOBA
Por Asamblea ECI- Colectivo Indymedia Córdoba - Tuesday, Dec. 07, 2010 at 10:25 PM

Otra propuesta que surgió también a partir de este programa es la capacitación en servicios para todos los docentes de primer ciclo, y que esta capacitación sea sistematizada y periódica, porque muchas veces este docente de apoyo, que ya está preparado, viene a la institución y los docentes de grado, no entienden de qué habla porque no han recibido el mismo tipo de capacitación.


Por último, con respecto al Programa 108 -que le decimos así pero que se llama “Fortalecimiento Pedagógico”- y su articulación con los IFD, hace diez años que está instalado en las escuelas y todavía seguimos recibiendo docentes que ingresan a la profesión y no tienen ni idea de qué se trata este programa.


Entonces, el pedido concreto es que los IFD puedan articularse con estos programas ministeriales para que en la formación que le ofrecen a sus egresados conozcan de qué se trata, porque cuando llegan a las escuelas hay un pleno desconocimiento.


Por otro lado, tenemos el artículo 36 del anteproyecto, que habla sobre la jornada extendida o la jornada completa. Muchas instituciones de la Capital de Córdoba, desde el año 2003, cuentan con el Programa de Microexperiencia de Extensión de Jornadas, donde se alargaba dos horas por día la jornada. La propuesta curricular en estos espacios era diferente a la que se daba en las aulas y por lo general se trabajaban múltiples lenguajes, sobre todo arte, multimedia, inglés, etcétera. Este programa, a partir del año 2005, llega a la escuela como Jornada Ampliada.


En estos programas hay que prever las condiciones de la escuela para poder recibirlos, ya sean las condiciones edilicias, su plantel docente ya integrado a la comunidad, y poder dilucidar cuáles de esas personas pueden cumplir este programa.


El Programa de Jornada Ampliada llegó a las escuelas primarias con una modalidad de dos horas más por día menos los viernes, extendiéndose con materias como teatro, música, plástica, inglés, etcétera. En este tema también hizo mucho ruido -y quizás todavía sigue haciéndolo- la modalidad de nombramiento de los profesores de esas jornadas ampliadas y su preparación. Es por ello que apelamos a que se cumpla lo que está incluido en el anteproyecto de ley cuando dice: “Los derechos y deberes del docente dentro del ámbito provincial mediante la acreditación de títulos y certificaciones conforme a las normativas vigentes sobre la materia”.


El artículo 7º, en sus incisos a) y k), dice: “El acceso a los cargos y horas por concurso de antecedentes o de antecedentes y oposición, conforme a lo establecido en la legislación vigente para las instituciones de la gestión estatal”.


Apelamos a que estos proyectos que llegaron a las escuelas a modo de “experiencias pilotos” y que a lo largo del tiempo se han instalado como parte de la dinámica institucional, puedan ser revisados a la luz de este nuevo marco normativo.


Otro artículo que hizo mucho ruido ese día del debate fue justamente el 10º, inciso a), que habla de la responsabilidad de las familias como educadores naturales de sus hijos. Hoy en día, la diversidad familiar es bastante compleja y sobre todo en sectores vulnerables. No todas las familias educan a sus hijos de la misma manera ni todos tienen las mismas posibilidades para educarlos, por lo que me parece que hace falta otro tipo de políticas de Estado –más allá de las educativas- que ayuden o acompañen a estas familias, para que las condiciones de educabilidad de estos chicos de sectores vulnerables que ingresan a la escuela sean coherentes con las que pide el sistema educativo.


A veces hablamos que nuestros chicos están desnutridos “escolarmente,” y no por falta de alimentación sino por carencia de las competencias para poder aprender y de las condiciones previas que necesitan para hacerlo. Pero estamos hablando de familias con serios problemas, como la droga, la falta de trabajo, enfermedades, falta de educación en lo que es salud reproductiva, etcétera. Es allí donde más ruido nos hizo cuando al leer los “fines del artículo 4º”, vimos que otorga tres de sus incisos para temas tan importantes como brindar conocimiento y promover valores que fortalezcan la formación integral de una sexualidad responsable, cuestiones muy difíciles de afrontar en las escuelas sobre todo de sectores vulnerables donde el tema del aborto, de los embarazos adolescentes, son temas de todos los días. Entonces, ¿qué posición va a tener este docente?, ¿qué posición va a tener esta institución cuando un chico le dice a una nena: “tu hermana es una asesina porque se hizo un aborto” y la nena le responde: “y sí, porque en tu casa no viven 15 para darles de comer”? Estamos hablando de niños de 11 años que están viviendo esa realidad. La escuela no puede quedarse sola frente a estas realidades, tiene que tener un discurso coherente y además creíble.


Por otro lado, el inciso k) dice: “Una formación que promueva el derecho a la vida y su preservación”. Mientras, el inciso l) dice: “Prevenir adicciones y el uso de drogas; la formación corporal motriz y deportiva; la educación vial; el cuidado del medioambiente.” Solamente un solo inciso para esos temas que son fundamentales, nos pareció que nos quedamos cortos.


Nada más; agradezco la posibilidad de poder expresarme, quizás no en los términos legislativos y jurídicos sino desde el día a día que vivimos en las escuelas. Será tarea de los legisladores poder traducir esto que queremos decir en ley.


Gracias. (Aplausos).
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Sra. Presidenta (Feraudo).- Convocamos a Marta Gloria Corzo Gómez.

Sra. Corzo Gómez.- Queremos formular un pedido: nosotros solicitamos participar para presentar un proyecto de una escuela que ha podido dar respuesta a la inclusión de niños con necesidades educativas especiales. Como es nuestra modalidad, siempre lo trabajamos con todos los estamentos de la comunidad, esto es, padres, alumnos, equipo técnico y directivo.


Por una cuestión de organización nos han puesto en momentos distintos y quisiéramos poder hablar como organizamos nuestra exposición, hablando primero el papá, después el ex alumno, el equipo técnico y por último el directivo, si es posible.


Cada uno de nosotros hemos preparado algo muy simple y muy corto y creo que les va a facilitar el pensamiento a ustedes. Todos están anotados pero en horarios diferentes.


Primero pasaría el papá, que es Fernando Aguerre, que estaba anotado para las 16:00 horas.

Sra. Presidenta (Feraudo).- Voy a retirarme un minuto porque me están llamando.

Sra. Presidenta (Genta).- Sería importante que cada uno se presente.

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Sr. Aguerre.- Mi nombre es Fernando y soy papá de Malena, nena de ocho años, con capacidades diferentes que concurre a la Escuela Cristo Redentor desde hace tres años.


La idea central de mi exposición es que ustedes conozcan la experiencia que significa para un papá de un niño con necesidades educativas especiales, la búsqueda de una escuela que esté dispuesta a recibirlo.


Cuando comenzamos con esta tarea nos encontramos con un mundo y una realidad que no conocíamos. La verdad que la experiencia que nos tocó vivir fue durísima ya que recorrimos más de 10 escuelas, públicas y privadas, en cada una de ellas tuvimos reuniones y en algunos casos más de una y la respuestas que encontrábamos eran siempre las mismas: “no estamos preparados para esto”, nos escuchaban y nos decía que no tenían cupos; que debemos firmar un contrato cada mes o cada tres meses, dependiendo de la institución, y en ese lapso ellos evaluarían si Malena seguía o no. Incluso queríamos pagar una cuota extra a la institución, por lo que significa tener una nena con estas características, que la tomaban pero no nos aseguraban poder brindarle lo que realmente necesitaba. En ningún caso nos daba la posibilidad de pensar en un proyecto educativo ni siquiera a corto plazo.


El peregrinar para encontrar una escuela que contuviera no sólo a Male sino también a nosotros, como padres, no fue sencillo. Como papás buscábamos una escuela donde nuestra hija pudiera integrarse y ser una más, donde le dieran esa posibilidad y le ayuden a crecer sin diferencias; donde le brindaran contención y le permitieran desarrollarse con sus capacidades diferentes, brindándonos a nosotros, los padres, la posibilidad de creer en un proyecto escolar a largo plazo.


Somos conscientes de que la tarea no es nada sencilla, pero tampoco es imposible. Si todos los establecimientos educativos trataran el tema como lo hacen en la escuela Cristo Redentor, todo sería diferente porque más chicos con necesidades educativas especiales podrían desarrollarse normalmente. Todos tendrían la misma posibilidad, la misma oportunidad de ser uno más, de no ser diferentes, de no ser excluidos.
Todos los niños con capacidades diferentes tienen derecho a que se respete su dignidad humana y a disfrutar de una vida normal, en igualdad de condiciones y sin discriminación de ninguna clase.
Esta es la premisa con que nos manejamos los papás de estas hermosas personitas y es la misma con la que se maneja esta ejemplar institución que es la escuela Cristo Redentor. Ojalá esto sirva para que más escuelas puedan desarrollar la tarea que lleva adelante esta institución.
Simplemente quería aportar con mi opinión de manera concisa para que puedan tener conocimiento de lo que significa salir a buscar una escuela para un hijo con capacidades diferentes porque no es tarea fácil.
Muchas gracias por escucharme.

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Sra. Corzo Gómez.- Ahora le corresponde hacer uso de la palabra a un ex alumno de la escuela, Santiago Macagno. Por su condición de cuadripléjico, les haré entrega de una copia de su intervención a fin de que la lean mientras él expone.

Sra. Presidenta (Bressan).- Invitamos entonces al señor Santiago Macagno.

Sr. Macagno.- Soy una persona con dificultades motrices agudas, soy cuadripléjico. Mi experiencia como ex alumno de la escuela Cristo Redentor tiene su comienzo a partir de la búsqueda de mis padres por darme una educación completa en una escuela normal.


En una difícil y larga búsqueda y muchas negativas por parte de distintos establecimientos, llegaron al colegio Cristo Redentor, donde no había una experiencia previa en casos de personas con capacidades diferentes. Pero, lejos de hacerse problemas, me quisieron conocer y buscar la forma de adaptarme. No había nada seguro, sólo las ganas y la voluntad de la directora y los docentes. Sí, muchas cosas fueron improvisadas, pero con esfuerzo, paciencia y dedicación, se empezaron a notar los cambios, los avances, los triunfos.


Necesité más tiempo, más atención, más esfuerzo de los docentes y mío, pero aprendí a escribir, a sumar, a dividir con mis compañeros y mi señorita.


Los métodos para mi enseñanza fueron muy irregulares ya que eran del día a día, porque las necesidades variaban muchísimo. Pero con el apoyo del gabinete de integración que se formó cuando ingresé, se rompieron barreras, se acortaron las distancias y mi aprendizaje marchaba con muchos éxitos.


Hoy, gracias a las herramientas que me pudo brindar el colegio, cursé el secundario y estoy estudiando la Tecnicatura en Analista en Finanzas, y sobre todo, soy capaz de enfrentar los obstáculos que vivo a diario.


Fui el primer caso de integración del colegio, el principio, a posteriori apostaron a la integración, recibieron y reciben niños con la premisa de la igualdad de la enseñanza, de una enseñanza para todos, sin distinciones de ninguna índole.


Hoy están las leyes, que no en todos los casos se aplican, y los programas de apoyo a las personas con capacidades diferentes, el problema es que la tarea de formar al ciudadano es de todos, desde los colegios, los profesores, los directivos, en definitiva de todas las personas que son parte y componen las distintas instituciones simbólicas y físicas de esta sociedad ya que yo soy un integrante más de la misma.
Muchas gracias. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Bressan).- Santiago: muchas gracias por tu testimonio y por tu aporte.

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Sra. Bárcena.- Buenas tardes.


Después de escucharlo a Santiago uno siempre se queda con que lo que va a decir es muy poco.


Mi nombre es Paola María Bárcena, soy licenciada en Gestión de la Educación Especial, profesora en Educación de Deficientes Mentales, desde hace 8 años pertenezco al equipo de Apoyo a la Integración del Instituto Parroquial Cristo Redentor y, además, docente de cuarto, quinto y sexto años de la misma institución.


Lo que hoy me sitúa ante ustedes es hacer un aporte desde mi parte que tienda a clarificar la existencia de normativas nacionales e internacionales que buscan dar un marco legal para el logro de esta escuela para todos, que es a lo que aspiramos. Así lo expresa el artículo 2 del anteproyecto de ley al decir: “La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizado por el Estado”.


El artículo 3, inciso d) proclama que: “Todos los habitantes de la Provincia tienen derecho a la educación para favorecer el desarrollo pleno de su persona e integrarse como ciudadano en un marco de libertad y convivencia democrática.
Es responsabilidad del Estado garantizar el ejercicio de este derecho en igualdad de oportunidades y sin discriminación de ningún tipo ...”


Si nos atenemos al artículo 3 del anteproyecto de ley general de Educación de la Provincia de Córdoba deberíamos tener una escuela para todos; que cada familia pueda elegir con total libertad el lugar en el cual desean que sus hijos sean educados, independientemente de las capacidades que ellos posean. La libertad implica que todos los padres puedan pedir un banco en una escuela determinada y conseguir ese espacio.


Una escuela para todos implica tener presente los principios de normalización, integración e inclusión. Me voy a detener en el principio de normalización que podría agregarse en el artículo 49 del anteproyecto de ley cuando se refiere a la integración y a la inclusión, porque este principio que data del año 1969, se proclama en Suecia y dice que no se vuelve normal a las personas con discapacidad sino que hay que incluirlas en los entornos más normalizadores posibles y esto implica también la educación.


Han pasado 40 años, y si bien son 40 años de antigüedad, es un principio válido que no se tiene que dejar de lado ya que es el puntapié inicial que va a derivar en lo que es la educación integrada y la educación inclusiva.
En el año 1974 se realizó un estudio en Inglaterra -el informe Warnock- por el que se establecen sujetos que tienen necesidades educativas y necesidades educativas especiales. Ya no hablamos de sujetos con discapacidades de ningún tipo sino que hay una evolución en el concepto; actualmente, en la mayoría de los países, se menciona “sujetos con necesidades educativas especiales”.
El comité rechaza la idea de dos grupos diferentes de niñas y niños y realza el conocimiento que las necesidades educativas son comunes a todos, y específicas a algunos. De ahora en adelante, el sujeto no va ser más un sujeto con discapacidad sino con necesidades educativas especiales.
En 1975, la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asamblea General de las Naciones Unidas establece que la persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su dignidad humana y a disfrutar de una vida decorosa, lo más normal y plena posible. Nos remitimos al principio de normalización –recién comentado.
En 1978, España pone en marcha el Plan Nacional de Educación Especial que induce a educar a los niños discapacitados en centros ordinarios, hasta donde sea posible, y educarlos en centros específicos sólo cuando sea imprescindible. Los argentinos pusimos la mirada en lo que pasa en España, siempre adelantados, y no dejamos de tomarlos como referentes. Esto de los centros ordinarios, equivalente a nuestras escuelas de modalidad común, es algo a tener en cuenta.
En 1998 en nuestro país, por el Acuerdo Marco para la Educación Especial, Serie A 19, emitido por el Consejo Federal de Cultura y Educación, se convoca a la reorganización de prestaciones y servicios, promoviendo estrategias de integración de alumnos con necesidades educativas especiales a la escuela común. Se abre una puerta para servicios cubiertos por obras sociales y que se tenga en cuenta al joven discapacitado no sólo para una rampa o el transporte sino también a nivel educativo. Se amplía la prestación de servicios, con modificaciones cada vez más favorecedoras para personas que cursen algún tipo de discapacidad, temporal o permanente.
La Ley de Educación 26.206, de 2006, en sus artículos 42, 44 y 45 del Capítulo VIII -referido a la Educación Especial-, establece las prestaciones y los servicios, y agrega: “El Estado deberá garantizar la creación de instancias técnicas para la orientación escolar; las normas que regirán los procesos de evaluación y certificación escolar”. Cabe destacar que la reforma educacional de Córdoba de 1983 y la Ley de Educación 8113 del año ’93 también lo expresan. Disponemos de una normativa y reglamentaciones –a través de las reglamentaciones ministeriales- a las que nos acogemos.
El artículo 49 de nuestra futura Ley Provincial de Educación dice: “Por el principio de inclusión educativa se asegura la integración de los alumnos y las alumnas con discapacidades en todos los niveles y modalidades, según las posibilidades de cada persona”. Sugerimos aquí continuar utilizando el principio de normalización, más allá de la antigüedad, porque es el tronco a partir del cual hablamos de educación inclusiva.
Este artículo 49 está respaldado por lo que dice la Declaración de Salamanca, celebrada entre el 7 y 10 de junio de 1994, a la que Argentina adhiere. Si bien las declaraciones no tienen el peso de una ley –para eso están los tratados-, como países adherentes hay que tenerlas presentes y no dejarlas de contemplar en el momento de legislar nuestra Constitución.
La Declaración de Salamanca proclama que las escuelas ordinarias -con esta orientación integradora-, representan el medio más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la educación para todos. Además, proporcionan una educación efectiva a la mayoría de los niños y mejoran la eficiencia y, en definitiva, la relación costo-eficacia de todo el sistema educativo. Para lograrlo apelan a todos los gobiernos y los instan a: dar la más alta prioridad política y presupuestaria al mejoramiento de sus sistemas educativos para que puedan incluir a todos los niños y niñas, con independencia de sus diferencias o dificultades individuales; adoptar con carácter de ley o como política el principio de educación integrada, que permite matricularse a todos los niños en escuelas ordinarias, a no ser que existan razones de peso para lo contrario -es decir, que vayan a escuelas especiales, eso está contemplado en el artículo 49 del anteproyecto-, cuando no pueden ser integrados en una escuela ordinaria, recién se van a incorporar en una escuela de modalidad especial; desarrollar proyectos de demostración y fomentar intercambios con países que tienen experiencia en escuelas integradoras; crear mecanismos descentralizados y participativos de planificación, supervisión y evaluación de la enseñanza de niños y adultos con necesidades educativas especiales; fomentar y facilitar la participación de padres, comunidades y organizaciones de personas con discapacidad en la planificación y el proceso de adopción de decisiones para atender a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales; garantizar que en un contexto de cambio sistemático los programas de formación del profesorado, tanto inicial como continuo, estén orientados a atender las necesidades educativas especiales de las escuelas integradoras.


Acá debo hacer una mención al artículo 50, que habla de que los programas de formación docente en sus distintas modalidades, y de las carreras afines a esta temática, contemplarán aspectos curriculares referidos a la educación especial.


Me parece importante que estos programas sean reformulados teniendo en cuenta todo el trayecto de formación docente. Con esto no pretendemos que sean especialistas en educación especial, para eso están los institutos pertinentes, pero sí que tengan una formación permanente para después poder salir al aula y enfrentarse y no tener que depender siempre de un profesional de apoyo para lograr una integración.


Muchas gracias por escucharme. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Bressan).- Gracias por su aporte.


Corresponde que haga uso de la palabra la señora Marta Gloria Corzo Gómez.

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Sra. Corzo Gómez.- Buenas tardes a todos.


Soy profesora de enseñanza primaria con postítulo en Necesidades Educativas Especiales, directora de Nivel Inicial y Primario de la escuela parroquial Cristo Redentor, de barrio Jardín de esta ciudad, desde el año 2002 y trabajo allí desde 1987.


La nuestra es una escuela común que trabaja en integración escolar desde hace 19 años, con más de 25 alumnos con necesidades educativas egresados o que transitaron nuestras aulas, y con otros tantos que cursan actualmente.


El porcentaje de repitencia promedio de los últimos cuatro años es del 0,67 por ciento, con alumnos egresados de primaria con muy buen rendimiento en el nivel medio; nuestros docentes -gracias al trabajo interdisciplinario con profesionales de otras áreas afines a la educación y a los desafíos cotidianos a los que los enfrenta la integración- han avanzado enormemente hacia una profesionalización seria y real.


Como ustedes habrán podido entender, existe una gran riqueza en la reglamentación, tanto nacional como internacional, pero hay una gran ausencia de propuestas que indiquen cómo cumplir con las normativas de inclusión.


Por lo expuesto, creemos que podemos contribuir a este proyecto de ley con una propuesta -que es la que actualmente llevamos a cabo en nuestra escuela con algunas diferencias y con muy buenos resultados- para que realmente se haga efectivo el tema de la inclusión y del trabajo en el mejoramiento de la calidad educativa. Esa propuesta que hacemos a los legisladores es que se nutra a cada escuela común de un equipo interdisciplinario que se ajuste a las reglamentaciones vigentes, asesorado y convocado por el actual personal de las escuelas especiales, que hoy se ven sobrepasados en sus obligaciones ya que hay mucha demanda de integración y pocos profesionales destinados a ella. Con esta propuesta, este personal capacitado, y actualmente solventado por el Estado, sería multiplicador y podría atender más alumnos.


Actualmente, cada uno de los profesionales de estas instituciones especiales acompañan como mínimo a cinco alumnos de diferentes escuelas, localidades, niveles y modalidades, con todo lo que esto implica; con nuestra propuesta acompañarían a cuatro o cinco escuelas, lo que quintuplica su campo de acción.


Los profesionales que asesorados por las escuelas especiales se instalen en las escuelas comunes serían solventados -como lo son actualmente- por las obras sociales de los alumnos con necesidades educativas especiales y serían los encargados de acompañar en cada escuela los procesos de construcción colectiva que esta tarea supone, como capacitación del personal docente, acompañamiento de los alumnos en su proceso de aprendizaje y de los docentes en enseñanza, como también del asesoramiento a los padres.


Todos estos equipos serían supervisados por el equipo técnico del programa Integración Escolar y Diversidad de la Dirección de Planeamiento e Información Educativa de Políticas Educativas actualmente subvencionado por el Estado y totalmente sobrepasado por la demanda.


Los beneficios que alcanzaríamos con esta propuesta serían: optimizar cargos ya existentes y pagos por el Estado provincial a partir de la refuncionalización de sus roles, además de lograr una generalización de las normativas y prácticas de integración escolar que hoy se encuentran muy disgregadas, y como resultado tenemos procesos que fracasan o que no tienen en cuenta la legislación vigente, otorgando títulos que no están lo suficientemente validados por la experiencia y la práctica. Otro beneficio sería la facilitación del control y el seguimiento de las integraciones escolares por personal de políticas educativas; capacitación permanente y práctica del personal de las escuelas comunes; trabajo interdisciplinario adentro de las escuelas y entre escuela común y escuela de modalidad especial; una verdadera inclusión para todos; un impacto positivo en la calidad educativa de la Provincia de Córdoba; profesionalización docente, formación permanente y en servicio; efectivo cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales vigentes que no han podido llevarse a la práctica y optimización de los recursos ya existentes pagados por el Estado.


En síntesis, como directora de una escuela de nivel inicial y primaria, tengo la obligación de velar por la integridad física y mental de la infancia como una carga pública, pero considero que todos los adultos de la sociedad tenemos que velar por ese beneficio para nuestra infancia.


Afirmo que hay un alto porcentaje de niños cordobeses que corren riesgo de no recibir una educación acorde a sus capacidades. También afirmo que hay muchas familias cordobesas que se sienten y se ven excluidas de ejercer el derecho de educar a sus hijos en la escuela que libremente elijan.


Actualmente, estoy recibiendo más de 20 familias solicitando espacio para niños con necesidades educativas especiales por año. La realidad de mi escuela en razón de las dimensiones y las secciones que poseemos es que tengo una o dos vacantes por año. Hay 18 familias que a esta altura de noviembre no encuentran dónde incluir a sus hijos.


También afirmo que las escuelas comunes no pueden solas, que las escuelas especiales y los equipos particulares de apoyo a la integración tampoco pueden hacer todo.


Creo que el Estado provincial hace esfuerzos para atender esta realidad, pero a 40 años de la declaración del principio de normalización aún nos falta mucho camino por recorrer. Pero también afirmo, con toda certeza, que una escuela diferente, inclusiva para todos, que respete las huellas de la historia y la identidad de los alumnos, es posible; que esta realidad es la realidad de la Escuela Cristo Redentor.


Muchas gracias. (Aplausos).


Por último, quiero regalarles –porque esto de la inclusión moviliza mucho a las personas, especialmente a las familias que realmente no se sienten escuchadas, por lo que recurren a las más diversas maneras para lograrlo- el artículo que un padre de otra alumnita especial nos ha hecho llegar; un artículo que escribió en la Revista ECOS, que se llama el “Verdadero valor de vivir y ser feliz”, por Oscar Luis Gutiérrez, para “Tití”.


“Mañana tibia de luz y sonidos, mi niña viste su uniforme por primera vez.
Atrás queda, como el ocaso lejano pero siempre presente, la madrugada fría y la lluvia tenue que opacaba aún más su nacimiento en aquel enero que luchaba por imponer su verano.
El impecable manto blanco del doctor se me hacía gris y distante cuando al hablar anunciaba: ‘Papá, su hija nació con síndrome de Down’. Mi bella compañera con lágrimas empañaba sus ojos y yo, con un nudo en la garganta, de pronto cargaba un angelito inmaculado en mis brazos.


Bendito regalo del Señor que en nuestro seno pusiste cual cajita de cristal frágil e indefensa.


Mi niña de los ojos indios, sin maldad ni codicia crecía; y andando por los caminos, de pronto, una puerta se abría: el Instituto de Rehabilitación al Mogólico IRAM.


Fue el lugar que nos devolvió la fe y la esperanza y, por sobre todas las cosas, nos enseñó a comprender la alegría y el milagro de ser padres de una niña así. La rehabilitación, la contención del psicólogo, la fonoaudióloga, el amor en su grado más puro y sincero, marchaban con y junto a nosotros.
Ocurrió también que su corazoncito comenzaba a fallar, y mientras más lento latía, mi niña más ganas de vivir tenía. Y así fue como, después de varias horas de quirófano en las que sentía que se me iban años de vida, ella luchaba y volvía a ganar otra batalla sin cuartel ni arma alguna.
Ya nada más pedíamos verla caminar, hablar, y sentir que es una niña más era suficiente. Pero Lourdes tenía una nueva sorpresa para nosotros; la palabra inclusión tomaba otra dimensión y su definición daba por resultado un significado totalmente nuevo y diferente para nosotros, al decirnos que nuestra hija reunía todas las condiciones necesarias para que su alfabetización pudiera ser realizada en un establecimiento de educación común, con las mismas posibilidades que cualquier otro niño de su edad, pero siempre con la supervisión de un grupo de profesionales.
Fue desde entonces que mi niña concurre al Cristo Redentor, colegio que incluye niños con discapacidades. Allí conocí docentes que hacen honor a su vocación, maestras que son felices educando, entre ellas a Loly, docente de apoyo de mi hija, a veces enferma, a veces sola. Fue una bendición haber conocido a estas personas que aportan su pequeño, aunque por ser pequeño no deja de ser un grande y necesario, granito de arena.
Como reflexión final a los padres que como nosotros han tenido recientemente un hijo como mi Lourdes: no olviden que recibirlos, acompañarlos y estimularlos siempre con amor es todo lo que piden. Y como premio tendrás la dicha de tener una mirada distinta de lo que es la vida, ellos te harán entender el verdadero valor de vivir y ser felices.”
Muchas gracias. (Aplausos).

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Sra. Presidenta (Feraudo).- Invitamos a Florencia Ceccarelli.


Gracias por tu presencia.

Sra. Ceccarelli.- Buenas tardes y gracias por la posibilidad de manifestar cuál es la opinión que nos merece este ante proyecto de Ley de Educación provincial.


Me alegra que se haya generado este espacio pero creo que hubiera sido mejor si se hubiese permitido la entrada –habiendo espacio- a quienes están afuera interesados por participar; hubiera sido mejor si la consigna fuera otra y se abriera el diálogo sobre algunos puntos; aún más, hubiera sido mucho mejor si hubiéramos trasladado esta discusión a la sociedad.


Cuando escuché lo que contaba la representante de la institución anterior, me dije qué bueno es conocer otras realidades dentro de la Provincia de Córdoba, saber quiénes son los actores, cómo se organizan y cuáles son los obstáculos que tienen que sortear día a día, y qué importante es tener en cuenta eso a la hora de legislar acerca de la educación con todos los problemas que hoy tiene nuestro sistema educativo, no sólo en la Provincia sino a nivel nacional.


En ese sentido, los estudiantes nos manifestamos en su conjunto. Los estudiantes secundarios hace tiempo que vienen expresando su reproche o repudio por la falta de participación; y, aunque algunos digan que se convocó, lo cierto es que, evidentemente, no surtió los efectos que debería haber tenido porque no todos han participado de esta discusión sumamente trascendental.


