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Represión al sur
Por Fuente: Red Eco Alternativo - Friday, May. 20, 2011 at 5:58 PM

Cinco muertes en manos de la policía. Algunos efectivos están detenidos o siendo juzgados, pero otros gozan de la libertad e impunidad que les regala la justicia.

Represión al sur ...
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(Cecilia Litvin – Red Eco) Río Negro y Chubut – Esta mañana, la Cámara Primera del Crimen de Bariloche comenzó a juzgar al policía Diego Colombil por el asesinato de Diego Bonefoi, de 15 años, ocurrido en la madrugada del 17 de junio de 2010.

El edificio del Palacio de Tribunales, donde se desarrollarán las audiencias, amaneció vallado y rodeado de policías. En cada esquina había grupos de efectivos tanto de infantería como de la montada. Cada persona que ingresaba al juicio, incluido el fiscal, era cacheada y sometida al detector de metales en dos oportunidades. Un control sin antecedentes en la localidad rionegrina.

Durante la primera audiencia, el acusado se negó de declarar, pero sí lo hicieron sus compañeros. Estos testigos buscaron cumplir con la estrategia de la defensa, que apunta a que al cabo se le escapó un tiro mientras corría a Bonefoi y sus amigos tras un supuesto intento de robo en el barrio Boris Furman. Gran parte del debate también giró en torno a si a Bonefoi se le había plantado un arma, práctica por demás habitual en los casos de gatillo fácil, para armar un ficticio escenario de enfrentamiento.
Lo concreto es que el juez Miguel Angel Gaimaro Pozzi, quien investigó la causa y la elevó a juicio, consideró probado que Colombil le disparó a Bonefoi con una pistola marca “Jericho”, calibre 9 milímetros, desde una distancia de aproximadamente dos o tres metros, provocándole su muerte en forma inmediata. Una distancia demasiado cercana como para estar corriendo a alguien.

Cabe recordar que tras conocerse la noticia del crimen de Bonefoi, sus vecinos comenzaron a movilizarse por el barrio y por las cercanías de la comisaría para repudiar lo sucedido y exigir justicia. La respuesta policial fue la represión, en manos de la brigada de elite Bora (Brigada de Operaciones, Rescate y Antitumulto), que mató a dos jóvenes más. Sergio Cárdenas de 29 años y Nicolás Carrasco de 16 fueron asesinados con disparos de escopeta con postas de acero. Estos casos están siendo investigados en un proceso paralelo, a cargo del juez Martín Lozada (quien se había encargado en un principio de la causa Bonefoi), pero es poco lo que se ha avanzado. No hay aún ningún detenido.

El juicio por el asesinato de Bonefoi seguirá mañana a la mañana. Pero queda aún por resolver las responsabilidades políticas de los tres crímenes. Continúan siendo investigados el ministro de Gobierno provincial Diego Larreguy; el secretario de Seguridad Víctor Cufré; el jefe de la policía, comisario general Jorge Villanova; otros jefes policiales, y varios efectivos del BORA. Los familiares de los jóvenes, junto a organizaciones de derechos humanos y sociales, han pedido cantidad de veces las renuncias de los funcionarios, y se han movilizado cada mes para exigir justicia y denunciar reiterados episodios de persecución policial. Hasta el momento, el único sentado en el banquillo de los acusados es un cabo.

Justicia incapaz de investigar

A través de un comunicado, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bariloche dijo que el Poder Judicial de la provincia de Río Negro es incapaz de investigar con seriedad los crímenes que se cometen desde el poder del Estado. (…) La burocracia judicial realiza formalismos y simula operatividad, sin poder ocultar que el sistema penal es un fracaso en todas sus dimensiones”.

Lo dijo en relación a la investigación del caso de Guillermo Garrido, el joven que apareció muerto en la comisaría de El Bolsón, en enero pasado, apenas una hora después de haber sido detenido por un accidente de tránsito. El doctor Ricardo Calcagno consideró que no hay delito, que Garrido “se suicidó” y cerró la causa. En tanto, sus familiares insisten en que el joven no tenía motivos para suicidarse y exigen que se siga investigando hasta hallar a los responsables.

Al respecto, la APDH señaló que “ya sea por su escandalosa selectividad para criminalizar tan sólo a los sectores más vulnerables, como por su favorecimiento a quienes delinquen desde las estructuras del poder del Estado, el archivo de la causa en la cual apenas se investigó la muy dudosa muerte del joven Garrido en el interior de una celda de la Comisaría de El Bolsón es otra muestra más de esa ceguera y esa complicidad”.

La abogada de la familia de Garrido, Marina Schifrin, apeló la decisión de archivar la causa (apelación que ahora debe resolver la cámara segunda). La letrada manifestó irregularidades desde la misma detención del joven: “Hay choques mucho más importantes por los cuales no dejan a la gente detenida”. Aclaró además que ya estaba resuelto el tema del seguro del auto y afirmó que “por una cosa así, es raro que alguien se suicide, no alcanzó a estar una hora en la comisaría”. Respecto al cierre de la causa, Schifrin aseguró: “Nunca veo que en tres meses pasen a archivo, tenemos una batería de medidas probatorias para ofrecer y nos cierran en las narices la causa. El 5 de abril el juez ordena el archivo y el 8 de abril recién pudimos ver el expediente”.

Y en Chubut también…

En setiembre de 2010, el cuerpo sin vida de Gonzalo Julián Antillanca, de 19 años, fue arrojado desde un auto en plena calle del barrio UPCN de Trelew. La policía dijo en un primer momento que el joven había muerto producto de un coma alcohólico.

Pero la versión empezó a caer, cuando una testigo de identidad reservada denunció que vio cómo el cabo Martín Solís, de la seccional cuarta de Trelew, le ordenaba al chofer de un patrullero que bajara el cadáver de Julián que estaba en el baúl.

A su vez, el padre del joven logró que se hiciera una autopsia que determinó que el motivo de la muerte no fue un exceso de alcohol sino fuertes golpes en la nuca. Además, un estudio complementario encontró, en el patrullero, muestras de tejido con el ADN de Antillanca.

Según denuncia la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, desde el gobierno provincial y la cúpula policial, se intentó desviar la investigación presentando testigos falsos y permitiendo que manejara la investigación la misma fuerza acusada, es decir la policía.

Actualmente, están imputados en la causa el cabo Martín Solís, con los cargos de partícipe primario y encubrimiento del homicidio; y el comisario Carlos Sandoval con los cargos de encubrimiento del homicidio y falsificación de documento público. Todas las acusaciones son agravadas por la función pública que ejercían. Solís además está bajo arresto domiciliario (detenido en una cárcel ya sería demasiada justicia…)
La familia de Julián realizará el próximo 24 de mayo una marcha en Trelew para exigir justicia. Ese día, Julián cumpliría años.

Fuentes: Prensa del Pueblo / APDH Bariloche / Farco / Correpi

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