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Ante los gobiernos progresistas: desafíos para una política socialista
Por Fuente: ANRed -
Saturday, May. 07, 2011 at 8:09 PM
"Podríamos decir que algunos gobiernos se recuestan más sobre las fuerzas represivas y otros hacen más hincapié en las medidas de integración social (...) En ambas circunstancias el Estado continúa siendo un aparato de dominación de las clases enemigas. Pero su política hacia las clases populares es distinta, por lo tanto, nuestra política debe contemplar esas variaciones. En los dos casos, consiste en demostrar que el problema de fondo es el sistema, pero las formas de encauzar la agitación y la propaganda necesariamente deben ser diferentes.". Por Alejandro Belkin.
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En los últimos años, América latina se pobló de
gobiernos que podemos denominar, en términos genéricos, progresistas. La Argentina
no es una excepción, el gobierno de los Kirchner se ubica dentro de este contexto
internacional. El nuevo panorama político ha generado y sigue generando intensas
controversias. Caracterizaciones de las más diversas se enfrentan en un áspero
debate. Por nuestra parte, sólo pretendemos sumar un modesto aporte a las polémicas
en curso. Aunque nos vamos a referir casi exclusivamente al caso argentino,
pensamos que muchas de las reflexiones aquí presentadas pueden contribuir a
pensar otras realidades nacionales Ante el nuevo mapa político, en
la izquierda surgieron dos actitudes contrapuestas. Por un lado, atraídos
por el cambio de rumbo, encontramos un sector que apoya -con
mayor o menor intensidad- las nuevas políticas impulsadas desde el Estado.
Aunque muchos sostienen que aspiran a un cambio inmensamente más radical, afirman
que estos gobiernos son lo más avanzado que se puede esperar en la actual coyuntura
histórica. Sus argumentos se apoyan en un conocido diagnóstico del pasado reciente:
las fuerzas populares han sufrido una dura derrota en los ‘90. En este contexto, aseguran que estos gobiernos
contribuyen a la recomposición del campo popular, aún con sus contradicciones.
Desde esta perspectiva, las medidas adoptadas por el Estado, han logrado mejorar
las condiciones de vida de las masas y han permitido el fortalecimiento de la
organización obrera. Además, su discurso permitió la revitalización de paradigmas
olvidados. En la vereda de enfrente, se afirma, sólo se encuentran los que quieren
volver al pasado, con sus secuelas de hambre y represión. Entonces, sostienen
con firmeza que oponerse al gobierno es hacerle el juego a la
derecha. Por esa vía, se transforman en firmes defensores del gobierno. Por otro lado, nos encontramos con aquellos
que niegan que estos gobiernos hayan tomado alguna medida que pueda considerarse
como progresista, argumentando que se trata de meros cambios cosméticos o exclusivamente
discursivos. En el mejor de los casos, afirman que sus efectos en la realidad
son mínimos e irrelevantes. Respecto a la política estatal hacia la conflictividad
social, se esfuerzan en demostrar que no ha variado en lo sustancial y que sigue
siendo esencialmente represiva. En otras palabras, el gobierno continúa, al
igual que en los ’90, criminalizando la protesta social. Tampoco hay cambios
substanciales en las condiciones económicas y sociales, los niveles de pobreza
y distribución de la riqueza se mantienen inalterables. Por lo tanto, se priorizan
los elementos de continuidad sobre aquellos que podrían considerarse disruptivos
o novedosos. Según nuestro criterio, pensamos
que ambos análisis recaen en posturas unilaterales. Para introducir el problema
que queremos presentar creemos provechoso recordar las diferentes formas que
utiliza la clase dominante para mantener su predominio en la sociedad. Comencemos
repasando algunos hechos de la historia argentina. Represión y consenso Son innumerables los casos donde el Estado argentino
utilizó la represión contra las clases explotadas. En muchas ocasiones se ha
mencionado este aspecto de la relación entre los trabajadores y el aparato estatal.
