Julio López
está desaparecido
hace 6402 días
versión para imprimir - envía este articulo por e-mail

Glifosato Nac&Pop
Por reenvío red eco alternativo - Friday, Jul. 01, 2011 at 9:30 AM

La Secretaría de Industria y Comercio de la Nación permitirá a la empresa Tecnomyl, situada en la sureña provincia de Tierra del Fuego, que produzca distintos tipos de plaguicidas, entre ellos, glifosato.

(Red Eco) Tierra del Fuego - Tecnomyl es una productora de agrotóxicos cuya planta principal se encuentra en Paraguay. En el año 2007 se instaló también en el Parque Industrial de la ciudad de Río Grande y las autoridades de la provincia mostraron su apoyo al proyecto de formulación de agrotóxicos que ahora aprobó la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación.

Quienes se manifestaron a favor de Tecnomyl no fueron solo la actual gobernadora Fabiana Ríos y la diputada Rosana Bertone (ambas alineadas al gobierno nacional y rivales en la segunda vuelta electoral que se disputará el próximo domingo): el senador José Martínez, quien fue candidato a gobernador por el partido Nuevo Encuentro (creado por Martín Sabbatella) dio su apoyo para "dar un desarrollo estratégico a la región".

Sin embargo, la instalación de esta industria es controversial desde su inicio en 2007, cuando algunos sectores políticos denunciaron el emplazamiento de la misma en el Parque Industrial “Las Violetas”, ya que se desconocía la existencia de estudios previos de impacto ambiental de la misma y, por ende, el potencial peligro que implica la producción de agrotóxicos para la población. En ese momento, el presidente del Consejo Deliberante, Juan Rodríguez dijo: "No creo que el gobierno de la provincia haya autorizado la instalación (...) si el estudio de impacto ambiental no lo permite, entiendo que está todo en regla y no existe tal peligro como se denuncia porque de lo contrario no se habría instalado”.

Sin embargo, la industria funciona ininterrumpidamente desde ese entonces y la reciente resolución anunciada por Ríos (320/11-SIC) que aprueba la producción de agroquímicos señala que debido a “las particularidades del producto” la empresa debía presentar informes sobre “tratamientos de residuos de dichos procesos junto con el detalle explícito de todos los sistemas de seguridad que se deberán implementar y un estudio detallado del impacto ambiental”.

Sin embargo, el aval por parte de lxs políticxs provinciales se manifestó antes de la realización de cualquier análisis ambiental que detecte cuáles son los daños de la población ante la exposición a los agrotóxicos.

El glifosato es un agrotóxico registrado en 1970. Si bien es ampliamente cuestionado, su uso está ligado a fuertes intereses económicos: en 2009 el investigador Andrés Carrasco, del Laboratorio de Embriología Molecular (perteneciente a la Universidad de Buenos Aires y al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas –Conicet-) realizó un informe que exponía la toxicidad de este agroquímico y sus severas consecuencias en la salud. Luego de la exposición de los resultados, Carrasco denunció amenazas por parte de empresas relacionadas a los agronegocios.

En este contexto, habitantes de poblaciones fumigadas y organizaciones ambientalistas denuncian el uso indiscriminado de agrotóxicos como endosulfán y glifosato ante la indiferencia por parte de las autoridades. Cabe recordar la huelga de hambre que realizó el ingeniero Claudio Lowy frente el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación para pedir la reclasificación de los agrotóxicos, tras la cual no obtuvo respuesta de lxs responsables de esa cartera.

Otro caso reciente del abuso de fumigaciones y el silencio de las autoridades se dio en Mar del Plata, cuando lxs vecinxs denunciaron que el martes 28 de junio empleados municipales fumigaban las veredas de la Plaza Rocha, donde se arma la Feria Verde de esa ciudad (que comercializa frutas y verduras provenientes de huertas orgánicas)
A la vez, la Justicia local ordenó a las autoridades de esa ciudad que apliquen la ordenanza sancionada y promulgada por unanimidad en el Concejo Deliberante en setiembre de 2008, que prohíbe las fumigaciones a menos de 1000 metros de plantaciones urbanas o núcleos poblacionales.

Jorge Picorelli, integrante de la Asamblea Paren de Fumigarnos, manifestó "no se pueden permitir las fumigaciones cerca de casas y escuelas porque se está violando un derecho personal, a la salud, a la propiedad privada, que no se puede justificar por un derecho menor", y se mostró preocupado porque "hay gran cantidad de escuelas que están pegadas a los campos en los que se fumiga y alumnos y docentes quedan expuestos a los compuestos".

agrega un comentario