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Cuando los zorros cuidan el gallinero
Por RE: Por Lázaro Llorens* - Wednesday, Jun. 01, 2011 at 12:19 PM

Cuando los zorros cuidan el gallinero
Juez se acercó a Pino, pero lo asesoran economistas ortodoxos. El periodista Lázaro Llorens analiza las relaciones del titular del Frente Cívico con el establishment. Argumenta con información que la verbalización en contra de las corporaciones locales no se corresponde con los hechos.

2011-06-01 -

Por Lázaro Llorens*

"No les tengo miedo a De la Sota ni a Aguad. Tengo miedo a lo que De la Sota y Aguad representan, a los negocios y corporaciones que ellos representan, a los grupos económicos que representan”, disparó hace un tiempo atrás, con su afilada y punzante lengua, Luis Juez, candidato a gobernador por el Frente Cívico y aliado del Pino Solanas. Sus palabras, lanzadas en plena campaña electoral, fueron interpretadas, como un claro mensaje al establishment económico cordobés, que hace más de treinta años viene manteniendo controvertibles negocios con el Estado provincial y municipal.

Sin embargo, fue el propio Juez, director de Papel Prensa durante el menemato, quien a los pocos días se encargó de borrar con el codo lo que poco antes había dicho con su lengua. Esto aconteció el 5 de mayo pasado, cuando en el centro comercial Dinosaurio Mall, propiedad del empresario menemista Euclides Bugliotti, el candidato del Frente Cívico presentó en sociedad los “equipos técnicos” que lo acompañarán durante su gestión si llega a ponerse la banda de gobernador.

Para sorpresa de muchos, en esa oportunidad, el actual senador anunció a los allí presentes que los principales asesores del Frente Cívico en materia económica serán el ex funcionario menemista Jorge Ingaramo y el actual miembro de la Bolsa de Comercio de Córdoba Raúl Hermida. Dos ortodoxos economistas que actualmente representan lo más selecto del poder económico y financiero de La Docta. Entre los cuales sobresale la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos Córdoba (CEDUC) comandada por Horacio Parga, dueño de Edisur, a quien Juez le habría ofrecido incluso la candidatura a intendente.

Esta declinación del candidato de Frente Cívico ante el empresariado cordobés y Parga, quien en el medio de una polémica pretende construir dos torres de 120 metros de altura en la histórica manzana del Banco de Córdoba, fue ratificada hace dos semanas con su visita a la Bolsa de Comercio de Córdoba, cuyo presidente es Parga y su vocal Hermida. Allí, el ex intendente y actual senador, además de explicarles a los floridos empresarios de la Bolsa que su aproximación a Pino Solanas fue sólo para “acceder a los programas de la TV de Buenos Aires”, aseguró también que “los diagnósticos y estudios realizados a lo largo de estos años por el instituto de la Bolsa serán los insumos de su gestión. Vamos a gobernar con esos estudios”.

Ante el grabador de Veintitrés, Cecilia Merchán, diputada nacional de Proyecto Sur y aliada política de Juez, sin asombro ni remordimiento, comentó que “ninguno de estos dos economistas son santos de mi devoción. Pero aun así esperemos que podamos trabajar, como Juez lo plantea, en contra de las corporaciones. Pero para eso hay que hacer una fuerte apuesta en la conformación de nuevos equipos. Y en eso es por lo menos la tarea en la que yo estoy concentrada”.

No sostiene lo mismo el ex funcionario juecista Eduardo Fernández, actual titular de Apyme Córdoba. Para el ex legislador y ex director del ERSEP, “la inclusión de estos economistas significa lisa y llanamente la sumisión de Juez a los sectores del establishment local. Asesorado por Ingaramo que demoniza el rol del Estado y el gasto público, o Hermida que en el 2000, con De la Sota motorizó a través de las grandes empresas la privatización de todo el patrimonio público de la provincia, Luis Juez retrocede en el tiempo. Y parece volver a sus orígenes menemistas”.

Parga & Hermida

Hay sobradas evidencias que develan que detrás del economista Hermida están los intereses inmobiliarios de Horacio Parga y compañía. Además de ser vocal de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Hermida, quien ante la prensa reconoció que para él “Schiaretti ha hecho una buena administración”, hasta el año pasado fue director del instituto de investigaciones económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Desde ese cargo, el actual asesor del Frente Cívico se encargó de elaborar todos los estudios económicos que serán, según Juez, “los insumos de su gestión”.