Para citar sólo algunos ejemplos, la semana roja de 1909, la represión a la
huelga del Centenario, la semana trágica en 1919, las matanzas en la Patagonia
en la década del ‘20, el golpe del 30 y sus derivas represivas, el duro escarmiento
a los huelguistas ferroviarios de 1950/1, las persecuciones, encarcelamientos
y fusilamientos bajo el gobierno de Aramburu, el Plan Conintes aplicado por
Frondizi, por supuesto, la dictadura militar de 1976 y un larguísimo etcétera. Sin embargo, no fue la única política que desplegó
el Estado hacia la clase obrera y los sectores populares. También hubo
muchos casos donde se instrumentó, con mayor o menor énfasis, medidas que apuntaban
a otorgar reformas o concesiones al pueblo trabajador, a cambio de conseguir
su consentimiento. También aquí la lista es extensa, enumeremos sólo algunos
casos. La reforma electoral de 1902 y la Ley Nacional del Trabajo de 1904, ambas
impulsadas por Joaquín V. Gonzalez. En un caso permitió la incorporación de
minorías al congreso nacional (Palacios) y en el otro se propuso la jornada
laboral de 8 horas, entre otros beneficios para los trabajadores. Podemos mencionar
también ciertas decisiones del gobierno de Yrigoyen, como su intervención en
la huelga portuaria de 1916, que posibilitó el triunfo de la misma. Las políticas
desarrolladas en la década del ’20 por los Lencinas y los Cantoni en San Juan
y Mendoza respectivamente (salario mínimo, jornada laboral de 8 horas, voto
para las mujeres). La política de Manuel Fresco en la provincia de Buenos Aires
en los 30. Por supuesto, su máxima expresión llegará a partir de 1943 con el
Peronismo. Entonces, fueron muchos los casos donde en lugar
de (o combinada con) la represión violenta, los gobiernos recurrieron a propuestas
conciliadoras con el movimiento popular, ya sea a través de reformas o concesiones.
La Argentina cuenta con numerosos y recurrentes ejemplos en ese sentido. Demás está decir, que no estamos rescatando este
otro costado de la política estatal para embellecer a los aparatos de dominación.
Nos importa dar cuenta de su existencia y de los desafíos que representan para
una política socialista. Evaluaciones políticas opuestas Si hacemos hincapié sólo en el
costado represivo del Estado, corremos serios riesgos de equivocar nuestra política
y estamos contribuyendo al desarme ideológico y político de la vanguardia obrera
y popular. Porque si solo esperamos represión de parte del Estado, cuando
algún gobierno decide impulsar medidas de integración social, la
desorientación política lo inunda todo. Muchos militantes se encuentran
sorprendidos y desconcertados. En estos casos, la respuesta más habitual es
la negación de la realidad, en lugar de revisar los esquemas habituales de análisis. El error simétricamente opuesto,
consiste en sobrevalorar las medidas progresistas de estos gobiernos. Quienes
así lo hacen, suman su adhesión a estos gobiernos, impactados por sus políticas
de integración social. Terminan confiando en el gobierno burgués,
perdiendo de vista su carácter de clase y el del Estado. La asimilación
de una fracción de la izquierda detrás la política de los gobiernos progresistas,
representa un claro triunfo de la estrategia burguesa. De acuerdo a lo dicho hasta aquí, podríamos decir
que algunos gobiernos se recuestan más sobre las fuerzas represivas y otros
hacen más hincapié en las medidas de integración social. Las razones de estas
diferentes políticas son múltiples, dependen de un sinnúmero de factores y su
estudio excede este breve escrito. Sin embargo, podemos afirmar, que en ambas
circunstancias el Estado continúa siendo un aparato de dominación de las clases
enemigas. Pero su política hacia las clases populares es distinta, por lo tanto,
nuestra política debe contemplar esas variaciones. En los dos casos, consiste
en demostrar que el problema de fondo es el sistema, pero las formas de encauzar
la agitación y la propaganda necesariamente deben ser diferentes. Los cambios en las formas de dominación Si en determinados contextos, la utilización exclusiva
de medidas represivas contribuye a desnudar el carácter del gobierno y el Estado
