Julio López
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Venezuela: En riesgo los DDHH
Por Uno de aca - Monday, Dec. 20, 2010 at 5:02 PM

Comunicado de las redes venezolanas Foro por la Vida y Sinergia acerca de la Ley Habilitante

Caracas, 20 de diciembre de 2010. El Foro por la Vida, Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos, Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil y otras organizaciones de la sociedad civil venezolana que suscribimos este comunicado, nos dirigimos a la opinión pública a fin de presentar formalmente nuestra posición sobre la aprobación de la Ley Habilitante y de otros instrumentos legislativos que afectan gravemente la vigencia del Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela.
Este posicionamiento público en salvaguarda del Estado de Derecho y de las libertades públicas es coherente con nuestra histórica posición al respecto, la cual por ejemplo materializamos el 5 de febrero del 1992 y más recientemente el 12 de abril del 2002, momentos en los cuales observamos serias amenazas contra los derechos humanos y en contra de la pervivencia del Estado de Derecho.
La ley habilitante coloca en serio riesgo los derechos humanos, los cuales deben ser respetados y garantizados por el Estado, tal como lo exigen la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. El poder legislativo es el que está constitucionalmente llamado a regular esos derechos, porque ofrece condiciones de pluralismo y deliberación democráticos que el Poder Ejecutivo no puede reunir. La ley habilitante abre las puertas a la limitación por decreto ley de derechos humanos en distintos ámbitos. El abanico de posibilidades de regulación presidencial comprende la normativa sobre la actuación de entidades públicas o privadas ante calamidades o catástrofes naturales, pasando por la referida a sectores diversos de actividad económica y al régimen de las tierras urbanas o rurales, y llega a sobrepasar los umbrales del derecho penal.
Resulta en particular preocupante que de forma global o genérica se entregue al Poder Ejecutivo la regulación de los sistemas de seguridad ciudadana, policial y de protección civil, lo cual incidirá probablemente en el disfrute de derechos humanos, no sólo del derecho a la seguridad ciudadana, sino también de aquellos derechos que suelen verse afectados por la acción de los funcionarios policiales, como los derechos a la libertad personal, a la intimidad y a la protección de datos personales, entre otros.
Ello se hace palmario en la habilitación legal relativa a la identificación ciudadana y al control migratorio, que puede traducirse en el establecimiento de autorizaciones y obligaciones para el almacenamiento o entrega de información que repercutan negativamente en el libre desenvolvimiento del ser humano. La ley procede incluso a conferir poderes normativos indeterminados para la tipificación de delitos, menoscabando el ámbito más sagrado de la reserva legal. La alusión a las telecomunicaciones y a las tecnologías de la información es igualmente inquietante, ya que puede conducir a la imposición de restricciones a la libertad de expresión e información. De manera velada la ley pretende adicionalmente facultar al Presidente para dictar normas en materia de cooperación internacional que eventualmente sometan a las organizaciones no gubernamentales a lineamientos y controles abusivos del Poder Ejecutivo.
Todo este conjunto de previsiones destinadas a otorgar al Poder Ejecutivo facultades que le son ajenas desembocará, además, en una producción normativa que estará al margen del derecho a la participación ciudadana, pues el mismo carácter súbito e inconsulto de la aprobación de la ley habilitante acompañará a los decretos leyes posteriores, al suprimirse las oportunidades de control ciudadano que la Constitución establece en el procedimiento legislativo ante la Asamblea Nacional.
Por otro lado quisiéramos, también, puntualizar que el tema de la cooperación internacional debe ser visto en el contexto de un mundo en el que conviven ciertos valores universales, no desde la perspectiva de concepciones absolutistas de la soberanía o de nacionalismos que pongan en tela de juicio la legitimidad o licitud de las ayudas procedentes de otros pueblos en beneficio del desarrollo integral de las personas y del goce irrestricto de los derechos humanos. De entrada conviene recordar que los derechos humanos son, cada vez con más intensidad, una materia internacional, que traspasa las fronteras nacionales y coloca a los propios Estados al servicio de una causa universal.
La promoción y defensa de los derechos humanos, como objetivo emblemático de las organizaciones no gubernamentales, es una tarea que incumbe a actores institucionales diversos, públicos y privados, nacionales e internacionales. Se trata de una lucha transnacional que vincula a muchos protagonistas, todos encaminados a la construcción de “un orden social e internacional en el que los derechos y libertades enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos de derechos humanos puedan tener una aplicación plena” (ONU, Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, A/RES/53/144 , 8 de marzo de 1999).
Las organizaciones de derechos humanos y de desarrollo social se configuran y actúan en ejercicio del derecho de toda persona a asociarse libremente con fines lícitos, consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

Asumimos nuestro compromiso con la sociedad y el país participando solidariamente en la vida política y civil, en contacto con las comunidades y otras organizaciones sociales.


