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Motivos para no bajar la edad de imputabilidad
Por reenvío red eco alternativo - Friday, Feb. 04, 2011 at 3:23 PM

Las voces críticas parten desde muchos sectores. El intento por estigmatizar a niños, niñas y adolescentes de clases sociales bajas vuelve con un “debate” que plantea la baja de imputabilidad a menores. Un mecanismo de control social que fue pensando en otras ocasiones.

(Marisel Robaldo - Red Eco) Argentina - “En los últimos años, los operadores del sistema penal, de amplios sectores políticos y de medios de comunicación, amparados en el paradigma de la seguridad-inseguridad, con claros criterios de ´defensa social´, han construido casi excluyentemente un solo ´enemigo interno´: los adolescentes y jóvenes varones pobres”, explica un documento del Observatorio de Adolescentes y Jóvenes y el Grupo de Estudios sobre el Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani.
Cuando no se sabe cómo resolver un conflicto, siempre se recurre a un enemigo. En este caso: los niños. La baja de imputabilidad a menores se cuela en la agenda de un año electoral no ingenuamente, sino que arrastra la construcción de un imaginario de inseguridad que facilita la estigmatización de los pobres.
En 1910 el diputado nacional Luis Agote presentó el proyecto de ley de patronato de menores. Se sancionó en 1917, siendo la primera legislación sobre minoridad en Latinoamérica. En ese momento, los jueces nacionales y provinciales podían disponer de los menores por tiempo indeterminado, condenando, incluso, a prisión preventiva. El diputado propuso que los 15 mil chicos en situación de calle debían ser encerrados en la isla Martín García. Esta ley duró casi 80 años.
Unos cien años después no todo cambia tanto. Las víctimas y blancos vulnerables vuelven a ser los mismos. En 1921, la edad de imputabilidad se fijo en 14 años. Luego, en el primer gobierno peronista se subió a 16. Pero una de las primeras medidas de la última dictadura militar fue volver a bajarla a 14 años, decisión que se ratificó en 1980, cuando el gobierno de facto creó el Régimen Penal de la Minoridad. Aunque en 1983 se volvió a subir a 16, la base judicial siguió siendo el Patronato de Menores.
En 2009, el Senado dio media sanción al proyecto de Ley de Responsabilidad Juvenil que tendrá que ser tratado ahora en Diputados. La propuesta es la baja a 14 años y penas de hasta 15 años en menores de 16 y 17. De ese modo, los sectores más reaccionarios de la sociedad vuelven a pedir mano dura para los pobres.
“En relación a la cantidad de adolescentes privados de libertad de todo el país por imputaciones o condenas penales, la cifra ronda regularmente los 1500 jóvenes de los que entre el 10 y el 15 % tienen menos de 16 años”, asegura el Subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia a nivel nacional, Gabriel Lerner. Es decir, que la situación de estos niños es muy distinta a la construcción mal intencionada de los partidos políticos y medios de comunicación.
Las estadísticas de la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense registran, en los primeros seis meses de 2010 -última actualización- 1362 homicidios en la Provincia. 1264 cometidos por adultos y 98 por chicos. Apenas un 7,1% de los crímenes. ¿Entonces por qué pedir para un porcentaje mínimo penas inmorales que no solucionan ninguna problemática?
Desde Correpi se advierte un sentido bien marcado: “Parte del discurso para la tribuna se nota cuando dice que ningún proceso podrá durar más de un año desde su inicio hasta la sentencia (4 meses en caso de flagrancia), términos que cualquiera que camina los tribunales sabe que sólo se pueden cumplir con condenas express, usando mecanismos como los juicios abreviados, en los que toda la actividad del defensor oficial se reduce a la extorsión (‘firmá el abreviado, pibe, te conviene’).”
“Esas formas ´alternativas´ de terminar el proceso, aplicadas a la realidad material de los chicos que son judicializados en nuestro país, los más pobres y vulnerables, son formidables herramientas de disciplinamiento social”.
El supuesto debate sólo deja relucir las pocas políticas de inclusión para niños, niñas y adolescentes humildes. Una lógica simplista y excluyente que lo único que logra es represión, alimenta el círculo perverso de la desigualdad y expone a niños. “Cuando un chico mata suena una alarma en la sociedad, pero cuando miles de chicos comen de la basura la misma sociedad no acusa recibo”, sentencia Jorge Torres, Coordinador de la Constituyente Social, Río Cuarto, Córdoba.
Con estas políticas, que no son más ni menos que un pedido de esconder lo que les molesta a los sectores económicos más favorecidos, por ejemplo, los 500 mil chicos que no estudian en la provincia de Buenos Aires seguirán al borde del abismo. “Una máquina de generar odio social”, como lo entiende María C. Barrenechea de la Agencia de Noticias Pelota de Trapo.

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