Identifican a una compañera en santa Fe
Por Cecilio Manuel Salguero - Friday, Feb. 04, 2011 at 7:35 AM
ceciliomanuel2002@yahoo.com.ar (Casilla de correo válida)

El equip de Antropolia Forense identificó a una compañera en Santa Fe.

4 de febrero de 2011

Estaba en una fosa clandestina en el campo de San Pedro.
Identificaron otro cuerpo de una compañera desaparecida.
Identificaron al tercero de los ocho cuerpos descubiertos en una fosa clandestina en el campo San Pedro. Es María Isabel Salinas, una militante de Santa Fe que fue secuestrada en Rosario junto con su esposo, en setiembre de 1977.
Por Juan Carlos Tizziani

El campo San Pedro es propiedad del Ejército.Desde Santa Fe

El Equipo Argentino de Antropología Forense logró identificar al tercero de los ocho cuerpos descubiertos el 9 de junio del año pasado en una fosa común en el campo San Pedro, de propiedad del Ejército, cerca de Laguna Paiva. Se trata de María Isabel Salinas, oriunda de la ciudad de Santa Fe, pero que militaba en Rosario junto a su esposo, Carlos Alberto Bosso, hasta que ambos fueron secuestrados y desaparecidos, el 17 de setiembre de 1977. En la tumba clandestina, la investigación forense halló los restos de ocho personas cinco hombres y tres mujeres , seis de ellas con disparos en la cabeza. Y hasta ahora, identificó a tres: María Esther Ravelo, Gustavo Adolfo Pon y María Isabel Salinas, por lo que resta devolverle el nombre a cinco más: cuatro hombres y una mujer. Ravelo había sido secuestrada, junto a su marido, Emilio Etelvino Vega, el mismo día que los Bosso: el 17 de setiembre de 1977, en su casa de Santiago 2815, conocida como la Casita de los Ciegos, mientras que Pon cayó en agosto de 1977, también en Rosario.

La investigación de la fosa clandestina del campo San Pedro está a cargo del juez federal Francisco Miño. El informe del EEAF con la identificación de Salinas llegó al tribunal el último día del año pasado, pero el juez recién se anotició el martes último, en el primer día hábil después de la feria judicial, informó el diario electrónico Notife.

Según la denuncia de la Conadep, la fecha de la desaparición de los esposos Salinas y Bosso, es el 17 de setiembre de 1977 (el mismo día que Ravelo y Vega), pero probablemente cayeron algunas semanas antes, porque la pequeña hija del matrimonio, Mariana Bosso, de un año de edad, fue entregada en la ciudad de Santa Fe en agosto de 1977, junto con algunas ropitas y una carta de sus padres.

La niña fue entregada en la casa de un hermano de Bosso, en Santa Fe, por dos hombres de unos 35 años, según denunció Liliana Salinas ante la Conadep, en 1984. "En agosto de 1977 recordó , unos familiares suyos fueron visitados por dos hombres que le hicieron entrega de la pequeña Mariana Bosso, de un año de edad y de una carta firmada por su hermana María Isabel Salinas, donde le manifestaba que 'cuidaran a la nena, que ellos estaban bien y que pronto iban a tener noticias", relató Liliana. "Posteriormente, por la misma fecha, una persona mayor de 50 años, canoso, entregó una (segunda) carta de similares características de la anterior. Y desde entonces, no volvimos a tener noticias de María Isabel Salinas y de Carlos Bosso", agregó.

Una de las cartas se conserva en el legajo de la Conadep, en realidad, está escrita por los dos esposos Salinas y Bosso, como si estuvieran juntos, en el mismo lugar. Y es el último testimonio de ambos. Bosso comienza el relato, dirigido a sus "queridos padres": "Como ustedes saben les dice , a Mariana la queremos mucho, pero creemos que por un tiempo es mejor para ella que esté con ustedes. Luego nos volveremos a encontrar y todo será distinto que hasta ahora y le explicaremos bien todo", escribió Carlos.