Creo que cualquier intento por modificar y superar una norma vigente es sano y bueno, siempre que se asegure la concurrencia de todos los sectores que forman parte y se ven incluidos en esa normativa, y no hablo sólo de los actores –en este caso la comunidad educativa- sino de la sociedad en su conjunto. En ese sentido, creo que es el primer problema que como estudiantes encontramos.


Pertenezco a la Facultad de Abogacía, soy presidenta del Centro de Estudiantes; y de una facultad de tamaña magnitud, creo que el 10 ó el 20 por ciento de los alumnos está enterado de esta problemática; más allá de nuestro afán de instalar en las aulas esta discusión día a día. Creo que tenemos que enfocarnos en eso para que esto realmente sea un debate superador y todos los actores -sociedad, comunidad educativa, e incluso, quienes hoy no se educan porque no tienen la posibilidad, porque más allá de la ley no existe la garantía- puedan participar del debate.


El Centro de Estudiantes de la Facultad de Abogacía, como todos los centros de estudiantes de la Universidad de Córdoba, adhirió al documento de la Federación Universitaria que leyó Marcos Julio Puricelli. Para no ser reiterativa, quiero mencionar tres puntos que –me parece- forman parte del núcleo innegociable de las reivindicaciones estudiantiles.
En primer lugar, la posibilidad de interacción entre los diferentes estamentos para participar de las importantes decisiones que tienen que ver con la política educativa. No monopolizar las decisiones de algunos estamentos sobre otros y de poder dar una discusión un poco más amplia, incluso comprometiendo a toda la comunidad educativa para que forme parte de estas decisiones; de hecho, sería importante para encontrar alguna respuesta positiva, además de la posibilidad del cogobierno, que exista un gobierno conformado por padres docentes, directivos y estudiantes para tomar algunas decisiones.


El segundo punto es la laicidad de la educación. Creo que esta bandera, que fue levantada hace mucho tiempo por estudiantes reformistas, no se puede perder. Tenemos que generar espíritus críticos en el sistema educativo y que después cada cual decida, conciente o inconcientemente, pedir ayuda o alabar a cualquier ser superior o inferior. Entiendo que esto no hace falta que esté dentro del colegio.


En tercer lugar, con respecto al régimen de pasantías y la práctica profesional, no considero que sea perjudicial para los estudiantes secundarios formar parte de una práctica profesional al momento de egresar o mientras estamos educándonos en el colegio, en la primaria o secundaria.


Respecto del anteproyecto de ley, el problema que se suscita con el estudiantado no es en relación a un artículo determinado o por algún perjuicio que estos pudieran ocasionar, sino que uno se da cuenta que mediante este régimen de pasantías existe el trabajo precario, por ahí para ocultar intereses de grandes empresas que para no contratar por tiempo indeterminado otorgan pasantías, y con la obligación de ir cambiando todos los años a las personas que están trabajando no pagan indemnización, ni los tres meses cuando empiezan a trabajar, ni vacaciones, y no hacen aportes al sistema de seguridad y previsión social. Creo que ese es el problema cuando se habla de la “mercantilización”.
Son muchos los artículos que se pueden criticar, no porque sean buenos o malos sino porque, por ahí, lo que se critica es el espíritu de la norma en su conjunto, y porque a los estudiantes no nos seduce demasiado porque entendemos a la educación y al sistema educativo como una verdadera empresa donde se fomente el espíritu crítico.


Por otro lado, tampoco me parece muy inocente que se esté tratando a esta altura del año cuando la mayoría de los estudiantes estamos rindiendo finales. No se puede convocar a los estudiantes a que se acerquen para participar de este debate, que es sumamente enriquecedor y que nos tiene que servir para tener un mejor sistema educativo y para, a partir de los problemas que encontremos, plasmar posibles soluciones. (Aplausos).

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Sra. Presidenta (Feraudo).- A continuación, hará uso de la palabra la docente Nélida del Valle Díaz.

Sra. Díaz.- Buenas tardes. Soy profesora de psicopedagogía, profesora de enseñanza primaria y licenciada en gestión directiva. Me dedico al área de la educación desde hace más de veinte años, desempeñándome como docente de nivel secundario con orientación en Ciencias Sociales, como maestra de grado en el nivel primario, como psicopedagoga en la coordinación curricular de ambos niveles y como directora de nivel primario. Además, soy representante legal, con dedicación “full time”, de un instituto parroquial de educación –de gestión privada, en nuestra Arquidiócesis– que cuenta con los niveles primario, secundario y terciario.


Vengo a esta Audiencia Pública en mi condición de ciudadana responsable que desea manifestarse públicamente, en los términos establecidos por la Constitución provincial, en el marco de una democracia pluralista y participativa, llamada a la consecución del bien común.


En esta instancia de análisis del anteproyecto de Ley de Educación –que seguramente nos regirá por muchos años–, considerando la educación como un bien común, vengo a expresarme tanto sobre las escuelas de gestión estatal como privadas.


En tal sentido, quiero referirme específicamente a la autonomía educativa, en cuya defensa afirmo, como dato relevante que, cuanto más flexibles son los sistemas escolares mejor parecen abordar la heterogeneidad del alumnado, en beneficio de la igualdad de oportunidades en el aprendizaje, contemplada en la Constitución provincial y nacional, así como en las leyes de educación respectivas.


A nivel mundial, podemos ver claramente que todas las políticas educativas potenciaron la autonomía escolar y la plasmaron en sus respectivos niveles de educación, ya que ésta mejora la participación democrática y eleva la actividad de la enseñanza. Así, se atenúa el exceso de burocracia, aumentando las auténticas transformaciones que repercuten positivamente en los resultados obtenidos por los alumnos. Esto surge del imprescindible equilibrio –que tanto buscamos– entre excelencia y equidad.


Hablar de “autonomía” no es hablar de “anarquía” o “acefalía”; todo lo contrario, ya que estas últimas conllevan un proceso de permanente devaluación de aquélla, que es, a fin de cuentas, el respaldo de toda gestión privada y/o estatal. Cuando un centro educativo afronta la autonomía, asume el reto de conjugar, en armonía, el principio de diversidad con el valor de la equidad, de modo que surge de un contrato de corresponsabilidad entre los centros educativos y la administración, lo que implica evaluaciones y rendiciones de cuenta.


De tal modo, para lograr el éxito educativo para todos la organización tiene que ser más flexible, admitiendo que los equipos directivos pueden tener propuestas de mejoras adaptadas a contextos sociales complejos, con proyectos propios que potencien la capacidad local y posibiliten crear redes de escuelas unidas por proyectos comunes y comprometidos, dando lugar al pluralismo frente a las demandas planteadas, creando dinámicas laterales y dejando el verticalismo como segunda opción –que sólo uniforma–, posibilitando la identidad propia de cada agente y/o institución.


Es necesario ir de la regulación jerárquico burocrática hacia la post burocrática, en la que son escasas las normas a priori, importando más los resultados que se obtengan, que serán evaluados.


Autonomía significa hacer del centro escolar un proyecto de acción educativa, es decir, un proyecto compartido donde estamos todos incluidos -los ministerios, los inspectores, los directivos, los docentes, los alumnos y los padres- que implica mayor capacidad en la gestión, coordinación, organización y distribución de los bienes materiales y humanos con los que se cuenta, por lo que las políticas educativas deben capacitar a cada centro educativo para que construya su autonomía y su propia capacidad de mejorar, no la imposición por la imposición misma.
Enfocando la problemática desde una posición pedagógica se defiende que el proceso educativo precisa de una aproximación personalizada de cada alumno; desde una perspectiva de regulaciones genéricas aplicables a todos los alumnos se suele encontrar un complejo acomodo en algunos casos, pero el acercamiento y la adaptación de la enseñanza deben contar, para su éxito, con una capacidad de desarrollar, de manera autónoma, iniciativas, programas y adaptaciones que ajusten el proceso de enseñanza aprendizaje al elevado número de sus destinatarios.
Por las posiciones sustentadas en bases neoliberales la potenciación de la autonomía persigue la mejora de la calidad educativa y el logro de la excelencia utilizando una metodología que tiene como hilo conductor el derecho de elección del proyecto educativo por parte de los padres, los cuales no están representados en esta ley. Así, la noción de autonomía sustituye a la de políticas educativas reguladoras y desecha la homogeneización que empobrece y, equívocamente, cree cumplir con el principio de igualdad.
Mi experiencia personal me permite ratificar que lo antedicho es la más sustentable manera de encarar la educación toda; he comprobado, en la libertad adulta y responsable frente a los alumnos, frente a los docentes desde un cargo directivo y hoy ante la administración total de una institución, que se puede forjar el futuro de las nuevas generaciones.
La autonomía se puede reflejar en los siguientes ejemplos dentro de la vida escolar: dar libertades a todos, equilibradamente, en un marco regulador dosificado por la confianza, la capacitación, las oportunidades en el reconocimiento de las fortalezas y debilidades de los participantes del encuentro educativo, las necesidades especiales, las metodologías diferenciadas, el consenso fruto del disenso, la creatividad pedagógica, el descubrimiento de las estrategias de cada educando para aprender, la elección de los protagonistas de cómo aprender, la participación de los padres en el proceso, las metas tangibles y no ficticias, la evaluación realista y no dibujada ni manipulada, el conocimiento y aplicación de los deberes y derechos de alumnos, padres y docentes contemplados en la legislación, el respeto a la Constitución y pactos que la sustentan, el aprendizaje de las nuevas tecnologías, sus usos y/o abusos, el trabajo en equipo que sostiene las decisiones tomadas, la mirada amplia sobre los actores educativos, la adaptación a la movilidad constante imbuida de la vida escolar, el justo límite entre lo importante e inmediato de lo trascendente y factible de espera, la horizontalidad de las responsabilidades, el presente de la historia reciente y lejana de los acontecimientos políticos y educativos, la vida forjada de los valores que definen al hombre en toda su naturaleza, el conocimiento de la currícula en toda su extensión y las posibilidades de flexibilizarla acorde a las necesidades particulares de cada centro educativo, de cada educador y educando, de cada realidad social, familiar, laboral, religiosa, económica y política.
Cuánto más podría enumerar sobre la llamada “autonomía escolar” después de haber vivido dentro de las aulas gran parte de mi vida, no hablo desde una postura política sino desde mi vocación docente que pasó por muchas reformas y propuestas de enseñanza y cada una de ellas llegó a puerto seguro gracias al buen tino de quien la ejecutó, o sea, un docente.


Si como ciudadanos comprometidos deseamos una nueva ley de educación por considerar que la actual ha caducado en y por los tiempos modernos, también comprometámonos a que la misma respete la autonomía bien merecida que tenemos y busquemos formarnos como educadores serios y responsables.


No todos estamos llamados a ser educadores pero sí los que somos docentes estamos llamados a exigir que confíen en nuestras capacidad de gobernarnos a nosotros mismos, poniendo al servicio de los demás la vocación docente. Esto no es pretender la libertad total sino una libertad controlada a través de los procesos y evaluaciones permanentes y equilibradas. Necesitamos la confianza de quienes manejan las políticas educativas y ser escuchados en nuestras propuestas y proyectos. Necesitamos autonomía responsable.


La nueva ley de educación debe garantizarnos, tanto a los centros de gestión privada como estatal, la posibilidad de recorrer el camino que consideremos más oportuno y sensato para la formación integral y en equidad de nuestros alumnos.


La participación de hoy puede alentarnos a continuar creciendo en nuevos proyectos que mejoren la calidad educativa, esto es, autonomía en la gestión educativa.


Gracias por permitirme explayarme en este tema y por la atención dispensada. (Aplausos).

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Sra. Presidenta (Feraudo).- Convocamos a Emmanuel Falsi.

Sr. Falsi.- Antes de empezar quiero comentar que me quedé pensando sobre lo que dijo un compañero de la comunidad de sordos y sordas y también de las instituciones que trabajan con chicos con capacidades diferentes. Y me quedé pensando sobre la importancia que tiene ampliar el concepto de ciudadanía, o sea, avanzar sobre el reconocimiento de prácticas y formas de vida. Sin embargo, existen numerosas prácticas estatales que restringen ese reconocimiento por el que se lucha, basadas en la exclusión.


Por otra parte, me llama la atención la intervención del señor Montini, ex presidente del Congreso Pedagógico, que hacía una mención sobre equiparar la educación laica con la religiosa, como si la libertad de pensamiento fuera como una forma de dogmatismo, y que él se sentía que estaba discriminado.


También me llamó la atención la intervención de algunos radicales en contra de la reforma, cuando en su momento impulsaron la “shoppinización” del Colegio Olmos.


Ahora me gustaría empezar con mi intervención pensando abordar sintéticamente el contexto discursivo de lo que es la lucha estudiantil y, a su vez, las diferentes modalidades que ha planteado el sistema oficial de autoridades del gobierno y algunos puntos críticos, que por falta de tiempo no se pueden profundizar del todo, que ha dado cuenta de la pluralidad de posicionamiento con respecto a esta reforma que realmente es crítica para la ciudadanía.


En los últimos meses, los participantes de la comunidad educativa cordobesa, estudiantes secundarios, terciarios y universitarios, organizaciones sociales, docentes, padres, madres, profesionales e investigadores, entre otros, nos propusimos generar instancias de debate y discusión públicas, verdaderas formas de democracia directa y participación ciudadana.


Realizamos asambleas y clases públicas donde tomamos la palabra, profundizamos el análisis, la crítica, los saberes y la autoformación sobre el anteproyecto de reforma de Ley de Educación 8113.


Nos autoorganizamos en comisiones de trabajo, talleres y otros espacios, incluso virtuales, que surgían a medida que definíamos nuestras acciones.


Llevamos a cabo radios abiertas, movilizaciones e intervenciones en la calle, repartimos panfletos y boletines e invitamos a toda la ciudadanía de Córdoba a participar en diferentes instancias de trabajo.


Esa forma de participación que continúa en expansión se construyó a partir de la potencia de actuar, de poner en práctica nuestros derechos como ciudadanos y responde, a su vez, a la exclusión y el vaciamiento que generan las instituciones de esta representación política liberal y el sistema oficial de autoridad.


Desde el mes de julio las estrategias de Schiaretti y Grahovac fueron bloquear la participación de la comunidad educativa, principalmente de los estudiantes, en los debates sobre la reforma de un proyecto de ley que será provincial.


En cuanto a los métodos de consulta que se hicieron en algunos colegios, cabe destacar que si bien se trata de una ley provincial, la mayoría de los colegios del interior quedaron fuera de esta participación, y fueron críticos al imponer una modalidad con la cual pretendían discutir sólo en cuatro horas más de 100 artículos, con un nulo espacio para propuestas y otros bajo el control de punteros políticos. En este contexto, nos preguntamos: ¿qué marco de debate democrático podemos pensar?


Luego de las protestas colectivas y las asambleas participativas, de las numerosas tomas iniciadas por los estudiantes secundarios, se llevó a cabo una reunión con el Ministro para firmar un acta, pero con los estudiantes de los colegios que no estaban en toma y gente que no era representante de ningún colegio. A los estudiantes que se encontraban en toma, por su parte, categorizados como “duros” según funcionarios y medios empresariales, la policía no los dejó entrar y tuvieron que llamar a un abogado para que los acompañara y defendiera.


Finalmente, llegamos a la modalidad de estas Audiencias en la Legislatura, donde a cada participante se le aplican criterios de selección pero tampoco se informa al resto de la ciudadanía por qué quedan excluidos de la participación, y no se les permite entablar debate alguno, tal como establece el artículo 7° de la Resolución 2311-10, es decir, las intervenciones son meras exposiciones, desvalorizando la interacción discursiva democrática y la práctica política como construcción plural. Al decir de la teórica política y filósofa del lenguaje, Hanna Pitkin, sobre la relación entre el lenguaje, la política y la justicia: “el lenguaje es público, no privado, ello significa que en las acciones se ve completado sólo cuando es utilizado por una persona que habla con otra; la libertad personal de hablar la propia palabra de uno descansa en la libertad pública compartida y el debate político; allí donde cada uno puede hacer una contribución que es única para la doctrina de la política y la realidad común”.


La realidad política es un producto colectivo para el que todos son contribuyentes potenciales, la verdad política, por su propia naturaleza, es plural, un compuesto procedente del testimonio de muchos.


Otra mención merece la conformación del Consejo Provincial de Políticas Educativas, un sistema de representación corporativa; es el consejo que gestiona la educación pública estatal y de gestión privada, y en representación directa de asociaciones de defensa de intereses gremiales, de empresarios y trabajadores, donde el único interés que verdaderamente prima es la rentabilidad. La participación de la comunidad educativa queda limitada sólo a nivel de los establecimientos.


En la Ley nacional 26.206, por su parte, hay varios Consejos. Las corporaciones no participan directamente en el Consejo de Gestión.


A su vez, la ley nacional instituye una serie de avances muy importantes en relación con el reconocimiento y garantía de derechos a la asistencia de educandos de los sectores más desfavorecidos, a los educandos de los pueblos originarios y la importancia del aprendizaje de la lengua de las comunidades; a educandos de inmigrantes, de minorías linguísticas; a educandos embarazadas, la enseñanza e importancia del uso público de las nuevas tecnologías de información, los medios de comunicación y la universidad pública, educación de gestión cooperativa, entre otros.


¿Por qué la ley provincial no incorpora estos derechos y garantías? ¿Por qué los ciudadanos de Córdoba quedamos fuera de este reconocimiento si precisamente la ley provincial debe realizarse para adecuar la normativa provincial a la nacional?


Por otra parte, en el anteproyecto existe un énfasis exacerbado por adecuar la educación al sistema productivo, que se ve reflejado en la gran mayoría de artículos reformados -artículos 39, 40, 46, 66, 67 y 68, entre otros- en los cuales prima una visión de la institución educativa como unidad productiva, propiciando las pasantías y prácticas de estudiantes en empresas. Aquí disiento con la compañera del centro de estudiantes, porque considero que las pasantías son efectivamente una forma de precarización laboral en empresas, sin mencionar sus derechos y garantías laborales. Por un lado, se los niega como trabajadores y trabajadoras y, por otro, se borra toda la potencionalidad del concepto de derecho, participación, organización, etcétera.


En efecto, se continúa dando lugar a un proceso de mercantilización creciente de los jóvenes, que de este modo serán vistos como meros consumidores de trabajo, categorizados y clasificados como un índice, porcentaje o estadística.


Asimismo, el anteproyecto se articula con los programas públicos que ofrecen beneficios y garantías al empresariado destinado a consolidar y expandir la precarización laboral y desestabilizar la vida de los jóvenes. A modo de ejemplo, en los call center de Córdoba, el marco regulatorio de la actividad entre las empresas, los sindicatos y el Estado funciona como garantía jurídica de inversión para el empresariado y priva de reconocimiento social y la plena vigencia de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, ya que en primer lugar no se los reconoce como trabajadores telefónicos sino que se los somete a una forma abusiva de control y disciplina que perjudica gravemente la salud.


Por otro lado, en ningún lugar de la ley se afirma que la educación pública debe ser laica, y establece como derecho de los padres la educación religiosa opcional en la escuelas públicas estatales –artículo 11, inciso e)-, sin considerar la existencia de numerosas escuelas privadas religiosas que ya cumplen ese fin ni el derecho de los estudiantes y docentes a la libertad de pensamiento y elección, avanzado en contra de la laicidad de los establecimientos públicos.
Si bien se expresa la religión con un carácter general, la realidad es que la Iglesia Católica es la única capaz de imponer masivamente su dogmatismo en el sistema formal y condenar otras formas de práctica de vida. Es de público conocimiento el posicionamiento de la Iglesia Católica respecto al matrimonio igualitario, el avasallamiento contra los derechos y el pensamiento de género, el cuerpo de la mujer, el aborto y el uso de preservativos entre otras cosas.
Quedan muchas cuestiones para profundizar, como es la educación artística y humanística que se plantea, según el anteproyecto, como una modalidad más, negando su importancia en la formación de propio juicio crítico de los jóvenes como ciudadanos y ciudadanas, la capacidad de argumentación propia y contribuir a la conformación de criterios para evaluar y asumir posiciones políticas. En ese sentido quiero aclarar que creo que a los funcionarios lo que más miedo les ha dado no han sido las tomas de los colegios en el marco de la organización de los estudiantes secundarios, sino que los estudiantes hayan sido capaces de transformar la bronca en pensamiento y juicio crítico, en organización y en poder llevar a cabo el emprendimiento de acciones transformadoras.
Finalmente, las y los jóvenes de Córdoba interesados en las cuestiones públicas sabemos lo difícil que es en esta Provincia que las leyes respeten los intereses de todos y de todas. La reforma del anteproyecto es un ejemplo claro.
Por estas razones pedimos en carácter de urgencia su anulación y la posterior participación de toda la comunidad educativa en un espacio democrático o en un congreso educativo de debate que importe repensar las prácticas educativas y qué educación queremos.
Muchas gracias. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Feraudo).- Muchas gracias por tu aporte.


Convocamos ahora a Carmen Galarreta Howard.
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Sra. Galarreta.- Buenas tardes.


Primero quiero agradecer la oportunidad de estar presente en este espacio y felicitar a todas las personas que lo han hecho posible, haciéndolo como padres y también como trabajadores de la educación.


Es importante que este hecho se lleve adelante para poder expresarnos y agradecerles por ello, ya que no muchas veces se tiene esta oportunidad.


He sido consultada como mamá porque mi nena me acercó el anteproyecto para poder estudiarlo, hacer las críticas y proponer lo que consideraba pertinente. Hace 20 años trabajo en un instituto de formación docente como secretaria administrativa. Por mi experiencia puedo referirme al tema de la autogestión, sobre el que hemos trabajado.


Consideramos que la autogestión es una herramienta necesaria para reconocer las realidades de los diferentes establecimientos educativos porque no hay una sola respuesta para todos.


No vamos a contraponer los términos eficacia y excelencia, ni los valores de equidad y solidaridad en lo que a calidad educativa se refiere. Consideramos que sólo con una eficiente autogestión podremos llegar a algo.


Por otra parte, consideramos que se debe destinar un presupuesto equitativo para todas las escuelas, no solamente las de gestión pública, sino también para las de gestión privada, porque todas las escuelas deben poder autogestionarse y administrarse en función a las necesidades particulares de cada institución, ya sea para superar factores de riesgo o para elevar la calidad educativa.


Además, consideramos que se debe respetar la autonomía de las instituciones de gestión privada, teniendo en cuenta el ideario que permita hacer valer los derechos de admisión, amparando y garantizando esa autonomía dentro del sistema educativo.


Algunos aspectos ajenos al campo educativo limitarían el cumplimiento del artículo 16, tales como fuentes de trabajo, alimentación y diferentes presupuestos educativos entre los servicios de gestión pública y de gestión privada.


El artículo 16, inciso b) del proyecto de ley sostiene que no se debe discriminar. Cada escuela tiene su particularidad, por lo que no deben ser llamadas urbanomarginales. También será muy bueno unificar criterios de urbanización del sistema con el resto de las Provincias.


Además, consideramos que reiterar la palabra “eficacia”, propio de un discurso de los años ’90, del que ahora todos nos asustamos porque lo hemos vivido, es altamente significativo.


Debemos tratar de que todos sumemos, sin excepción, proponiendo nuestras formas diferentes, nuestros distintos enfoques para unificar y así poder llegar a lograr lo mejor con la participación de todos, sin politizar este debate, para lograr que nuestros hijos tengan una mejor educación. (Aplausos).

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Sra. Presidenta (Feraudo).- Convocamos al señor Facundo Garalloa, a quien agradecemos su presencia.

Sr. Garalloa.- Muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Es un honor para mí estar aquí para dirigirles mi palabra.


Soy Facundo Garalloa, ingeniero, y hace 11 años comencé una Fundación de Becas para Estudiantes Carenciados. Lo que hacemos es ayudar a buenos estudiantes con escasos recursos a que sigan sus estudios, y lo hacemos en todos los niveles: primario, secundario, universitario, terciario y no formal. Esta fundación nació en Córdoba hace 11 años y ya estamos en diez provincias del país buscando buenos estudiantes con escasos recursos; también tenemos una filial en Bolivia.
Voy a citar un caso concreto de un estudiante de Ciencias Químicas, Damián Barrionuevo, que estaba por dejar sus estudios porque no tenía plata para el colectivo –aproximadamente, 40 pesos-; hoy es magíster en dicha ciencia. Se recibió de licenciado, luego realizó la magistratura y hoy nos ayuda en la fundación.
Nosotros ayudamos al estudiante a que termine y, una vez que ello ocurre, procuramos insertarlo laboralmente; cuando ya está trabajando le pedimos que ayude a otros, y Damián es uno de ellos.
Desde la fundación apoyamos el proyecto de ley, nos preocupa la finalización de los estudios, estamos de acuerdo que el proyecto incorpore -tomando de la Ley de Educación Nacional- la obligatoriedad del cumplimiento del nivel secundario.
También nos interesa que se incorpore la educación sexual responsable, conocemos la realidad social que nos toca atender desde la fundación, con embarazos prematuros de adolescentes y niñas que representan situaciones muy críticas a nivel social.


Otra realidad social importante es que esta ley toma de la Constitución provincial el planteo a favor de la vida desde la concepción, situación que está protegida no solamente en la Carta Magna provincial sino también en la Constitución Nacional, a través de la incorporación del Pacto de San José de Costa Rica.


Planteamos que nos parece importante, a partir de la obra que hemos visto en todos estos años, sostener las propuestas educativas, tanto de gestión pública como de gestión privada, en contextos vulnerables donde los padres lo necesitan, sabiendo que elegir la educación para los hijos es un derecho constitucional.


Estamos de acuerdo con el artículo 7º, que dice: “A que sus hijos reciban de manera opcional, en el ámbito de la educación pública de gestión estatal, educación religiosa que les permita aprehender los valores y contenidos básicos de la creencia por la que hubieren optado”. Este no es un derecho de las escuelas sino de los ciudadanos en particular y me opongo a que se les coarten derechos constitucionales.


Por último, quiero hacer mención a la importancia de la necesaria independencia de gestión tanto en las unidades académicas oficiales como privadas. Creo importante recalcar en este punto que si bien ambas están comprendidas en marcos jurídicos distintos, por ende también su personal, las dos cumplen un rol insustituible en la formación de la persona y el bien común.


Nada más. (Aplausos).

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Sra. Presidenta (Feraudo).- Continúa con el uso de la palabra la señora Susana Roiman.

Sra. Roiman.- Buenas tardes, voy a hablar en nombre de la Asociación de Trabajadores del Estado, soy secretaria de formación del ATE, docente universitaria y mamá de alumnos del secundario.


Vengo a esta Audiencia a sentar postura sobre dos asuntos: el primero ha sido ampliamente expresado por los jóvenes, por los padres y madres, y por toda la sociedad. Se trata del cuestionamiento al método para elaborar y revisar una ley que versa sobre algo tan sensible como es la educación.


En segundo término, señalar cuestiones ligadas a la relación educación trabajo, que especialmente nos atañe como gremio.


