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“Es el vocero y representante de las corporaciones tanto policial como penitenciaria”*
Por Fatima ((i)) La Plata -
Thursday, Feb. 24, 2011 at 9:09 PM
El miércoles 23 se realizo una conferencia de prensa en forma urgente en la Cámara de Diputados de la prov. de Buenos Aires por parte de la Comisión por la Memoria y el CELS, entre otros organismos, para solicitar medidas urgentes contra la violencia policial.
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A partir de los distintos hechos que se fueron suscitando en los últimos días con la policía Bonaerense como actor principal, la Comisión por la Memoria, y el Centro de Estudios Legales y sociales (CELS), entre otras organizaciones, realizaron una conferencia de prensa en forma urgente en la Cámara de Diputados de la prov. de Buenos Aires para solicitar medidas urgente para que no sigan sucediendo casos de violencia por parte de la policía.
El documento inspirado en los principios del Acuerdo para una política de Seguridad Democrática (ASD) plantea 7 lineamientos para que sean parte de la agenda de seguridad y de reforma policial de la provincia de Buenos Aires: Profundizar las investigaciones judiciales y administrativas; separar el Ministerio de Justicia y Seguridad, diseñando una estructura de gestión civil y conducción estratégica de la Policía Bonaerense; desarrollar la capacidad de investigación judicial y terminar con la impunidad, creación de la policía judicial; implementar protocolos de actuación y de usos de fuerza, implementar instancias de control interno y externo; implementar un modelo protector de los derechos de la niñez y la juventud, y financiar el sistemas de promoción y protección integral de derechos.
El documento fue leído por el premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, para luego tomar la palabra el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, quien cargo fuertemente contra el Ministro de Justicia y Seguridad Ricardo Casal, haciéndolo responsable de los hechos ocurridos tanto en Baradero como en José León Suárez, donde la policía se cobro la vida de 3 adolescentes.
Uno de los puntos destacados en el documento y solicitado exhaustivamente es la necesidad del control policial por parte de civiles "Se necesitan respuestas políticas concretas para retomar el gobierno y el control civil de la gestión de la seguridad en lo vinculado con la autoridad disciplinaria, la producción de información y la administración de emergencias y de evaluación operativa de la fuerza policial" indica el documento.
Por ultimo tomo la palabra el ex fiscal de Bahía Blanca Dr. Hugo Cañón, quien se refirió a la necesidad de seguridad para toda la población, y sobre el concepto de seguridad que se esta intentando plasmar desde el gobierno, a su vez se refirió a la violencia creciente por parte de la Bonaerense hacia las y los adolescentes.
* Dr. hugo Cañon refiriendose al Ministro Casal
Documento del Acuerdo para la Seguridad Democrática
En los últimos días, la policía bonaerense ejecutó a dos adolescentes en José León Suárez y a un joven en Baradero, y disparó por la espalda a otro joven en Mar del Plata que se encuentra herido de gravedad. Estos hechos requieren respuestas estructurales y enérgicas del gobierno provincial que reemplacen de manera definitiva el modelo autoritario e ineficiente de autogestión policial que sólo incrementa el delito y provoca más muertes. A las respuestas judiciales hay que sumarle respuestas políticas.
Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito de modo eficiente y respetuoso de los derechos humanos demanda un sistema policial subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales. Ha quedado demostrado que la autonomía policial como forma de gobernabilidad conduce a respuestas policiales violentas y represivas. No sólo se desentiende del control de las fuerzas de seguridad sino también de contar con las herramientas de gestión que permiten el monitoreo del delito y del trabajo policial necesarias para la formulación de las políticas y estrategias de seguridad. Además, desdibuja toda posibilidad de que se implementen iniciativas serias de participación ciudadana y prevención comunitaria de la violencia.