La línea de investigación la aportó el ex agente de inteligencia del Ejército, Eduardo Constanzo, quien informó a la justicia y al periodista José Maggi de Rosario/12 sobre el traslado de 27 prisioneros en el centro clandestino La Calamita que fueron asesinados en un campo de Monje y luego sepultados en fosas clandestinas en un campo cercano a Laguna Paiva. Una de las víctimas era "la cieguita", como Constanzo llamó a María Esther Ravelo, la primera identificada en San Pedro.


© 2000-2011 http://www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.
Imprimir|Regresar a la nota
Sociedad|Viernes, 4 de febrero de 2011
DETUVIERON A CINCO GUARDIAS POR LAS TORTURAS EN MENDOZA. TRES JEFES FUERON CESANTEADOS
Encarcelan a los carceleros
El gobierno mendocino reaccionó fuerte, dispuesto a no cargar el sayo de encubrir las torturas. Cinco guardias detenidos, uno prófugo y cuatro en la lupa. Tres jefes cesanteados. La Secretaría de Derechos Humanos se presentará como querellante.
Por Horacio Cecchi

Los guardias detenidos quedaron expuestos ante las cámaras periodísticas.Cuatro guardiacárceles de Mendoza fueron detenidos por orden judicial; un quinto –el dueño del celular con el que fueron grabadas las escenas de tortura en el penal de la calle San Felipe– se presentó por sí mismo y quedó detenido, y otro más del grupo “Milicos en acción” (como habían titulado uno de los videos) anoche permanecía prófugo. Otros cuatro penitenciarios estaban bajo la lupa. Y tres jefes del penal fueron pasados a disponibilidad y sumariados. Hoy, el procurador penitenciario Francisco Mugnolo viajará a Mendoza para entrevistar al menos a una de las víctimas de tortura, ya que se trata de un preso de la Justicia federal que fue trasladado para su protección a la alcaidía de los tribunales federales de Mendoza. La gravedad de las torturas no fue obstáculo para que sobre los videos y los cuerpos de las víctimas se montara un tira y afloja de neto corte electoral. Ayer, el debate político se concentró en si se trató de un hecho aislado (la actual administración, a cargo del justicialista Celso Jaque, obviamente sostiene, en forma un tanto arriesgada tratándose de cárceles, que se trata de una isla) y su principal opositor, el ex gobernador radical Cleto Cobos (quien sostiene que no fue un hecho aislado aunque, también obviamente, no dice ni mu sobre el archipiélago de casos de salvajismo y muertes que atravesó la Penitenciaría de Mendoza durante su gestión y que llevó al Estado argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos).

La investigación en manos del fiscal de asuntos complejos, Santiago Garay, en dos días avanzó lo suficiente como para suponer expectativas, no necesariamente por lo hecho (detención de cinco guardias, un sexto prófugo e investigación sobre otros cuatro, y toda la aparente decisión de avanzar) sino porque se sobrepone a la larga demostración de inactividad judicial mendocina durante la noche cobista, que dejó una horrorosa cifra de muertes y un descuartizamiento, y que llevó al país ante la Corte Interamericana en el que se conoció como “Caso de las penitenciarías de Mendoza”.

Durante la mañana, cuatro de los penitenciarios que aparecían en los videos fueron detenidos, cubiertos sus rostros con camperas o remeras, del impensado otro lado del mostrador. Está claro que el gobierno de Jaque salió dispuesto a mostrar que no encubriría los hechos, lo que motivó una desusada movida de prensa para distribuir cámaras y cronistas mientras se trasladaba a los detenidos. Bah, no fue una movida desusada, habitual como megaoperativo en villa. Lo desusado fueron sus protagonistas. Incluso los nombres de los detenidos fueron difundidos de primera mano, cuestión que en términos periodísticos ocurre cada muerte de obispo: Luis D’Ambrosio, Germán Núñez y José Arredondo fueron detenidos el miércoles, mientras que ayer fue detenido Jonathan Navarro, uno de los prófugos. También se presentó y quedó detenido Daniel Perón, dueño del celular y quien se afirma que grabó las imágenes.