Cualquier regulación legislativa que pretenda imponerse sobre el marco de actuación de las ONG deberá cumplir con el contenido y los límites establecidos tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscrito por el Estado Venezolano.

En otras palabras, la Asamblea Nacional no es libre de establecer cualquier limitación o restricción a este derecho. Las únicas limitaciones o restricciones legales que resultan aceptables del derecho de libre asociación, son aquellas “que sean necesarias en una sociedad democrática”.

No es por el camino equivocado de organizar un régimen de restricciones inaceptables en una sociedad democrática como el Estado venezolano podrá estimular y garantizar el derecho de participación de la sociedad. Más y mejor democracia solo será posible facilitando la expresión, organización y movilización social. El estímulo y ejercicio de la contraloría social sobre la gestión del Estado, requiere facilitar a las personas posibilidades reales de organizarse y de actuar con autonomía, sin el temor a ser perjudicadas por las opiniones y valoraciones que expresen sobre la gestión de los funcionarios. Si ello no se garantiza, el protagonismo del pueblo no será más que una aspiración y un discurso vacío que hoy crea ilusiones y mañana nuevas frustraciones de todos aquellos que aspiran una relación diferente entre el Estado, el gobierno y la sociedad.

Caracas, 20 de diciembre de 2010.
Organizaciones firmantes:
- Acción Solidaria
- Asociación Civil Huellas
- Bioparques
- Caritas de Venezuela
- Caritas Los Teques
- Centro de Derechos Humanos UCAB
- Centro Gumilla
- Centro para la Paz de la Universidad Central de Venezuela
- Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela
- Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos entre febrero y marzo de 1989 (COFAVIC)
- Convite
- Espacio Público
- Fundación Reflejos de Venezuela
- Gestión de Cambio
- Grupo Social CESAP
- Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
- Invesp
- Liderazgo y Visión
- Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres
- Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres Lara
- Observatorio Venezolano de Violencia
- Opción Venezuela
- Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
- Propaz
- Queremos Elegir
- Servicio Jesuita a Refugiados
- Servicios Jesuita a Refugiados
- Transparencia Venezuela
- Una Ventana por la Libertad
- Vicaría de Derechos Humanos de Caracas
- Escuela de Vecinos de Venezuela
- Sinergia

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La CIA en acción
Por Más info - Monday, Dec. 20, 2010 at 7:33 PM

Estas organizaciones son ONG bancadas por la CIA (USAID, NED)

"organizaciones, como CEDICE, Queremos Elegir y Voluntad Popular que reciben financiamiento de la USAID, NED y otras agencias internacionales"

http://www.centrodealerta.org/noticias/quien_es_ciudadania_activa.html

USAID en Bolivia y Venezuela: La subversión silenciosa

http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Globalizacion/USAID_en_Bolivia_y_Venezuela_La_subversion_silenciosa

Más en http://www.aporrea.org/tiburon/a33976.html

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¿Cuales son los objetivos politicos de la CIA y la USAID en latinoamerica?
Por El Señor No Conveniente - Monday, Dec. 20, 2010 at 7:36 PM

La ingerenCIA de los EE.UU. y sus tentáculos en los asuntos internos de los países de Latinoamérica, cada vez se hace más evidente, a través del financiamiento de ONGs, que con el pretexto de contribuir a la construcción de la libertad y la democracia, compran conciencias, instituciones y actores sociales, para consolidar el eje de dominación capitalista.

