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La Plata: manifestantes de Punta Querandí piden audiencias con dos organismos provinciales
Por Indymedia Pueblos Originarios -
Friday, May. 13, 2011 at 2:38 PM
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Valentín Palma Callamullo viajó ayer desde el paraje Punta Canal (Tigre) a la capital bonaerense a realizar presentaciones ante la Dirección de Patrimonio Cultural y la Secretaría de Derechos Humanos, de la cual depende el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas. Sucedió dos días después que el Gobierno de Sergio Massa resolviera tomar posesión municipal de las tierras de Punta Querandí en carácter "preventivo" y requerir informes al Gobierno provincial y nacional sobre la "valoración arqueológica o cultural" de los hallazgos registrados en el lugar.
Pedro Moreira, la extensa marcha por proteger Punta Querandí (Foto: Subcoop)
El Movimiento en Defensa de la Pacha pidió audiencias con la secretaria de derechos humanos, Sara Derotier de Cobacho, y la directora de patrimonio cultural Marián Farías Gómez. El pedido tiene que ver con la lucha por proteger y mantener público un predio con restos arqueológicos indígenas ubicado en la costa del Canal Villanueva y el arroyo Garín, que pretende ser anexado al Complejo Villa Nueva de 11 barrios náuticos. Muy cerca de donde tiene su residencia el gobernador Daniel Scioli, quien sobrevuela la zona con su helicóptero a diario.
Las presentaciones fueron firmadas por personas de los pueblos indígenas qom, quechua aymara, kolla y guaraní que integran el Movimiento en Defensa de la Pacha. Y fueron acompañadas por casi veinte documentos -entre informes arqueológicos, gestiones ante otros organismos y adhesiones como la del Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel-, "con el fin de que tengan todos los elementos de este conflicto", dicen las cartas giradas a ambas dependencias.
El Movimiento en Defensa de la Pacha pide a las autoridades intervenir para que el espacio de Punta Querandí no sea privatizado y se reivindique como un lugar "sagrado", ya que se encuentra en una zona de enterratorios indígenas milenarios.
El 10 de mayo, el Concejo Deliberante de Tigre resolvió por unanimidad tomar posesión municipal con carácter "preventivo" de las tierras de ex apeadero ferroviario Punta Canal, donde se ubica Punta Querandí. La medida fue tomada luego de un "exhaustivo análisis" de la documentación aportada por el Movimiento en Defensa de la Pacha, por un lado, y la empresa EIDICO y los arqueólogos contratados por ésta (Daniel Loponte y Alejandro Acosta del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano), por el otro. Los fundamentos de la resolución municipal afirman que no hay "conclusiones científicas definitivas" sobre la importancia del lugar y cita numerosa jurisprudencia nacional e internacional a favor de los derechos indígenas.
El Gobierno de Sergio Massa requerirá ahora informes al Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, y al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, del Ministerio de Desarrollo Social. Su consulta principal será sobre la valoración "arqueológica o cultural" de los hallazgos arqueológicos registrados en Punta Querandí.
EXPECTATIVA CON EL INAI, INCERTIDUMBRE CON LA PROVINCIA
Los manifestantes de Punta Querandí mantienen diálogos con el INAI desde fines de enero. En aquel entonces, funcionarios de esa cartera realizaron un encuentro con directivos de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (responsable de escriturarle las tierras a EIDICO, que le inició un juicio por la demora). Y expresaron que Daniel Fernández, director de la dependencia indigenista, tendría voluntad de firmar un despacho favorable a resguardar este espacio como lugar de memoria indígena. "La lucha de ustedes está incorporada al proyecto nacional y popular de este Gobierno", dijeron.
El INAI también pidió informes al Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, el organismo responsable del patrimonio arqueológico. Desde el INAPL buscaron despegarse del conflicto y dijeron que no podían intervenir. Sin embargo, en marzo, el arqueólogo Daniel Loponte -que trabaja allí y al mismo tiempo fue contratado por la empresa que quiere adueñarse del terreno- se comunicó telefónicamente al INAI para deslegitimar el reclamo de Punta Querandí y decir que el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas lo había rechazado. Inmediatamente, integrantes de la protesta de Punta Querandí se comunicaron con el secretario ejecutivo del consejo, Gregory Sánchez, quien negó esta información.
¿Cuál será la posición del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas? Gregory Sánchez tiene conocimiento del reclamo de Punta Querandí casi desde los inicios de la lucha: primero a través de Graciela Satalic, quien descubrió el sitio arqueológico, y luego a través del abuelo kolla Pedro Moreira, uno de los fundadores del Movimiento en Defensa de la Pacha. Pero Grégory Sánchez renunció a su cargo hace quince días.
La Secretaría de Derechos Humanos bonaerense también conoce del conflicto de Punta Querandí desde muchos años antes que se montara el campamento para defender las tierras. Es que Graciela Satalic era promotora de Derechos Humanos bajo la órbita de la Secretaría en la ciudad de Ingeniero Maschwitz, aledaña al predio en disputa.
Si bien el Gobierno de Sergio Massa no le requerirá informes, el Movimiento en Defensa de la Pacha también pidió intervención a la directora de patrimonio cultural, Marián Farías Gómez. Es que tiene responsabilidad directa en este conflicto: de su área depende el Centro de Registro del Patrimonio Arqueológico, que convalidó los trabajos de los arqueólogos contratados por EIDICO, y de esa manera "se dio el visto bueno para que la empresa pueda construir en el terreno", dice la carta presentada.
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