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Informe anual del Comité Contra la Tortura 2011
Por Candela ((i)) -
Thursday, Jun. 23, 2011 at 3:57 AM
El 13 de junio se presentó el informe anual del Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, en el Auditorio del Pasaje Dardo Rocha. Por sexto año consecutivo, el Comité evaluó las políticas penitenciarias y de niñez y adolescencia, con el fin de sacar a la luz los casos de tortura por parte de la policía y las condiciones inhumanas a las que están expuestas las personas privadas de su libertad.
La presentación comenzó con un video que documentaba fotos y testimonios de personas que habían pasado por la cárcel, reflejando así la situación carcelaria. Además contenía declaraciones del caso de Luciano Arruga como ejemplo de la violencia policía hacia los jóvenes con derechos vulnerados. Luego hablaron Adolfo Pérez Esquivel, copresidente de la Comisión; Roberto Cipriano, director del Comité: Alejandro Mosquera, el secretario ejecutivo de la Comisión; Daniel Rafecas, juez federal y Hugo Cañón, copresidente de la Comisión.
Informe Anual
Pérez Esquivel explicó que el informe es un "un aporte a las autoridades para que corrijan porque año a año entregamos este informe. Tenemos que evaluar que ha pasado en este tiempo […] ¿Qué pasó todo este tiempo? No lo hacemos para entregar un informe más, pedimos la atención de esto".
Por otro lado, en cuanto a los avances en materia de derechos humanos dentro de las cárceles Cipriano sostuvo querer contar "que las cosas están mejores […] pero por mas que miremos con generosidad, la realidad se constituye frente a nosotros una y otra vez descarada, cruel, brutal. No se nos ocurre otro término que retroceso."
Alejandro Mosquera propuso el control civil de las fuerzas de seguridad, mayor participación las ONG's en las políticas de prevención y la descentralización de la policía bonaerense. Además hace hincapié en la necesidad de la creación de una policía judicial para la investigación, dependiente de la Corte y la Procuración.
Para Hugo Cañón lo fundamental era "no caer en esa naturalización de aceptar la crueldad del Estado como si tuviera que ser algo totalmente natural como la caída de la lluvia". Por su parte Esquivel pide "responsabilidad social, política y cultural. La exclusión de una persona daña a toda la sociedad, y nosotros somos responsables […] Es un camino de construcción colectiva de una sociedad que tenemos que ver con esperanza."
Situación carcelaria actual
En cuanto a este tema Cipriano se extendió algunos datos del aumento de la población carcelaria. Según la investigación realizada por la comisión la cantidad total de personas detenidas es de 29.404, es decir, 2.417 personas más que al inicio de esta gestión en el 2007. Además aseguró que "el nivel de sobrepoblación es crítico". A comienzos del 2008 se prometió construir de 5000 nuevas plazas en comisarías, solo se construyeron un 35% de las plazas prometidas. A raíz de un informe del Consejo de Defensores Generales de la Provincia de Buenos Aires se determinó que la capacidad de alojamiento del servicio penitenciario es de 15.000 plazas, pero el sistema aloja el doble de personas.
En cuanto a la salud dentro de las cárceles el director del Comité dijo que en el 2010 murieron 133 personas en cárceles provinciales. De este total, 38 personas por muertes traumáticas, 95 personas de manera no traumática o por enfermedades y 15 personas que se suicidaron. De esta manera ratificó la negligencia y la falta de salud dentro de las penitenciarías bonaerenses. Además señala una falta de insumos médicos, de limpieza e inclusive de alimentos acordes a las necesidades de cada persona.
Por otro lado afirmó que dentro de la cárcel 4470 personas padecieron alguna lesión por hechos violentos, tanto de represión policial como peleas entre detenidos, pero solo el 15% recibió asistencia médica.
Caracterizó como sistemática las prácticas de la policía y de los penitenciarios dado que "la aplicación de torturas se ha registrado prácticamente en todas las unidades penitenciarias. Las muertes acontecieron en 36 unidades carcelarias, se denunciaron hechos de violencia en 50 unidades y se relevaron torturas o malos tratos en más del 75% de las cárceles. No hay lugares de no tortura. Por esto decimos que existen patrones estructurales de violación de derechos"
Connivencia del Sistema Judicial
En cuanto a las denuncias realizadas, Cipriano comentó que "durante 2010 se iniciaron 2667 causas penales en las que se investiga algún agente penitenciario o policía por la comisión de delito. 2089 de estas causas fueron caratuladas como 'apremios ilegales' y solo 9 como 'torturas", agregando que por lo general los jueces cuestionan y desconfían de la versión del detenido pero no de los agentes policiales.
