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CONCENTRACIÓN
EN ADIF Y MARCHA A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA NACIÓN
Punta Querandí se moviliza al centro de Buenos Aires
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Georgina
García / Indymedia Pueblos Originarios
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Jueves 17 de marzo de 2011, 13 hs
Concentramos en Retiro, en la sede de la Administración de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), Av. Ramos Mejía y Av. del Libertador, esquina de la
estación de trenes del Ramal Mitre.
Marchamos 10 cuadras hasta Recoleta, a la Secretaría de Cultura
de la Nación, en Av. Alvear 1690 (y Av. Callao).
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PUNTA CANAL, LOCALIDAD DE DIQUE LUJÁN (TIGRE).-
Sábado 12 de marzo de 2011
A los medios de prensa,
a las organizaciones de la sociedad civil,
y a todas las personas que creen en una Buenos Aires con memoria e
identidad:
A dos semanas del ataque
intimidatorio a nuestro campamento, mediante el cual
protegemos el sitio arqueológico milenario Punta Querandí
y denunciamos la venta ilegal de tierras públicas para
beneficiar a dos barrios privados, nos movilizamos a las sedes de
las autoridades políticas responsables de haber generado este conflicto.
Elevaremos nuestros reclamos al organismo ferroviario que malvendió
las tierras del "camino de la vía muerta" y de Punta Canal
y a la Secretaría de Cultura de la Nación, de la cual
depende el organismo de aplicación de la ley de protección del
patrimonio arqueológico.
Exigiremos a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF), dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, que anule la venta ilegal de 3 kilómetros de tierras
que eran de uso público para toda la comunidad, en beneficio
de los barrios privados San Marco y San Benito, del
Complejo Villa Nueva de la empresa EIDICO.
Esta operación, efectuada en abril de 2007, privatiza uno
de los últimos espacios públicos con acceso al agua
en el norte de Tigre y sur de Escobar. Pero todavía se puede
frenar debido a que el Estado sigue siendo el titular de la tierras,
ya que dicha venta aún no fue perfeccionada a través de la escrituración.
Además plantearemos a la Secretaría de Cultura de la Nación
nuestra disconformidad con la conducción del Instituto Nacional
de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, debido a
que ésta es cómplice del desarrollo inmobiliario que arrasa
con el patrimonio ambiental y arqueológico en el Gran Buenos Aires.
Este organismo no acompaña nuestra propuesta de un Punta Querandí
protegido, público y para todos, lo que sería la primera reivindicación
a un lugar de ocupación ancestral indígena en Buenos Aires, política
más acorde con los tiempos que se viven en toda la región sudamericana.
Recordamos que al ver cómo el patrimonio público nacional era entregado
por estos organismos, tuvimos que organizarnos desde el Movimiento
en Defensa de la Pacha para protegerlo, enfrentando a una corporación
muy poderosa.
En ese sentido, el jueves 3 de marzo recibimos un mensaje mafioso
de esta empresa, que destruyó todas nuestras instalaciones
en el humilde campamento desde el cual resistimos desde el 19 de febrero
de 2010, hace más de un año. El ataque sucedió mientras permanecíamos
en otro lugar en una reunión con docentes; ¿qué hubiera pasado si
llegábamos al campamento justo cuando este hecho se consumaba?
Nuestro campamento se desarrolla en el fondo del paraje Punta Canal,
sobre la calle Brasil y el Canal Villanueva, en un territorio rodeado
de emprendimientos de barrios privados que se expanden sin control,
destruyendo la naturaleza y poniendo en riesgo no sólo el patrimonio
cultural sino también a la población de las localidades
aledañas. La Defensoría del Pueblo de la Nación
pidió en noviembre de 2010 a los municipios de Zárate,
Campana, Escobar, Tigre y San Fernando que no habilite ningún
otro emprendimiento privado sobre los humedales (bañados).
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ADVERTENCIA.