Además Hermida, a quien paradójicamente De la Sota en el año 2000 lo propuso para ocupar el Ministerio de Finanzas, cargo que quedó en manos del actual gobernador Schiaretti, hasta el año pasado fue también director del Centro de Investigaciones Inmobiliarias (CEDIN). Un organismo destinado al estudio del mercado inmobiliario cordobés, que tiene como uno de sus principales socios a Edisur. De hecho, Parga y Hermida a menudo suelen brindar juntos congresos y charlas sobre el negocio de los ladrillos en Córdoba. Uno de ellos fue el congreso “Workshops” que organizó la universidad privada Siglo 21, donde ambos platicaron sobre la “coyuntura económica, negocios inmobiliarios y fideicomisos”.

Curiosamente, ninguno de estos antecedentes asusta a Miguel Baronetto, la otra pata progresista en la heterogénea fuerza política de Juez. “Al caballo hay que verlo andar. Lo que está hoy puesto en el tapete cumple sin duda un objetivo electoral. Habrá que ver después cuál es la orientación concreta que se le va a dar a la economía”, señaló ante esta revista el ex secretario de Derechos Humanos del municipio. En cambio, para el contador Fernández, “la incorporación de estos y otros personeros de los grupos económicos concentrados ponen de manifiesto el oportunismo de los profesionales que aceptan este papel de asesores sui géneris y de Juez. Quien no tiene otro plan, otro programa, que llegar a ser él el gobernador. No importa cómo, con quién, y para quienes”.

Parga & Juez

A lo anterior se le añade también la estrecha relación que forjaron, en estos últimos años, Parga y Juez, luego del paso de este último por el municipio. “Córdoba se desarrolló en cuatro años gracias a los grupos desarrollistas. Lo digo con sinceridad. Horacio (Parga) llegaba todas las mañanas a la municipalidad y yo le decía a mi secretaria: decile que no venga más, no le vamos a aprobar nada. Pero él insistió una y otra vez y hoy, después de tres años, se aprueba este proyecto que le va a cambiar la cara a esta zona de la ciudad”, reconoció el candidato Juez en un acto con Parga a su lado, a días de terminar su mandato como intendente.

Esto lo dijo el 22 de noviembre del 2007, cuando el actual titular de la Bolsa y la CEDUC presentó su polémico proyecto “Casonas del Cerro”. Un emprendimiento inmobiliario de Edisur, levantado en el coqueto barrio del Cerro las Rosas, que para poder ser realizado, el Concejo Deliberante de Córdoba, controlado en ese entonces por el juecismo, tuvo que modificar, en contra de la postura de los vecinos, la ordenanza que regulaba el uso del suelo en la zona.

Además, ese año, con extravagantes argumentos, Juez también autorizó a Edisur a construir, en unas 30 hectáreas ubicadas al sur de la cuidad, que el propio municipio había declarado como “Área de Reserva Verde”, cinco countries con lotes de mil metros cuadrados cada uno. Increíblemente, para respaldar su decisión, Juez, abogado penalista de profesión, en su decreto alegó que como la ordenanza que regula este tipo construcciones no dice expresamente que un country no puede instalarse en una aérea de reserva verde, que por definición es “no urbanizable”, Parga podía desarrollar allí su emprendimiento.

Este evidente apoyo de Juez a los intereses inmobiliarios de Parga, jefe de Hermida, continuaron incluso cuando el actual senador ya había concluido su mandato como intendente. Y se hizo visible en octubre del 2008, cuando el Concejo Deliberante aprobó el polémico acuerdo de concertación público privada entre el municipio y Edisur que acabó con una denuncia penal en la Justicia.

Su aparición en escena aconteció luego que la concejal Olga Riutort, ex esposa de De la Sota, denunció la existencia de un “hecho corrupto” en el acuerdo. Sus denuncias amenazaron con echar por la borda el convenio, tras lo cual Juez, acompañado por el intendente Daniel Giacomino, con quien ya se había distanciado, se hizo presente en la sesión para asegurase que sus ediles votaran a favor del proyecto de Edisur.