como enemigos de las clases populares. Las políticas de integración, por el
contrario, ayudan a desdibujar el perfil del aparato estatal como instrumento
de dominación de los enemigos de clase. Por esta razón, el estudio de este último
aspecto se vuelve mucho más importante. Demostrar que el Estado
continúa siendo enemigo de los intereses populares, aun cuando apele a reformas
o concesiones reales, es una tarea mucho más ardua y compleja. Por esa razón,
merece ser estudiada con mucha mayor atención. Su negación o menosprecio no
favorece a llevar claridad a la vanguardia proletaria. Pero no se trata sólo de medir, con mayor o menor
precisión, la combinación de los dispositivos de integración y coerción a los
cuales recurre cada gobierno. El problema es mucho más intrincado. La sociedad capitalista, en su
evolución, ha desarrollado una densa trama de mediaciones sociales, que vinculan
de una manera muy compleja al Estado con la sociedad civil. Los mecanismos de
dominación se vuelven extremadamente más sofisticados. El sistema no se mantiene,
exclusivamente a fuerza de represión, se recurre y se generan complejos instrumentos
de dominación social. La sociedad se complejiza y junto con ella evolucionan
las formas en que se ejerce la autoridad. Perry Anderson, en Las antinomias
de Gramsci, dice en un pasaje: “En 1848, el estado es «rudimentario»
y la sociedad civil es «autónoma» respecto a él. Después de 1870, la organización
interna e internacional de los estados se hace «compleja y sólida», mientras
que la sociedad civil, de forma similar, también se vuelve desarrollada. Es
en este momento cuando aparece el concepto de hegemonía ...”. Este divorcio entre un estado «rudimentario” y
una sociedad civil embrionaria se fue evaporando con el desarrollo de la sociedad
burguesa. Con el correr del tiempo, se fue construyendo una inmensa red de vasos
comunicantes entre el estado y la sociedad civil. De esa manera, el
Estado y el Sistema se han vuelto mucho más sólidos y flexibles al mismo tiempo.
La ductilidad alcanzada por el sistema es mucho mayor de la que habían pensado
los primeros marxistas. El régimen burgués se ha demostrado inmensamente maleable
para recibir golpes y asimilarlos sin quebrarse. Esta es una de las principales
conclusiones que debemos extraer del análisis de la lucha de clases del siglo
XX. Por otra parte, si como señala Anderson, pueden
distinguirse los cambios que se produjeron entre 1848 y el período posterior
a 1870, pensemos la distancia que separa a las formas de dominación de esa época
con las que se practican en el presente. Las mutaciones que se produjeron en
los diversos planos de la sociedad capitalista son inmensas. Sin embargo, en
la izquierda, durante gran parte del siglo XX hemos seguido pensando y haciendo
política “a lo bolchevique”. No me refiero a sus enseñanzas más profundas,
las cuales considero que mantienen toda su validez, sino en sus aspectos más
exteriores o superficiales. En otras palabras, es imposible
aplicar las mismas formas de hacer política que los bolcheviques desarrollaron
frente al zarismo, en la Rusia de comienzos del siglo XX y trasladarlas mecánicamente
a la Argentina del siglo XXI. Porque el Estado, la sociedad civil, las clases
sociales, el desarrollo de las fuerzas productivas, el adelanto de los medios
de comunicación, las experiencias acumuladas por las clases y sus intelectuales,
son completamente incomparables e inconmensurables. La democracia burguesa y los gobiernos
progresistas El régimen de la democracia burguesa condensa,
en gran medida, las múltiples problemáticas que estamos mencionando. La extensión
de este sistema de gobierno produjo cambios fundamentales en las reglas del
juego político, que no fueron simplemente epidérmicos. Por esa razón, se requiere
de un estudio pormenorizado del funcionamiento de la democracia burguesa y las
novedades que trajo aparejada en relación a gobiernos que, como el régimen zarista,
se sustentaban casi exclusivamente en la coerción. En la izquierda
marxista no hemos realizado una crítica acabada y tampoco hemos elaborado una
respuesta política suficientemente sólida a la forma de dominación democrático-burguesa.