El sitio arqueológico Punta Canal identificado
por los arqueólogos del Instituto Nacional de
Antropología y Pensamiento Latinoamericano, antes
de la excavación de fines de 2008. (Imagen del
2007)
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CONTACTOS:
(011) 1544041382 - 1568642867 – 4455 2172
movimientoendefensadelapacha@gmail.com
¡POR LA PRIMERA REPARACIÓN
A LAS NACIONES ANCESTRALES DEL GRAN BUENOS AIRES!
¡EN DEFENSA DE NUESTRO TERRITORIO! |
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Las responsabilidades de dos organismos nacionales
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GOOGLE
TE DELATA. La visión actual de las tierras,
con una foto de la situación anterior a la destrucción.
A la derecha del ex terraplén, el country Santa
Catalina; a la izquierda el barrio privado San
Benito en construcción.
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El predio de Punta Canal junto al camino
del terraplén desde el KM1+690 al KM4+378, que para los vecinos que
allí viven era la única manera de acceder con vehículo, fue
transferido el 23 de abril de 2007 a dos sociedades anónimas
vinculadas a EIDICO: Chilespa y Muquebari, que
ya no eran propietarias de los inmuebles linderos, un requisito ineludible
para lograr dichas operaciones. Dividido en dos boletos de compra
venta, pagaron un total de 1,9 millones de pesos argentinos por 107.520
metros cuadrados (unas 10 hectáreas, casi 3 kilómetros de largo por
40 metros de ancho), a una tasación de 17 pesos el metro cuadrado.
A pesar de numerosos actos administrativos planteados por vecinos
de ese sector del paraje Punta Canal, que quedaron encerrados por
la venta del camino, y de un compromiso
asumido por un funcionario de ADIF
ante las cámaras del programa televisivo CQC,
este organismo se niega a volver atrás la operación.
En diciembre de 2008, un equipo de arqueólogos del Instituto Nacional
de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL) y del CONICET,
coordinado por Daniel Loponte y Alejandro Acosta, entregó
el yacimiento milenario Punta Canal (llamado por nosotros Punta
Querandí) a quien era en ese momento asesor de la Jefatura
de Gabinete de la Nación, Jorge O'Reilly, presidente de
EIDICO. Lo hicieron tras ser contratados de forma privada por
este influyente empresario del Opus Dei, para quien realizaron
una veloz y reducida campaña de rescate: excavaron sólo 18 metros
cuadrados de un predio de una hectárea, en 10 días (entre el 3 y el
13 de diciembre de 2008), concluyendo que se podía liberar todo el
terreno a la empresa. Jorge O'Reilly pagó por este trabajo
30 mil pesos.
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SELLO
OFICIAL. El informe realizado para
la empresa EIDICO.
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El INAPL
apañó constantemente a los arqueólogos en cuestión, quienes actuaron
en nombre de este organismo. El informe oficial que recomienda liberar
el terreno a EIDICO tiene el membrete del INAPL, que
aportó apoyo logístico para tal trabajo. No conforme con eso, en abril
de 2010 esta institución prestó las instalaciones de su sede
en Belgrano para una conferencia de prensa de los cuestionados arqueólogos,
con el fin de que se defendieran de las acusaciones de vecinos e integrantes
de pueblos originarios. En dicha conferencia contaron con el apoyo
del abogado de este organismo, Antonio Calabrese.
Los funcionaros de los organismos responsables en velar por el patrimonio
arqueológico no pueden hacer trabajos privados para las empresas,
por el contrario deben controlarlas. No se puede ser juez y parte.
Para colmo, mientras peleábamos por defender Punta Querandí,
el arqueólogo Daniel Loponte salía por los medios
de prensa negando que en el lugar exista un sitio y expresándose
en contra del campamento. Le ofrecimos a este arqueólogo difundir
a través de los medios el informe que elaboró para la
empresa EIDICO para que todos saquen sus conclusiones, pero
respondió que debía pedirle permiso a Jorge O'Reilly.
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EL
INAPL EN LA EXCAVACIÓN. Una
camioneta del organismo en Punta Canal,
durante la excavación de diciembre
de 2008. No se puede ser juez y parte.
(Rulo / Indymedia Pueblos Originarios)
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