Este acuerdo básicamente consistió en habilitar a Edisur a efectuar loteos de 350 metros cuadrados, en tres de los cinco countries que poco antes Juez había autorizado a construir en el “Área de Reserva Verde”. La habilitación implicaba una millonaria plusvalía o sobreganancia para la empresa de Parga, que se originó, primero cuando en esas tierras, en las cuales no se podía construir prácticamente nada, Juez autorizó la construcción de countries. Y luego cuando Giacomino, con su convenio, autorizó la construcción de barrios con pequeños lotes. Por eso, como una manera de amortiguar las críticas, a cambio de esta autorización que implicaba un cambio de normativa en el uso del suelo, el municipio acordó con Edisur que 10 millones de pesos de esa plusvalía la empresa debía invertirlos en obras viales en la zona y dos dispensarios.

El escándalo saltó cuando la concejal Riutort, con los planos catastrales en la mano, denunció que el acuerdo con Edisur escondía otras 60 hectáreas, de las cuales 30 eran de la empresa de Parga, que también iba a ser beneficiada con ese cambio de normativa. Con lo cual, había otra plusvalía extra de 15 millones de dólares que se iba a embolsar, y finalmente embolsó Edisur, de la cual el municipio no recibió nada a cambio.

Las acusaciones lanzadas por Riutort, quien luego llevó su denuncia ante el fuero Penal Económico y Anticorrupción donde fue archivada, nunca fueron rebatidas públicamente por Juez. Para contrarrestarlas, en momentos en el que el Concejo aprobaba el convenio con Edisur, el actual candidato del Frente Cívico sólo atinó a acusar a Riutort de ser “la hermana de Antonini”. En alusión a la supuesta maletas con 50 millones de pesos-dólares en bonos Lecor, que según una denuncia periodística la edil peronista habría ingresado desde Chile en el 2000, cuando se desempeñaba como funcionaria de la provincia.

En ese marco, el jefe del Frente Cívico, que dice luchar contra las corporaciones, logró aprobar la llamada concertación pública-privada con Edisur. Cuyas retribuciones no tardaron en aparecer. En mayo del 2009, en el Hotel Sheraton, con el propósito de recaudar plata para su campaña para la senaduría de la Nación, Juez organizó una cena con diversos empresarios, con tarjetas de 500 pesos, entre los cuales, en primera fila estaba Parga. Sobre ese banquete, el diario La Voz del Interior comentó que “además del proclamado objetivo recaudatorio, desde el Frente Cívico le atribuyeron especial importancia al encuentro de anoche por el hecho de que, desde 2003 a la fecha, el trato de Juez con sectores empresarios no ha sido todo lo fluido que debería para alguien que pretende ser gobernador”.

A partir de allí, las relaciones con el empresariado cordobés fueron más fluidas, explicitas y cercanas. A punto tal, que fuentes directas del entorno de Juez ilustraron a Veintitrés que el candidato del Frente Cívico, además de nombrar a Hermida como asesor económico del juecismo, le habría ofrecido al mismísimo Parga la candidatura de intendente de la ciudad de Córdoba, cargo que su fuerza hasta el día de hoy tiene vacante. Lo cual equivalía a proponerle al zorro cuidar el gallinero.

Incluso, esta la alianza Juez-Parga, que parece haber desplazado a Pino y su Proyecto Sur, puede verse plasmada ahora con en el apoyo que la bancada de concejales del Frente Cívico le está dando al controvertido proyecto de Edisur que contempla la refuncionalización de la Manzana del Banco Córdoba. Un proyecto inmobiliario de 100 millones de dólares, que impulsa el gobernador Schiaretti, y con el cual la provincia pretende construir dos torres de 120 metros de altura y un centro comercial, en el corazón de la vieja manzana jesuítica, declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco.

Esta nueva controvertida iniciativa de Edisur, sobre la cual el candidato Juez nunca esbozó ni una palabra, debido a la negativa de algunos ediles a aprobar la construcción de cocheras subterráneas en el lugar, dese hace varios meses estaba frenada en el Concejo. Sin embargo, en momentos en el que se cerraba esta nota, los concejales del Frente Cívico, por estrictas órdenes de su capitán Juez, junto al bloque radical y la “la hermana de Wilson” Olga Riutort, se aprestaban a autorizar su construcción. Hecho que llenará de satisfacción a Parga y demostrará que gane quien gane las próximas elecciones, en Córdoba, el poder de las corporaciones seguirá intacto.

* 23
http://www.prensared.com.ar

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