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Salta: Ordenes de captura por detener topadoras
Por A.P.P.CH.S -
Wednesday, Dec. 22, 2010 at 10:01 AM
Hermanas y Hermanos las mentiras, el atropello, la complicidad policial y de algunos jueces de la ciudad de tartagal, sigue siendo la moneda corriente que vivimos día a día las familias campesinas de nuestra zona.
El viernes 10 diciembre vaya paradoja día internacional de los derechos humanos el juez de Instrucción Formal de 1ª Nominación de Tartagal ordenó la captura de cuatro compañeros de organizaciones de nuestras zona, ellos son Carlos Guerra, Orfilia Rodríguez, Lucía Ruiz y el concejal por la localidad de Coronel Juan Sola (Morillo), Claudio Ruiz, por los delitos de “privación ilegítima de la libertad”, y “portación de armas”.
La orden de detención de estos cuatro compañeros fue originada por una denuncia de la empresa VIDOSON AGROFORESTAL, que es la misma empresa que hace mas de 10 días intento realizar un desmonte en la zona conocida como colonia La Juanita y la Santafesina, y cuyas maquinas fueron detenidas por grupos de familias campesinas del lugar ya que esta empresa como después pudo constatar el ministerio de medio ambiente de la provincia no tenia permiso para realizar ningún tipo de trabajo de desmonte, por lo tanto las familias que impidieron el trabajo de las topadoras no hicieron otra cosa que cumplir con la ley, es decir impedir que una empresa realizara trabajos ilegales de desmonte desconociendo por lo tanto una medida cautelar dictada por la corte suprema de justicia de la nación que prohíbe todo tipo de desmonte en los departamento de Rivadavia, San Martín, Oran y Santa Victoria de nuestra provincia.
Estas familias días antes de impedir el trabajo de las topadoras de la empresa, habían realizado la denuncia penal correspondiente ante la policía local, sin lograr que la policía ni la justicia actuara para impedir que se cometiera un acto ilícito.
Ante la total inacción de la policía y la justicia es que las familias campesinas detuvieron el trabajo de las topadoras y cortaron la ruta nacional 81, hasta que se presentara un representante del ministerio de medio ambiente de la provincia y constataran en el lugar el trabajo ilegal que realizaba esta empresa.
Esta actitud de detener las topadoras provoco el pronto accionar de la policía de la localidad de Morillo, auque en una actitud un poco llamativa y sospechosa, ya que un grupo de policías se presento en el lugar pero no para constatar las denuncias realizadas días antes por las familias campesinas, sino para custodiar a los trabajadores de la empresa, o sea para custodiar a delincuentes que estaban cometiendo un acto ilegal.
Cuando se presento el representante del ministerio de medio ambiente de la provincia y constato que esta empresa carecía de cualquier tipo de autorización y labro el acta de infracción correspondiente, es que los compañeros levantaron el corte de la ruta pero manteniendo una guardia en el lugar donde estaban las topadoras ya que la empresa se negaba a retirarlas del lugar.
Esta reacción de defender sus derechos de las familias campesinas de nuestra zona, y la puesta en evidencia de esta empresa que actuaba fuera de las normas legales, derivo en una especie por parte de la empresa de venganza, de infundir miedo o de escarmiento a las familias, al realizar una denuncia contra estos cuatro compañeros por “privación ilegítima de la libertad”, y “portación de armas”, esta situación si no nos resultara indignante seria casi cómica ya que una de las personas acusada por la empresa y mandada a detener por la justicia la Sra. Orfilia Rodríguez fue una de las familias que realizo la denuncia contra la empresa antes de todo lo acontecido y que ni la justicia ni la policía actúo en el momento.
La rapidez con que la justicia actúa ante las denuncias de las empresas y no así de rápido ante denuncias de campesinos, nos hace dudar de la imparcialidad de la justicia en salta y el respeto por los derechos humanos, ya que siempre somos los campesinos los perseguidos y enjuiciados por los jueces mientras que los señores empresarios y las empresas, del poder, del dinero siguen actuando impunemente, sin respetar leyes ni derechos.
Pero como siempre hemos dicho que no se confundan estos señores empresarios y jueces, por que las organizaciones campesinas vamos hacer valer nuestros derechos, y nos movilizaremos a este juzgado en tartagal, y a cuanto juzgado sea necesario para impedir que algunos de estos jueces en connivencia con empresas o empresarios, se burlen de nuestros derechos y de las leyes, y mediante engaños y denuncias fraudulentas y sin sustento quieran o manden a detener auque sea por un instante a cualquier campesino de nuestra organización u organizaciones hermanas.
PRENSA A.P.P.CH.S
Contactos para mayor información:
Alfredo Riera (03878 -15446949)
Técnico Raúl Marinconz (03875- 15653728)
Mónica Villada (03878- 15417179)
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Ordenaron su captura tras parar máquinas que hacían desmontes no autorizados
Por Nuevo Diario de Salta -
Wednesday, Dec. 22, 2010 at 10:03 AM
Desde el Juzgado de Instrucción Formal de 1ª Nominación de Tartagal se ordenó el viernes pasado la captura de cuatro personas del departamento Rivadavia, que participaron en la detención de las máquinas topadoras que se habían acercado a realizar desmontes que, luego y según las actas hechas por la Secretaría de Política Ambiental, no estaban autorizados.
Los pedidos de captura fueron librados en contra de Carlos Guerra, Orfilia Rodríguez, la referente campesina de la zona Lucía Ruiz, y el concejal por Rivadavia, Claudio Ruiz, por los delitos de "privación ilegítima de la libertad", y "portación de armas". "Estamos como vulgares matones", sostuvo el concejal Ruiz, quien ayer estaba en Tartagal "bajo custodia de la policía". Igual, indicó que ante la defensa hecha por los abogados defensores, los dejaron en libertad. Sostuvo que las acusaciones que realizaron los dueños de la empresa que realizó los desmontes representan "una gran mentira", en tanto cuando se hicieron las acciones de detener los desmontes, los campesinos fueron acompañados por la Policía. "Es tragicómico", dijo por su parte el diputado por Rivadavia, Ramón Villa, al sostener que lo único que hicieron los campesinos fue detener una actividad que se realizaba de manera ilegal en la zona, por no contar la empresa con los trámites correspondientes. Las acciones llevadas adelante por los campesinos fueron realizadas el 27 de noviembre pasado, cuando la empresa Vidoson Agroforestal envió operarios para realizar deslindes en tierras en las que hay campesinos. Esto, al parecer, con la intención de cerrar una finca a 25 kilómetros de Morillo, localidad de Rivadavia. El presidente de la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño (APPCHS), Alfredo Riera, indicó tras lo acontecido que, a diferencia de lo que sucede con los campesinos (que son encausados en la Justicia), "nunca se conoció que haya habido sanciones en ningún sentido para estas empresas", entendiendo que ello permitiría en principio que sigan realizando acciones que suponen impunidad.