Sobre el primer asunto, no quisiera redundar pero esta ley ha sido elaborada por un Consejo de carácter claramente corporativo, donde los que brillan por sus ausencias son los docentes, los padres y los estudiantes. El señor Ministro Grahovac explica tales notorias faltas por la carencia de organismos formales que representen a estos actores, tal respuesta no hace más que ratificar el carácter estrictamente corporativo de tal Consejo. La estrategia de los consejeros es la operación ideológica que naturaliza una concepción de la educación como disciplinamiento, pese a la retórica de la reflexión crítica que por ahí aparece.
La consulta posterior intentó dar un tinte de participación políticamente correcta a lo que se suponía iba a ser un trámite formal y rápido; pero al conocerse la ley empezaron a quitarse las dudas a medida que los debates genuinos, desde las aulas, tenían a este proyecto en su contexto; entonces, ante la vieja pregunta: ¿a quién benefició?, que hay que hacer frente a los instrumentos abstractos legales descubrían la respuesta desalentadora: “a las empresas, a la iglesia, a las corporaciones”.
Los jóvenes en las aulas, en la calle, en las tomas, despertando a la política, autodidactas en la reflexión crítica autónoma, no impuesta, tomaron la palabra y cuestionaron el modelo educativo en su conjunto, mucho más allá del articulado de una ley.
Por respeto a estas luchas, que recrean el espíritu rebelde de la reforma universitaria, apoyamos la exigencia de reabrir un debate social serio, porque lo que está en juego es la educación, el futuro. En este sentido, llamamos a los señores legisladores a la responsabilidad que no ejerzan esta vez la mayoría automática, a la que nos tienen acostumbrado a los cordobeses.
El segundo asunto: educación y trabajo. En Argentina, la formación de la fuerza de trabajo, expresada en particular en las distintas modalidades y reglamentaciones de la educación técnica, ha sido correlato de las configuraciones socio productivas de cada momento.
La enseñanza técnica acoplada al desarrollismo, expresada en el Consejo Nacional de Educación Técnica y su reglamentación, fue central en la reproducción en tiempos de industrialización por sustitución de importaciones. En los ’90, la desindustrialización masiva, desocupación y precarización extendida, con incentivo del cuentapropismo o autoexploración como estrategias privilegiadas de inserción laboral, se expresaron en la Ley Federal de Educación. Las escuelas técnicas se homologaron a cualquier polimodal y las enmudecieron hasta extinguirse. Se entronizó el discurso de la polivalencia de la autonomía para responsabilizar al individuo de su trayectoria, fuera de todo marco de referencia o metiendo la trama social, que define la inclusión o no del individuo.
La Ley 26.058, de Formación Profesional, aprobada en el 2005, recoge las nuevos vientos productivos post convertibilidad, recuperando un papel central para las escuelas técnicas. El anteproyecto que hoy nos moviliza transcribe varios de los artículos –casi textualmente- en el capítulo dedicado a la modalidad técnico profesional, apartado quinto.
Aunque tanto en la ley nacional como en el anteproyecto provincial es de resaltar la supervisión empresarial y corporativa para indicar contenidos y formas, abriendo puertas para obtener de la escuela técnica fuerza de trabajo modelada y barata, vale la pena detenerse en algunas diferencias que nos señalan la profundización de esta orientación en el modelo cordobés. En primer lugar, en la enunciación de los objetivos y criterios del artículo 61 de este proyecto de ley provincial en tratamiento y en los artículos 6º y 7º de la Ley 26.058. Es decir, los incisos, desde el a) hasta el h), de este proyecto de ley provincial son transcripciones textuales de los incisos de los artículos 6º y 7º de la Ley 26.058.
Sin embargo, en el artículo 61, inciso i), de la ley provincial, se produce un desplaza

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CONTINUACIÓN PARTE 4 SEGUNDA AUDIENCIA PÚBLICA EN LEGISLATURA DE CÓRDOBA
Por Asamblea ECI- Colectivo Indymedia Córdoba - Tuesday, Dec. 07, 2010 at 10:30 PM

Sin embargo, en el artículo 61, inciso i), de la ley provincial, se produce un desplazamiento discursivo que resulta preocupante. En efecto, mientras la ley nacional enuncia que es objetivo de la educación técnica “regular la vinculación” entre el sector productivo y la educación técnica profesional, la Provincia sugiere promover tal vinculación”; de regular, controlar, poner límites, supervisar a promover, empujar, estimular, incentivar hay un camino largo, que entendemos como un síntoma.
Más notable aún es la omisión en el proyecto provincial de un tema que, aunque aislado y sin anclaje, al menos queda enunciado en la Ley 26.058; se trata, nada menos, del problema de los “derechos laborales”. El último inciso del artículo 6º de la ley nacional dice: “crear conciencia sobre el pleno ejercicio de los derechos laborales”, lo cual no tiene ninguna transcripción o referencia en al anteproyecto cordobés. Cabe la pregunta: ¿por qué quedó olvidado en el cajón de las transcripciones semejante articulo?


Segundo tema. Sobre las orientaciones de las instituciones de educación técnica profesional, los artículos 10 de la Ley 26.058 y el 62 de la ley provincial son iguales, excepto el inciso f) de dicho artículo 62 de la ley provincial.


La ley nacional sostiene que “las instituciones se orientan a generar proyectos educativos que propicien, en el marco de la actividad educativa y previa aprobación de la autoridad ministerial, la producción de bienes y servicios con la participación de alumnos y docentes de talleres, laboratorios u otras modalidades pedagógicas-productivas”. La cordobesa se torna súbitamente parlanchina en este punto y extiende casi al infinito las posibilidades de tales proyectos; en el artículo 62, inciso f), agrega al transcripto enunciado de la ley nacional: pasantías -palabra que deberían necesariamente sacarla porque genera muchas dificultades y muchas sospechas-, proyectos articulados con otras instituciones, proyectos didácticos-productivos institucionales orientados a satisfacer necesidades del medio sociocultural o de la misma institución, microemprendimientos a cargo de los alumnos, desarrollo de las actividades técnicas-profesionales, empresas o instituciones productivas simuladas y/o cualquier otra modalidad pedagógica, etcétera.


Es decir que aparece una cantidad enorme de puertas abiertas para fundar las sospechas sobre la intención de “proveer mano de obra barata”, que es lo que los chicos han denunciado y siguen denunciando permanentemente. Ese clamor que se escucha desde afuera, aunque cierren las puertas, está instalado en la calle; hay chicos que vienen denunciando durante largos meses esa intención.


Otro punto para discutir, está referido a lo producido por los establecimientos educativos técnicos, la ley nacional no menciona el asunto, mientras que el artículo 64 de la ley provincial afirma que las instituciones podrán ser autorizadas por el Ministerio al manejo autónomo del propio producido que surja como proyecto-escuela, trabajo-producción.


Sabemos de escuelas aerotécnicas en Córdoba con más de 500 hectáreas en plena pampa húmeda, y también sabemos de las escuelas-taller despojadas de todo elemento y de toda herramienta. Si atamos esta disparidad con el énfasis en la relación educación-empresa y los convenios y acuerdos que se promueven, la fragmentación del sistema educativo en escuelas ricas y escuelas pobres se avizora con más crudeza que la de hoy. Si se suma a lo que ya ha sido reiteradamente señalado en los debates sobre las fuentes alternativas de financiamiento -empresas, padres, cooperadoras-, hay sobrados motivos para la alerta roja.


Último punto: Consejo Consultivo sobre políticas generales de la educación técnica. En el artículo 48 de la Ley 26.058 se establece que el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción se integrará con personalidades de reconocida actuación en educación técnica, y aclara que entre sus integrantes se contará –además de las autoridades de los Ministerios de Educación, de Trabajo y de Economía- con cámaras empresarias -aclarando especialmente- de pequeñas y medianas empresas, organizaciones de trabajadores –incluidas las educativas-, organizaciones de profesionales, de técnicos y de entidades educativas de gestión privada. Los miembros deben ser elegidos por el Ministerio de Educación a propuesta de las entidades.


En el caso de Córdoba, en la conformación del Consejo Provincial de Educación Técnica y Trabajo se obvia cualquier mención a la pequeña y mediana empresa, así como a las asociaciones profesionales de técnicos; además, se saca el requisito de la reconocida actuación y trayectoria. Tampoco se dice quién elegirá a los delegados corporativos.


También debo señalar un artículo que nos ha parecido interesante en la discusión, y que apoyamos y rescatamos, el artículo 62, inciso f), el que señala que se “promoverá el desarrollo rural y emprendimientos asociativos y/o cooperativos sobre la base de producciones familiares, del cuidado del ambiente y la diversificación en términos de producción y consumo, así como propiciar la soberanía alimentaria”. Nos parece interesante porque abre la chance de cuestionar al modelo sojero.


Hace unos años apuntamos, en relación a la Ley 26058, que en términos de democratización, la esfera de la ciudadanía queda dislocada de la esfera del trabajo; pero sacando el conflicto del espacio del trabajo para inscribirlo solamente en la esfera pública, estamos frente a una ciudadanía formal o, en todo caso, políticamente correcta que discuta de casi todo, siempre que no sea sobre la explotación y sus condiciones. Esta dicotomía se acentúa en el artículo 4º de la ley provincial, en donde habla sobre los fines de la educación, quedando claramente distanciada la formación ciudadana de la formación para el trabajo; la participación reflexiva y el ejercicio de la crítica quedan asignados al comportamiento ético y moral y a la integración de la vida social, cultural y política, artículo 4º, inciso d) y c). En la preparación laboral técnica y profesional se espera, en cambio, personas idóneas que se incorporen al proceso de desarrollo socio productivo y su formación permanente.


En los años ‘90 se agitaba el fantasma del fin del trabajo y parecía que el conflicto estaba alejado del ámbito laboral. Hoy, al retornar enérgicamente la conflictividad a la disputa por el salario contra la precarización y las condiciones de trabajo y la asignación de todo el peso de la reflexión y de la crítica a la formación del ciudadano en la vida política, cultural o social se omite que el ejercicio de la política tiene un anclaje decisivo en el sujeto que trabaja, produce y reproduce la vida material y simbólica.


Muchas gracias. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Feraudo).- Gracias por tu aporte.


Le damos el uso de la palabra a Zulma Patiño.
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Sra. Patiño.- Soy Secretaría del Área de Discapacidad de la Central de Trabajadores Argentinos; delegada departamental por la Lista Naranja de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba y, con mucho orgullo, digo que he trabajado 35 años como docente de escuelas especiales.


En lo referido a la educación especial, considero a la discapacidad como una cuestión de derechos individuales y sociales, encuadrando a los mismos dentro de los Derechos Humanos.


En los años ’90, con la llegada del neoliberalismo, con la Ley Federal y con las transformaciones educativas algunas cuestiones se insertaron fuertemente dentro de la educación especial. Cuando se trata del tema de la discapacidad, tenemos que tener mucha claridad con respecto a la manera en que la definimos. Hay que tener cuidado cuando hablamos de inclusión para no caer en la idea de que con esto se está solicitando exclusivamente una integración educativa y laboral. Por el contrario, hay que sostener la idea de que hablar de inclusión es abrazar la bandera de los derechos de la persona con discapacidad, sustentados en el mero hecho de su ciudadanía y de su condición de ser humano.


Cuando hablamos de necesidades educativas especiales nos estamos refiriendo a distintos grupos que comprenden, entre otros, a los discapacitados; nos estamos refiriendo a los multimpedidos, a los psicóticos, a los drogadictos, a los autistas, a los aborígenes, etcétera, cuyo parentesco último será el tener cierta disponibilidad, a partir de su diferencia, a condiciones de expulsión social y privación, con consecuencias directas sobre las capacidades de ejercicio de sus derechos sociales.


Quiero hacer notar que es fundamental usar el concepto de “integración” en lugar de “inclusión”. La intencionalidad de esto da cuenta de que, si bien los términos pueden catalogarse como sinónimos, el manejo común que se le ha dado al término “inclusión”, en muchos casos, opera desde una lógica que se puede denominar “de reparación” que, por cierto, tiene un sesgo terapéutico muy importante, independientemente de que la intervención se dirija a promover programas en la esfera del trabajo, a promover políticas de participación de las personas con discapacidad, a promover un tipo determinado de modelo de escolaridad, etcétera, desde lo cual lo que se busca es reparar las fallas como el prerrequisito para la participación en el mundo de los normales.


En el fondo, la irregularidad y las anomalías no son concebidas como accidentes que afectan a un individuo sino como su existencia misma.


La integración representa el medio de canalización que permite a la persona con discapacidad normalizar sus experiencias en el seno de su comunidad. Pero no basta con ser insertado físicamente en un lugar común; es imprescindible constituir una parte integrante de esa comunidad. Esto significa que no sólo se debe insistir en aplicar el principio de igualdad para vivir en sociedad teniendo iguales derechos y obligaciones que los demás, sino que se debe lograr la participación activa, como requisito indispensable para una verdadera integración social.
Tener un papel y un lugar en la sociedad supone aportar una contribución y tener un trabajo digno. ¿Tiene sentido o no discutir sobre los términos discapacidad, discapacitado, minusválido, personas con discapacidad, personas con necesidades educativas especiales, etcétera? Me parece que si se trata de una discusión de corte gramatical, no vale la pena. Lo que hay que cambiar, detrás de la nominación, es un tipo de concepción.
En lo cotidiano, detrás de cualquiera de estos términos muchas veces subyace un sentimiento de lástima, o se piensa en una enfermedad, en prácticas caritativas y compasivas; eso hace que tenga menos valor. En lo institucional, esta visión adquiere la forma de asistencialismo.
En general, se hace más hincapié en las limitaciones –lo que no puede hacer- y no en las potencialidades –lo que sí puede hacer-; ni hablar si se trata de sus edades e intereses.
Centrándonos específicamente en los artículos de la ley que se refieren a la modalidad especial –artículos 49, 50, 51 y 52-, es imprescindible destacar la importancia que tiene el considerar a la educación especial una modalidad y no un régimen, como se la viene considerando desde la aplicación de la ley federal, ya que todos sabemos que dichas palabras no son sinónimos. Es imperioso dejar claro que la modalidad abarca todos los niveles del sistema educativo, desde la estimulación temprana hasta la universidad.
En el artículo 49, cuestionamos que “inclusión” no es garantía de “integración” como lo planteé en la introducción.
También nos preguntamos quién brinda, en el sistema de educación pública de la Provincia de Córdoba, dentro del área de Educación, la estimulación temprana, ya que en la mayoría de las escuelas especiales públicas los servicios de estimulación fueron desapareciendo y no se crearon nuevos, necesarios e imprescindibles para lograr una buena integración; caso contrario, la misma tiende a fracasar y estos servicios son básicos, sobre todo en los sectores más vulnerables.
Otro interrogante es: ¿cuál es la población que va a atender la escuela especial? ¿Va a atender a los niños pobres, a los expulsados de la escuela común, a los que tienen problemas de conducta o a los que tienen atención dispersa? No queda claro; lo que sí tenemos claro los trabajadores de la educación especial de la Provincia de Córdoba es que la integración escolar es un proyecto más dentro del sinnúmero de proyectos que la escuela especial desarrolla en su hacer cotidiano.


El artículo 50, en su lectura se presenta como muy contradictorio, habla de los equipos multiprofesionales. Estos equipos están en todas las escuelas especiales desarrollando un sinnúmero de tareas relacionadas al hecho educativo en la institución, entre esas tareas está la de diagnosticar cuál es la población que está en condiciones para integrarse a la escuela común, que sabemos -no nos engañemos-, no todos los niños pueden integrarse, depende de muchos factores y de qué tipo de discapacidad se trate.


Queremos destacar con mucha fuerza que a los niños y jóvenes con discapacidad no sólo se los debe integrar en propuestas aisladas –como dice la ley- de capacitación laboral, deportes, recreación, culturales, sino que se los debe capacitar permanentemente en estas áreas para que participen de la vida activa de la sociedad, junto a todos los niños y jóvenes que constituyen el colectivo educativo.


En este artículo se debería considerar a la integración laboral como uno de los puntos más importantes, ya que la integración al mundo del trabajo es fundamental y para eso los prepara el nivel medio en las escuelas especiales. Los jóvenes con discapacidad deben trabajar de forma independiente semi protegida o protegida, según la discapacidad que posean, gozando de todos los derechos que goza cualquier trabajador en nuestra sociedad: permanencia en el trabajo, trabajo en blanco, salubridad, salarios dignos, etcétera. En la actualidad, en la ciudad de Córdoba no existe ninguna oferta por parte del Estado de talleres protegidos o semi protegidos que les permita a los egresados con discapacidades más severas integrarse a trabajar, las ofertas existentes son privadas. Nuevamente, los sectores más vulnerables quedan afuera.


Es importante remarcar que en la actualidad son pocas las escuelas de nivel medio que integran discapacitados con adecuaciones curriculares que contemplen estos aspectos. En general, la integración en el nivel medio “hace agua” porque desde los organismos pertinentes no se desarrollan políticas que favorezcan las mismas.


En el artículo 51 de la ley hay una serie de ítems que se expresan pero que, en general, no se cumplen: inciso a) Las adecuaciones curriculares que hoy se hacen en muchas escuelas que ni siquiera tienen niños integrados no contemplan los aspectos tecnológicos, recreativos, artísticos y culturales. Esto se debe realizar con los maestros de las escuelas especiales y los equipos multiprofesionales; no es sólo la tarea del maestro integrador con la maestra de grado de la escuela donde está integrado. En este trabajo intervienen diversos profesionales, es de la única forma que pueden lograrse buenos resultados. Inciso b) Hoy no se cuenta con suficiente personal especializado nombrado y muchas integraciones se realizan a través de profesionales contratados por el Ministerio de Desarrollo Social sin experiencia, a veces, sin títulos afines, a quienes se les paga un magro salario, por lo tanto van rotando permanentemente, ante esta última causal dejando a los niños sin ningún tipo de apoyo. La integración de los discapacitados es fundamental y, en el ámbito de lo público que sea responsabilidad exclusiva del Ministerio de Educación. Inciso c) Hoy el transporte en la Provincia de Córdoba no está garantizado para el discapacitado, muchas veces, por falta de pago a las empresas prestatarias, esto impide no solo que los niños, jóvenes y adultos no asistan a la escuela sino también a las distintas actividades extracurriculares. Nos preguntamos ¿por qué en esta Provincia no se cumple con la Ley nacional 22.431 que garantiza el transporte gratuito a lo largo y ancho de todo el país a las personas con discapacidad? En el inciso d) se habla de atención durante toda la vida. Hoy, en la Provincia de Córdoba esto no se cumple, la mayoría de los discapacitados están desocupados a lo largo de toda su vida dependiendo de sus familias. En el inciso e) el Estado, a través del Ministerio de Educación, debe exigir a los organismos pertinentes que garanticen la accesibilidad física a los discapacitados no sólo a los edificios escolares sino a todo lo que implica la vida de la ciudad o pueblos de la provincia de Córdoba, esto contribuye a una mejor integración.


Por último, como Secretaría de la Discapacidad de la Central de Trabajadores de la Argentina, y como Lista Naranja de U.E.P.C., nos preguntamos: ¿de quién va a depender la modalidad especial en el sistema educativo?, ya que si se aprueba esta ley dejamos de ser régimen y hoy dependemos de la Dirección de Regímenes Especiales.


Queremos también dejar sentado que no estamos de acuerdo con la educación religiosa, y saludamos al movimiento estudiantil que puso sobre la mesa esta discusión.


Para terminar, sólo nos resta decirles algo que para mí siempre fue fundamental en toda mi historia como trabajadora: “lo que es igual para todos, no interesa a nadie”.


Muchas gracias. (Aplausos).

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Sra. Presidenta (Feraudo).- A continuación va a hacer uso de la palabra el señor Miguel Ángel Ferreras.

Sr. Ferreras.- Buenos tardes. Muchas gracias por la paciencia de todos por escucharnos.
Vengo solo en representación de mi compañera de hace 75 años, a quien conocí enseñando a leer y escribir en un barrio mientras yo enseñaba electricidad; y donde en uno de los primeros encuentros aprendimos una lección importante cuando nos presentamos, diciendo: “acá no hay quién enseñe y quién aprenda; todos aprendemos unos de otros”, y uno de los alumnos se levantó y dijo: “no estoy de acuerdo, hay una asimetría fundacional, a ustedes les pagan por estar aquí; a mí no, estoy dejando mi tiempo, mi casa y mi trabajo para venir aquí a aprender”. Aprendimos duramente esa lección.


Después vino la “aplanadora genocida”, luego la “aplanadora neoliberal”, y todavía seguimos juntos con la experiencia, también, de un hijo con necesidades educativas especiales, o capacidades especiales, que no pudo entrar a ninguna escuela de modalidad especial porque no sabía cortar con la tijerita, y porque no se adaptaba a que cuando cantaban el Himno no se podía estar bailando porque le gustaba la música; no era capaz de reconocer el Símbolo Patrio. Estoy hablando de época democrática.


Pero no voy a hablar de eso en nuestra propuesta; vamos a hablar de algo más profundo que interconecta todo eso y que le da una penosa coherencia al anteproyecto de ley que está presentado.
Lo que voy a hacer es, simplemente, un condimento retórico: vamos a presentar 6 puntos específicos con propuestas de reformulación, y 4 puntos generales que dejaremos después por escrito.
Empezando por los puntos más específicos, vamos a hablar del tema del dogmatismo. Encontramos con sorpresa que se habla, tanto en los principios generales como en los derechos de los padres, de una educación no dogmática pero sólo en la gestión estatal. Señores legisladores: ¿se dan cuenta de lo que están diciendo?, que casi el 50 por ciento de nuestros estudiantes que asisten –según datos oficiales del Ministerio de Educación– al ciclo orientado del secundario en las escuelas de gestión privada, es decir 49 mil estudiantes en el año 2009, frente a un total de 109 mil, o sea, casi la mitad. Además, no olvidemos que los de los centros de gestión privada son, en general, los que más poder económico tienen y, por consiguiente, los que van a ocupar puestos de privilegio o de conducción en la sociedad por venir.


¡Y resulta que estamos autorizando por ley, por omisión, que tengan una educación dogmática! Alguien podrá decirnos: “y claro, porque estamos autorizando que en la educación privada haya educación religiosa”. Me parece fantástico y acepto que así sea; ahora bien, también la ciencia se puede enseñar dogmáticamente; sin ir más lejos, veamos al amigo Berlusconi, que logró imponer en Italia, en pleno siglo XXI, que sólo a los alumnos mayores de 14 años se les puede enseñar la ley de evolución de las especies. ¿A eso estamos apuntando?, ¿a que quienes van a ser los principales dirigentes de nuestra sociedad en el siglo XXI puedan recibir una educación dogmática?, ¿esto no necesita ninguna aclaración?


Esto está establecido en la ley y realmente nos sorprendió; espero que a ustedes también. Por lo pronto, proponemos el agregado de un inciso en el que se aclare que esa posibilidad de dogmatismo sólo se refiere al aspecto religioso, según el caso que corresponda, con la explícita prohibición de extrapolarlo a otros ámbitos. Esto es muy sencillo de resolver y se resume en dos palabras. Acaso, ¿esto se les pasó por alto? Tenemos nuestras dudas al respecto.


Respecto del derecho a la enseñanza religiosa, nos decía un colega: “¡Por Dios, hemos vuelto a una discusión de hace 130 años, de la época de la Ley 1420!”. Analicemos qué se dijo sobre este tema en los países con experiencia comunista, ¿han dado marcha atrás en la idea de imponer una educación atea y materialista porque se dieron cuenta de lo que significa la esfera pública y política? Actualmente, en Cuba, el Partido Comunista acepta que sus integrantes puedan ser católicos, pero no admiten que haya educación religiosa en las escuelas. Justamente, hablar de educación laica implica un respeto visceral a la libertad de conciencia. ¿Qué piensan ustedes sobre lo que ocurre hoy en cualquier escuela de la Provincia de Córdoba, donde se obliga a los alumnos a rezar el Padrenuestro al comienzo de cada clase? Claro que muchos docentes piensan, buenamente, que eso los va a hacer más morales, buenos y mansitos, ¿pero ustedes han pensado lo que significa eso para alguien que profesa una religión distinta, es ateo o agnóstico?


Cuando esta ley se refiere a los pueblos originarios, expresa: “respeto a la diversidad lingüística y cultural”. Pareciera que los pueblos originarios no tenían religión. ¿Será que sólo tenían simples supersticiones y creían en cuestiones propias de sectas, o será que eliminamos a los que nos evangelizaron?


Esto es para pensar, para educar. ¿Ven que discutir esta ley puede ser motivo de educación? Claro que educa ver que en la sala donde estamos llevando adelante esta discusión hay sillas vacías, mientras afuera hay gente protestando, siendo que en esta misma ciudad, este mismo día, hay posibilidad de acceso irrestricto a un juicio que genera tensiones sociales muchísimo mayores. (Aplausos).


Entonces, señores legisladores, ¿no tienen una sala más amplia para el desarrollo de esta discusión?, ¿acaso no confían en la capacidad de los ciudadanos para discutir democrática y respetuosamente las distintas posiciones?, ¿o aquí sucede lo mismo que con las recomendaciones increíbles que le hicieron a la Comisión de Políticas Educativas, integrada por expertos a los que primero se los convoca y luego se les da instrucciones sobre cómo deben expedirse?


Esto quiere decir que ustedes, desde el poder político, están pensando que esos expertos, llamados en carácter de consultores, no tienen capacidad para expedirse sobre el informe que se les solicita. Entonces, les dicen: “señores, elaboren, preferentemente, resoluciones por consenso”; si no lo logran: “muchachos, no han conseguido los logros”, les van a poner en la libreta “no logrado”, porque no han logrado consenso y, entonces, en el cuadernito ponen cuáles son los disensos. ¿Se dan cuenta de que esa es la coherencia que hay en la ley? Aceptación de dogmatismos que se expresan abriendo la puerta sólo a los sectores religiosos que tienen el poder de imponer, porque ¿quién piensa que van a enseñar agnosticismo en la escuela? Tampoco se menciona, pero si queremos dar educación religiosa permitamos que se haga educación en ateísmo o en agnosticismo.


¿O es que no hay sociedades mundiales con valores éticos y morales mucho más altos que los que exhiben nuestros religiosos, políticos o militares que no profesan ninguna religión o que tienen la creencia de que no hay dios, o que si hay dios no pueden ser ellos su expresión? Lamentable para la educación.


Decía, entonces, que se le pide al Consejo Provincial de Políticas Educativas que se expida por consenso, se ignora que hablar de democracia es hablar de diferencias y que si queremos evitar los dogmatismos de lo que se trata es de articular las diferencias; eso es lo que pareciéramos no estar sabiendo hacer como sociedad.


Otro punto a tener en cuenta: entender el consenso como homogeneidad y la identidad como uniformidad aplastante, al estilo de aquellos que decían en la época de los militares: “el silencio de las mayorías”, cuando no: “el silencio de los cementerios”. Entender el consenso como uniformidad y homogeneidad es no entender que la democracia es centralmente expresión de diferencias y articulación de ellas, y el logro de una identidad nacional se alcanza como un modo particular y compartido de procesar las diferencias y no por ser todos igualitos; lo que nos da identidad nacional es el modo en que procesamos nuestras diferencias -que aquí están-, no es que somos todos iguales y pensamos todos igual.


Se habla también del derecho a la vida, ¿por qué poner un derecho por encima de otro o aclararlo?, ¿será por el genocidio?, ¿será porque hoy la tecnología ha permitido, por primera vez en la historia, cortar el ciclo de la vida y patentarlo, y obligarme a comprar una planta que no produce una semilla capaz de reproducirse, o hacer una patente y tener una policía genética? ¿A ese derecho a la vida se refieren? Fantástico, aclarémoslo, ¿o es el derecho a la vida en cuanto a que la ciencia y la tecnología están eliminando una especie por día y que la especie humana tiene 25 formas distintas de eliminar toda forma de vida en el planeta?, ¿o que se utilizó la bomba de Hiroshima cuando la guerra ya estaba definida y se eliminaron 200 mil personas?, ¿o que se mandó innecesariamente a nuestros jóvenes a la guerra de Malvinas?, ¿o que se eliminó con un genocidio a nuestros representantes?
¿A ese derecho a la vida nos estamos refiriendo?, fantástico, pongámoslo y argumentémoslo, pero si soterradamente con eso se está queriendo poner debajo de la educación sexual que estamos queriendo dar elementos dogmáticos para desde la Ley de Educación no aceptar la discusión complejísima –en la que no me voy a meter en este momento- sobre la legalización del aborto es otra cosa, pero aclarémoslo para la gente.
Tal cosa pareciera cuando en el artículo que sigue se habla de algo que resulta casi cómico: la educación vial como fin de la educación. Discúlpenme pero –repito- resulta cómico porque es lo más antieducativo que se les podría ocurrir. En un programa de televisión sobre educación tecnológica tuve la oportunidad de consultar a expertos y lo primero que dicen: “la educación vial es apenas una patita absolutamente insuficiente si no hay infraestructura y regulación”.
Por lo tanto, poner el deporte, la educación vial y la lucha contra la drogadicción como fines de la educación creo que es para revisarlo, me parece que es producto de un acuerdo del momento de estos grupos que se reúnen a puertas cerradas.
Yendo al tema de la preparación laboral, ¿cómo puede ser un fin de la educación la preparación laboral técnica y profesional?, ¿a los docentes no se los educa para trabajar como docentes?, ¿y los egresados de las escuelas secundarias no van a trabajar? Pero la escuela no está para prepararlos para un puesto de trabajo, en todo caso está para comprender la complejidad y las tensiones que hay en este complejo proceso de producción social y cultural, que también incluye al mundo del trabajo y, por supuesto, hay que insertarse en él.
Fíjense que la ley crea dos Consejos, lo que en realidad hace es recoger la historia. Entiendo que en su momento el Poder Ejecutivo haya creado, por necesidades operativas, un Consejo Provincial de Educación Técnica y Trabajo; pero, actualmente, el Consejo de Políticas Educativas dice: “acá no hubo ninguna interferencia empresarial”, claro, pero lo que sí hay es un consejo paralelo por el cual entran las opiniones de las empresas. Entonces, ¿si hay un Consejo de Políticas Educativas como puede ser que lo que tenga que ver con el trabajo se maneje aparte? Pues bien, con respecto al mismo, proponemos unificarlo.
Cuando hablamos de políticas educativas en relación al mundo del trabajo, me refiero a todo el trabajo, porque no me van a decir, señores legisladores, que es lo mismo el poder de lobby y ofrecimiento que tiene la fundación Minetti -que representa a la Empresa HOLCIM y maneja el 60 por ciento de la producción de cemento del mundo- o ARCOR con el del almacenero o ferretero de la esquina; sin embargo, pero acaso ¿no es ex alumno? o ¿padre de alumno? o ¿empleador? pero ¿cómo le vamos a dar participación a él? Nos molestó cuando veíamos que teníamos que demostrar interés genuino para venir a participar acá, y ahora nos retractamos diciendo: esperemos que eso lo apliquen cuando vengan las grandes multinacionales a ofrecer cifras millonarias en inversión, en equipamientos o en instalaciones, utilizando la superficie del Estado para realizar la educación, pero cuando se acaba esa forma de trabajo la levanta, o dejan que el Estado se encargue de levantar la infraestructura que dejaron".