Empecemos este rastreo de la intromisión imperialista de Washington con la denuncia publicada en el Nuevo Diario de Nicaragua, sobre la inaceptable penetración en el Consejo Supremo Electoral de ese país, por parte del Instituto Republicano Internacional (IRI), ONG gringa creada por los EE.UU. para dar supuesta capacitación al personal del CSE, desarrollar y financiar partidos políticos de derecha, a fin de neutralizar a los movimientos de izquierda. Tanto así, el IRI ha apoyado a candidatos del ALN, en clara violación a la soberanía de Nicaragua, cometiendo según sus denunciantes un grave delito electoral, razón suficiente para expulsar a dicha ONG de suelo nicaragüense.

Asimismo, en Venezuela, en una nota elaborada por Eva Gonlinger, titulada “USAID en Bolivia y Venezuela, la subversión silenciosa”, se cuestiona el financiamiento a sectores de la oposición a través de la Nacional Endowment for Democracy (NED), la oficina de transición (OTI), células de la Agencia de Desarrollo de los EE.UU. (USAID). En el artículo se menciona cómo la Embajada americana en Caracas abrió consulados satélite en cinco estados del país –sin autorización del ministerio de Relaciones Exteriores, para instalar centros de propaganda y conspiración en contra del gobierno de Hugo Chávez.

Afirma la nota que el modus operandi es astuto pues operan otorgando becas a organizaciones sociales, partidos políticos, comunidades, a través de la contratista de la USAID, Development Alternatives (DAI). Son 360 grupos y proyectos que han recibido más de 11 millones de dólares bajo el programa “Venezuela: Iniciativas para la Construcción de Confianza” (VICC). Con ello buscan fomentar el diálogo político, la participación ciudadana, y el entrenamiento de líderes democráticos, afines al modelo capitalista dominante.

De esta manera, aparecen instituciones como Projusticia, Súmate, Transparencia Internacional, Queremos Elegir, que funcionan como ejes de la infiltración imperialista, alineada en la oposición de derecha, en Venezuela. Asimismo, partidos políticos pro yanquis, como Primero Justicia, COPEI (Socialcristiano), o el AD (UDC, en Ecuador), reciben millonarios fondos de la USAID y del Instituto Democrático Nacional (NDI).

Otra contratista de la USAID es Freedom House, la cual bajo el lema de ser los “defensores de los derechos humanos” en Venezuela, auspician eventos para defender la libertad de expresión, conforme al interés de los grupos monopólicos de la comunicación, como es el caso de Marcel Granier, Presidente del canal de televisión golpista RCTV.

El objetivo claro de la CIA y la USAID es fortalecer la democracia a través de los partidos políticos, promover la descentralización y aupar el separatismo de los municipios y/o regiones de nuestros países para facilitar la presencia de las multinacionales, en su intención de controlar y usufructuar nuestros recursos naturales; acaparar los mercados y manipular a los gobiernos seccionales, al vaivén de sus designios imperialistas.

La nota revela cómo la USAID en Bolivia ha inoculado decenas de millones de dólares en más de 379 organizaciones, partidos políticos de derecha, con el fin de desacreditar la Asamblea Constituyente , promover el separatismo –al igual que en el caso de Guayaquil- de ricas regiones en recursos naturales como Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Beni y el Pando. Intentos desestabilizadores financiados por USAID - NED, que ya fueron denunciados por el presidente Evo Morales, requiriendo en su momento la salida de las ONGs estadounidenses, conspiradoras a sueldo de la democracia en Bolivia.

Iniciativas como la de Chávez al plantear una reforma constitucional, en materia de la defensa de la soberanía, que prohíban todo financiamiento extranjero de ONGs con fines políticos, a entidades públicas o privadas, debe ser acogido por la Asamblea Constituyente de Ecuador, pues los planes subversivos de la ISAID y la CIA, también operan en nuestro país, a través de ONGs, como Participación Ciudadana, institución rectora de la democracia pro imperialista, en el Ecuador.

Finalmente, casa adentro, a juicio de connotados dirigentes internacionalistas como es Narcizo Iza Conde, de República Dominicana, la construcción de la nueva Mega Embajada de los EE.UU. en Quito, apunta a intensificar el plan de espionaje, contrainsurgencia y desestabilización de los gobiernos de izquierda. La nueva sede imperialista apuntala la fortificación de las ONGs patrocinadas por la CIA , la USAID , la NED , FED, Fundación Esquel, etc., en clara amenaza a la ya frágil soberanía del Ecuador.

Marcelo El Ciudadano

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