Los gobiernos progresistas, al volcar la balanza hacia políticas integracionistas,
no hacen más que poner el dedo en la llaga precisamente sobre este problema,
desnudan -en toda crudeza- la ausencia de una reflexión profunda sobre las modernas
formas de dominación. El Estado tiene como objetivo
supremo mantener las condiciones generales para la reproducción del sistema.
Si reprime, lo hace con el objetivo de salvar o restablecer esas condiciones.
El objetivo del Estado no es la represión de las clases trabajadoras, sino,
mantener su sometimiento al capital. Insistimos, los mecanismos coercitivos
son apenas un recurso más para conseguir su meta principal, mantener las condiciones
que hacen posible la reproducción del sistema en su conjunto. Salvaguardar el
régimen social basado en la esclavitud asalariada. Negar las
políticas integracionistas -o menospreciar su importancia-, haciendo hincapié
exclusivamente en la faceta represiva, no sólo constituye una deformación de
la verdad histórica, sino que también resulta perjudicial para la política socialista. Concesiones, ¿reales o ficticias? Hemos visto, que un sector de la izquierda niega
que los gobiernos progresistas hayan llevado adelante políticas beneficiosas
para las clases populares. Sostienen que son meros ejercicios discursivos, “gesticulaciones
populistas”. Detrás de estos análisis se esconde cierto mecanicismo en los razonamientos.
Desde esa perspectiva, un gobierno burgués no podría jamás favorecer los intereses
obreros, porque se trata de clases con intereses antagónicos. Sin embargo, la
hegemonía no puede lograrse exclusivamente con promesas que nunca se cumplen
o por medio de una pomposa oratoria. Tampoco la utilización de la propaganda
y de los medios de comunicación son suficientes. Se requiere que las concesiones
abandonen su carácter virtual y adquieran algún grado de materialidad. Al
respecto, Gramsci decía: “El hecho de la hegemonía presupone
que se tienen en cuenta los intereses y tendencias de los grupos sobre los cuales
se va a ejercer la hegemonía, y que debe darse un cierto equilibrio de compromiso
-en otras palabras, que el grupo dirigente debe hacer sacrificios de tipo económico-corporativos.
Pero no hay duda de que aunque la hegemonía es ético-política, también debe
ser económica, debe basarse necesariamente en la función decisiva ejercida por
el grupo dirigente en el núcleo decisivo de la actividad económica” Siguiendo a Gramsci, pensamos que la hegemonía
presupone que la clase dirigente debe tener en cuenta los intereses de los grupos
sobre los cuales se va a ejercer la hegemonía. Para tal fin, necesita hacer
“sacrificios de tipo económico-corporativos”, es decir, no se construye hegemonía
sólo con bellos discursos y una profusa propaganda. Porque como dice Gramsci:
“aunque la hegemonía es ético-política, también debe ser económica”. A riesgo
de hacer un salto demasiado grande -sin mediaciones- entre teoría y práctica,
si aplicamos esta lógica de razonamiento a la política nacional
actual, podríamos afirmar que el kirchernismo hizo concesiones reales a las
clases trabajadoras y a las minorías oprimidas. Por lo tanto, su política no
ha sido puro "chamuyo". Ahora, ¿lo hace porque son “nacionales y populares”,
anti-imperialistas? ¿o porque son "criptomarxistas"? Por supuesto que no. Es
una forma sumamente eficiente de generar hegemonía en un contexto económico
y social similar al de los 90 y mucho peor que el de los 70. Por otra parte, habría que decir que las concesiones
de la burguesía no siempre son a posteriori de una gran lucha de masas o como
respuesta a convulsiones sociales. En ciertas ocasiones, son preventivas. Es
decir, no siempre son el producto de presiones ejercidas por las clases explotadas.