No se pueden aceptar donaciones, por importante o agradables que sean, que vayan en contra de las políticas y estrategias del Estado -que tienen que estar definidas y planteadas en un solo Consejo.


Como estoy próximo en el tiempo, paso a dar una idea con respecto a lo que proponemos incluir en estos Consejos unificados: que sea un ámbito donde se mapeen las controversias, posicionamientos y argumentaciones que existen en torno a la educación, que yo, ciudadano común, pueda venir y ver donde están reflejados mis argumentos y mi postura. Que pueda consultar ¿cuál es la postura que tienen los call center con respecto a la educación pero qué posturas van a tener: “mientras peor eduquen, mejor”. No tienen ni leyes laborales. No es casualidad que se hayan olvidado de incorporar a la educación el estudio de las leyes laborales.


Nos parece central distinguir lo que es “participación ciudadana” de lo que es “consulta a expertos”. La participación ciudadana no pretende decidir pero sí saber qué opina -y por qué- cada uno de ustedes; en base a eso, voy a corregir mi próximo voto. Por eso hablamos de un mapeo de controversias, argumentaciones y posicionamientos donde cada uno se pueda sentir reflejado, así articulamos una democracia participativa con una democracia representativa. Claro que en algún momento hay que elegir representantes para que decidan, pero vamos a ver si cumplen con mi mandato y qué argumentos tienen para tomar las decisiones.


Por último, quiero decir que mi compañera y yo estamos jubilados como docentes pero no queremos jubilarnos en la actitud docente.


Ustedes, como legisladores, el próximo miércoles van a tener una gran oportunidad de hacer docencia abierta cuando traten la renuncia de este legislador que operó tan hábilmente para trampear la voluntad que se expresó en la participación de organizaciones sociales de la ciudadanía en la Ley de Bosques; y ahora se ve involucrado en un tema personal que lo lleva a la renuncia.


Estamos todos mirándolos y esperando la lección educativa, y ese es el problema de las nuevas tecnologías; pensar que la educación hoy tiene lugar en el ámbito acotado del edificio escolar, entre dos timbres, es una ilusión tonta; si algo tienen los medios de comunicación contemporáneos es la posibilidad de educar tanto como la escuela; pero la escuela está perdiendo la capacidad de procesar este poder educativo externo que tiene.


Ustedes también lo tienen y estamos todos esperando cómo van a operar educativamente el próximo miércoles.


Nada más. (Aplausos).

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Sra. Presidenta (Feraudo).- Tiene la palabra el señor Daniel Godoy.

Sr. Godoy.- Buenas tardes.


Soy padre de las Comunidades Educativas de la Escuela Manuel Belgrano y de la Escuela de Arte de la Facultad de Filosofía. También participo en el colectivo de padres en defensa de la educación pública de la Escuela Manuel Belgrano y soy integrante de la Coordinadora de Padres de Escuelas Secundarias.


Voy a ser breve para plantear nuestra postura, es difícil hacerlo luego de la alocución del anterior disertante, que realmente nos ha sorprendido.


El presente documento no pretende ser una exposición sobre la exclusión, marginación o discriminación; sólo pretende expresar nuestra humilde opinión sobre los métodos utilizados por el Poder Ejecutivo para la conformación del Consejo de Políticas Educativas. Por ello que cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia.


Desde el pasado 29 de septiembre, por medio de las tomas de los establecimientos educativos, los estudiantes supieron poner en el debate público los procedimientos inconsultos y alejados del sentir democrático que nuestro Gobierno ha realizado en la conformación de dicho Consejo.


Pareciera reiterativo pero lamentablemente debemos repetir hasta el cansancio lo excluidos, marginados y hasta discriminados que nos sentimos los estudiantes, padres y docentes por no haber participado en el anteproyecto de reforma de la Ley 8113; por no habernos participado como protagonistas fundamentales en el debate; por no habernos participado en elegir la educación que queremos para “nuestra Córdoba”, como la llama el Gobernador en los spots publicitarios.


Al decir “la educación que queremos” nos referimos a la educación que anhela la sociedad toda y no la que el Gobierno ambiciona, conformando consejos de manera “dedocrática”, ilegítima y con mezquinos intereses.


A estos sectores, que una vez más nos dan la espalda como lo han hecho a lo largo de la historia, también les interesa sobremanera la educación, pero estaría bien reiterar -porque pareciera que todavía no está entendido que sus intereses no son los de la sociedad en su conjunto- que la precarización laboral, la mercantilización de la educación, la regresión sobre la laicidad de la educación pública y la sistemática neutralización del pensamiento crítico no son los intereses de un pueblo sino el de mezquinas minorías.


Señoras y señores legisladores, creo fervientemente que estamos siendo testigos del nacimiento de la nueva dirigencia política, la que verdaderamente podría llevarnos a cambiar nuestro futuro como sociedad, la que podría dejar de hacernos sentir víctimas de tantos engaños y la que, apostamos, va a dar una dura batalla contra la exclusión y la marginación política, tal cual lo vienen demostrando de manera consecuente y comprometida con las luchas por sus reivindicaciones.


Por eso, como padres también comprometidos con la educación de nuestros hijos y la de toda nuestra sociedad, queremos dejar en claro que hemos asumido el rol y el deber que nos corresponde de defender a esta generación ejemplar, y me refiero a defender con uñas y dientes contra los embates pérfidos de aquellos que osan llamarlos “totalitaristas” o “de comportamiento pro fascista” e intentan cercenar su palabra por medio de la exclusión.


Quiero decirle a esas personas que, si bien con el método de las tomas de establecimientos puede haber quienes estén o no de acuerdo, nadie puede cometer la terrible falacia de decir que no fueron decisiones democráticas, ya que ese tipo de medidas de fuerza nadie podría llevarlas a cabo sin la aprobación de las asambleas; pero el problema radica en que para el criterio del profesor Walter Grahovac –analizando sus dichos en la versión taquigráfica de la reunión conjunta de comisiones del día 16 del corriente mes- estas asambleas deberían estar regidas por Centros de Estudiantes con personería jurídica, porque para él, aparentemente, “personería jurídica” sería sinónimo de representatividad, lo cual complicaría su condición de Ministro de Educación y docente.


Tampoco puedo dejar de mencionar las palabras vertidas por el presidente del bloque oficialista, Daniel Passerini –dichos también extraídos de la misma versión taquigráfica-, al expresar lo siguiente: “Justamente, nuestra posición política como bloque es sostener la educación pública, garantizar el debate y sumar permanentemente las decisiones que le hacen bien a la educación pública. Reitero, vamos a garantizar el debate, la discusión y seguiremos aportando como lo venimos haciendo”.


Ahora, me pregunto: ¿es éste el verdadero ámbito de debate y discusión al que se refiere? ¿Qué entenderá al leer los términos de la resolución de la creación de las Audiencias Públicas, que indica en su artículo 7º: “…no permitiéndose entablar debate alguno”?


¿Qué pretende al negar ante los medios que este proyecto se quiera votar en diciembre? ¿Será que en realidad se ha dado cuenta que su debate debe ser extendido hasta que este sea legitimado con la participación de la comunidad educativa en todo su conjunto?


¿Por qué manifiesta, también ante los medios, que la mayoría de los oradores de la Audiencia Pública anterior se pronunciaron a favor de este proyecto si hay una versión taquigráfica que no armoniza con sus dichos?


Para contestar a todas estas preguntas, voy a citar la tristemente célebre frase de Joseph Goebbels, Ministro de Propaganda de la Alemania Nazi, cuando decía: “Miente, miente, miente que algo quedará; cuando más grande sea una mentira más gente la creerá”.


Por otra parte, sobre la exigencia de anulación del anteproyecto de reforma a la ley provincial de educación, que los jóvenes que integran la Asamblea Interestudiantil vinieron adoptando y que los llevó a ser considerados el sector más radicalizado o el ala dura de los estudiantes, me permito reflexionar lo siguiente: la Asamblea Interestudiantil, conformada por secundarios, terciarios y universitarios, es el sector más pluralista y que verdaderamente ha sabido dirimir entre lo correcto y lo fácil. En definitiva, es el sector que, con gran convicción ideológica y compromiso social quiere que, de una vez por todas, las cosas se hagan bien desde el principio, más aún cuando se trata de algo caro como la educación.


Es por ello que, como bien lo hemos expresado, la exigencia de anulación del anterior anteproyecto se transforma hoy en nuestra exigencia del rechazo al texto completo del proyecto de ley 6480/E/10, por considerarlo carente de legitimidad, dada la exclusión de los protagonistas principales que, por si alguien aún no lo ha interpretado, se los repito: son los estudiantes, los docentes y los padres. (Aplausos).


Por último, quisiera apropiarme de las palabras de un compañero cuando, refiriéndose a algunos de los dichos populares que expresan que “esta sociedad o esta juventud está perdida”, objetó: “Yo mejor diría: con esta juventud de hoy, esta sociedad está salvada.” (Aplausos).

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Sra. Presidenta (Feraudo).- Invitamos a la señora Miriam Ochad, representante de la Red Dramatiza.

Sra. Ochad.- Mi nombre es Miriam Ochad, profesora de teatro de seis establecimientos educativos de la Provincia de Córdoba: la Escuela Normal Superior Alejandro Carbó, Instituto Domingo Zípoli, IPEM 42, Moyano Coudert, IPEM 40, Deodoro Roca, IPEM 185, Perito Moreno y del IPEM 160, Hipólito Vieytes. Vengo en representación de mis compañeros de la Red Dramatiza.


Para conocimiento de ustedes la Red Dramatiza es una asociación civil con personería jurídica que nuclea a todos los profesores de teatro de la Argentina y tiene como coordinadora general a Esther Trosso, profesora de la Universidad Nacional de Cuyo y enviada por el Ministerio de Educación de Mendoza al Consejo Federal de Educación.
Los docentes nucleados en la Red Dramatiza consideramos que el anteproyecto de ley general de educación de la Provincia de Córdoba fue gestado de manera arbitraria y antidemocrática, sin la plena participación de toda la comunidad educativa.
Por un lado, el Gobierno argumenta haber brindado la instancia de participación en la elaboración del anteproyecto el pasado 28 de julio. Sin embargo, fue un espacio de consulta y no de elaboración, donde se debía completar un formulario en formato de cuadro comparativo, con respuestas afirmativa o negativa, y observaciones de cada artículo, todo en un período de sólo cuatro horas.
La convocatoria no fue realizada con la debida anticipación. Se informó con dos días de antelación y durante el receso invernal del nivel superior. Tampoco fue realizada en todas las escuelas por los medios formales de comunicación; en cambio, se utilizaron algunos medios masivos de comunicación. Como consecuencia de ello, el anteproyecto elaborado representa intereses particulares, en desmedro a los del conjunto de la sociedad.
El anteproyecto de ley resulta ambiguo y contradictorio puesto que en las disposiciones fundamentales, dentro del artículo 1°, se emplea el término “servicio educativo”, sin explicitar que la educación es un derecho. Ello se contradice con el Capítulo I, artículo 2°, de la Ley Nacional, en la que se plantea que la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social garantizado por el Estado; además, el artículo 3, inciso f) plantea que la educación pública de gestión estatal es común, integral, gratuita, exenta de dogmatismo de cualquier signo; no obstante, el anteproyecto no garantiza la educación integral al desvalorizar la educación artística y humanística, disciplinas que favorecen el desarrollo del ciudadano con capacidades críticas y creativas, partícipes en la vida cultural y social de su entorno.


Al respecto, los artículos 6, 19 y 39 inciso h), se centran en la educación científica, tecnológica, pedagógica, la capacitación laboral y la formación profesional omitiendo la educación artística; la misma, se encuentra contemplada sólo como modalidad y no como disciplina con su propio objeto de estudio: artículos 23, 74 y 75.


Asimismo, este tratamiento general de la educación artística atenta, primero, con la vigencia de las disciplinas artísticas en las currículas de los diferentes niveles de la ecuación obligatoria a partir de la reducción y precarización de sus horas cátedra; segundo, el reconocimiento de las disciplinas artísticas como campo del conocimiento y su especificidad; tercero, la vigencia de las escuelas de formación artística; cuarto, el campo laboral de los docentes en artes; quinto, la existencia de la especialidad en artes en las escuelas secundarias de Córdoba capital y del interior.


El anteproyecto no garantiza la gratuidad de la escuela pública de gestión estatal al propiciar en las instituciones educativas la creación de asociaciones cooperadoras, clubes de madres, cooperativas de alumnos, docentes y padres con la finalidad de movilizar, captar y administrar medios y recursos para cumplir con las actividades programadas, artículo 105.
En el mismo sentido, el anteproyecto prevé la incorporación de aportes comunitarios, sectoriales y de otras jurisdicciones para garantizar el sostenimiento del sistema educativo, artículos 3, inciso i) y 19, inciso d); de este modo, queda abierta la posibilidad de la ingerencia de intereses privados en la educación pública y el autofinanciamiento de los centros educativos; esto se contradice con la Ley Nacional, artículo 10 que dice: “El Estado Nacional no suscribirá tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que implique concebir a la educación como un servicio lucrativo que aliente cualquier forma de mercantilización de la educación pública”. Esto está manifestado en el anteproyecto de Ley 8113, en el Capítulo I, artículo 2).


Por todo lo expuesto anteriormente, solicitamos la postergación del anteproyecto de Ley 8113 y proponemos realizar un congreso pedagógico para una construcción legítima y democrática del anteproyecto de ley.


La necesidad de retornar a los grandes educadores latinoamericanos, la búsqueda de una propuesta educativa, la multifactorialidad con los procesos de aprendizaje, la implementación de metodologías activas, la necesidad de concebir la educación como un acto político, la certeza de entender que la educación no ha sido, no es, ni será neutra ideológicamente, la necesidad de incorporar verdaderamente a la comunidad educativa; el aporte que podemos realizar, desde la escuela, en la construcción de un verdadero proyecto educativo que nos incluya a todos, de manera equitativa y solidaria, son temas que tenemos en debate y que nos ayudarán a asumir de mejor forma nuestro rol político y pedagógico en la actual sociedad.
El que acabo de informar es el punto A), voy a pasar a informar el punto B), diagnóstico situacional de la educación teatral en la Provincia de Córdoba.
En la Provincia de Córdoba, y mediante el Decreto 125/09, se está implementando un nuevo mapa curricular con un alto porcentaje de las escuelas de nivel secundario como experiencia piloto.
Dentro del artículo 7, Derechos y Deberes de los Docentes, punto f), se menciona como derechos de los docentes: Primero, al mantenimiento de su estabilidad en el cargo, en tanto su desempeño sea satisfactorio, de conformidad con la normativa nacional y provincial vigentes. Segundo, ¿cómo se relaciona lo anterior con la figura legal de las famosas horas institucionales -mal llamadas institucionales, más bien horas en disponibilidad- que no aparecen escritas en ningún texto, ni en el anteproyecto de Ley 8113 como tampoco en el Decreto 125, pero que de hecho han obligado a firmar a docentes, no sólo del área artística sino de ciencias sociales y biológicas? Esto significa una precarización laboral de la que podemos dar cuenta.


Tercero, en las llamadas horas de extensión de jornada de educación primaria, mientras en la propaganda televisiva oficial se habla que están dictadas por profesionales del área, en realidad son horas tomadas por maestros que han recibido cursos de perfeccionamiento desde el mes de septiembre –mismo mes que han tomado esas horas. Esto sucede en desmedro de las disciplinas pertinentes.


El teatro es un espacio que ha sido bastardeado en innumerables ocasiones. En aplicación de la Ley Federal de Educación en Córdoba se reconvertía el cargo de los profesores de francés en profesores de teatro. También se los habilitaba a los profesores de lengua y de historia. Nosotros tenemos una formación profesional específica.


Las materias de arte son tres, teatro, plástica y música, en la actualidad y no dos, como propone el Decreto 125. Produce un vacío legal que da lugar a despidos encubiertos, como el ejemplo de compañeros que los han obligado a firmar horas institucionales de teatro, música y plástica, donde se les sostiene su sueldo provisoriamente por dos años; y si no logra reubicar estas horas, las pierde. Esto significa nada más que un achicamiento del presupuesto educativo provincial, a través de despidos encubiertos, sin lugar a indemnización.


¿Por qué ocurre esto? ¿O es que a alguien se le ocurriría expresar que el alumno puede elegir entre la matemática o la física? ¿Por qué entonces debe elegir la institución educativa dos entre cuatro lenguajes artísticos? ¿No significa eso una valoración diferencial de unos campos del conocimiento sobre otros? ¿Y una subvaloración del arte como otro campo del conocimiento?
Por aplicación del Decreto 125, en numerosas escuelas de Córdoba se han perdido el 25 por ciento de las horas de arte en el CBU, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo.
La información a la que hemos podido acceder da cuenta que en virtud del Decreto 125, y procediendo a ordenar el nuevo mapa curricular en el CBU, se produjo la pérdida de 22 horas de teatro en el establecimiento Casaffousth, por orden de la directora de esa institución, quedando con 22 horas institucionales tres docentes del área. En la Escuela Mantovani se perdieron dos horas de plástica; en el IPEM Nº 40, dos horas de música; en el IPEM Nº 185, Perito Moreno, y a pesar de las ordenes de la inspectora de la zona, el director de ese establecimiento no acató las directivas que bajaba la inspección, quedando la currícula de las horas de arte tal como estaban. En otras instituciones escolares también se rechazó la implementación de este decreto por inconsulto e impuesto arbitrariamente.
Profesorados en arte: en los profesorados en arte no se realizan concursos por antecedentes y oposición, luego supervisados por la Junta de Calificaciones de la Provincia de Córdoba, como se realiza en los otros niveles educativos. Esto constituye una práctica habitual en todos los profesorados.
En muchas instituciones escolares, sobre todo del interior provincial, dan clases de teatro a personas que no se han formado en esa disciplina, en desmedro de profesores de teatro formados en Villa María y Laboulaye.


En el Plan FINES a la asignatura teatro la dictan los profesores de Lengua en la ciudad de Córdoba. Se ignora que hay gran cantidad de egresados en esa disciplina que deben tener prioridad para ejercer el rol.


En la Dirección de Escuelas Primarias no están abiertas las listas para que se anoten los profesores de teatro para dar esa materia en lo que se llama “prolongación de jornada”, a pesar de los sucesivos pedidos que se hicieron desde la red “Dramatiza”; hay sólo un pequeño grupo de escuelas que tienen teatro que viene de un plan viejo llamado “Plan Piloto”, y la situación de revista docente es la de interino.


En la Provincia de Córdoba, en la Junta de Calificaciones existen vocales de música y de plástica, pero ninguno de teatro, por lo que exigimos un vocal de teatro en dicha junta.


Advertimos que se han producido situaciones no claras que confunden a los docentes. Desde la Dirección de Políticas Educativas, a cargo del doctor Horacio Ferreyra, hoy subsecretario de Educación de la Provincia, según lo manifestado por él verbalmente en la reunión que sostuvimos en el mes de mayo, se les dijo al profesor Juan José Jiménez, director de la DGM, y a todos los inspectores, que queden las horas de teatro en los CBU de las escuelas donde ya está la asignatura desde el año 1996, para que no haya tantas horas institucionales que el Estado no puede afrontar. No entendemos por qué un inspector o un directivo desobedece esa disposición.


C.- Propuestas superadoras para ser incluidas en los artículos de la reglamentación del anteproyecto de ley 8113.


1°) No al inciso h) del artículo 11 del anteproyecto de ley 8113, derechos y deberes de los padres a participar en el planeamiento del proyecto educativo institucional. Entendemos que ese es rol de los docentes y del personal especializado en el aspecto pedagógico, lo que no significa dejar a los padres afuera de la comunidad educativa, pero al planeamiento debe hacerlo el personal especializado.


2°) No al inciso e) del artículo 11, derechos y deberes de los padres a que sus hijos reciban de manera opcional, en el ámbito de la educación pública de gestión estatal, educación religiosa que les permita aprender los valores y contenidos básicos de la creencia por la que hubieren optado. Las escuelas de gestión estatal siempre fueron escuelas laicas desde su fundación, y su función es garantizar una educación laica, gratuita y obligatoria.


3°) Incluir en algún inciso del artículo 4°, fines de la educación, del anteproyecto de ley 8113, el siguiente artículo de la Ley Nacional 26.206: Punto t). Brindar una formación que estimule la creatividad, el gusto y la comprensión de las distintas manifestaciones del arte y la cultura. Este artículo está en la ley nacional pero no en la provincial.


4°) Que efectivamente se cumpla lo dicho en el artículo 7, derechos y deberes de los docentes, Sección II, derechos y deberes en la educación del anteproyecto de ley 8113, inciso f), al mantenimiento de su estabilidad en el cargo, en tanto su desempeño sea satisfactorio, de conformidad con las normativas provincial y nacional vigentes. Lo mismo se señala en la ley nacional en el Capítulo I, derechos y obligaciones, artículo 67, inciso f).


Aclaramos que nuestros cargos como profesores horas-cátedra son horas titulares a las que se accede por concurso de antecedentes y su correspondiente puntaje.


5°) Que se amplíen y profundicen los artículos del apartado 6°, educación artística, en el proyecto de ley 8113, que sólo consta de dos artículos –página 15. Artículo 74: La educación artística es la modalidad de formación en distintos lenguajes del arte para niños, adolescentes, jóvenes y adultos de todos los niveles y modalidades.
Artículo 75: El Ministerio de Educación garantizará una educación artística de calidad para todos los alumnos del sistema educativo que fomente y desarrolle la sensibilidad de la capacidad creativa de cada persona en un marco de valoración y protección del patrimonio natural, cultural, material y simbólico de las diversas comunidades que integran la Provincia”. O sea, se toman los artículos de la Ley nacional 26.206 referidos a esta temática; aparte, ninguna norma provincial puede contradecir a la norma nacional porque es inconstitucional, a pesar de las autonomías de las distintas jurdisdicciones. En esta última, en ningún artículo se hace referencia a que la institución educativa deba optar sólo por dos lenguajes artísticos.


A continuación, detallamos los artículos de la ley nacional:


“Artículo 7º.- La educación artística comprende: a) la formación en distintos lenguajes artísticos para niños, niñas y adolescentes en todos los niveles y modalidades; la modalidad artística orientada o la formación específica de nivel secundario para aquellos alumnos que opten por seguirla y la formación artística impartida en los institutos de educación superior que comprende los profesorados en los diversos lenguajes artísticos para los distintos niveles de enseñanza y las carreras artísticas específicas.


Artículo 40.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, garantizarán una educación artística de calidad para todos, todas, los, las, alumnos, alumnas del sistema educativo que fomente y desarrolle la sensibilidad y la capacidad creativa de cada persona, en un marco de valoración de protección del patrimonio natural y cultural, material y simbólico de las diversas comunidades que integran la Nación.


Artículo 41.- Todos los alumnos, alumnas en el transcurso de su escolaridad obligatoria tendrán oportunidad de desarrollar su sensibilidad y su capacidad creativa en, al menos, dos disciplinas artísticas. En la educación secundaria la modalidad artística ofrecerá una formación específica en música, danza, artes visuales, plástica, teatro y otras que pudieran conformarse, admitiendo en cada caso diferentes especializaciones. La formación específica brindada en las escuelas especializadas en arte podrá continuarse en establecimientos de nivel superior de la misma modalidad”.


Es muy claro este último artículo cuando dice: “tendrán oportunidad de desarrollar su sensibilidad y su capacidad creativa en, al menos, dos disciplinas artísticas”. Dice “al menos” y no “sólo” dos lenguajes como reza en el Decreto 125/09 en donde se señala: “Cada institución educativa elegirá dos de los siguientes lenguajes: música, danza, teatro y artes visuales. Desarrollará uno en primer año y otro en segundo año. En tercer año el estudiante optará por uno de los dos lenguajes que la institución propuso”.


Quienes han diseñado este nuevo mapa curricular se olvidaron que desde el año 1996, en el ámbito de la Provincia de Córdoba, los lenguajes artísticos que se desarrollan, tanto en el ciclo básico como en el ciclo de especialización, son tres.


Por las razones arriba detalladas es que sugerimos una reglamentación de estos artículos acorde a la realidad que se da en la educación de la Provincia de Córdoba; que queden tal como están distribuidos los tres lenguajes artísticos en los CBU en donde se imparten música, teatro y plástica desde el año 1996; esto es, en las 19 escuelas estatales en donde estas disciplinas ya están y en las escuelas privadas que eligieron lo mismo; que permanezca tal como está la materia Teatro del ciclo de especialización en el sexto año y que se deje Plástica en cuarto año y Música en quinto año, sin utilizar la metodología de la opcionalidad porque todas estas horas a las que nos referimos son horas titulares y utilizando esa modalidad de la opción se pierde un espacio curricular y el docente queda sin su fuente laboral.
Si es posible, subir de 2 a 3 horas cátedra la carga horaria, porque los profesores de teatro podríamos concentrar horas en menos colegios, lo que implica una mayor profundización de la enseñanza de teatro y un mayor compromiso de participación en las instituciones escolares donde elegiríamos quedarnos.


Aparte, merece una aclaración lo siguiente: que la entrada del teatro en la escuela secundaria no fue parte de la Ley Federal de Educación sino que fue contemporánea a ella, y es consecuencia de una lucha que venían llevando adelante nuestros antiguos compañeros desde la década del ’60; que el teatro sea dado en la escuela primaria como prolongación de jornada por profesores de teatro y no por maestros con una preparación inadecuada; que se nombre un profesor de teatro en la Junta de Calificaciones; que se dé efectivo cumplimiento al artículo 110 del anteproyecto de ley 8113.
“Artículo 110.- “Las modificaciones de planes y programas de estudio que pudiesen llevarse adelante como consecuencia de la aplicación de la presente ley no podrán causar perjuicio moral y/o patrimonial a los trabajadores de la educación. El Ministerio de Educación deberá efectuar las adecuaciones que correspondan a cada caso”. Agregar a este artículo: “no podrán causar perjuicio moral y/o patrimonial ni designarlos en otras funciones que no sean las tareas áulicas para las cuales fueron designados dentro del sistema educativo, a los trabajadores de la educación”.
Después viene un cuadrito. Para todos aquellos legisladores que no conocen en profundidad el tema educativo, hay un mapa curricular de cómo era antes, o de cómo se está dando en algunas escuelas en primero, segundo y tercer año, el total de materias: 13, 13 y 12, y cómo se está implementando en las escuelas piloto, donde el número de materias es 10.
Saliendo del tema de lo artístico, en esta nueva currícula se dice que, por razones pedagógicas y para que el adolescente pueda aprender mejor, ninguna materia puede tener menos de 3 horas cátedra. Por eso sacaron las 2 horas de Historia de primer año y pusieron 5 horas de Geografía en su lugar; y en segundo año los alumnos tienen 5 horas de Historia, donde los contenidos van –quiero que escuchen bien- desde el hombre primitivo hasta la historia contemporánea.
Según el equipo que diseñó esta currícula esto se debe a que el alumno, en primer año, no está ubicado espacialmente para poder reconocer las culturas antiguas. Esto es totalmente cuestionable porque cuando nosotros íbamos al secundario la profesora de Historia venía con un mapa y nos ubicaba dónde habían vivido los egipcios, los asirios, etcétera.
Como se observa en el nuevo tablero que armaron, hay muchos profesores de Historia, de Geografía, de Biología, de Física y de Química que, al trabajar en muchos colegios, han tenido que renunciar a horas titulares o aceptar esas famosas horas institucionales que mantienen el salario del docente por dos años. Pero si en ese lapso de tiempo el docente no logra reubicar la materia, pierde las horas.
Lo último que voy a mencionar son textos de la profesora Ester Trozzo, en los que habla de la enseñanza del teatro como dispositivo pedagógico con potencialidad para promover la inclusión social y la movilidad ascendente –ahora que está tan de moda hablar de diversidad e inclusión.
No lo voy a leer, pero me gustaría que lo lean ustedes. Sólo voy a leer el final porque para nosotros, los profesores de teatro, es como un gran ideal: “La enseñanza del teatro como dispositivo pedagógico, con potencialidad para promover la inclusión social y la movilidad ascendente es, desde el pensamiento de Bourdieu, que podemos decir que no es sólo el capital en el sentido estrictamente económico y que está sometido a la apropiación, manipulación y explotación, sino también el capital cultural entendido como el conjunto de sistemas simbólicos que permitan al hombre extender y cambiar los limites de su experiencia. Afirmar que la forma del habla está determinada en su origen por una configuración social no implica deducir que la forma del habla no puede, a su vez, modificar o transformar la estructura social que la ha suscitado.