En cuanto a esta denuncia también opinó Rafecas haciendo hincapié en que pocas causas son caratuladas como "torturas". Además llamó a al sistema judicial a tomar la iniciativa para intentar penetrar en el sistema penal subterráneo, es decir, las prácticas ilegales de las agencias policiales y penitenciarias.
Respuestas de los Estados Nacional y Provincial
Según el director del Comité las medidas que dispuso el Estado Provincial solo maquillan la realidad, ejemplifica tomando la capacitación a los penitenciarios en materia de derechos humanos. Sin embargo aclara que en 3 años no llegaron ni al 15% del personal de seguridad. Cipriano opina que "no alcanza con cursos de DD.HH cuando las violaciones son estructurales en la fuerza, cuando existen impunidad para los torturadores o cuando la fuerza persigue a cuatro penitenciarios que se animaron a denunciar las violaciones efectuadas por sus compañeros".
Luego agregó que durante el 2008 la Nación y el Estado Provincial negaron la existencia de torturas en las cárceles bonaerenses. De esta manera se llevaron las denuncias a los organismos internacionales de derechos humanos, lográndose que interviniese el relator de las personas privadas de su libertad de la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos quien emitió un comunicado afirmando lo denunciado anteriormente. Finalmente los representantes del Estado reconocieron las torturas en las cárceles bonaerenses.
Políticas de niñez y adolescencia
En cuanto a la ley de promoción y protección de los niños, Cipriano criticó que aun no se haya designado el Defensor de los Derechos del Niño y que la mitad de los municipios del conurbano no hayan adherido o ratificado el convenio con la ley de niñez. Agregó que el Comité junto con la Subsecretaría de Niñez diseñó un nuevo régimen para los centros cerrados y de recepción en el que se respeta los derechos humanos dentro de los parámetros de las convenciones internacionales, el cual comenzó a implementarse este mes.
Por otro lado dijo que "en los centros cerrados de detención, el acceso a la escolaridad, a la salud, formación y recreación se encuentra devaluado. En algunos lugares pasan muchos días encerrados." El 72% del total de jóvenes alojados en los institutos está detenido en prisión preventiva y de la mitad de los jóvenes en esta situación el 69% afirmó haber sido golpeado durante su detención. El 22% asegura haber permanecido en la comisaria en celdas con mayores de edad y el 32% permaneció detenido más de 12 hs. Además dentro de los institutos cerrados el 37% recibió agresiones verbales y el 25% agresiones físicas por parte del personal y solo 1 de cada 10 fueron visitados por los jueces a cargo. El 65% de los jóvenes está detenido a más de 30 km de su familia.
Continuación de viejas estructuras policiales
El juez Rafecas opina que el sistema policial y penal siguen teniendo la misma "marca genética" que había durante la dictadura, ya que mantiene una lógica de cómo actuar ante el enemigo interno: despersonalizándolo con prácticas compatibles con el estado autoritario. "No me cabe ninguna duda que la trascendencia y la gravedad que tiene estos hechos corresponden a una continuidad de la aplicación de las peores doctrinas de la seguridad nacional", sostiene el juez federal.
Alejandro Mosquera también aporta en este sentido agregando que las políticas de "prevención" son de control, las cuales mantienen un núcleo idearios de los años '90, por ejemplo, las detenciones por averiguación de identidad, "instrumento de control social arbitrario, discriminador y clasista en especial sobre los jóvenes empobrecidos". De esta manera denuncia las redes de delito armadas por la policía que involucran a los jóvenes.
Inconsciente colectivo
Rafecas hace referencia a cómo los medios masivos reflejan de manera distante la "verdad" provista por la agencia policial. Mosquera opinaba que "las ideas hegemónicas crean un otro diferente que básicamente es el joven, es el excluido, es el empobrecido, aquel al que se le asignan menos derechos".
Además el secretario ejecutivo puso en cuestión el ideario de seguridad que está impuesto en la sociedad: "durante el 2009 solo había un discurso hegemónico dominante que era el de la mano dura y la demagogia cognitiva. Y cuando la sociedad rebalsaba en reclamo, aquellos mismos que habían llevado a delante esa crisis se ofrecían con la solución, profundizando el viejo paradigma."
Por su parte, Hugo Cañón señalaba que "como sociedad nos quedamos un poco preocupados pero después naturalizamos esas muerte desde la estructura de poder como si esto tuviese que ser aceptado con esta desaparición y muerte de personas en periodo democrático."