También la publicidad de los apellidos de tres jerárquicos investigados es un detalle novedoso y alentador. El propio jefe del penal, Leonardo Musolino, confirmó la separación de sus cargos de los tres jefes, el de seguridad interna, Leonardo Escobar; un jefe de turno de apellido Virlongo, y el de inspección, de apellido Valdez.

Eduardo Duhalde, secretario de DD.HH. de la Nación, ordenó a través de la Subsecretaría de Protección de los DD.HH., a cargo de Luis Alén, presentarse en la causa como parte querellante. La representación estará a cargo del abogado Fernando Peñaloza, que fuera representante del adolescente Ricardo Videla –condenado ilegalmente a perpetua y que apareció ahorcado en la cárcel de adultos en junio de 2005–, cuyo caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que tiene al Estado argentino en la columna del debe. Precisamente, las torturas filmadas ocurrieron mientras las cárceles de Mendoza se encontraban intervenidas por el Servicio Penitenciario Federal, hasta diciembre pasado.

“Es cierto que este gobierno (de Celso Jaque) mejoró en los últimos años la situación carcelaria –dijo Peñaloza a Página/12–. Pero también es cierto que ninguno de los tantos hechos aberrantes ocurridos antes (durante la gestión de Cobos) fueron investigados por la Justicia ni alcanzado a condenar a penitenciarios. El mensaje de la Justicia es claro: mataron a más de veinte y no se investigó ninguno. Solamente un caso tuvo condenas de guardias, en la colonia Gustavo André, cuando varios presos amotinados murieron asfixiados y los penitenciarios no hicieron nada.”

Entre los investigadores hay coincidencia en los próximos pasos. Analizan, incluso, el rol de los médicos. Para la fecha del video de las torturas, no hay asentada en los libros médicos ninguna anormalidad, lo que da la pauta de que podría haber cobertura médica, se entiende, no de obra social.

http://horaciocecchi.wordpress.com

© 2000-2011 http://www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.
Imprimir|Regresar a la nota
El país|Viernes, 4 de febrero de 2011
EL ALEGATO DE LOS QUERELLANTES EN EL JUICIO A RIVEROS, BIGNONE, PATTI, MENEGHINI Y RODRIGUEZ
“Quisieron que el miedo nos paralizara”
El abogado Pablo Llonto pidió prisión perpetua para los represores acusados de los secuestros y asesinatos de Gastón Gonçalves y Diego Muniz Barreto. Hizo hincapié en el carácter de “genocidio” del plan sistemático aplicado por la dictadura.
Por Alejandra Dandan

Los abogados Ana Oberlín y Pablo Llonto realizaron ayer el alegato del juicio en José León Suárez.“Quisieron que tuviéramos miedo de la ideología y que ese miedo nos paralizara, pero queremos decir que Gastón Gonçalves era un cuadro de Montoneros; que los hermanos Guillermo y Luis Rodolfo D’Amico eran orgullosamente militantes de la JP y Diego Muniz Barreto, diputado de la Tendencia y un militante político que luchó contra todo tipo de injusticias: ésos son nuestros héroes y desaparecidos –dijo Pablo Llonto– y quienes en la ausencia nos enseñaron a vivir pensando en construir un mundo más justo, más libre y más igualitario.”