Retomando el tema de la enseñanza del teatro en la escuela, en la medida que posibilita la exploración vivencial de rieles colectivos e individualizados y de su correcto enmarcamiento, promueve la función reflexiva acerca de las delimitaciones simbólicas de la cultura. El “yo” de los otros en situación, se hace palpable y penetra en la propia conciencia de cada actuante involucrado en la situación de simulación. Las bases de esa experiencia se expresan primero, a través de la seguridad del símbolo condensado en acciones esteriotipadas y reproductoras, pero, a partir de la explicitación racional de lo vivido, sentido y percibido, es reemplazado por el uso predominante de variantes elaboradas y de un accionar enmarcado, y éste va conformando la conciencia e interviene en la estructura profunda de la comunicación, desarrollando un código más elaborado, que se basa en roles individualizados, que produce en las acciones lo mismo que Borenstein señala para el lenguaje, significados universalistas independientes del contexto. Esto posibilita al profesor de teatro, además de la comprensión y recepción, encarar intervenciones para inducir una modificación durable del comportamiento. La instalación en un comportamiento exclusivamente pragmático hace del alumno un sujeto en riesgo de quedar atrapado en su historia, sin posibilidad de movilidad interna ni social. Promover en el alumno el desarrollo armonioso de la dimensión narrativa de su comportamiento a partir del juego teatral, construyendo simulaciones de interacción humana, supone la puesta en marcha de un proyecto educativo ambicioso que le abre el acceso a la dimensión cognitivo-simbólica a expensas de la dimensión pragmática. Esto es posible porque la naturaleza misma del juego teatral implica el respeto por la naturaleza global del comportamiento humano y por la valoración de todos los significantes no verbales mímicos, gestuales, posturales, proxémicos que acompañan el acto de habla.


Desde la simbiótica del comportamiento, se ha entendido que el lugar del adulto educador en el desarrollo de habilidades sociales es esencial y se otorga una gran importancia al análisis del estatus, tanto en la función de proveer de reglas de realización como de reconocimiento del valor de la perfomance cumplida. En el teatro, esta función la cumple tanto el docente que observa como el alumno que interactúa desde un rol de adulto. En el interjuego, que por ser juego o simulación no implica riesgo, se adquiere seguridad afectiva, identidad y ejercicio de libertad, condiciones que facilitan la interiorización de conductas positivas.


Todo lo anterior son propuestas de un proyecto educativo promotor de movilidad ascendente basado en la enseñanza del teatro, que reconoce que este espacio curricular, bien aprovechado, sería un dispositivo pedagógico que permitiría definir estrategias que fueran mucho más allá de los principios técnicos de intervenciones tradicionales, para obtener formas de comunicación que puedan promover la inclusión social y regular positivamente la conformación de la conciencia de los alumnos.


Muchas gracias.

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Sra. Presidenta (Feraudo).- Invitamos al docente Horacio Etchichury.


Gracias por su presencia.

Sr. Etchichury.- Mi nombre es Horacio Etchichury, soy profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho.


Quiero celebrar la posibilidad de esta intervención que nos debemos sobre el anteproyecto de la Ley vigente 8113.


Creo que la idea de una ley educativa, ya sea en la Provincia o en la Nación, es la defensa tanto del proceso educativo en sí –que se pueda llevar a cabo con la menor cantidad de interferencias posibles de otras esferas, de otras lógicas– como de la autonomía de la persona que está llevando adelante su proceso educativo, de la persona que ejerce su derecho a la educación.


Desde este punto de vista, del de tratar de defender el proceso educativo y la persona que está ejerciéndolo, es que voy a decir dos o tres cuestiones sobre el anteproyecto, para ver hasta qué punto hay algunas cuestiones que deberían mejorarse para que se asegure esa autonomía: la primera cuestión es que considero que corresponde la “eliminación de la educación religiosa o moral” en la enseñanza pública estatal, prevista en los artículos 11 y 35 del anteproyecto; esto, retomando la propuesta del señor Rector de la Universidad Católica de Córdoba, expresada recientemente

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CONTINUACIÓN PARTE 5 SEGUNDA AUDIENCIA PÚBLICA EN LEGISLATURA DE CÓRDOBA
Por Asamblea ECI- Colectivo Indymedia Córdoba - Tuesday, Dec. 07, 2010 at 10:34 PM

Desde este punto de vista, del de tratar de defender el proceso educativo y la persona que está ejerciéndolo, es que voy a decir dos o tres cuestiones sobre el anteproyecto, para ver hasta qué punto hay algunas cuestiones que deberían mejorarse para que se asegure esa autonomía: la primera cuestión es que considero que corresponde la “eliminación de la educación religiosa o moral” en la enseñanza pública estatal, prevista en los artículos 11 y 35 del anteproyecto; esto, retomando la propuesta del señor Rector de la Universidad Católica de Córdoba, expresada recientemente, sobre la conveniencia de eliminar estos artículos.
La razón principal es que esta opción de dar educación religiosa o moral en la enseñanza pública estatal es violatoria de la Constitución nacional. La Argentina no tiene una religión oficial sino que tiene solamente el sostén financiero a un culto en particular –el culto Católico–, pero eso no significa que la Argentina tenga un culto oficial sino que, por el contrario, se protege la libertad de culto y la libertad de conciencia, antes y después de la Reforma de 1994. La Corte Suprema, incluso, antes de la Reforma, en un caso llamado “Villacampa”, fallado el 9 de febrero de 1999, se estableció claramente que la Argentina no tiene una religión oficial.
Por lo tanto, el Estado provincial no puede impulsar –aunque sea de manera opcional o fuera del horario de clases– la enseñanza en materia religiosa o en materia moral, en lo que tenga que ver con la libertad de conciencia; no puede el Estado promover creencias sino que, frente a ellas, debe guardar una respetuosa neutralidad y debe hacer todo lo posible para asegurar la libertad de culto. Esto se hace, efectivamente, prescindiendo de la enseñanza religiosa o moral en la educación pública estatal.
Se ha dicho que este inciso está puesto porque hay un artículo de la Constitución provincial, el 62, inciso 5), que autoriza o que da este derecho a los padres. Más allá de que la interpretación del artículo podría discutirse, lo concreto es que la Legislatura está obligada a seguir la Constitución nacional, no sólo la de la Provincia; y si hay una contradicción entre la Constitución de la provincia y la Constitución nacional, no hay ninguna duda que es esta última la que prevalece, como reza el artículo 31 de la Constitución nacional.


De modo tal que considero que la única solución coherente con el articulado de la Constitución nacional es la eliminación de estos artículos sobre enseñanza religiosa o moral en la escuela pública-estatal.


A la vez, entiendo que vale la pena modificar la alusión al “derecho a la vida” y reemplazarlo por una referencia a “todos los derechos humanos” porque no hay jerarquía entre los distintos derechos. La Constitución Argentina consagra a todos por igual; no hay ninguna razón dentro de la Constitución que nos permita poner a la vida o a la libertad de conciencia o a la propiedad o a la libertad política o a ningún derecho por encima de otro. Esto es en cuanto a la autonomía del proceso educativo frente a la lógica de la religión o de la moral privada.


Es importante también preservar la autonomía del proceso educativo a través de un adecuado financiamiento, y en esto el anteproyecto establece una garantía de financiamiento del 30 por ciento que se va a elevar al 35 por ciento del PBI. Sería deseable agregar en el anteproyecto alguna forma para garantizar esto, de modo que si en el futuro algún gobierno decide desconocer este porcentaje su cumplimiento sea efectivamente legitimado para los docentes, los padres, los estudiantes, el Defensor del Pueblo y demás figuras que puedan reclamar judicialmente. Actualmente, de no darse cumplimiento a este porcentaje –tal como está en el anteproyecto–, no hay ninguna garantía que respalde esta situación.


Por medio de los artículos 101 y 105 del anteproyecto se permite –es más, se “estimula”– la formación de cooperadoras para conseguir y movilizar fondos. Por su parte, por el artículo 13 se prevé que el Estado integre al Presupuesto algunos aportes sectoriales y privados.


En tal sentido, para preservar la autonomía de las escuelas frente a la lógica privada o mercantil, me parece importante establecer que, cualquiera sea la entidad que realice las donaciones o los aportes que se recauden por vía de la comunidad, éstos deben quedar reservados sólo a gastos extraordinarios y no a los corrientes. Si no hacemos esta aclaración –ausente en el anteproyecto–, se habilita al Estado a incumplir con sus obligaciones de financiar a las escuelas, ya que, al permitir que las familias o los aportes sectoriales cubran los gastos ordinarios, se abre la posibilidad de que el Estado se desentienda de su responsabilidad.


En cuanto al gobierno de las instituciones educativas, para fomentar la participación, y así preservar la autonomía de las escuelas en el marco del proceso educativo, creo conveniente mantener los Consejos Institucionales –que, aunque están previstos en la Ley 8113, nunca se implementaron–, que aseguraban la participación de todos los integrantes de la comunidad educativa.


Asimismo, sería deseable que los centros de estudiantes –contemplados como un derecho por el artículo 12– tuvieran carácter obligatorio, tal como lo es el voto en nuestro país, como una manera de garantizar su ejercicio efectivo. De esta manera, se asegura el ejercicio de los derechos políticos de los estudiantes por encima de las presiones que puedan existir en su contra.


Por otra parte, en materia de gobierno educativo, en el artículo 89 –relativo al Consejo de Políticas Educativas– debiera eliminarse la posibilidad de que el Ministro de Educación amplíe discrecionalmente su integración –tal como está previsto, éste puede invitar a otras instituciones– para asegurar su legitimidad. Dicho en otros términos, si la Legislatura aprueba la composición del Consejo, éste estará legitimado por un órgano democrático; por el contrario. si el Poder Legislativo habilita al Ministerio a que complete y amplíe discrecionalmente el Consejo, se reduce el control democrático sobre éste.


Por su parte, la autonomía de la enseñanza frente a la lógica del mercado y a las necesidades de la producción, es particularmente importante al referirse a las prácticas educativas en la enseñanza general o a las pasantías y prácticas profesionales, especialmente en lo relativo a la enseñanza técnica, y es necesario –la ley da algunos pasos en ese sentido– asegurar el carácter y la finalidad estrictamente educativa de este tipo de actividades.


Para reforzar esto, para las pasantías y las prácticas educativas hay que fijar un plazo razonable, que no pueda excederse, para que cumplan con su fin estrictamente educativo. En ese sentido, los Consejos Institucionales tienen un rol importante –por eso aconsejamos su mantenimiento– a la hora de controlar que estas prácticas respondan a esta finalidad.


Asimismo, hay que corregir el artículo 62, que prevé que las escuelas técnicas cuenten con la posibilidad de crear cuerpos colegiados con representantes de la producción. Creo que la manera de integrar a estos sectores es, simplemente, a través de cuerpos consultivos que no puedan tener roles de gobierno dentro de la educación porque su legitimidad democrática es nula, son simplemente sectores de la producción, no pueden tener decisión política.


También conviene que los proyectos productivos que se llevan a cabo en las escuelas técnicas y que están habilitados por este anteproyecto tengan siempre el carácter de “sin fines de lucro”, para evitar que el sentido educativo se vea corrompido por la necesidad o el fin de maximizar ganancias. A la vez, todo lo que exceda la cobertura de gastos en lo obtenido de estos proyectos de producción debe redistribuirse con el resto del sistema educativo para evitar, una vez más, que las instituciones se sientan inclinadas a privilegiar los fines recaudatorios antes que los educativos.


Por último, hay que incluir como un objetivo de la educación en general, y de la enseñanza técnica en particular, la formación específica en derechos laborales y en los procesos y procedimientos que están a disposición de los trabajadores y trabajadoras para hacer valer sus derechos en el lugar de trabajo. Esto es una ausencia estridente en el anteproyecto, más todavía porque sí está establecida en la Ley Nacional de Educación Técnica.


Es todo, muchas gracias. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Feraudo).- Muchas gracias por su presencia y su propuesta.


Convocamos a Dalmira Pensa, muchas gracias por su presencia.
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Sra. Pensa.- Buenas tardes, gracias.


Antes de empezar mi exposición quiero adherir a lo señalado por varios participantes que hicieron uso de la palabra antes que yo en el sentido de la importancia de abrir estos espacios y que la próxima audiencia sea un lugar donde puedan participar los interesados que están pugnando por entrar y que están verdaderamente muy motivados con el tema. Quiero señalar también que valoro especialmente la posibilidad de abrir un diálogo y no sólo exposiciones como se hace hasta ahora.


Voy a ser muy breve considerando la hora y que algunas de las cosas que pensaba decir de algún modo han sido expresadas por otros participantes, así que voy a ratificar lo que ellos dijeron cuando corresponda.


Vengo a participar de este pequeño espacio de la política pública, que a través de la lucha de muchos años nos hemos ganado, en mi condición de profesional de las Ciencias Económicas, de trabajadora de la educación formal y no formal, como ciudadana comprometida con la política en tanto hija de la educación pública en sus niveles primario y universitario, y también en mi carácter de víctima de la educación privada en el nivel medio.


Quiero referirme a los aspectos económicos del anteproyecto de ley general de educación de la Provincia de Córdoba considerando tres puntos: 1) el financiamiento de la educación pública, los recursos financieros y materiales para hacerlo posible; 2) los producidos en la educación, qué educación y para quiénes; y 3) la apropiación que se hace de este bien, la que se puede hacer y la que se debería hacer.


En términos generales, quiero señalar la importancia de incluir un apartado donde se explicite el sentido de la educación como bien público rechazándose expresamente su mercantilización en cualquiera de sus modalidades; creo que es necesario poner esto de manera muy clara porque la ley da lugar a muchísima confusión.


Con respecto al tema del financiamiento, y con ello el de la gratuidad, solamente pregunto, respecto del artículo 3º, inciso j), que dice: “El Estado asegura los recursos suficientes para el financiamiento del sistema educativo”: ¿acaso el Estado no debe asegurar los recursos necesarios para el sistema educativo? Considero que esa es la palabra correcta que debe ir en ese artículo. No es lo mismo “recursos suficientes” que “recursos necesarios”, si estamos hablando de nuestro interés por la educación debemos poner los recursos necesarios y el Estado deberá ver cómo hace para conseguirlos.


Con respecto al financiamiento, ya se han referido en el artículo 105, vinculado a la creación y organización de asociaciones de apoyo, como cooperadoras y demás, y no me voy a detener porque ya hicieron acá referencia muy precisa a lo que supone encomendarle a las cooperadoras esto de captar los fondos, pero quiero señalar algo que no fue enfatizado suficientemente, en el tema de dejar este artículo como está -aparte de todo lo señalado aquí-, supondría que estaríamos profundizando las desigualdades en los sectores sociales, ya que los más pobres sólo tendrán la posibilidad de hacer un bingo de vez en cuando, o, cuando los padres puedan, pintar el aula algún domingo, siempre que ese feriado no les toque una de las pocas changas que logran conseguir; mientras, por otro lado, los sectores pudientes podrán invertir hasta para equipamiento de gabinete. Considero que esa función para las cooperadoras es incorrecta, y apruebo lo ya señalado, en el sentido de que se deben promover estas asociaciones para desarrollar y sostener los vínculos entre la escuela y las comunidades, para que la escuela vuelva a ser un centro de referencia y de cultura local.


También me adhiero a lo señalado por quienes me precedieron, en el sentido de tomar con pinzas lo que se refiere a aportes y donaciones de las empresas hacia las escuelas, lo que se refiere al financiamiento internacional para la educación y también lo que se expresa puntualmente como pasantías y publicidades para las escuelas y demás. Es imprescindible que la ley garantice la enseñanza gratuita y pública por todos los medios. Debemos separar este tipo de actividades que confunden adonde debiera apuntar el financiamiento educativo.


El otro tema al que quería referirme, es respecto a los producidos de la educación. Yo vengo de un espacio donde por décadas se formaron –y se siguen formando- jóvenes para responder a las demandas del mercado, pero en esencia es para que su trabajo sea apropiado por sectores corporativos.


Susana Roisman hablaba con respecto al artículo 40, sobre vinculaciones entre instituciones educativas y el mundo de la producción y del trabajo, y me remito a lo que ella dijo porque estoy totalmente de acuerdo. Sólo dejo a modo de reflexión una historia que pude presenciar hace muy poco ¿En qué condiciones imaginamos que se desarrollarán estos vínculos entre las instituciones educativas y el mundo del trabajo? Por ejemplo, en el sentido de lo que establece la empresa minera canadiense, que explota el oro de las pirquitas, la cual se introduce en la escuela, que llevó 10 años a ese pueblo para lograr realmente tener ese centro educativo y ¿qué hace la empresa canadiense? Les enseña a esos niños cómo deben usar los cascos, los zapatos, las máscaras, etcétera, para trabajar mejor para ellos, en el momento que sean trabajadores. ¿Por qué la empresa se toma el tiempo que esos niños tienen para recibir una formación integral para aprovecharlo para su plusvalía, a cambio de una taza de chocolate que les dan a los chicos en ese momento? ¿Por qué pueden usar las aulas que tanto esfuerzo costó para ese pueblo?


Estoy ratificando lo que ya señalaron Susana Roitman y Echichurry, fundamentalmente en lo de crear conciencia sobre el pleno ejercicio de los derechos laborales. Este es un punto central que en la ley no está dicho, Susana hizo notar que fue omitido casi deliberadamente, porque la legislación nacional se transcribe casi textualmente y se omite este tema.


Respecto de lo producido en las escuelas, quiero remarcar que no es propio de la educación pensar la escuela como un espacio de producción. Se mencionaban las escuelas aerotécnicas con más de 500 hectáreas en plena Pampa Húmeda; como contracara, tenemos las escuelas de mi zona, de producción de bienes y servicios en Lucio V. Mansilla o San José de las Salinas, escuelas taller despojadas de toda herramienta para llevar a cabo los trabajos. Nos preguntamos qué pueden producir: carbón de leña, que se vende a 50 pesos la tonelada. Imaginen ustedes cómo quedarían frente a las escuelas de la Pampa Húmeda.


Con esta disparidad, si se accede a que las escuelas puedan producir y obtener beneficio de ese producido, se debe establecer un fondo común que pueda ser redistribuido con carácter equitativo en todas las escuelas de la Provincia.


En esto de lo producido de la educación, me quiero detener en el punto que hace referencia a que la educación es un bien apropiable por el alumno. Pocas veces se hace notar que la educación, como gran bisagra para el mundo del trabajo, es la que permite a las empresas contar con mano de obra o recursos humanos o capital intelectual, según en qué teoría nos paremos, para sus ganancias. Sólo una referencia quiero hacer, porque la institución de donde provengo –la Facultad de Ciencias Económicas- desde los ’70 fue la que entregó la mejor materia prima: el cerebro, el conocimiento para hacer y sostener la muy conocida y en su momento reconocida Fundación Mediterránea que, sólo a modo de perla, menciono diseñó y proporcionó los hombres que llevaron adelante la política de dolarización de nuestra economía afortunadamente inconclusa gracias a la valiente y empecinada lucha de nuestro pueblo y también llevó adelante la privatización de nuestras empresas públicas, incluida la educación, que todavía no podemos recuperar.


Quienes apostamos por la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y democrática no ponemos nuestras “fichas” en las empresas; construimos instituciones sociales sin fines de lucro, que fomenten el espíritu crítico. Esperamos que ustedes nos apoyen en esto.


Para terminar con el tema de la apropiación de la educación, quiero hacer una referencia expresa a la educación como bien público, sin embargo, este bien público en algunos momentos tiene una apropiación privada. Cuando hablamos de aumento de productividad, de la competitividad como algo deseable socialmente, deberíamos preguntarnos, ¿quién se queda con tal incremento? La referencia concreta es para las empresas. Si se promueve una educación mercantilista, se cae en la domesticación de las personas, en el cercenamiento de la libertad, en la mutilación de la creatividad; se prepara el terreno para la apropiación privada por parte del capital de los resultados de ese bien que debiera ser público.


Finalmente, como decía, desde donde vengo, como hermana de clase de Santiago Pampillón, que conoce del trabajador que lucha por su educación y la de sus hijos hasta la muerte, tengo que contarles que en mi primer grado inferior, en la escuela rancho a la que iba en Las Salinas Grandes, se cayó el techo y mató a mi compañerita de banco. Les digo que ese hecho no está tan lejano en el tiempo, ya que hoy en Córdoba hay niños con riesgo de electrocución en algunas de nuestras escuelas.


Como hija política del “Cordobazo” que nos enseñó que debemos formarnos diariamente con los libros a través del diálogo y el debate, disputando por las mejores ideas, con solidaridad hacia nuestros compañeros, reclamo a ustedes la mejor educación, no la educación posible.


Como víctima de una violación espiritual y moral por parte de Primatesta y su corte, que pretenden confundir nuestra solidaridad con su caridad, nuestra libertad con el miedo, nuestros méritos con sus prebendas, nuestro debate con su doxa, rechazo cualquier financiamiento a cualquier educación religiosa, cualquiera fuera el dogma. Me pronuncio enérgicamente a favor de la ecuación laica.


Y porque fui rescatada de aquella violación por la universidad de la reforma, la del compromiso social de los ’60 y los ’70 y también por la universidad de la libertad del arquitecto Rébora, vengo a apelar por la educación libre, gratuita y excelente.


Además, quiero decirles que en este camino, el pueblo los sentirá sus genuinos representantes y los acompañará en el esfuerzo si lo siguen en esto; en cambio, si apelan a la habitual mayoría automática, como lo hicieron con la Ley de Bosques, seguiremos luchando en todos los frentes por la educación como el bien público por excelencia que la modernidad nos supo heredar. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Feraudo).- Muchas gracias por su aporte.


Convocamos ahora a Carlos Ramazziotti.

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Sr. Ramazziotti.- Buenos tardes, gracias por darme la posibilidad de participar.


Estoy encargado del área técnica del Instituto Técnico Salesiano Villada y vengo en representación del Consejo de Educación Católica.


Primordialmente quería hacer referencia al tema de las pasantías, explicándoles nuestra experiencia en los últimos años, siendo lo más breve posible dentro del tiempo que se me ha estipulado.


Siguiendo la Ley 26.206, Ley de Educación Nacional, en su artículo 33º, y la Ley de Educación Técnica Profesional 26.058, en sus artículos 15 y 16, encontramos parte del marco legal para las prácticas educativas dentro y fuera de la escuela que permiten vincular a los alumnos con el mundo de la producción y el trabajo.


En concordancia, el Decreto 125/09 en uno de sus párrafos, explicita que: “El Ministerio de Educación es la autoridad de aplicación de la Ley de Educación Técnica Profesional, y en consecuencia lo faculta a los fines de adecuar la normativa necesaria para establecer los mecanismos apropiados para hacer efectiva la vinculación entre las instituciones educativas y el sector productivo”. Deteniéndonos en esta última frase -vinculación entre las instituciones educativas y el sector productivo- es que queremos comentar lo importante y positivo que ha sido para nuestro instituto tener la posibilidad de realizar pasantías en estos últimos cuatro años con los alumnos de 6º año de las especialidades en mecánica, electricidad y electrónica.


Este régimen constituye una acción pedagógica muy importante para los estudiantes, ya que les permite tener contacto directo con el mundo del trabajo a través de responsabilidades y exigencias acordes a sus conocimientos previos y progresos dentro de la empresa.


Este año, nuestro instituto firmó 22 convenios marco con empresas del medio para poder ubicar a los alumnos de tres especialidades, donde lo importante no es solamente la firma de este convenio que indica derechos y obligaciones para ambas partes –instituto y empresa-, sino que son de suma importancia la firma de los convenios individuales con los alumnos y, fundamentalmente, el proyecto que se genera con cada empresa.


Este proyecto presenta igualdad en sus objetivos generales, pero se realiza un proyecto particular con cada empresa donde se indican objetivos específicos, de acuerdo con las características de la empresa en base a las actividades que deben realizar los estudiantes, por qué áreas de la empresa deben rotar, qué pretendemos lograr en cada actividad y lo relativo a la seguridad en el desempeño de cada tarea y el seguro correspondiente. Con este nivel de especificidad es la única forma en que podemos obtener los resultados a través de las pasantías.


Evidentemente, esto implica un trabajo previo que necesita tiempo de la empresa y de la escuela para la coordinación de tareas, sin olvidar el aspecto fundamental cual es el seguimiento por parte del tutor de la escuela y de la empresa para evitar posibles sustituciones de mano de obra en forma gratuita o precarización de la actividad que están realizando. Con este seguimiento podemos realizar una evaluación continua que nos permita posibles correcciones sobre la marcha.


Cuando hablamos de tiempo, hablamos de compromiso y dedicación, tanto de la entidad educativa como de la empresa. Por lo tanto, la tarea de selección de la empresa que nos brinda la posibilidad para realizar esta actividad es muy importante ya que estamos confiando en ellas nada menos que parte de la formación de nuestros alumnos.


Nuestra experiencia en estos años nos demuestra una muy buena predisposición, no solamente de las grandes empresas sino también por parte de PyMES y micro PyMES. Al referirnos a pequeñas empresas debemos decir que es donde encontramos el valor agregado a las pasantías, ya que el alumno y la alumna no solamente realizan las actividades pautadas sino que también toman contacto con los dueños de las empresas, que en su mayoría son familiares. La apertura que brindan a los estudiantes les permite conocer el esfuerzo que implica llevar adelante estas empresas y la transmisión de esas experiencias les permiten a los estudiantes percibir oportunidades como futuros emprendedores.


El mercado tan variado que ofrece nuestra ciudad nos ha permitido realizar pasantías en áreas de mecanizado, matricería, mantenimiento de hidráulicos, diseño asistido por computadoras, soldaduras, tecnología para GLP, automotores, trabajo de punzonado, corte y plegado de chapa, reparación y bobinado de motores, desarrollo de equipamiento con microcontroladores y GPS para el agro. Es decir, un sinfín de actividades brindadas a nuestro instituto por empresas de nuestro medio que permitieron la inserción laboral de varios estudiantes finalizado el ciclo de estudios.


A partir de esto se logra que el sistema educativo salga del aula y se proyecte a instituciones extraescolares vinculadas al sistema productivo y de servicio regional.


El ciclo orientado tiene como finalidad la formación de técnicos. Para ello vemos necesario que dicha formación esté constituida por encuentros didácticos, teóricos y prácticos, dentro de lo que el proyecto de actualización de escuelas técnicas denomina Prácticas Profesionalizantes. Este espacio curricular permite que se haga viable la inserción del estudiante en ámbitos laborales que lo habilite en el ejercicio de la especialidad elegida.


Consideramos que es fundamental ofrecer a los estudiantes la posibilidad de participar de la integración de grupos sociales laborales, aportando de este modo al afianzamiento de su personalidad e identidad.


Asimismo, se facilita la posibilidad de que los alumnos ingresen a determinadas instituciones y empresas plasmando experiencias necesarias para superar las diferencias propias existentes entre la escuela y los avances tecnológicos, permitiendo optimizar la relación de la escuela con el sector productivo y de servicios.


Por los argumentos expuestos a favor de nuestros alumnos y alumnas, es que consideramos imprescindible que la nueva Ley de Educación de nuestra Provincia explicite una vinculación entre las instituciones educativas con el sector productivo y de servicio a través del régimen de pasantías.


Muchas gracias. (Aplausos).

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Sra. Presidenta (Feraudo).- Convocamos a Romina Cravero.

Sra. Cravero.- Soy de la Asamblea de Comunicación Social, también pertenezco a la Asamblea de Interés Estudiantil, soy estudiante de Comunicación Social, educadora en espacios no formales y educanda en todos los aspectos de mi vida.


Quisiera hacer un comentario importante en relación a que estamos pensando en modelos educativos.
Me hace sentir muy mal e incómoda la disposición especial de este lugar. Tendría que estar hablándoles a todos, y no sólo a ustedes; es muy triste tener que estar dando la espalda a personas que son interlocutores válidos, con los que pudiéramos dialogar y no estar ante esta situación tan unidireccional.