Pero esto, lejos de manifestar su debilidad, indica el grado de habilidad que
ha desarrollado la burguesía para mantener su poder. Pros y contras de los gobiernos
progresistas Los gobiernos de tinte progresista presentan aspectos
beneficiosos y otros perjudiciales para la clase trabajadora. Por un lado, los
márgenes para avanzar en la organización obrera son mayores. Las libertades
democráticas permiten desarrollar la propaganda socialista en un contexto más
favorable. Estos elementos deben ser aprovechados por los revolucionarios para
avanzar en organización y conciencia. Es decir, en términos de los intereses
colectivos inmediatos de la clase trabajadora, la situación es más ventajosa. Sin embargo, los gobiernos progresistas, a través
de sus concesiones y discursos, ayudan a ocultar con mayor eficacia el carácter
de clase del Estado. En otras palabras, en relación a los intereses históricos
de la clase obrera, los desafíos para una política socialista son mayores. La
crítica marxista a la sociedad burguesa afronta nuevos desafíos bajo gobiernos
con características progresistas, porque contribuyen a ocultar mejor los cimientos
de la sociedad capitalista, la explotación del hombre por el hombre, la contradicción
capital-trabajo, insuperable para el sistema. Algunos podrían argumentar que el gobierno, en
lugar de encubrir, puso sobre la mesa ciertos temas de discusión que no estaban
presentes en los años 90. Desde estas posiciones, se aduce que fue este gobierno
quien incorporó oficialmente al panteón de los héroes latinoamericanos al Che
Guevara. Que puso en la agenda del debate público la participación de los trabajadores
en las ganancias empresariales. El papel del Estado. La relación entre política
y economía. Además de su política de derechos humanos, cierto revisionismo histórico
y la promoción de los derechos de las minorías. Desde nuestra perspectiva, pensamos que de la
misma forma que el gobierno realiza concesiones materiales efectivas, sucede
algo similar en el terreno del discurso político-ideológico. El
gobierno kirchnerista rescata en plano de la narrativa política elementos pertenecientes
al discurso contra-hegemónico. Pero siempre lo hace de manera limitada, de tal
forma que terminan esterilizándolos, quitándoles sus aristas revolucionarias,
aquellos aspectos que cuestionan los cimientos del sistema capitalista. Los
rescata para generar hegemonía, por una parte, e inutilizarlos como elementos
impugnadores del sistema social, por la otra, las dos operaciones se realizan
en un solo acto. Entonces, los gobiernos progresistas merecen una
atención especial. El desafío consiste en aprovechar los aspectos que favorecen
la organización de la clase obrera y combatir de manera eficaz el discurso estatal
que oculta con mayor habilidad la dictadura patronal. Palabras finales El gobierno encabezado hoy por
Cristina Fernández, no es ni más ni menos que un gobierno capitalista. Administra
las fuerzas del Estado burgués de manera eficiente, para mantener el sistema
de la esclavitud asalariada. En este sentido, es un enemigo de los intereses
histórico de la clase obrera. Sin embargo, no todos los gobiernos
burgueses son iguales. No todos adoptan las mismas formas de ejercer el gobierno
y la dominación capitalista. Estas variaciones se vuelven fundamentales a la
hora de la intervención política, quien no pueda captar estas diferencias, no
puede hacer política. La democracia burguesa es un régimen de dominación
político extremadamente eficiente para mantener el sistema de explotación. La
crítica a esta forma particular de gobierno se vuelve indispensable para elaborar
política en la actual coyuntura histórica, nunca como en el presente tuvimos
tantos años ininterrumpidos de régimen democrático-burgués. La democracia burguesa
contribuye a ocultar los mecanismos de explotación en los que se sustenta el
sistema. Los gobiernos progresistas llevan al extremo estas tendencias. Por Alejandro
Belkin
www.anred.org/article.php3?id_article=4171