El ejercicio de las funciones de auditoría interna en la policía bonaerense a cargo de civiles especializados en investigación administrativa ha revelado mayor efectividad en los breves lapsos en que fue aplicado. Se lograron investigaciones más rápidas y completas que las realizadas por la propia justicia, a la vez que fueron expulsados de la fuerza aquellos que incurrían en abusos funcionales y actividades delictivas. El autogobierno significa traspasar esas potestades a los propios efectivos policiales y habilita un campo discrecional para el ejercicio de la fuerza, la violación de derechos y la reactivación de redes de ilegalidad, que constituyen el trasfondo de hechos gravísimos como las ejecuciones policiales o la desaparición de Luciano Arruga en enero de 2009.
En ese contexto, la unificación de las responsabilidades de seguridad y de justicia en un solo ministerio contribuye a sostener el autogobierno policial, en la medida que reduce las capacidades institucionales del área de seguridad y profundiza la delegación de la gestión en las cúpulas policiales. El poder estratégico y administrativo sobre una fuerza de 52 mil efectivos y un presupuesto anual de casi 5.000 millones de pesos no puede recaer en una jefatura cuyo poder se encuentra concentrado en un Jefe de Policía y unos pocos comisarios generales.
Las respuestas que pretenden encarar los problemas de seguridad con medidas que profundizan la autogestión policial conducen a cuerpos no profesionalizados, con pocas herramientas para perseguir el delito complejo, funcionales a la reproducción de las redes de ilegalidad y con altos grados de violencia institucional.
Por lo tanto, es imprescindible alcanzar
un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño
e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo,
orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales
en materia de seguridad.
La convocatoria a la discusión, el debate y las propuestas democráticas
debe incluir a las diversas fuerzas políticas, a las organizaciones sociales,
sindicales y religiosas, a las universidades, entre muchas otras, de modo de
fortalecer acuerdos y promover medidas puntuales que permitan construir soluciones
duraderas, plurales e inclusivas.
En el marco de los principios que guían el Acuerdo de Seguridad Democrática
(ASD) proponemos algunos de los lineamientos que deberían formar parte
de la agenda de seguridad y de reforma policial de la provincia de Buenos Aires.
Profundizar las investigaciones judiciales y administrativas
En primer lugar es imprescindible que el gobierno provincial muestre un fuerte compromiso con el avance de las investigaciones judiciales y administrativas para individualizar y sancionar a los responsables de las ejecuciones de José León Suárez y Baradero. En materia de ejecuciones policiales, el Estado tiene la obligación de investigar las violaciones del derecho a la vida de manera completa, independiente e imparcial.
Es imperioso avanzar en la delimitación de las conductas de todos los policías involucrados en los hechos de José León Suárez y Baradero. Por ello, se debe profundizar la investigación para esclarecer la autoría material y directa del hecho y a su vez la responsabilidad indirecta y funcional en el procedimiento policial.
Separar el Ministerio de Justicia y Seguridad: diseño de una estructura
de gestión civil y conducción estratégica de la Policía
Bonaerense.
Se necesitan respuestas políticas concretas para retomar el gobierno y el control civil de la gestión de la seguridad en lo vinculado con la autoridad disciplinaria, la producción de información y la administración de emergencias y de evaluación operativa de la fuerza policial. Con un programa reformador y democratizador, se debe enfocar en la especialización, la modernización funcional y la descentralización de la gestión policial bajo la dirección de las autoridades políticas.
Los procesos de reforma y modernización del sistema de seguridad provincial suponen la construcción de un liderazgo político eficiente que conlleve un profundo cambio en sus formas tradicionales de funcionamiento y organización.
Para llevar adelante ese proceso, es necesaria la conformación de un Ministerio de Seguridad responsable de la gestión gubernamental de los asuntos de la seguridad pública, en particular de lo referido a la formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias del sector.
Por cierto, tal exigencia no se satisface con la mera creación de dicho Ministerio sino con la reforma de la ley que regula las diferentes competencias de cada una de sus dependencias para dotarlo de una estructura que haga posible y cierto el control y la conducción estratégica de la agencia policial. Es fundamental contar con subsecretarías y direcciones que tengan incumbencia en cada una de las áreas o cuerpos en que la institución policial se encuentra dividida.