Muchas cosas ya se han dicho, por lo tanto, voy a tratar de ser sintética.


Es lamentable que se avance en este espacio, donde no podemos dialogar habiendo escuchado intervenciones muy interesantes referidas a establecer vínculos entre educación y trabajo. Este espacio sería mucho más rico si los interlocutores pudieran dialogar y confrontar opiniones, pero parece que; simplemente, estamos emitiendo discursos vacíos que no se escuchan entre sí.


Quisiera compartir algunas reflexiones; respecto del articulado muchas intervenciones han demostrado que es bochornoso y aberrante.
Quisiera pensar cómo se fue construyendo este proceso de reforma educativa.
Considero que no ha sido adecuadamente interpretado lo que desde el movimiento estudiantil comenzó a suceder, cuando algunos estudiantes interrumpieron con una demanda que, a primera instancia, parecía inteligible, pero por las actitudes que han tenido los funcionarios del Estado, las autoridades educativas y los medios de información, demostraron que no tuvieron capacidad de análisis e interpretación.
En medio de una medida de lucha, se comenzó a contabilizar faltas y dejar libres a estudiantes al considerar las demandas por condiciones edilicias, reclamos de burgueses, y se comenzó a interpretar que la organización estudiantil era dirigida por agrupaciones estudiantiles o partidos de ultraizquierda.
Considero aberrante que en las instituciones educativas estatales se haya cortado el PAICOR a los estudiantes organizados; esto se puede leer como una falta de interpretación de lo que está sucediendo.


El anteproyecto de reforma educativa intenta implementar un modelo de educación que está plasmando determinados valores en función de un modelo de sociedad, queremos avanzar pero, evidentemente, hay algo -desde mi análisis de capacidad de ser una ciudadana crítica y participar en este proceso- más allá de la mera ley o articulado, que no se está considerando como válido en esa forma de realización democrática.


Lamento que haya tantas personas que se sienten acá a agradecer este espacio, considero mi derecho poder expresarme y ustedes están en la obligación de escucharme, en tanto son simplemente personas designadas por un voto y, en todo caso, están asumiendo responsabilidades que no por ello tenemos que desconocer como ciudadanos.


En esos términos, este no sólo es un espacio que se tiene que gestar de por sí sino que ustedes tienen la obligación de pensar cómo avanzamos hacia espacios mucho más democráticos, porque sabemos que con esto no alcanza. Este es un espacio cerrado, no estamos discutiendo, y si queremos y nos consideramos democráticos tenemos que seguir transformando las instituciones, que en algún momento quedan vacías cuando los procesos sociales van avanzando y las instituciones quedan en los mismos términos. (Aplausos).


En ese marco, los estudiantes secundarios, cuando comenzaron a organizarse sin saber hacia dónde iban -luego nos sumamos los universitarios, los terciarios, los padres, los docentes, investigadores-, empezaron a replicar la forma en que se estaban desarrollando los procesos legislativos de nuestra propia ciudad. Muchos somos los que participamos de cerca en la gestación del anteproyecto para la protección de lo que queda de los bosques nativos, fue un proceso sumamente participativo, intenso, plural, pero luego se cajoneó el proyecto. Las corporaciones del agronegocio lograron imponer su decisión particular e intereses privados por sobre toda la comunidad que venía discutiendo.


Ese esquema de “mesa chica” es totalmente repudiable, y de alguna forma considero que los jóvenes, que somos desoídos, colocados siempre en ese lugar de no tener la posibilidad de hablar, de expresarnos y tener en cuenta nuestra opinión, estamos parándonos ante ustedes diciéndoles que sí tenemos algo para decir, que no somos ese simple reducto de los ’90, despolitizado y adormecido por la televisión; que tenemos muchas cosas que plantear; que queremos generar espacios de difusión –que no hemos generado de por sí en nuestra propia organización- y trascenderlos a lugares como éste, para poder sentarnos a discutir y tener injerencia.


En esos términos, replicamos la forma de organización democrática y replicamos la función social de la educación; al empezar a discutir y confrontar nuestras ideas, nos empezamos a preguntar cuáles son los valores que está planteando este anteproyecto que define un modelo de sociedad con el cual no estamos de acuerdo. Y en estos espacios que tuvimos que autogestionar para discutir, hemos evidenciado que tenemos un montón de modelos de sociedad, muchos sueños y modelos educativos, los cuales nos interesa plasmar y discutir.


Podría compartir algunas ideas, que no son cerradas y necesitan otro marco para profundizarse y ser discutidas. En cuanto a la función social de la educación, ¿simplemente se está buscando mano de obra barata?, ¿o el adoctrinamiento para ser funcionales a un sistema productivo? O realmente queremos una educación que posibilite la construcción de ciudadanos críticos, activos, participativos, reflexivos.


¿Por qué potenciar pasantías en ámbitos laborales que únicamente están tendiendo a la precarización laboral? En el 2008, como universitarios vivimos el proceso donde se discutió el sistema de pasantías, y públicamente los empresarios desalentaban la incorporación de trabajadores en un sistema de pasantías que incorporaba mayores derechos laborales porque encarecía los costos. Entonces, si este es el parámetro del empresariado para tomar una decisión en cuanto a incorporar a un trabajador o no, me parece que no estamos haciendo lo correcto al incorporarse un sistema de pasantías.


(Fuera de micrófono) Me pregunto por qué no se están incorporando los avances en materia de legislación educativa en cuanto al cooperativismo….. de base democrática, que sí posibilita el desarrollo personal y potencia la capacidad creativa de las personas. Me pregunto también si en este modelo educativo que estamos planteando realmente estamos proponiendo que sea un modelo inclusivo para todos y todas, o simplemente seguir reproduciendo la desigualdad creciente.


Sabemos que en los términos en que se desarrolla actualmente el mundo en que vivimos, lamentablemente, lo único que se está reproduciendo es la desigualdad social, ambiental, económica y cultural.


En esos términos, si estamos tomando como parámetros de esas empresas definidas en términos de un desarrollo unívoco que equipara crecimiento económico a bienestar, evidentemente, nos estamos quedando miopes en los objetivos que como sociedad queremos plantear para el desarrollo de las personas.


Entonces, me preguntaba por qué no se están incluyendo también los avances en materia de educación ambiental, con la posibilidad de incorporar otras perspectivas, desarrollos múltiples y alternativas que no nos encasillen en las estandarizaciones que tipifica el mercado.


También me pregunto por qué no se están incorporando los avances en materia de sexualidad, de libertad de elección del género y sexual. No entiendo porqué a meses de haberse legislado la Ley de Matrimonio Igualitario se están reproduciendo argumentos de sectores que lo único que buscan es reprimir la libertad de elección de las personas a desarrollar su sexualidad y su género.


Me pregunto también por qué una educación que simplemente incorpora parámetros para la incorporación al mundo del trabajo y no la educación para la memoria, que también es un avance en materia legislativa a nivel nacional; o por qué reducir las disciplinas artísticas a una simple modalidad, cuando lo que estábamos buscando es potenciar la capacidad crítica de las personas para desarrollarse y para crecer como ciudadanos y como personas que buscan tener ingerencia y tomar decisiones.


Por lo vertido y por otras razones más, considero que es necesaria la postergación del tratamiento del anteproyecto en cuestión, que toda la comunidad tiene que participar en su elaboración, que a los jóvenes nos tienen que garantizar la posibilidad de hablar. No entiendo por qué el Gobernador de nuestra Provincia intenta reducir la cuestión a que simplemente se trata de un par de estudiantes mal informados, por lo que considero que me está faltando el respeto como joven, como ciudadana y como mujer.


Por lo expuesto, les pido que, por favor, este espacio no sea simplemente consultivo sino que todas las cuestiones que se han planteado acá tengan una ingerencia real en lo que decidan ustedes como legisladores y como ciudadanos.


Para cerrar mi intervención, no quiero dejar de plantear que 23 estudiantes del colegio secundario Manuel Belgrano quedaron libres, de los cuales, 19 obtuvieron la reincorporación y 4 quedaron en la condición de alumnos libres, por lo que les solicito que tomen alguna medida pública para que esa situación se revierta, porque no puede ser que estudiantes que tomaron la decisión de defender la educación pública sean expulsados de su escuela, lo que no es más que una mera criminalización para con la organización estudiantil.


Espero que lo vertido sirva. (Aplausos).

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Sra. Presidenta (Feraudo).- Tiene la palabra el señor Marcelo Argañarás.

Sr. Argañarás.- Estoy en representación del partido político Coalición Cívica-Ari, quien desea hacer escuchar su propuesta superadora.


Al escuchar las intervenciones de hoy en este recinto, podemos concluir que existen inquietudes, demandas, disconformismos, disensos, propuestas y diversas miradas a esta ley, que va a regular la vida de todas las familias de la Provincia de Córdoba, ya que todos tenemos hijos o nietos que concurren a la escuela tanto pública como privada.


Por razones de tiempo, no voy a citar las normas que regulan el marco legal en el cual la Legislatura debe sancionar la ley que está a consideración. Quiero ir directamente a los puntos que creemos deben ser revisados y eventualmente modificados en el presente proyecto de ley.


En primer lugar, creemos que es claramente inconveniente el diferimiento de materias para leyes especiales; proponemos concretamente que no se difiera para leyes futuras lo que debe ser materia de regulación en esta misma ley.
En el artículo 1º se debe agregar que la presente ley organiza y administra el sistema educativo provincial prestados por los servicios educativos públicos de gestión estatal, sean provinciales, municipales o privados, autorizados. Es decir, proponemos que no se difieran para futuras leyes especiales la regulación legal de los servicios educativos municipales y los de gestión privada autorizados, tal como lo establece el proyecto en sus artículos 106 y 80 respectivamente.


Creemos que por imperio de los artículos 104, inciso 13) y 62, inciso 3), de la Constitución provincial tales regulaciones deben formar parte ineludibles del propio cuerpo de la Ley Orgánica de Educación. Además, al corresponder por mandato constitucional, debe prevalecer la experiencia del incumplimiento del dictado de las regulaciones legales complementarias ordenadas por la Ley 8113, ya que han transcurrido 19 años desde su dictado y esta Legislatura o la Bicameral que la precedió no ha sancionado las leyes especiales previstas en los artículos 80 y 91 de la ley vigente, por medio de la cual debía reglamentar las condiciones y requisitos de creación y funcionamiento de las escuelas públicas de gestión municipal y de gestión privada, que afectan a un tercio del total de los alumnos de la Provincia de Córdoba.


Esta morosidad legislativa no debe reiterarse al sancionar el proyecto que estamos comentando; en especial ahora que se incrementarán los establecimientos para niños de corta edad. Es imprescindible que se reúnan las condiciones de rehabilitación y de continuidad de las escuelas municipales y de gestión privada, incluso por razones de seguridad de los niños.


Proponemos que se tome como modelo, con las debidas adecuaciones a la realidad local, las disposiciones de la Ley 13.688 de la Provincia de Buenos Aires, cuyos artículos 128 a 146 reglamentan razonablemente las condiciones de creación y funcionamiento de los establecimientos educativos públicos de gestión privada.
En materia de establecimientos educativos municipales, debería tenerse en cuenta la positiva instrumentación llevada a cabo por la Municipalidad de Córdoba, cuyas escuelas llevan más de 20 años de implementadas.
Un segundo aspecto del proyecto que consideramos importante revisar lo constituyen las cooperadoras escolares. Pensamos que debe regularse en el mismo cuerpo legal el sistema normativo de las asociaciones o cooperadoras escolares, puesto que no alcanza con imponer al Estado el deber de dotarlas de un sistema normativo, según lo prevé el artículo 105 del proyecto. Es preciso definir el tipo de personalidad jurídica y las bases mínimas de organización que han de adoptar las cooperadoras, delimitando sus competencias funcionales, reafirmando la voluntariedad de su integración, la gratuidad del servicio prestado por sus integrantes, la naturaleza de su patrimonio y la actividad que puedan llevar a cabo en beneficio de los establecimientos escolares a cuyo amparo están designados.
Se trata de un vacío normativo que no puede continuar prologándose, dado que ello genera inseguridad jurídica y desincentiva la participación de la familia de los alumnos en la tarea de apoyo al quehacer educativo.
En tercer lugar, respecto a los centros de estudiantes pensamos que es preciso que su regulación se incluya en el cuerpo de la ley, y que dicha cuestión no se delegue a la reglamentación administrativa, como lo propone el artículo 12, inciso e), del proyecto, dado que los estudiantes, en especial los del ciclo secundario, no pueden ser ajenos al gobierno de la educación pública, conforme al artículo 63 de la Constitución provincial, siendo su regulación función indelegable de esta Legislatura como representantes del pueblo –artículo 104, inciso 13, de la Constitución local.
Respecto de la determinación clara de los recursos del sistema en la ley, pensamos que, por las mismas razones ya adelantadas, es preciso que sea la Ley Orgánica de Educación la que determine los recursos mínimos y seguros con que contará el sistema educativo, siendo inconveniente que se remita, una vez más –como lo hace el proyecto-, a una ley especial, conforme lo prevé el artículo 107.
Los antecedentes legales en la materia, Leyes 1426 –del año 1826- y 8113 –del año ’91-, establecieron expresamente el porcentaje de ingresos presupuestarios mínimos que cabe asignar a educación pública provincial en el 25 por ciento. Resulta ineludible establecer esto también en el proyecto de reforma.
Nos parece demasiado amplia e indeterminada la autorización que propicia el artículo 107 del proyecto para financiar el sistema educativo vía endeudamiento. Nos parecen más apropiado los impuestos con tasas específicas de la Contribución sobre los Inmuebles y los Automotores y el Impuesto a la transmisión gratuita de bienes, que establecen los artículos 182 y 183 de la Ley de Educación bonaerense 13.688, de 2008.
Celebramos que el Gobierno de la Provincia se proponga, con este proyecto, elevar en un 10 por ciento -es decir, llevar del actual 25 al 35 por ciento- el gasto provincial en Educación.
Lamentamos que se lo haga recién al final del mandato de este Gobierno y en vísperas de un año electoral, pudiéndolo haber instrumentado con anterioridad.
Vale señalar, como ejemplo, que la Provincia de Buenos Aires hace años que gasta el 35 por ciento de su Presupuesto en Educación, y que la Provincia de La Pampa estableció, para el presente año, el 34 por ciento, según lo dispuesto en la Ley 2511, artículo 9º, de esa Provincia.
No obstante, es preciso que el porcentaje presupuestario fijado en la norma -35 por ciento- desagregue su aplicación, garantizando un mínimo financiamiento asegurado para la capacitación del personal docente, para mejoras edilicias de los establecimientos; y que se aclare que tal asignación presupuestaria no incluye aspectos asistenciales tales como alimentos, vestimenta o subsidios, a los estudiantes o familias; vale decir, que los recursos que se destinen a estas prestaciones de tipo asistencial no estén deducidos o descontados de la asignación del 35 por ciento, sino que vayan desde otras partidas del Presupuesto General.
En los principios del artículo 3º del proyecto, debería agregarse que “el Estado garantiza a la comunidad educativa que sus miembros han de participar activamente del proceso educativo en establecimientos sanos, limpios y seguros”. Para la efectiva concreción de esa garantía es preciso un compromiso presupuestario claro, que realmente constituya una política de Estado.
Para evitar confusiones, proponemos que se elimine del artículo 3º, inciso j), del proyecto, el último párrafo que integra el financiamiento educativo con aportes comunitarios sectoriales o de otras condiciones, a fin de no detraer del Presupuesto educativo los recursos que, por cualquier otro concepto, pudieran adicionarse al mismo. Es decir, proponemos que las transferencias del Gobierno federal destinadas a educación aumenten el financiamiento provincial del 35 por ciento y no autoricen detracción alguna en la medida de este financiamiento extraordinario.


En su artículo 111 el proyecto agregó el texto de los acuerdos alcanzados a propuesta del COPEC. Pensamos que, además de aludir a ellos, debieran formar parte como anexo del cuerpo de la legislación para que todo el mundo pudiera conocerlos, dada la importancia que tienen los 15 puntos propuestos por el COPEC.


Un sexto aspecto que consideramos relevante tiene que ver con la laicidad de la escuela pública. A nuestro ver debería suprimirse el inciso e) del artículo 11 y el inciso c) del artículo 35 del proyecto, puesto que la educación religiosa que los padres de los alumnos deseen que se imparta a sus hijos debiera ser realizada por los ministros de los cultos autorizados, totalmente fuera del ámbito escolar. La escuela pública de gestión estatal debe ser laica, sin perjuicio que los contenidos curriculares introduzcan el estudio de lo religioso y de las religiones como disciplina propia de la historia de la cultura de la humanidad, pero en modo alguno comprometiéndose en la parcialidad de la promoción de una religión determinada.


Proponemos que se sustituya el inciso e) del proyecto por el siguiente texto: “Las instituciones de gestión privada podrán incorporar organizaciones religiosas de culto permitidas en el registro nacional”, aclarando que los estudiantes no serán obligados a profesarlas.


Apoyamos el propósito de vincular a nuestros jóvenes con el mundo del trabajo para que lo conozcan a la hora de definir su futuro vocacional, pero nos oponemos terminantemente a que, bajo ese pretexto, se los explote como mano de obra barata o gratuita. Por ello, proponemos que se elimine el artículo 46 del proyecto y se haga referencia de la no posibilidad de acordar pasantías laborales por parte de los alumnos en el sector de la producción y del trabajo y que se mantenga la factibilidad de realizar prácticas educativas en la escuela, algo bien distinto a las pasantías laborales.


Con respecto al órgano encargado de dictar el Código de Convivencia, entendemos que debe corregirse lo que –creemos- es una inconsistencia que se advierte entre los artículos 25, inciso e) y 101, inciso f) acerca de qué instancia administrativa tiene competencia para el dictado del Código de Convivencia que regirá a cada institución escolar. La diversa realidad sociocultural de cada establecimiento educativo hace preferible que dicho código sea dictado por el propio establecimiento con la participación activa de los padres y, en lo posible, también de los alumnos –según su edad- y no uno de carácter general por parte del Ministerio de Educación. Además, debe incorporarse el instituto de la mediación en tales códigos de convivencia, como herramienta de suma utilidad para solucionar los conflictos entre alumnos de cada establecimiento.


Advertimos como uno de los mayores déficit del proyecto, el carácter no participativo que tienen las instituciones que gobiernan el sistema. Creemos que el proyecto supone un retroceso en orden a la participación de los sectores y agentes vinculados a la educación, toda vez que sustituye al actual Consejo General de Educación por un Consejo Provincial de Políticas Educativas del cual se excluye a los alumnos y a los padres que sí tienen participación en la ley vigente.


Advertimos el déficit porque mantiene la exclusión actual de los municipios en el consejo generando un déficit participativo incompatible con las previsiones del artículo 63 de la Constitución local. La ley debe incentivar la efectiva conformación de la comunidad educativa siendo sus miembros naturales los docentes, los alumnos y los padres., y debe procurar el mayor compromiso de todos sus miembros en el proceso educativo.


También advertimos que el proyecto no prevé en los artículos que regulan materias de educación especial, la estimulación temprana en los casos que resulte necesario. Pensamos que debiera profundizarse el estudio de esta temática.


Finalmente, respecto de los mecanismos y de cómo están relatadas las metas propuestas en el proyecto, pensamos que va en la dirección correcta en tanto que establece una serie de objetivos a alcanzar, sin embargo, la metas que se proponen en el artículo 111, a nuestro juicio, son insuficientes dado que no se incluye entre ellas el piso de mínimos días de clase que aspira a dictar el circuito.


El proyecto también adolece de mecanismos que aseguren el cumplimiento de las metas fijadas por su artículo 111.


De la Coalición Cívica ARI sostenemos que si la legislatura acepta estas observaciones que con espíritu constructivo hacemos al proyecto en consideración, además de la que han realizado otros sectores políticos, sociales, padres y alumnos, la ley que se sancione realmente tendrá el carácter de una política de Estado puesto que se asegurará supervivencia más allá de los avatares de la política gobernante. Recordemos que la ley que rigió los destinos de la educación de Córdoba desde el año 1896 al año 2001 sobrevivió en consecuencia más de 80 años y con ella nos educamos la mayoría y los responsables de la sociedad en estos momentos.
Es de esperar que el proyecto tenga una larga vida en la medida que responda a la demanda de nuestro pueblo.
Muchas gracias. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Feraudo).- Muchas gracias por su aporte.


A continuación va a hacer uso de la palabra el señor Emilio Cornaglia.

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Sr. Cornaglia.- Buenas tardes.


Soy consiliario estudiantil del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, estudiante de Derecho y además vengo en representación de la organización estudiantil Franja Morada.


Lo primero que quería manifestar –coincidiendo con muchos de quienes me precedieron en el uso de la palabra– es que no compartimos la modalidad a través de la cual se han llevado adelante estas Audiencias Públicas. Entendemos que la participación en estos espacios debe darse de manera mucho más plural y efectiva, contrariamente a lo que pasa actualmente. Creemos que tenemos derecho a la participación, por lo menos como oyentes, e inclusive a ser escuchados para manifestar algunas observaciones al proyecto de ley. Sumado a que este proyecto entró en tratamiento hace un par de semanas y fue gestado a espaldas a la comunidad educativa y a la sociedad en general a través de una pantomima de discusión el 28 de julio en las escuelas, entendemos que no hace más que caldear los ánimos y apuntalar la aseveración que hace la sociedad de que este proyecto está saliendo sin ser escuchada la sociedad en general.


Voy a hacer algunas críticas al proyecto de ley en particular: creo que la cantidad de gente que ha hablado, además de espacios y representaciones diversas que han asistido, han hecho un análisis claro de algunos de los puntos. Sin embargo, a riesgo de ser repetitivo, me interesa remarcar tres puntos que son globalmente preocupantes y que hacen a un espíritu de la propuesta de ley que conforma un cuerpo legislativo que, a nuestro entender, es inaceptable para la sociedad cordobesa y que debe incurrir en algunas modificaciones para que –como lo dijo el orador que me precedió en el uso de la palabra– no sólo la sociedad actual sino también la venidera esté conforme con esta ley de Educación Provincial, se sienta contenida en ella y así pueda perdurar más allá del gobierno provincial que en la actualidad está gestionando la Provincia.


El primer punto es referido al retroceso que implica el proyecto de ley con la Ley vigente 8113 respecto a los espacios de participación en el gobierno y en la toma de decisiones políticas de los actores del sistema educativo provincial. Ustedes saben que la ley vigente tiene distintas esferas de participación a nivel local, regional y provincial, y cada una de ellas plantea instancias en las cuales tanto padres como educandos pueden incidir en el destino de las políticas educativas.


A nivel local, en la actual propuesta de ley estos consejos educativos se disuelven y, tanto en el orden regional como provincial, también se elimina la posibilidad de participación de los alumnos y de sus padres, quedando estructurada una dinámica completamente vertical y ejecutiva que no permite la discusión horizontal de los actores principalmente interesados en resolver estas cuestiones, reemplazándola por representaciones que, a nuestro entender, distan mucho de ser interesantes para la articulación de la política educativa.


Hay un ejemplo al respecto –el más grave, creemos– y es que el Consejo General de Educación, actualmente regido por la Ley 8113 –que, además de estar integrado por el Ministro de Educación y representantes del Poder Ejecutivo, está compuesto por representantes elegidos por los alumnos de los establecimientos educativos y por sus padres–, es reemplazado ahora por el Consejo General de Políticas Educativas, en el que dejan de tener participación los alumnos y los padres, sumándose en su integración representantes de la universidad pública y de las privadas en igualdad de condiciones, cosa que, según entendemos, no debiera suceder. En esa esfera debiera mantenerse, al menos, la representación de los alumnos y sus padres.


Además, resulta preocupante –ya lo marcó el doctor Horacio Echichurry, que me precedió en el uso de la palabra– la posibilidad de que el Ministro invite libremente a participar en el Consejo General de Políticas Educativas a cualquier actor, según crea conveniente. En tal sentido, entendemos que el espacio político de toma de decisiones, que debe generar lineamientos para el sistema educativo, es la Legislatura, elegida por el pueblo de la Provincia. De ese modo, esos espacios deben quedar cristalizados en una representación política –que es escasa en la propuesta actual porque excluye a los alumnos y a sus padres de la toma de decisiones– que sea efectivamente el ámbito donde comience a delinearse el rumbo del sistema educativo.


Por otra parte, entendemos que la modificación que se introduce respecto de la educación religiosa es altamente preocupante. En una ciudad que es cuna de la Reforma Universitaria, que además se hizo eco, en los años ’60, de la discusión acerca de la educación laica, vemos como un claro retroceso reconocer la posibilidad de que el Estado imponga desde su esfera una educación religiosa, basada en dogmas.


La religión versus educación laica no debe tomarse como una afrenta de parte de quienes defendemos la educación laica contra cualquier religión, sino que debe ser motivo para defender el respeto pleno de la libertad de conciencia individual de cada uno de los ciudadanos, para formarse en una institución educativa sostenida por el Estado provincial, independientemente del credo o religión que profese. Además, entendemos que la educación laica, además de garantizar esos derechos individuales, fomenta una visión de sociedad pluralista, con respeto por la diversidad ideológica, política, cultural y religiosa.


Por ello, sostener la redacción actual del proyecto de ley en debate implicaría la peligrosa incorporación de un elemento discriminatorio en la educación pública provincial. Creemos que el derecho a recibir formación religiosa por parte de cualquiera de los ciudadanos de esta Provincia y del país todo, debe estar garantizado por las instituciones de gestión privada y no de gestión estatal, y la dirección que el Estado debe darle a la educación debe estar completamente exenta de dogmatismo, por lo que reafirmamos el carácter laico de la educación pública estatal.


Asimismo, vemos con bastante preocupación el tono general de la ley al referirse a la heteroeducación, al concepto de líneas pedagógicas que recoge tratando a la educación como una mera transferencia de conocimientos desde el docente frente al aula que trasmite un conocimiento al educando. Entendemos que en un tiempo en el que la rapidez a través de la cual el conocimiento se trasmite, la multiplicidad de factores que inciden en la construcción del conocimiento colectivo, como las herramientas informáticas por ejemplo, nos llevan a que necesariamente tengamos que actualizar esta visión de la pedagogía del docente al frente del aula y empezar a construir un concepto en el que el docente pueda dotar de herramientas pedagógicas a los alumnos para que al salir del aula ellos mismos puedan utilizar este conocimiento para digerir, clasificar y reflexionar acerca de la información que se recoge y se percibe a través de los medios de comunicación masivos o a través de las herramientas informáticas para que sea el propio estudiante con conciencia crítica quien decida a qué información darle acento, cuál tomar como válida y cuál le parece que no es aceptable como válida, de manera que en la actualidad el conocimiento se construya individualmente de manera mucho más personal y completamente desvinculado de lo que está pasando en el aula.


Recuerdo la disertación de una de las personas que me precedió en el uso de la palabra en cuanto a que en la actualidad la educación ya no es entre el timbre para entrar al aula y el timbre para salir sino que es constante, permanente y en todos los estadios del desarrollo de la vida. Por eso mismo entendemos que habría que reemplazar el concepto de heteroeducación de un docente frente al aula con sus estudiantes por un concepto de autoeducación, en el que se ponga la tónica sobre las capacidades que los estudiantes tienen que generar para criticar, digerir la información que reciben y construir un conocimiento personal.


Hay muchos otros puntos también preocupantes pero quiero mencionar, por representar a una entidad universitaria, que se incorpora la creación de centros universitarios provinciales sin hacer mención a la necesidad de que esos centros universitarios sean creados a través de una ley de la Legislatura provincial, porque se está disponiendo que sea únicamente por decreto ministerial o del Poder Ejecutivo. Nosotros entendemos que la creación de universidades provinciales debería darse en el marco de una discusión acerca de las necesidades de orientación que debe tener esta formación educativa universitaria, además, para que no se cometan los errores de solapar oferta educativa y que los esfuerzos de los Estados nacional y provincial no se vean diezmados por ofrecer la misma línea educativa en un mismo espacio territorial para los mismos destinatarios. En realidad, debería ser la Legislatura la que decida qué tipo de educación está haciendo falta en cada región de la Provincia y que se puedan brindar estas cuestiones a través de una ley y no de un decreto.


Es interesante también marcar algunas otras cuestiones que, si bien ya han sido abordadas, no está de más decirlo: el cambio de paradigma respecto a la educación especial; nos parece importante fortalecer el principio de la inclusión en la educación provincial y, además, volver al principio de la administración regional desconcentrada. En una provincia con tanta diversidad geográfica, socioeconómica y cultural como la de Córdoba, creemos que sería un error concentrar la toma de definiciones políticas del sistema educativo en un solo ámbito y que habría que buscar una regionalización de la toma de esas decisiones.