Con uno de los ejes puestos en la militancia política de las víctimas de la represión, se abrió la última etapa de alegatos del juicio a Luis Abelardo Patti, y los generales Omar Riveros y Reynaldo Bignone entre otros represores. En el auditorio municipal de José León Suárez, las querellas representadas por Pablo Llonto y Ana Oberlín retomaron la condición de militantes políticos de las víctimas para fundamentar un pedido de condena a prisión perpetua para todos los acusados en el marco de un genocidio. En la lectura del marco general y de las pruebas, pidieron en distintos momentos a los jueces del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín que, como viene sucediendo en otros juicios, mencionen la palabra genocidio en la condena y además exhorten a los legisladores a avanzar con una legislación penal que empiece a mirar desde ese lugar la historia reciente en Argentina. Un genocidio definido a su vez como político: “Preferimos calificarlo como genocidio político reconociendo que todos los genocidios son ideológicos, pero los genocidas, entre los que se encuentran los cinco que se están juzgando aquí, querían exterminar a quienes querían impulsar una revolución en la sociedad”, dijo Llonto. El rol de la prensa durante la dictadura y la discusión sobre cómo avanzar con las condenas a perpetua cuando para hacerlo la Justicia todavía requiere de cuerpos o de la materialidad a los desaparecidos.

Las audiencias de José León Suárez recomenzaron después de un mes. El debate había terminado en diciembre con el alegato de los fiscales que pidieron perpetua a los cinco acusados de la causa: Riveros, Bignone, Patti pero además Fernando Meneghini que era el jefe de la comisaría de Escobar durante la dictadura y superior directo de Patti y Martín “El Toro” Rodríguez, torturador de Campo de Mayo y uno de los jefes del centro clandestino. La sala estuvo repleta desde temprano de militantes, integrantes de los organismos de derechos humanos y de la Comisión de Campo de Mayo, hijos y familiares de las víctimas. Del lado de los acusados, estuvo Meneghini y como en cada una de las audiencias, volvió a faltar la figura de Patti. El represor permaneció alojado en una ambulancia durante las primeras tres horas, luego de las cuales uno de los médicos anunció que debía irse por problemas de presión.

Llonto habló poco más de tres horas. Explicó especialmente por qué se estaba hablando de genocidio. Antes de arrancar, sin embargo, detalló una de las particularidades del juicio con un dato: entre las víctimas –dijo– no hay ningún sobreviviente: los dos que no murieron durante la represión, lo hicieron más tarde. Son Juan José Fernández, secretario privado del ex diputado Diego Muniz Barreto que se escapó del auto en el que los arrojaron al río y murió en España. Y también murió el secuestrado y luego liberado Osvaldo Ariosti.

“Las víctimas no están, los victimarios son los que están vivos –marcó Llonto–, pero a las víctimas no las derrotaron, van a retornar sus pensamientos, sus vidas, sus rostros.” Este juicio, siguió, tiene entre los acusados a uno de los represores más jóvenes que tuvo la dictadura: Luis Abelardo Patti que entonces tenía 28 años y acaso uno de los más viejos: Omar Riveros, el general de la muerte, dijo, que entonces tenía 53 años y ahora tiene 87.

Luego de algunos acuerdos, la querella descartó la idea de acusar por el delito de genocidio cuya tipificación en el país está en discusión y que fue un camino de avanzada que usó la fiscalía de Alejandro Alagia en la causa ABO (Atlético, Banco y Olimpo). Optó, en cambio, por el modelo abierto a partir de la sentencia de Carlos Rozanski en La Plata y reforzado por el fallo del Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero en el juicio de Cecilio Kamenetzky del año pasado. Ambos fallos, con diferencia de matices, incluyeron la palabra genocidio en la condena: lo que ahora las querellas pidieron al tribunal.