Desarrollar la capacidad de investigación judicial y terminar con la
impunidad. Creación de la Policía Judicial.
Los problemas de seguridad que vive la provincia de Buenos Aires también están ligados a fuertes condiciones estructurales que garantizan impunidad. Una de ellas es la delegación de la investigación penal de los fiscales a la policía bonaerense, una fuerza sospechada de contener grupos delictivos en su seno que gerencian o regulan el delito. En muchos casos la policía ha sido separada de las investigaciones, que quedaron a cargo de la Gendarmería Nacional.
Este cuadro exige cumplir la norma constitucional que dispone la creación por ley de una policía judicial dependiente de la Procuración de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Ello permitirá aumentar el grado de independencia y eficacia de las investigaciones judiciales y disminuir el ámbito de discrecionalidad policial para el armado de causas o venta de resultados de las investigaciones por personal policial.
Implementar protocolos de actuación y de uso de fuerza
Otra medida concreta es la reglamentación y control del uso de la fuerza, la forma de proceder en las detenciones y el diseño y la conducción de operativos frente a grandes concentraciones de personas, ya sea en ocasión de espectáculos, de desalojos, de protestas sociales o en formas combinadas de resistencia a una acción policial que deriva en una protesta como forma de acción directa.
Para ello es fundamental establecer estándares de actuación en el espacio público con rango normativo, de modo de asegurar un uso proporcional, racional y subsidiario de la fuerza y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.
No alcanza con la mención retórica de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Es preciso avanzar en la reglamentación específica de estas cuestiones, la definición de responsabilidades concretas, la formación y capacitación de los policías y la sanción efectiva de quienes actúan en contradicción con esos principios.
Implementar instancias de control interno y externo
A su vez, resulta esencial la creación de un organismo independiente de investigación administrativa compuesto por civiles para poner fin a uno de los mayores problemas que presenta la institución: policías que se investigan entre sí y encubren su accionar ilegal en lugar de sancionarlo. La potestad de realizar sumarios y de aplicar sanciones disciplinarias no debe estar en manos del jefe de la fuerza sino de la dirección civil.
Por otra parte, es necesario recuperar y profundizar los mecanismos de participación comunitaria en el diagnóstico, planificación y control de gestión de la seguridad pública establecidos por la ley 12.154.
Implementar un modelo protector de los derechos de la niñez y la juventud
Los jóvenes y niños de los sectores más vulnerables son las víctimas directas del accionar descontrolado de las fuerzas de seguridad. Los problemas de seguridad no se resuelven desde un abordaje autoritario y represivo. Las respuestas policiales y la intervención policial en las escuelas tampoco solucionan la problemática de la niñez y la juventud.
Para terminar con esta realidad es
indispensable avanzar en la implementación de políticas y programas
dirigidos a niños, niñas y jóvenes que aseguren el ejercicio
pleno de sus derechos sin discriminación alguna. El Estado tiene la obligación
de estructurar políticas de carácter público concretas
para protegerlos sin represión ni encierro, respetando la mirada integral
de sus derechos y el interés superior del niño. Asimismo, el Defensor
del Niño y el Observatorio Social prescriptos en los artículos
16 y 24 de la ley 13.298 deben constituirse en dispositivos estratégicos
para asegurar el pleno ejercicio de derechos.
Financiar con una partida presupuestaria específica el Sistema de Promoción
y Protección Integral de Derechos
Es imprescindible contar con el financiamiento necesario para la implementación de políticas públicas activas que desarrollen una intervención social protectora de derechos de los colectivos sociales más desfavorecidos en el esquema de distribución del ingreso y de bienes materiales y simbólicos, que sufren de manera más directa, frecuente y traumática los efectos de la violencia social y policial. Para ello es impostergable tomar la decisión política de avanzar en la sanción de una Ley de Financiamiento para el Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos que garantice de una partida presupuestaria específica para garantizar su funcionamiento.
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Por Fatima ((i)) La Plata -
Thursday, Feb. 24, 2011 at 9:09 PM
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