Sumado a estas observaciones que nos interesaba hacer, quiero agregar que nos parece que la mecánica que se ha llevado adelante para esta discusión ha sido completamente errónea, vemos que esta actitud que ha tomado la sociedad, en primer lugar con la lucha de los estudiantes secundarios tomando las escuelas, reclamando por discutir el proyecto, ha sido el primer reflejo de que la mecánica que llevó el Estado provincial para discutir esta ley ha estado de manera inconsulta con los estamentos más implicados por esta reforma, que son justamente los padres y los estudiantes.
Entendemos que la Legislatura provincial debería darse el tiempo, que no se tomó el Gobierno de la Provincia, para que todos los actores puedan opinar y hacerse escuchar y para que a fin de cuentas esta ley, cuando se sancione, tenga realmente contemplación con lo que la sociedad de Córdoba exige y no sea una imposición de esta Legislatura a la Provincia.


Muchos también han manifestado lo que sucedió con la Ley de Bosques, con respecto a que ha sido aprobada de la noche a la mañana, de espaldas a la sociedad, con más gente afuera que adentro, y entendemos que lo mismo está pasando ahora: hace un año y medio que este proyecto de ley se viene discutiendo entre muy pocas personas; un día llegó a las escuelas la posibilidad de discutir esto, pero sabemos que es un articulado muy grande y muy complejo. Finalmente, el resultado de esta mecánica ya es sabido: poca gente acá y muchísima gente afuera, inclusive entendemos que hay muchísimas ciudades, pueblos y comunas de esta Provincia que ni siquiera han tenido la oportunidad de discutir esta cuestión, aún utilizando el sistema de Audiencias Públicas en San Francisco, Río Cuarto y otros lugares, no llega a agotar la discusión que realmente deberíamos tener.


Exigimos que estos puntos que estamos marcando, al igual que los que marcaron los otros ciudadanos que se acercaron respetuosamente a ser escuchados por ustedes, los legisladores que nos representan, sean tomados en cuenta con seriedad y exigimos también que el plazo de discusión que estableció la normativa que implementa estas Audiencias Públicas -que estipula que el día 15 de diciembre se apruebe esta ley- sea revisado, modificado y se rectifique a fin de que exista un plazo mayor para consultar a la comunidad educativa y a la sociedad en general, y que el año que viene pueda darse una discusión más completa y una sanción un poco más feliz de parte de esta Legislatura provincial.


Muchas gracias. (Aplausos).

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Sra. Presidenta (Feraudo).- Convocamos a Rubén Castro y Silvia Luján.

Sr. Castro.- Mi nombre es Rubén, soy licenciado en psicología. He sido convocado por la Junta de Educación Católica, junto con mi compañera que, lamentablemente –por razones personales- no pudo estar, la licenciada Luján.


Estoy desde las 15 y 30 horas y calculo que están cansados después de una jornada como esta.


Agradecemos que nuestro aporte sea escuchado y pueda ser incluido dentro de la ley el tema de los Departamentos de Orientación, con algunas salvedades, fundamentalmente en el cambio de la denominación, puesto que la ley prevé el tema de “gabinetes psicopedagógicos”. En estos momentos, es un término que está oprimido en el área de las ciencias, en especial donde se intercepta la salud y la educación. No es antojadizo el hecho de pensar que es un cambio de nombres sino que involucra muchas cosas.
En el año 2005 con un grupo de compañeros nos presentamos en un encuentro del CONSUDEC, donde la gente de Buenos Aires había quedado sorprendida por el trabajo que se venía realizando en los ex gabinetes psicopedagógicos y encontraban a Córdoba casi a la vanguardia en relación a otras provincias en dicho encuentro nacional.


Pensar en términos de Departamento de Orientación significa hablar desde una postura en donde ya no sólo está presente la cuestión asistencial, puesto que el gran auge que puede tener un Departamento de Orientación es trabajar fundamental y neurálgicamente en la prevención, o en lo que los psicólogos decimos “antes de que se establezca el síntoma”.


Pensar hoy en una escuela sin un equipo, un departamento de profesionales de distintas disciplinas, como pueden ser psicopedagogos, licenciados en ciencias de la educación, pedagogos, jefes de departamento de matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, preceptores, etcétera, amerita una visión distinta a la que el gabinete psicopedagogo proponía en su tiempo. Este es un aporte pequeño.
Dejo también un pequeño trabajo sobre la función y el rol del psicólogo en el Departamento de Orientación, que es bastante orientador, y creo que ninguno de ustedes puede imaginarse sin contar con su propio equipo de asesores. Si uno ve pelear a la “Mole” Moli, cada vez que volvía al rincón su sparring le decía lo que tenía que hacer. Es verdad que el que salía al ring era la Mole, pero el que lo iba orientando era su sparring. También hay que pensar en el equipo de fútbol, que en el entretiempo tiene su tirón de orejas y se revisan sus estrategias. Esto es muy asemejable a lo que sucede en un Departamento de Orientación, que muchas veces trabajamos en un sector que es muy particular, porque no decidimos ni resolvemos las situaciones, pero sí asesoramos, acompañamos, hacemos seguimientos, derivaciones e intervenciones que tienen que ver con la salud y la educación.


Entonces, desde este punto de vista, debemos hacer un fuerte llamado a que si en esta ley está contemplada la creación de 65 Departamentos Gabinetistas y si tenemos en cuenta la cantidad de colegios, en especial públicos, que en este momento están siendo desbordados porque la escuela hoy es el reflejo fiel de lo que está pasando en la sociedad, vemos lo necesario que es la creación de un Departamento de Orientación.
Mientras estamos reunidos aquí, pueden haber estado aconteciendo muchas cosas en un colegio, y seguro que debe haber estado mi compañera en uno de ellos colaborando no como docente sino reforzando y acompañando en esa tarea que es descomunal, más a esta altura del año. Esta mañana tuve un encuentro a las 7 y media porque no hay puntos de acuerdo: el colegio no se da cuenta de que tiene un niño con mielomeningocele y graves problemas de accesibilidad; hoy, a las 9 de la mañana, cuando entraba Juancito a la sala de 5, desde la entrada, la formación y los pocos minutos que llevaba en su sala, había sido convocado a mi despacho porque no se portaba bien, y era obvio que, con un revólver en su manito, decía me “mató” metafóricamente. Esas son las intervenciones con las cuales nos encontramos casi a diario, saliendo como

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CONTINUACIÓN PARTE 6 SEGUNDA AUDIENCIA PÚBLICA EN LEGISLATURA DE CÓRDOBA
Por Asamblea ECI- Colectivo Indymedia Córdoba - Tuesday, Dec. 07, 2010 at 10:37 PM

Esas son las intervenciones con las cuales nos encontramos casi a diario, saliendo como bomberos a apagar incendios.


Debemos trabajar más fuertemente sobre el concepto de prevención. Nuestros docentes están muy “quemados” y hay que colaborar. Tampoco podemos ser órganos rectores, directrices o de decisiones, porque estaríamos sobrepasando la autoridad del directivo. Nuestro trabajo es asesorarlo y acompañarlo en su tarea. Esta ley nos está dando esta posibilidad, aunque el esfuerzo es poco, por favor, hagan más esfuerzo para que haya, desde este punto de vista, más recursos financieros, económicos, materiales y humanos.


Lo fundamental del acto académico es el alumno, y si descuidamos esto podemos caer en un grave error.


Sigo pensando que lo que nos puede mantener esperanzados es que todavía es posible una sociedad como “La sociedad de los poetas muertos”, que si no han visto la película, les sugiero que lo hagan esta noche.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Feraudo).- Muchas gracias por su aporte.


Continuamos ahora con Raúl Ojeda.

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Sr. Ojeda.- Soy ex docente del ex Consejo Provincial del Menor, por lo que tengo alguna experiencia en este tipo de legislaciones que, como las del ex Consejo, lo único que hicieron fue desvalorizar la tarea del docente y desguasarla como estructura social; la rompieron para luego llegar con otras motivaciones de tipo políticas, lo mismo que está pasando aquí.


Reconozco que las piernas me tiemblan un poco ya que vengo de una generación que soñaba con esto de hablar con gente de distintos partidos políticos que ejercieran la tarea de la representación. Como generación del ’70, sufrimos, peleamos a los sablazos en la calle para lograr algo como esto; era un sueño.


Con todo respeto hacia ustedes, quiero decirles que no me interesa de qué partido político son, pero sí me interesa el testimonio personal de haberse quedado mientras que he visto que otros se han ido cuando deberían estar acá, porque es para ellos lo que venimos a decir; si no, están funcionando como una mayoría automática.


Si esta ley sigue como está, va a haber muchos problemas, especialmente con los jóvenes, tan vehementes y apasionados, porque son la fuerza del futuro. Se van a crear nuevas complicaciones con este anteproyecto porque ellos no se van a quedar de brazos cruzados, porque son jóvenes –tal como éramos nosotros hace años- y en el fondo son puro sentimiento, más cuando les tocan las cosas más elementales.


No es que quieren hacer lío y por eso no van a clase; creo que no es así, que las motivaciones son más profundas, ya que el Poder Ejecutivo empezó por los techos y terminó el año con la Ley de Educación, que me parece que venía a ser tratada entre gallos y medianoche. Si los chicos no salían a las calles, esta ley reventaba en términos legislativos,


Ustedes pertenecen a distintos partidos políticos que nos representan como unidades político-sociales de la Provincia de Córdoba.


Sin ánimo peyorativo ni ofensivo, así como les dije que los respeto como legisladores, les puedo decir el pensamiento que domina en la calle: el Poder Ejecutivo –con perdón del muerto- les ha “tirado un muerto” a ustedes y a nosotros, porque estos chicos no tiene que estar acá, deberían estar frente a la Casa de Gobierno porque es el Poder Ejecutivo, no ustedes, el que ha hecho esta ley.


Esta ley es inconsulta, es arbitraria, desde el momento que no ha tomado como eje y como fundamento central la responsabilidad legislativa, cual es consultar a la opinión pública. En definitiva, todos vamos al colegio; los padres hemos ido al colegio y mandamos a nuestros hijos al colegio; es decir, toda la sociedad va al colegio.


Por ello, ¿cómo van a dictar una ley que regule la actividad de los colegios sin consultar a los que han ido, van a ir, o mandan a sus hijos al colegio? No se puede hacer la consulta en una, dos, ni tres ni cuatro Audiencias Públicas sino que hay que movilizar a la sociedad. Les dejo la iniciativa porque no creo que ustedes tengan que cargar con este “muerto político” porque, en definitiva, la sociedad los va a enjuiciar.


Personalmente, adhiero al partido que hoy gobierna, pero no pertenezco a esta clase política que cree que todo se maneja por mayoría automática. Nosotros, los compañeros de la calle, los hombres de la calle que mandamos a nuestros chicos al colegio, o que somos docentes y estamos compenetrados de los ideales del ’70 y que seguimos pensando en una sociedad más igualitaria y más justa, creemos que no se puede aplicar la mayoría automática. Esto merece un tratamiento diferenciado.


Con todo el respeto que ustedes me merecen, creo que quieren meter al juecismo, al radicalismo, a los partidos vecinales, a todos en una misma bolsa para que la gente los afrente en la calle. Creo que, en definitiva, esto no termina acá. Si este fuera un proyecto de ley impositiva, que va a aplicar un impuesto a una clase social en beneficio de otra, si va a aplicar un emolumento fiscal por única vez, el problema terminaría allí; la gente se va, masculla su bronca y sigue con sus actividades. Por el contrario, con esta ley van a tener el problema durante todo el año escolar y los van a castigar a ustedes como políticos. Nosotros vendremos acá o a la Casa de las Tejas para decirles que no puede ser que dicten una ley de manera tan arbitraria y tan inconsulta, falseando los mecanismos de participación popular, desconociendo fundamentalmente la realidad de las escuelas.


Me parece que se trata del clamor popular y ya no es un problema técnico. He escuchado a todos los que pasaron por aquí, con sus teorías, con sus postulados doctrinarios, científicos, y pienso que hablan muy bien pero no representan la realidad política del hombre de la calle frente a esta ley; es decir, el padre humilde, el chico humilde de barrios marginales o el chico que tiene problemas de conducta y que tiene que ir al gabinete psicopedagógico pero no lo tiene en su escuela. Hay escuelas nuevas, pero carecen de pedagogos; escuelas nuevas sin los servicios elementales mínimos; o escuelas viejas con servicios deficientes.


En consecuencia, lo que se impone como única salida política a este intríngulis de Schiaretti y compañía, es el aval y el auxilio técnico, logístico, financiero, científico y monetario de la Fundación Mediterránea, que desde hace mucho tiempo está detrás de este proyecto porque es su sueño.
Cuando la fundaciones empresariales vienen con los proyectos de privilegiar la educación de los chicos, no los van a preparar ni les van a dar becas para que sean ingenieros o médicos sino para hacer marketing, ventas, preventas, mirada de rostro o, de lo contrario, los mandaran a Tinelli para que hagan de modelos; o vendrán los supermercados para ponerlos de preventistas.
¿Ese es el futuro de los chicos de la Argentina? No podemos dejar que sean las empresas las que moldeen qué es lo que van a privilegiar como materia opcional para enseñar en los colegios. Tiene que existir una política del gobierno provincial, del Ejecutivo provincial que privilegie los trabajos que requiere la industria. Pero es el propio gobierno el que debe prepararlos y no dejar que se lleven a los chicos como mano de obra barata.
Se está discutiendo sobre derechos y los chicos van a hacer delibery. Pero, ¿cómo van a hacer pasantías los chicos si trabajan haciendo delibery, porque son los chicos de 5° y 6° años los que lo hacen. Con esto debemos tener presente cuáles son las causas de mortandad por accidentes de tránsito en Córdoba y Buenos Aires; son los chicos de los delibery que no tienen seguro. Esos chicos tienen pasantías en el aire.
Al empresario no le gusta esto, entonces, si ellos quieren meterse en la estructura educativa, ¿por qué no van ustedes a revisarles los libros a ellos? No dejemos que ellos metan las pesuñas en la estructura educativa porque no buscan beneficiar ni a los chicos ni a la sociedad. Somos testigos privilegiados de la década del ’90; así empezaron a privatizar la educación.


Me parece que esto requiere una salida política que es pedir como Comisión de Educación –no sé si está la minoría- el diferimiento del tratamiento legislativo hasta el año que viene, en el momento y el tiempo que se considere, y lanzando un proyecto, un programa de política provincial cuya prioridad número uno sea la gestación de la ley educativa en la que todos participen.


¿Se va a imponer si el capricho es no ceder?
Decía Maquiavelo, en El Príncipe: cuando la calle truena el príncipe debe descansar, guardar reposo, porque la calle va a seguir tronando.
En este momento, cuanto más fuerte es un gobierno, más debe ser permeable al consenso, cuando es débil no admite nada. No se va a caer el Gobierno porque los chicos del Garzón Agulla, del Belgrano o del Carbó, salgan a la calle, pero los va a desgastar muchísimo, lo mismo les va a ocurrir a ustedes como Poder Legislativo, le va infligir una herida muy difícil de reparar de cara a la sociedad, frente a las elecciones del año 2011.


No soy juecista -ni Juez es santo de mi devoción-, pero fue él quien se montó primero sobre esta estructura –no sé si bien o mal intencionado- y denunció todo lo que iba a pasar. No sé si Juez es como el Conde Pascual, debe tener algo donde lee el destino porque, justamente, el que él dijo que iba a renunciar -que estaba de vocero del que ya se fue- nos dijo un día a los maestros –cuando estábamos de huelga por un reclamo- que nos fuéramos a trabajar. El no se fue a trabajar, se fue a hacer otras cosas y la historia se las cobra.


No queda otra salida que el diferimiento para el año que viene a fin de optimizar los niveles de discusión con personas y entidades ligadas a la cultura. Cuando decimos esto, entendemos que el Poder Legislativo tiene que tomar la iniciativa, convocar a todos los colegios de profesionales; por ejemplo, no se puede hacer una ley sin convocar orgánicamente al Colegio de Psicólogos y Psicopedagogos, son ellos los que instrumentan todas las medidas tendientes a la prevención de la droga y el delito en los colegios y no lo han hecho oficialmente; ellos tienen que venir y dar la cara porque esto que han hecho con el Consejo de Políticas Educativas responde nada más ni nada menos que al viejo anhelo de la Fundación Mediterránea que es la que en definitiva maneja los destinos económicos y políticos de Córdoba.


Cuando se habla de educación religiosa, hay algo que es muy claro. En Córdoba está el COMIPAZ, que es una entidad pionera en el mundo, no hay otra igual –no sé si habrá en el Medio Oriente-, allí están todas las religiones reconocidas, pero lo que hay que hacer es separar el concepto doctrinal.
Escucho a muchos jóvenes hablar de educación laica como si fuera un postulado histórico y no lo es. Que seamos religiosos o no, no tiene nada que ver. Es una obligación doctrinaria, jurídica y política de la generación del ’80, que se peleó con la Santa Sede, expulsó al vicario apostólico de la Argentina y el general Roca y su ministro Wilde, hicieron la ley laica para ofender a la Iglesia, pero es un problema del pasado.


Si dijeran que la educación va a dejar de ser laica, no sé si van a temblar los altares de los próceres argentinos, pero si deja de ser gratuita y obligatoria si van a temblar, lo de laica es un postulado que puede ser amortizado.


Hay que dedicar un artículo específico dentro de esta ley que contemple la obligación de los colegios de realizar talleres cuya duración y números se reglamentarán sobre el fenómeno religioso como manifestación cultural. Un adolescente que venga de su hogar influenciado, que al padre no le alcance para pagar un colegio privado, donde va a estudiar religión y que va a un colegio oficial, que sea agnóstico, donde no se habla nada de lo que sea trascendente, es tan violento como imponerle a los laicos que se dé educación libre. Volver a lo laico y libre es de la época de Frondizi y no es así.


El problema religioso como obligación de estudiar religión es anacrónico, va para atrás.
En cuanto al problema de incorporar la religión como fenómeno cultural, vaya cualquier empresario argentino a realizar negocios a Arabia Saudita a determinadas horas del día. ¿Qué negocios van a hacer cuando ellos están orando? No van a poder hacer nada, porque la religión les obliga a no hacer absolutamente nada.
Hay que conocer las regiones del mundo -para adherir o repudiarlas-; que las mujeres estén tapadas, es un problema cultural de ellos, pero tenemos que conocerlo. No podemos negar a los chicos la posibilidad de conocer la fisiología de las religiones. Es un fenómeno cultural que hoy maneja al mundo. Poca gente sabe que la mayor cantidad de musulmanes no está en Medio Oriente, se encuentran en Asia y éste es un caldero de futuras guerras. Por ello, los chicos tienen que estar interesados y saber por qué la gente muere en nombre de las religiones, por algo debe ser. Lo que no podemos hacer es imponer que una religión sea buena y otra no.


Ustedes pueden retomar la iniciativa convocando al COMIPAZ para que la organice. Ellos tienen un concepto ecuménico de la religión, no excluyente ni sectario; allí convivieron por única vez en el mundo los imanes, los rabinos y los protestantes con los curas de la Iglesia Católica, y se llevan de maravillas. Por algo debe ser.


El tema también requiere un artículo que claramente plantee la acción de la escuela sobre el tema religioso. Lo que tiene que ser optativo es la asistencia; siendo obligatorio hablar algo de la trascendencia del hombre, más allá de las religiones. No puede ser que la escuela, que históricamente se jacta de cultivar los valores, se adhiera a la teoría del posmodernismo referida a que no hay más valores. Tiene que cultivar algún valor; el más importante es el de la trascendencia, cualquiera sea la religión. No podemos laicizar totalmente o animalizar la enseñanza de los adolescentes.


El tema más grave de todos –por el que la sociedad les va a castigar a ustedes- es que en la escuela hay chicos que en el recreo juegan a vender drogas. Salió ayer en el diario, no es casualidad. Hay una disposición que dice “de esto no se habla”, en la que los directivos les prohíben a los profesores y maestros hablar de que en su colegio hay drogas, porque eso trae aparejado que salga en los medios y les puedan causar problemas administrativos. El tema de las adicciones es grave, pero la ley lo trata en forma sucinta. Nada más ni nada menos, se trata de librar la batalla definitiva contra la droga, desde el plano de la escuela y luego desde la casa. No es un fenómeno menor, hay que crear algo, les dejo la idea.


La Mesa Provincial de Prevención de las Adicciones con todas las ONG que trabajan en el tema y la Universidad Nacional de Córdoba, a través de la Facultad de Medicina y Psicología, el Colegio de Psicopedagogos o el Colegio de Abogados, son los que conocen del tema.


Los gabinetes de psicopedagogía son imprescindibles; hay once gabinetes para todos los IPEM de esta ciudad de Córdoba. Revientan las escuelas de problemas de violencia; únicamente las puede parar el gabinete psicopedagógico porque tiene los profesionales habilitados. No se si van a hacer prevención; hay un psicólogo que recorre cinco colegios, cinco días, una hora les habla “no consuman”, más consumen los chicos; “no compren”, más compran. Es una tarea de proceso, no una tarea de esclarecer. Falta la acción del Estado a través de la escuela.


La legislación exhaustiva sobre el centro de estudiantes es imprescindible; hay que incorporar a la currícula de todos los niveles, esta es la clave. Más allá de la sanción de esta ley, como Legislatura tienen que llamarlo a Grahovac y exigirle, como legisladores y representantes de la gente, que la política prioritaria del año 2011 sea por la discusión de esta ley.
Si ya la ha sacado, y no hay nada que discutir, hay que decirle que por lo menos, como actividades complementarias legales se dé la posibilidad de que el 2011 sea un año prioritario de lucha contra la droga, de lucha por la incorporación a la currícula de técnicas y estrategias de aprendizaje, porque los chicos no saben estudiar. No es que no quieran hacerlo sino que les cuesta estudiar, les cuesta memorizar, están acostumbrados a lo rápido, a la luz, al destello, a lo breve, no hay proceso, no hay espera.


Es como decía Lucas Treber: “No sé lo que quiero, pero lo quiero ya”. En los chicos se produce eso. Su música es la del Indio Solari, quieren las cosas ya, sexo, sexo y rock ya.


La escuela se desubica con respecto a todo esto, y si no los contiene los chicos se van a ir. Los chicos no van a la iglesia, no quieren ir a la escuela tampoco ¿Y a dónde van?: a la discoteca, entonces tendrán que mandar a la policía a la puerta de la discoteca, y si es un gobierno progresista mandará a los maestros a que vayan a reclutar chicos a las puertas de las discotecas a las siete de la mañana a ver si quieren ir al colegio.


Los chicos no quieren ir a la iglesia. El único cura en Santa Fe que llevó a tocar a Lucas Treber, a Las Pastillas del Abuelo, llenó la iglesia y actualmente está oficiando en un estadio. Eso está diciendo que las instituciones tienen que ceder a los requerimientos de los tiempos.


No se puede plantear volver a la iglesia cuando los chicos ya no creen en nada. No se puede decir que vamos a ser laicos cuando los chicos no creen que haya nada más trascendente. Cuando ellos se matan en las motos a la salida de los boliches es porque estaban buscando la muerte. Y están buscando la muerte, no es casualidad que en el dormitorio de todos los chicos que tienen problemas violentos se encuentra la imagen de San La Muerte. Esa es la religión llevada a la exacerbación de la violencia, del descontrol.


Entonces la escuela tiene que volver a hacer la tarea del encastre social, volverlos a contener para que no sea la violencia la única salida para esos chicos.


Me parece que, haya o no ley, la Comisión de Educación tiene que citar a Grahovac. Hay una cosa que es clave para todo lo que se ha dicho acá: todo lo que se ha dicho es cierto, pero eluden una cosa: hay escuelas con altos niveles de conflictividad situadas a metros de las villas, a metros de donde están colgadas zapatillas, lo que dice que allí se vende droga, y la policía nunca mira para arriba sino que lo hace siempre para abajo, porque ellos están cobrando en todas estas cosas.


Hay directores de escuela que tienen 1.500 alumnos en dos turnos, por lo que tienen que ir, tomar un té y seguir a la tarde porque no tienen relación o porque tienen una relación conflictiva con el vicedirector, entonces ninguno está conforme con lo que hacen.


Pienso que mil chicos son mil problemas, mil formas de ver las cosas, mil formas de encarar una situación y tal vez diez tentativas de salidas violentas en el día, por lo que no puede haber un solo director para una escuela de mil alumnos. El director tiene que firmar todo lo administrativo, pedir las becas, hablar con los padres, no puede hablar con los chicos porque tiene que ir al Ministerio de Educación porque si no presenta los papeles no le autorizan nunca más nada; no puede hablar de la droga porque sino le cierran la escuela.


Es una cosa infernal, por lo que tiene que haber un cambio radical en la conducción de las escuelas, que por lo menos tiene que haber dos directores por escuela –uno para todo lo pedagógico, para tratar todos los temas relativos a los alumnos, a los padres como personas y los conflictos interpersonales y para los cursos de acción para salir de esta situación; y el otro director para realizar toda lo que tiene que ver con lo administrativo-, porque actualmente los directores no atienden a los chicos, sólo les dice: “Andá para allá. Conozco directores que han dicho a las señoras que hacen la limpieza de los baños que venían con las agujas de los baños: “Desaparezca de acá, porque si usted habla me echan a mí, entonces vaya para allá y tire eso”.
Esta es la realidad de los colegios y ustedes, como legisladores, no la pueden ignorar. No se dejen seducir por el canto fácil del “veo veo”. No hay “veo nada”. Cuando ustedes quieren ver algo no ven lo malo sino lo lindo, tirando la basura debajo de la alfombra.


Los legisladores de la mayoría van a votar esta ley de modo brutal porque se lo mandan desde arriba; no les importa qué es lo que van a votar.


Hay que llevar adelante un diálogo social, amplio e integrativo. De no ser así, van a crear un enfrentamiento social. No hagan lo que hizo Campana, que cuando vinieron los estudiantes les dijo que no se podía diferir el tratamiento de la ley dos semanas más.


Si se puede vetar o derogar una ley ¿cómo no se va a poder posponer el tratamiento de un anteproyecto que ni siquiera es ley? Ustedes representan y son queridos por la gente. No pierdan ese cariño. Ustedes son depositarios de nuestra confianza.
Schiaretti está enloquecido con su agenda personal y quiere ser vicepresidente de cualquiera, inclusive después de hostigar permanentemente al Gobierno nacional. Si ustedes consienten esto se van a enemistar con la gente. La única salida que tienen para no enemistarse con la gente es votar negativamente esta ley; díganle a la gente que no están de acuerdo con ella.
¿Por qué razón tienen que estar los chicos pintándose la cara como “carapintadas”? ¿Por qué no alquilan el estadio Orfeo para que el Gobernador dialogue con ellos? No se cierren como él. No sean funcionales como Campana que les miente a los chicos, negándoles el diferimiento del tratamiento de esta ley. Este es un proyecto de ley, no una ley.


Si Cristina Fernández puede vetar una ley, ¿qué no podrán hacer ustedes con esta? No hay que imponerse por mayoría brutal.


Les sugiero que convoquen al Ministro Grahovac y le planteen la posibilidad de que coexistan dos directores en las escuelas. Uno de ellos tiene que ser licenciado en sicología, en ciencias de la educación o en pedagogía.


Lo único revolucionario de esta ley -ustedes tienen que haber reparado en esto porque son hombres y mujeres de la política o como dijera la Presidenta; argentinos y argentinas compenetrados con nuestros problemas- es que por primera vez el 30 por ciento del Presupuesto de la Provincia se destina a Educación. Es una medida súper revolucionaria. El 30 por ciento es una cantidad impresionante de dinero; si no se evade, si la Mediterránea no impone sus condiciones, es una cantidad de plata que va a venir a “chorros”, como un ”río de plata”.


Hay una sola cosa que creo que la Legislatura tiene que hacer, con esta ley: por acuerdo con la mayoría o por imposición de las minorías debe legitimar, dejar expresa constancia de que legitima a cualquier integrante de la comunidad educativa: padre, docente o alumno que quiera interponer recursos provinciales cuando ese porcentaje sea bajado por el Gobierno que viene.


Les agradezco la atención que me han brindado, y espero que les hayan sido útiles algunos de los conceptos que he expresado. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Feraudo).- Muchas gracias por su aporte.


Vamos a escuchar al señor Torriglia.
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Sr. Torriglia.- Después del fervor de mi tocayo, voy a hablar con la experiencia que me dan los casi 70 años que llevo transitando el camino de la educación.