“La represión nazi no incluyó sólo a los judíos”, dijo Llonto cuando intentó explicar por qué el exterminio al enemigo político debería ingresar en la misma categoría. La represión nazi, dijo, incluyó además a “comunistas, anarquistas, homosexuales, gitanos, discapacitados, como aquí sucedió donde miles de ellos estuvieron secuestrados en los campos de concentración”. Para marcar el carácter político del exterminio nazi habló de la Operación Barba Roja y del caso de Margaret Neumann, miembro del Partido Comunista que tras exiliarse en la Unión Soviética a pedido de Hitler fue devuelta a las cárceles alemanas por Stalin. Nombró, además, las presiones de la Unión Soviética y Estados Unidos para retirar la mención de “grupo político” de la definición de genocidio de la Convención de 1948. “Entonces nos quedó el fatídico artículo dos –dijo–: cualquiera de los actos mencionados a continuación para destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso son considerados genocidio y ya no hay más grupo político”, indicó. “Pero aun usando esa estrecha definición, señoras juezas y señor juez, queremos decir que acá en Argentina hubo un genocidio.” Pero, aclaró, “a no preocuparse: porque no discutimos la tipificación, discutimos el concepto para saber si hubo o no”.

Aviva giles
Durante las audiencias, uno de los testigos contó que alguna vez Patti le explicó por qué se habían llevado a su hermano: “Tu hermano era peligroso –le dijo– porque avivaba giles”. Llonto lo retomó para hablar de ese mismo rol político de los militantes y recuperar palabras como la lógica revolucionaria. “Un término muy argentino que marca a este genocidio político –dijo– al que le molestaba que hubiera jóvenes que avivaran a otros jóvenes, que era despertarles una conciencia de militancia; los genocidas querían giles; querían jóvenes que no discutieran de política, de derechos laborales, de revolución o de lo que pasaba en Latinoamérica.”

El alegato que incluyó la construcción sobre qué sucedió con cada una de las víctimas y la evaluación de las pruebas, se detuvo en asuntos pendientes que están siendo revisados en los juicios. Uno de ellos fue el rol de la Justicia durante la dictadura y la prensa: “Nunca fue debidamente publicado cómo murió Diego Muniz Barreto”, dijo Llonto. Los medios publicaron la falaz noticia del accidente, y eso no era cierto. Habló de “esta vergüenza de la prensa” y también de las escasas excepciones como la agencia Ancla y Rodolfo Walsh que 17 días después del crimen llegó a incluir el dato del asesinato en su Carta a las Juntas. También, el caso de Robert Cox que desde el Buenos Aires Herald “abrió una pequeña ventana para que las penas de los familiares se convirtieran en gritos de auxilio”.

Los cuerpos
La ausencia de cuerpos hizo que los fiscales primero y luego Llonto y Oberlín no pudieran pedir condenas a perpetua por cuatro homicidios, sino por dos porque los otros dos cuerpos no están, son desaparecidos. “Los hermanos D’Amico están desaparecidos pero no vamos a negar que están muertos, sin embargo no vamos a poder reclamar por el homicidio de ellos.” Es la paradoja, dijo, de tener que pedir dos condenas por homicidio por el caso de Gonçalves y de Muniz Barreto, mientras habrá que seguir buscando los otros restos. En ese sentido, también pidió al Tribunal una revisión hacia atrás: que exhorte a los juzgados de instrucción para entender que en los casos de genocidio y terrorismo de Estado, el hecho de que los cuerpos de las personas asesinadas no hayan sido encontrados no impida que se encare la instrucción por homicidio: “Penal y procesalmente se sabe que la ausencia de un cadáver no impide tener probado un homicidio”.

Luego de describir la responsabilidad de cada uno de los acusados con las víctimas, indicó que en Escobar “hubo un circuito que comenzaba en la comisaría de Escobar o Garín, seguía en la Unidad Regional y terminaba en Campo de Mayo, como le pasó a Muniz Barreto. Allí se decidía el destino final del secuestrado o a veces se lo decidía en la misma comisaría, como les ocurrió a Gonçalves y los hermanos D’Amico”, concluyó Llonto.

En la sala se escuchó un “uh” cuando los defensores de Patti anunciaron que debía irse por su estado de salud. Luego un aplauso cuando estaba hablando Llonto. La jueza Lucila Larrandart a cargo del TOF1 pidió silencio en la sala mientras se acercaba el final.


© 2000-2011 http://www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.

agrega un comentario