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Salta: Desalojan a cinco familias de la Comunidad de Las Pailas
Por Nuevo Diario de Salta -
Sunday, Dec. 19, 2010 at 9:11 AM
Un grupo de 30 policías estaba anoche tratando de finalizar el desalojo de cinco familias de la Nación Diaguita ubicadas en la Comunidad Las Pailas, en el departamento de Cachi, informó la Unión Diaguita Salta (UPND-Salta). La última información que se conoció al atardecer de la víspera daba cuenta de que la Policía estaba llevando un tractor y una máquina con el fin de destruir las viviendas y los sembrados de las cinco familias, cuyos muebles y demás enseres habían sido dejados a la intemperie. Junto a otras comunidades originarias, la Comunidad se preparaba para resistir el desalojo sin retirarse de las tierras, precisó el cacique de la Comunidad Diaguita Calchaquí La Aguada, Ambrosio Casimiro.
En un comunicado, la Unión Diaguita detalló que 30 policías ingresaron ayer a las 8, “en forma violenta, al territorio ancestral de la Nación Diaguita en la Comunidad Las Pailas (…), con el objeto de llevar adelante una orden de desalojo emitida por el Juzgado en lo Correccional y de Garantías de 8º Nominación, a cargo de Mónica Graciela Faber”.
La orden de desalojo se dio en el marco de una causa de desalojo iniciada por el particular Carlos Robles, quien afirma que cuenta con el título de propiedad de las tierras que ocupan las familias.
El abogado que representa a la Comunidad, Gustavo Miranda, calificó el hecho de “gravísimo” y adelantó que el lunes hará una presentación para tratar de revertir la situación. El letrado indicó que la semana pasada pidió la suspensión del desalojo y le notificaron que se había hecho lugar a esta solicitud, por lo que la medida lo tomó de sorpresa ayer. A pesar de ello ayer gestionó ante la Policía que se pospusiera el desalojo, pero no tuvo éxito.
Robles sostiene haber comprado las tierras, unas 16 hectáreas, a otro particular de apellido Rodó. Según el abogado, ninguno ni Rodó ni Robles realizaron actos de posesión, aunque sí habían hecho firmar contratos de arrendamientos a los ocupantes ancestrales. “Esta gente vivió siempre ahí”, sostuvo el abogado. Robles argumenta que las cinco familias diaguitas usurparon sus tierras, algo que también fue desmentido por Casimiro, quien ratificó que la ocupación de la Comunidad Las Pailas es de vieja data. “Toda la vida sus padres han vivido ahí, ellos también, han hecho los arriendos, trabajan la tierra para el autoconsumo, cultivan maíz, papina, crían ovejas y cabras, todo para el autoconsumo”.
“Durán, (Florencia) Wayar son los terratenientes de la zona”, acusó Casimiro. Durán y Wayar son los testigos que presentó Robles para intentar acreditar que los diaguitas usurparon las tierras que reclama para sí. Robles, que vive en la ciudad de Salta, es un viejo conocido de los diaguita calchaquí: se enfrentaron con él cuando intentó destruir el sitio arqueológico de Las Pailas, recordó Casimiro.
La Unión Diaguita denunció que el desalojo se realizó “de manera violenta e ilegalmente, ya que estos hechos constituyen una violación flagrante a nuestros derechos territoriales como pueblos originarios, consagrados en la Constitución Nacional artículo 75 inciso 17, el Convenio 169 de la OIT (ley 24.071), la Declaración Universal de los Derechos Pueblos indígenas de la ONU, los derechos consuetudinarios como pueblos preexistentes”. Además, la justicia salteña desconoció la plena vigencia de las leyes 26160 y 26554 que suspenden todos los desalojos en los territorios indígenas.
“Exigimos al Estado Provincial de SALTA, a través del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS), la Secretaría de Derechos Humanos, la Subsecretaría de Pueblos Originarios, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, Secretaría de Gobierno de la Provincia de Salta, dar cumplimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas en el orden nacional e internacional”, reclamó la Unión Diaguita. También conminó al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), a la Secretaría de Derechos Humanos y al INADI “a tomar intervención en el asunto con el fin de dar cumplimiento efectivo de los derechos de los Pueblos Originarios y brindar soluciones políticas necesarias e inmediatas”. Casimiro informó que hasta la noche de ayer la Comunidad Las Pailas no había recibido la llamada de ningún funcionario provincial, ni siquiera del IPPIS.
Y pidió a las organizaciones sociales y políticas que adhieran al repudio a “este avasallamiento de nuestros derechos” mandando mensajes al correo-e encuentro.org.indigenas@gmail.com y que se comuniquen con el Juzgado Correccional y de Garantías (0387-4258022/8000 interno 1720” y a la comisaría interviniente (03868-491048), a cargo del comisario Héctor Leinen.
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