Estoy aproximándome al primer centenario de mi larga existencia. Comencé en el año ’39 como maestro de grado, después de transitar 25 kilómetros a caballo para llegar a mi primer día de clases, el 20 de junio de 1939, en la localidad de Alto Alegre.


Luego pasé, por razones familiares, a la primera escuela dependiente del Consejo Nacional de Educación, Escuela Láines Nº 7, de La Herradura, en pleno campo.


Desde el primer día de clases me interioricé y me dediqué, exclusivamente, a estudiar el problema de la enseñanza rural, de los niños de campo. Como hijo y nieto de chacarero, desde 1870 amé al hombre de campo, al niño de campo; por eso estoy aquí, habiendo llegado anoche de un largo viaje.


No conozco la ley, recién me la entregaron esta mañana y leí los dos artículos referidos a las escuelas rurales. He escuchado a más de 50 expositores, entre esta mañana y esta tarde, y nadie habló de la enseñanza rural, nadie habló del proceso educativo que se inicia con Sarmiento, cuando proclamó que la enseñanza debe ser libre, gratuita, universal y obligatoria. Nadie habló de por qué se creó el Consejo Nacional de Educación; nadie habló de por qué surgió la Ley 1420. Nadie habló del Congreso Mundial de Educación que se realizó en París, cuando el embajador de Francia, radicado en Buenos Aires, viajó para participar de ese Congreso, las palabras con que inició su discurso fueron: “Encontré en la República Argentina la educación tan avanzada”, y repitió: “tan avanzada, que empalidece la educación de las ciudades más importantes de Europa”.


Un historiador muy conocido por todos ustedes, un escritor de la época de la célebre Grecia, Maquiavelo, definió a la política como el arte de conquistar el poder, mantenerlo y conservarlo; pero aparece Sócrates y dice que la política es el arte de proclamar la verdad, y la verdad es el fulgor de la democracia. Detrás de las palabras de Sócrates siempre proclamé a la educación como un símbolo de verdad, que es lo que tienen que aprender los niños en las aulas.


Hablando de escuelas rurales puedo decirles, mis queridos legisladores, que además de concejal de Villa María, fui varias veces candidato a senador pero nunca llegué.
Los felicito por esta convocatoria para escuchar a una gran cantidad de expositores y así tratar de adaptar la nueva Ley de Educación de la Provincia atendiendo todas las ponencias; que Dios les dé luz para reflexionar, mejorar y perfeccionarla para el bien de toda la Provincia y de la Patria.
La escuela rural no es un aula cerrada sino un aula que abre sus puertas, y la tranquera de cada productor es una parte de la escuela. La escuela rural debe trabajar en coordinación con las escuelas agrotécnicas y con las agencias de extensión del INTA -Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria-, creado en 1956 que tiene agencias de extensión en distintos lugares de la Provincia.
Como maestro rural, nunca me quedo quieto y asisto al festejo del centenario de numerosas escuelas en distintos lugares de la Provincia. Fui fundador del sistema de Consorcios Camineros; y hoy hay 280 consorcios que mantienen 56 mil kilómetros de caminos de tierra de toda la Provincia por donde se mueve la producción del campo. Ese es mi quehacer: viajar permanentemente para asistir a los festejos del cincuentenario de los consorcios camineros como al centenario de las escuelas.
Puedo decir que Torriglia concurre a todos lados y aplico lo que de niño aprendí de un gran Gobernador de Córdoba, Ramón J. Cárcano: “El horizonte no tiene límites ni sombras que detengan mi andar”, para mí es así, por eso estoy aquí.
Anoche llegué de un largo viaje y me enteré, por La Voz del Interior, de que hoy realizaban esta Audiencia. Aún sin conocer la ley llegué aquí, la señora presidenta de la Comisión –de San Francisco- me entregó un ejemplar y leí los artículos 58 y 59 sobre las escuelas rurales.
Mi propuesta no está escrita, pero igualmente les dejo la inquietud para que en la escuela rural se incluya, con carácter obligatorio, que los maestros de las escuelas rurales conozcan las distintas leyes que impulsan la producción del campo como la Ley de Consorcios Camineros, las funciones del INTA, el sistema de cooperativo y el de mutuales y otras leyes importantes también, no para alfabetizar a los chicos sino para formarlos para que sean ciudadanos útiles, y que en cada escuela rural donde flamee la Bandera de la Patria se conjugue el verbo amar –que nadie pronunció acá-; es lo primero que tienen que aprender, el amor a los padres, el amor al maestro y el amor a la Patria porque necesita del esfuerzo de todos para resplandecer en el mundo como lo hizo en muchas oportunidades. Fuimos el granero del mundo, fuimos exportadores desde Córdoba. Tienen que conocer tanto de Córdoba. Yo recorrí el norte de la Provincia de Córdoba, desde El Chacho hasta Piedritas Blancas, y lo único que allí hacen los chicos es criar unos chivos, cuando habiendo un valle en Santa Ana con aguas subterráneas, al igual que cerca del dique Las Pichanas, se pueden producir todas las hortalizas para la ciudad de Córdoba. Ahí es dónde la escuela aerotécnica que está en Tuclame tendría que juntar a esos chicos, crear una escuela aerotécnica, así los chicos que están criando un cordero entre los churquis aprenden a cultivar esas tierras que son tremendamente fecundas. He tenido la oportunidad de conocer eso y he podido apreciar cómo se desarrollan en esa zona los pomelos, los apios y los naranjales, y a esto lo deberían conocer los maestros rurales para formar una enseñanza coordinada con las escuelas aerotécnicas, con las agencias de extensión del INTA, para de una vez por todas los niños de las escuelas rurales aprendan que la tierra que tenemos en Córdoba son muy fecundas.
Tendrían que saber ustedes que en los Cerrillo, donde se ha hecho la primera subdivisión de tierras, se produce la mejor papa del mundo y se exporta a Brasil. Tendrían que saber que el Departamento San Justo –de donde es la señora presidenta de la comisión– es la cuenca lechera más grande del país, y que hoy, a pesar de la “sojización”, que ha invadido los campos, sigue la producción de igual manera, porque la tecnología ha llegado al tambo de tal manera que con menos extensión de tierra se produce la misma cantidad de leche. Hay tanto para hacer en las escuelas rurales.
En ese apartado cuarto de la nueva ley están todos los ítems, los principios y los postulados perfectamente detallados; ahora lo que hace falta es la reglamentación, y en ella es donde tiene que aparecer esto que les estoy manifestando.
Con mi experiencia de años como maestro rural, me ofrezco a colaborar con ustedes y con el Poder Ejecutivo, que es el responsable de la reglamentación de las leyes, para que la enseñanza rural resplandezca con el vigor que necesita Córdoba para ser la gran productora agropecuaria. Además de eso, es importante saber que asociado a esto hay gran cantidad de industrias de maquinarias agrícolas, todas surgidas por la potencialidad del campo, que crean fuente de trabajo.
Hay que terminar con la dádiva, que la comida en la mesa sea fruto del efecto del trabajo de los padres y de los hijos.
Muchas gracias. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Feraudo).- Muchas gracias por su presencia y por su colaboración.


A continuación, hará uso de la palabra el profesor Hugo Tissera.

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Sr. Tissera.- Buenas noches. Soy profesor de nivel medio y director del Colegio Corazón de María, de Córdoba Capital. Intentaré ser breve en mi exposición, dado lo avanzado de la hora y tomando en cuenta que hay cuestiones sobre las que ya se han explayado muy bien quienes me precedieron en el uso de la palabra.


En las escuelas venimos debatiendo la reforma de la Ley 8113 desde que se sancionó, durante la Presidencia de Menem, la Ley Federal de Educación. Siempre hubo intención de modificarla, lo cual, por una causa u otra, se fue aplazando. La propuesta del Gobierno ha permitido que hoy mucha gente hable de esta ley –que aún no se ha llevado totalmente a la práctica–, cuando en realidad antes su texto era conocido por muy pocos. Por eso me parece importante rescatarla.


Por otra parte, desde la Dirección de Enseñanza Media y la Dirección de Institutos Privados se enviaron circulares informando que se estaba trabajando sobre este tema; finalmente, llegó el día del debate en las escuelas y accedimos al material que necesitábamos, entonces, pudimos sentarnos a dialogar y trabajar. La convocatoria de padres y alumnos, lamentablemente, no fue la esperada, pero los docentes ya estaban allí, así que no les quedaba otra salida que sentarse a trabajar.


Hay mucha confusión en torno a la ley, se confunden planes de estudio, diseños curriculares, objetivos pedagógicos y eso hace que tal vez se discuta mucho y no se vaya al fondo de la cuestión. Creo que la ley provincial es una meta a alcanzar, son fines u objetivos muy generales, y lo que verdaderamente nos está preocupando es lo que se va “cocinando” en el día a día en el Ministerio y en la escuelas, concretamente, lo que dijo una colega: la modificación curricular del año 2011, y que estoy seguro va a traer algunas complicaciones.


Con respecto a la ley, quiero decirles que estuvimos trabajando, en algunos puntos nos sentimos representados y en otros no, pero sentimos que pudimos participar y, quizás gracias a la protesta de los estudiantes, después se extendió el plazo, lo que nos permitió volver a sentarnos a trabajar, aunque la convocatoria de padres siguió siendo la misma, hubo muy pocos a pesar de que la hicimos a la seis de la tarde.


La presente ley tiene elementos valiosos ya que es positivo procurar alcanzar consensos que mejoren el sistema educativo de la Provincia de Córdoba y lo adecuen a los tiempos que corren. Esta ley se orienta positivamente a incentivar el diálogo y la participación de todos los actores del sistema educativo, creemos que la búsqueda de los acuerdos no debe quedar sólo en el plano de la complementariedad de funciones y tareas que da origen a la organización política de la sociedad, en el ámbito educativo es necesario señalar con igual énfasis la dimensión comunitaria, ir más allá de la función y de la organización para llegar al trato profundo de persona a persona, y eso no lo hace ninguna ley.


Las escuelas vivimos en la convicción de que la vida de comunidad es la que forma y educa al hombre, la dimensión comunitaria es un constitutivo esencial de la persona, la vida de comunidad ayuda a todos a conocernos y a reconocernos, nos saca del egoísmo porque continuamente demanda atención al otro, disposición de servicios, comprensión, tolerancia e intervención solidaria.


En las escuelas la educación debe dar una respuesta válida a las adecuadas ansias humanas de diálogo y participación; el encuentro educativo, como todo encuentro profundamente humano y vitalmente comprometido, resulta un desafío por la exigencia de generosidad y apertura al prójimo, y eso no lo hace una ley; es un camino que transitamos desde el amor, la comprensión y el entendimiento. No es educativo pretender que todo sea perfecto, que haya coincidencia y conformismo para evitar conflictos o ganar adeptos, convirtiendo la relación educativa en falso compañerismo y complicidad.


El educador es una persona de autoridad en el sentido etimológico de la palabra: el que nutre y hace crecer. Dirigir es educar y educar es dirigir, procurar que el joven descubra, formule y sepa autoconducir su personal proyecto de vida. Resulta imprescindible recuperar el prestigio moral de la autoridad y saber ejercerla con el nuevo estilo exigido por la madurez de estos nuevos tiempos.


Finalmente, quizás en la ley no está totalmente implícito pero requiere mucha fuerza y es lo que vemos en la escuela, lo cotidiano, lo que se “cocina” en el día a día. El ideario del proyecto educativo es fundamentalmente el proyecto de vida que orienta y da sentido a la labor educativa –llamémosle con el nombre que cada escuela le pone-, que fue trabajado y reelaborado por los docentes desde el año 1992 en todas las escuelas del país. Este ideario ofrece una clara definición de los fines fundamentales y de él surgen las pautas esenciales que ordenan la convivencia escolar.


Por ello, estimados legisladores, queremos pedirles que el proyecto de ley de educación tiene que respetar y valorar los idearios y los proyectos educativos institucionales porque nacen de este sistema educativo donde la vida de la comunidad se plasmó en el trabajo con los padres, los docentes y los alumnos y es el proyecto educativo que da vida a la institución. Quizás eso, que es la “cocina”, que es la vida de la institución, no está totalmente claro en la ley, creemos que el proyecto educativo institucional debe ser respetado y sobre todo valorado.


Muchas gracias por el tiempo y por la atención. (Aplausos).

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Sra. Presidenta (Feraudo).- Convocamos a Cecilia Irasusta.

Sra. Irasusta.- Buenas noches.


Lo primero que voy a decir va a ser en nombre personal. Lamento en las condiciones que estamos todos, supongo que ustedes peor que yo, que estoy desde las 16 horas.


Creo que esto avala las condiciones en que se está dando este proyecto; que no han sido dadas las instancias de consultas que se vivencian en las necesidades de participación de estas audiencias. Estuve el día jueves y hoy y, realmente, creo que la necesidad de contemplar la diversidad y pluralidad de situaciones, conflictos y problemáticas que hay en la educación no se puede contemplar en estas condiciones. Tampoco es humano que ustedes estén trabajando en las condiciones que lo hacen y nosotros –ciudadanos- tengamos que estar en estas condiciones para poder participar en esta Audiencia.


Lo que voy a decir a continuación es en nombre del Departamento de Plástica y de toda la Escuela de Arte de la Universidad Nacional de Córdoba.


Voy a ser breve porque ya se dijeron muchas cosas en relación a la educación artística. Primero, quiero decir que nuestra comunidad educativa manifiesta una gran preocupación y un profundo malestar por distintas razones: la principal es hacerles conocer a ustedes, nuestros representantes, que esta instancia presenta vicios de ilegitimidad, si nos atenemos al origen del tratamiento propuesto por el Ministerio de Educación al anteproyecto que hoy pretende ser ley.


En primer lugar, este proyecto de ley fue elaborado sin una real metodología participativa que hubiera permitido la construcción de un anteproyecto democrático, por parte de toda la comunidad involucrada, para lo cual se requieren tiempos y discusiones que no fueron conferidos.


En segundo lugar, porque este proyecto de ley atenta contra la educación pública, la cual es un derecho, que como tal debe ser de carácter gratuito y laico.


Lamento no poder tener un espacio de debate porque sino podría decir que este espacio laico de la educación no tiene que ver con embrutecer al ser humano, la laicidad también parte del respeto hacia el otro, por la vida y por la trascendencia que tiene la vida. No necesariamente hay que ser religioso para respetar al otro como ser humano y poder convivir en una comunidad respetando cada una de las posibilidades culturales de expresión que tiene el vivir.


En este sentido, consideramos que dejar al arbitrio de las gestiones institucionales y de algunos sectores particulares, cuestiones que tienen que ser del Estado, va en contra de los propios derechos constitucionales y de todo proyecto político que se defina como defensor de los mismos.


En tercer lugar, porque este proyecto de ley refuerza y avala todas aquellas medidas que el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba viene implementando en detrimento y desconocimiento del valor de nuestra área de conocimiento, que es la educación artística.


Si bien es cierto que en estas Audiencias se están argumentando problemáticas específicas, por ejemplo, de planificación, diseños curriculares, tiene que ver en gran parte, porque este proyecto de ley puede avalar estas implementaciones que ya están vigentes como, por ejemplo, las que se han dado –ya se han enunciado- las horas compartidas específicamente en el área artística; la reducción de la carga horaria en los secundarios y los diseños curriculares incoherentes y se formulan contenidos que no permiten articulaciones ni participación efectiva en los procesos institucionales.


Esto que no tiene que ver con la ley, se ve reflejado, se evidencia en el apoyo que esta ley podría tener en estas áreas porque, por ejemplo, el proyecto omite, no hace mención de las áreas artísticas en ninguno de sus fines. En el artículo 4°, referido a los fines de la educación, ningún inciso menciona a las artes; especifica ciencias y tecnologías, áreas que consideramos de igual jerarquía que las artísticas. La ausencia de este enunciado implica su no reconocimiento y la intención de que esta área de formación fundamental sea eliminada o soslayada en el proyecto y en la educación en general.


Arte y cultura no son sinónimos. La cultura es un sistema complejo, amplio, que involucra tanto a la ciencia como a la tecnología, las artes, las artesanías, el diseño, la alimentación, las prácticas sociales, todo eso es cultura, dentro de lo cual están las artes.


Consideramos que no tienen por qué omitirse las artes dentro de los fines de la educación sino todo lo contrario. Por ejemplo, en el inciso e) del artículo 4°, se habla de la comprensión de los avances científicos y tecnológicos y su utilización al servicio del mejoramiento de la calidad de vida individual y colectiva.


Por supuesto que allí no entran las artes, porque se habla de avance, pero si se hablara de los desarrollos, las artes podrían ingresar. Los desarrollos artísticos también permiten una calidad educativa, aportan en su comprensión a la vida individual y colectiva. Como dijo una compañera, se podría enunciar en el artículo 4° un apartado específico para las artes.


En el artículo 6° se evidencia nuevamente esta ausencia de las artes al referirse al derecho a la educación de los sectores menos favorecidos de las sociedades rural y urbana. Se menciona la alfabetización, formación científica y tecnológica, capacidad laboral, formación profesional, necesidades de distintos tipos pero, ¿dónde está la educación artística?, ¿estos sectores no tendrán acceso a los saberes artísticos, negándose un derecho a la educación integral?


No voy a mencionar lo relativo a la educación secundaria, porque va en contra de todo lo que establece la Ley de Educación nacional, constituyendo una precariedad laboral a la que ya se ha aludido.


En el artículo 7°, acerca de los derechos y deberes de los docentes, se podría hacer mención en cuanto a que en el mantenimiento de la estabilidad va a estar contemplada la formación disciplinaria específica, para que nuestros docentes de arte no tengan que cumplir las funciones de los celadores o porteros, como he escuchado en otras alocuciones.


También solicitamos que nuestros docentes de las áreas artísticas tengan acceso a los concursos y jerarquías, como si no tuviéramos capacidad para ejercer cargos directivos.


Nuestras áreas son áreas de conocimiento, hay una concepción de las áreas artísticas que no está actualizada. La educación artística y las artes en general son comprendidas en una dimensión, la expresiva y creativa. Son partes constitutivas pero no las únicas. Las artes son completas, aportan a la construcción de saberes y desarrollo de capacidades vinculadas con las interacciones humanas en contextos diversos; al desarrollo de capacidades de producción y análisis críticos, y a la comprensión de diversas formas de comunicación y expresión.


Justamente, con los desarrollos creativos, expresivos, tecnológicos y estéticos se despliegan los procesos cognitivos lógicos operativos como las diferentes inteligencias, habilitando con ello a los diversos accesos al conocimiento desde procesos más inclusivos y que por lo general, hacen más felices a nuestros alumnos.


En el mundo contemporáneo, donde la visualidad, el diseño, la sonoridad, lo audiovisual y cuestiones preformativas están configurando la subjetividad de nuestra sociedad, las áreas artísticas poseen herramientas específicas y concretas para alfabetizar en este sentido y generar así un pensamiento reflexivo y crítico de nuestro entorno.


La educación artística, por lo tanto, brinda aportes concretos que son insoslayables para el desarrollo integral y armonioso, la capacidad del ejercicio de la participación creativa, reflexiva y crítica, el desarrollo y la integración de inteligencias múltiples junto con la comprensión de diversos saberes y conocimientos –no sólo avances- y los mismos ser utilizados al servicio del mejoramiento y la excelencia de una vida individual y colectiva que posibilita la inclusión educativa, el respeto por las características individuales y socio culturales, la autoestima y la autonomía, así como también la cooperación, el trabajo en equipo, la sociabilización y la inserción en el medio.


Por todo esto solicitamos desde la Escuela de Arte de la Universidad Nacional de Córdoba, en consonancia con lo ya manifestado por el Consejo Superior, por nuestro Consejo Directivo y por todas las áreas artísticas de la Provincia, demandar a nuestros legisladores provinciales que se anule el proyecto de ley y que se elabore un nuevo proyecto que modifique la Ley de Educación vigente a través de un proceso constructivo, sometido a un amplio debate que involucre a la comunidad educativa, organizaciones sociales y especialistas en ecuación artística para que esta ley alcance la mayor legitimidad posible.


Asimismo, instamos a que en este mismo sentido y en contrario a lo reflejado por el actual proyecto de ley parcial que se ha llevado a cabo durante este año, se incremente la carga horaria en las asignaturas de las áreas artísticas en todos los niveles de educación provincial, a los fines de contribuir en forma efectiva a la formación de un pensamiento crítico y el desarrollo integral en los estudiantes de todos los niveles educativos.


Muchas gracias.

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Sra. Presidenta (Feraudo).- Convocamos al señor Darío Dávila.

Sr. Dávila.- Buenas noches. Vengo en representación de la Asamblea de Estudiantes de Arquitectura y Diseño Industrial.
Desde la Asamblea de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño Industrial, como participante y miembro de la Asamblea Interestudiantil, principal órgano abierto, participativo y democrático que nuclea al conjunto de la comunidad educativa, conformado por estudiantes secundarios, terciarios y universitarios, además de padres y docentes, en primer lugar queremos denunciar al Gobierno Provincial por no recibir a ningún representante de dicho espacio en las instancias que se han solicitado, cuando sí han recibido a un grupo minoritario que aducía la representatividad de los estudiantes secundarios, siendo que estos no participan de la asamblea antes nombrada ni representan al conjunto de la comunidad educativa en lucha.
En segundo lugar, queremos expresar nuestra indignación por la política de exclusión en la construcción de una nueva Ley de Educación, porque consideramos que esta audiencia y las instancias anteriores no son verdaderos espacios de participación genuina ya que no tienen carácter vinculante.
Nos pronunciamos en rechazo de este proyecto de ley y de su tratamiento, fundamentado en el documento que se adjunta y en el que se desglosan todos los puntos críticos que encontramos en la ley.
A modo de síntesis, paso a leer lo más importante:


1.- No fue gestado desde la participación democrática de toda la comunidad educativa dada, por un lado, la conformación del Consejo Provincial de Políticas Educativas que excluye a padres, a estudiantes y a una real participación docente pero que incluye a sectores ajenos a la comunidad educativa.


Por otro lado, hay instancias de pseudoconsultas, maniobras políticas que apuntan sólo a legitimar la consulta limitada y no la participación real y genuina de todos.


2.- Concibe a la educación no como un derecho sino como un servicio. Ello implica la subordinación de la educación al sector productivo y a criterios mercantiles, siendo funcional a los intereses empresariales, admitiendo prácticas profesionales que implican la precarización laboral y el trabajo infantil encubierto, en contradicción con la Constitución nacional, la Ley Nacional de Educación y la concepción del derecho como bien público, desvirtuando así el sentido de la educación como formación integral en el desarrollo de las personas.


3.- La Ley Nacional de Educación 26.206, garantiza la educación sexual en todos los niveles del sistema educativo, no así en este proyecto que sólo expresa discursos subjetivos y ambiguos pronunciados por sectores conservadores.


4.- Introduce la educación religiosa en las escuelas públicas, atentando contra la educación laica contemplada en la Ley nacional 1.420, que sienta las bases de una educación pública, laica, gratuita, universal y mixta. Así, el nuevo proyecto promueve la intromisión de las instituciones religiosas en las escuelas públicas, violando el derecho a la libertad de culto.


5.- En el Capítulo II, Derecho a la Educación, no se contempla la formación humanística y artística. El artículo 6° sólo hace referencia a la formación científica y tecnológica, capacitación laboral y formación laboral, contradiciéndose con el artículo 3°, que plantea una educación integral.


De esta manera, omite derechos y garantías acerca de la formación integral, pedagógica, ambiental, técnica, humanística, artística, científica, entre otras.


6.- Desconoce el arte como disciplina, quedando desdibujada su inclusión en los diferentes niveles educativos. En cambio, en la Ley 26.206 las artes son consideradas campos de conocimiento; es decir, la educación artística como disciplina, especialidad y modalidad. En contraposición, esta reforma de ley provincial de educación omite a las artes como disciplina y especialidad, reduciéndolas sólo a la condición de modalidad.


7.- El financiamiento educativo. Este proyecto de ley de educación fija como piso el 35 por ciento del Presupuesto General Anual de la Provincia; sin embargo, no aclara que sea el Estado el que garantice la totalidad del financiamiento presupuestario, ya que en el artículo 3°, inciso j), habla de “recursos suficientes para el financiamiento”, promoviendo el sostenimiento a cargo de aportes comunitarios, sectoriales y de otras jurisdicciones.


En el artículo 5° el Estado se ubica como igualmente responsable del sostenimiento de las escuelas públicas como de las privadas, sin ningún tipo de prioridad. Esta política es la que ha permitido el paulatino proceso de privatización de la educación.


8.- La pérdida de derechos del padres, estudiantes y docentes en la participación en el gobierno de los centros educativos con la eliminación de los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley de Educación Provincial 8113 de 1991.


9.- El artículo 7°, inciso f), condiciona la estabilidad laboral en el cargo docente a un desempeño satisfactorio, criterio que abre la posibilidad de reforma del Estatuto docente que imponga criterios de flexibilización laboral para el trabajo docente, habilitando, incluso, el despido por motivos de eficiencia.


En cuanto a la capacitación docente, se plantea en forma permanente sin explicitar que el Estado sea el garante de esto.


Por lo antes expuesto, exigimos la anulación completa del proyecto de ley y no la modificación de algunos de sus artículos porque su espíritu avasalla derechos y garantías constitucionales.


Consideramos que, por tratarse de una política de Estado, los años que tendrá vigencia y la importancia de sus efectos sobre la formación de nuestros jóvenes, una ley de educación debe responder a las necesidades e intereses de todos los sectores de la comunidad y debe estar legitimada por ella. Siendo evidente que esta legitimidad no existe, y ello está manifestado por la cantidad de colegios e instituciones que están tomadas y la presencia en la calle de más de mil ciudadanos exigiendo su anulación, proponemos la postergación del tratamiento de esta ley hasta tanto no se garantice la discusión legítima y democrática en toda la comunidad educativa, para la elaboración de una nueva Ley de Educación Provincial, garantizando los tiempos que esto requiera.


Como miembro de la comunidad universitaria, traigo el pronunciamiento de la Universidad Nacional de Córdoba, que se ha manifestado –pese a formar parte del Consejo Provincial de Políticas Educativas que redactó este proyecto- en el sentido de no avalar el texto de dicho anteproyecto y realizar un profundo debate sobre el mismo, garantizando los tiempos que esto requiera, conforme la resolución del honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba.


No avalamos el carácter de este espacio. Desde la asamblea de estudiantes de Arquitectura y Diseño Industrial, nos sumamos al resto de nuestros compañeros para continuar el plan de lucha y manifestar una vez más el descontento de la sociedad cordobesa hacia el espíritu de esta ley y su tratamiento apresurado, porque consideramos que esta lucha es la defensa de la educación pública, laica y gratuita sobre lo cual habla nuestra Constitución.


Hoy vengo a traer la voz de algunos de los que no pudieron estar hoy aquí y de los que no pudieron ingresar queriendo ser oídos.


Vuelvo a proponer lo que ya planteó una madre el martes pasado: esta Audiencia debe hacerse en un espacio que garantice el acceso a todos los que quieran participar, a los cuales esta Audiencia –supuestamente pública- les cerró sus puertas y ni siquiera se les puso un proyector para los chicos que estaban afuera.
Ésta es una de las vocecitas de las tantas que quieren hablar y ser oídas que están como yo, con la boca tapada porque, seamos honestos, este no es un espacio abierto, democrático, participativo y legítimo como nos quiere hacer creer el Gobernador.
Este debate debe darse en el seno de la comunidad educativa y no acá a puertas cerradas entre cuarenta personas.
En los comentarios que he escuchado en estas dos audiencias han quedado manifestados todos los puntos en los cuales la comunidad y la sociedad en su conjunto rechazan este proyecto.
Esto no se debe tomar como consejo para que ustedes vuelvan a rearmar la ley sino que se critica su espíritu y cómo fue concebida. Es necesario que esta ley vuelva a discutirse en la comunidad educativa, en todos los colegios, universidades y colegios rurales –como lo expresó quien me precedió en el uso de la palabra, cuando dijo que recién hoy a la mañana se enteró de lo que dice el proyecto. Esta tiene que ser una construcción colectiva entre todos.
Quiero acercarles un pensamiento más: los estudiantes no esperamos ser el futuro, pretendemos escribir el presente.
Muchas gracias. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Feraudo).- No habiendo ningún otro orador, se levanta la presente Audiencia Pública.
Muchas gracias.

-Es la hora 21 y 35.

Graciela Noemí Maretto – Silvana Sabatini
Directoras del Cuerpo de Taquígrafos

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