Julio López
está desaparecido
hace 6402 días
versión para imprimir - envía este articulo por e-mail

Mercaderes de la vida ajena
Por reenvío red eco alternativo - Saturday, Jan. 22, 2011 at 4:58 PM

El lunes, la ONG Alameda junto al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) denunciaron penalmente a Jorge Alberto Saenz y a los directivos de la empresa SAEVENT SA por trata de personas y reducción a la servidumbre, especialmente en la cosecha del maíz en estancias bonaerenses.

(Fabiana Arencibia-Red Eco) Argentina - La denuncia, que fue presentada ante el Juzgado Federal de Mercedes, explica cómo Saenz - que fue en su momento gerente del Banco Provincia de Buenos Aires - oficia de reclutador en jefe de SAEVENT SA.

Esta empresa, que funciona fajo la máscara de una contratista de trabajo eventual, lo que hace en realidad es proveer de mano de obra “en negro” a varias empresas agrarias (Satus Ager SA, Tobin, Quality Seed, Ferias del Norte y Fm Semillas).

Los traen de diferentes regiones del país pero especialmente de pueblos del interior de Santiago del Estero, provincia que para las estadísticas oficiales (Encuesta Permanente de Hogares del 1º semestre de 2010) ocupa la segunda zona de mayor pobreza en la Argentina, y en la que existe uno de los mayores índices de trabajo no registrado (superior al 40 por ciento).
Justamente, a fines de la semana pasada, se conoció la información de que empresas agrícolas enviaron de regreso a su pueblo de origen, Atamisqui (Santiago del Estero), a trabajadores rurales temporarios que habían sido contratados para realizar las actividades de desflore o desflorada de maíz, entre otras cosechas.

“Con el propósito de hacer desaparecer toda huella de explotación laboral se están desmantelando casillas y reenviando a la gente de campos situados en la provincia de Santa Fe donde podría llegar a realizarse alguna inspección”, decía un comunicado firmado por Reinaldo Ledesma, Puridor del Pueblo Diaguita Cacano.

Además de dejarlos sin el único ingreso anual por este despido encubierto, los empresarios los enfrentan a sus propios pares al decirles que esto sucede porque “otros”, en Atamisqui, se atrevieron a denunciar cómo los explotan en forma inhumana.

Otros métodos que utilizan son los de “puntaje por rendimiento y buen comportamiento” para evitar que se desarrolle la solidaridad entre los trabajadores y abortar cualquier idea de intento de organización gremial.
Ledesma comenta que Atamisqui es el departamento provincial con mayor índice de pobreza. Denuncia que allí, hace tan solo cuatro meses, funcionarios de la Administración Provincial de Recursos Hídricos derivaron el agua a los campos de esos mismos empresarios que llegaron al lugar con la excusa de hacer “progresar” a la comunidad. Cientos de familias vieron entonces cómo sus animales morían por falta de agua.

La Alameda y el MTE marcharon ayer miércoles hacia la sede de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) para repudiar el trabajo infantil y esclavo. ASA agrupa a los exponentes de la gran industria semillera de Argentina y está encabezada por la empresa norteamericana Monsanto quien –aliada con el empresariado nacional del sector- domina esta industria.

Los dueños de las tierras y su fruto lo son también de la vida de los trabajadores rurales aplicando un sistema que esclaviza a familias campesinas traídas desde diferentes provincias y también a migrantes. Todos son explotados como esclavos en tareas que no pueden ser realizadas con la actual tecnología o que son más baratas si las hacen adultos y niños. Todo para contribuir a que el sector agrícola siga su desarrollo pujante como en el 2010, que fue la esfera de la economía que más creció (casi un 20 por ciento más que en el 2009).

“Desde la Alameda y el MTE, venimos denunciando con nombre y apellido que parte del empresariado agrario le da trabajo a miles de niños, que esclaviza a masas de migrantes internos y externos, que trafica con personas a extremos aberrantes, todo bajo la mirada cómplice del sindicato UATRE y las autoridades inspectoras del poder ejecutivo y judicial”, afirman ambas organizaciones.

La Alameda y el MTE siguen pidiendo que se reforme el Código Procesal Penal y de la Ley de Trata para que en todos los casos en que se detecte a empresas esclavizando adultos y niños pueda decomisárseles en forma inmediata y definitiva todos sus bienes, una vez dispuesta la sentencia judicial.

Porque, como bien han expresado: “Los esclavistas no se amilanan ni ante los escándalos mediáticos, ni ante las irrisorias multas del Ministerio de Trabajo. Ha llegado la hora de confiscarle los bienes a todo aquel que no se ajuste a derecho y que viole de modo flagrante la libertad y dignidad de los trabajadores. Del mismo modo que en la industria textil, con la maquinaria decomisada a los esclavistas se fundó un Polo Textil donde hoy trabajan en forma digna un centenar de costureros, hay que proceder a la incautación de los bienes en el campo de todas aquellas empresas persisten en valerse del trabajo esclavo para maximizar ganancias y reutilizar socialmente esos bienes bajo la tutela del Estado”.

Contactos: Reinaldo Ledesma (delegado titular del Ayllu de la Comunidad de Codo, ante la Unión Diaguita) 0385-439-0608 / Gustavo Vera (La Alameda) 15-6158-4835 / Juan Grabois (MTE) 15-6384-3877.

agrega un comentario