2011-08-02 -

Por Alexis Oliva - Prensared

El homicidio de Natalia “Pepa” Gaitán, asesinada de un escopetazo por el padrastro de su novia en marzo del año pasado, no es un caso más de la crónica policial y jurídico-penal. No, el caso Gaitán no pertenece al género más taquillero del periodismo. Porque el caso Gaitán es un caso social.

Actualmente, mientras se desarrolla el juicio contra el homicida Daniel Torres, las crónicas periodísticas de los principales medios de Córdoba difieren del enfoque social que proponen los medios nacionales -incluso algunos hegemónicos; incluso algunos que distan de ser “progresistas”-, que lo enfocan como caso paradigmático de discriminación y violencia criminal motivadas por la orientación sexual de la víctima.

Al contrario, los medios más importantes de Córdoba, desde las primeras crónicas policiales hasta la actual cobertura del juicio, han limitado su enfoque al qué, quién, cuándo, dónde y cómo, soslayando el por qué de las motivaciones profundas del crimen.

Las referencias a una supuesta “riña” previa al homicidio -siendo que el único contacto físico entre los protagonistas del drama fue el escopetazo-, la importancia atribuida a una presunta arma blanca en manos de la amiga de la víctima y principal testigo y -sobre todo- una no tan sutil caracterización de Natalia que apunta a presentarla como violenta, promiscua y quizás adicta, son “datos” que coinciden objetivamente con la posición de la defensa, orientada claramente a “culpar a la víctima”.

¿Por qué los medios incurren en esta suerte de discriminación post mortem?

Porque la figura de Pepa Gaitán se resiste a encuadrar en los estereotipos preestablecidos de lo que debe ser una “buena víctima”.

Porque con ejemplar honestidad los suyos la han mostrado tal como era y no como una “pobrecita”. Pepa era corpulenta, varonil, practicaba boxeo y lucha “vale todo” y le gustaba divertirse, porque tenía alegría de vivir. Según Graciela Vásquez, su madre, era “muy codiciada” por las chicas; y según su hermanoMauricio, era “entradora” y “tenía levante”.

Demasiadas incorrecciones para ser incluida en un estereotipo construido a imagen y semejanza de la tierna Caperucita Roja, que se aplica a víctimas inocentes y pasivas, devoradas por lobos feroces tan estereotipados y descontextualizados como sus presas.

Y a propósito de contextos, en el caso Gaitán también se soslaya el entorno social de un barrio popular de Córdoba, como Parque Liceo, donde la violencia y la discriminación -entre otros males- son productos directos de la exclusión (que dicho sea de paso Natalia y su madre intentaban paliar con el trabajo social que hacían en su asociación Lucía Pía).

“Estoy orgullosa de haber tenido una hija lesbiana”, es la frase que Graciela viene diciendo en cada oportunidad y que repitió ante los jueces. Una digna actitud de desafío a los prejuicios, demasiado difícil de digerir para un imaginario conservador y reaccionario, acostumbrado a demonizar a lo que considera “desviado”.

En estos días, Susana Pita, una de las militantes por el respeto a la diversidad sexual que asiste al juicio, envió una carta de lector a La Voz del Interior, titulada “¿Cuántas ‘Pepas’ más pretenden que haya?”. Luego de cuestionar el tratamiento que el diario hace del caso, Pita pregunta: “¿Si esto es parte de la prensa negra o amarilla que vende? ¿Si es un puro hecho ‘intencional’ de discriminación estigmatizando a la victima, la ‘Pepa’? ¿Qué pretenden los medios de comunicación, como constructores sociales? ¿Mantener latente y seguir construyendo más discriminación sexual, más odio, más rechazo, más estigmatización, más machismo, más violencia de género? ¿Jugar con el morbo? ¿Fomentar a el/la lector/a, para que justifique el lesbicidio cometido por Torres y transformar al asesino en víctima?”. Y reclama: “No miremos para el costado, porque de alguna manera, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto, cada uno con el poncho que le quepa, somos culpables por instalar los prejuicios y por aportar la cuota de odio”.

Como Ramona y los pibes de "los lápices"

Complementario al intento mediático de estigmatizar a la víctima, también se le aplica a Pepa Gaitán lo que el sociólogo de la comunicación Horst Holzer definió como “personalización de los hechos sociales”, recurso que consiste en extirpar a los protagonistas de las noticias de su entorno social y su grupo de pertenencia, con la intención de presentarlos como casos individuales no representativos y despolitizar su drama.

Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando a la campesina Ramona Bustamante, quien desde 2004 viene resistiendo en el norte cordobés los intentos de desalojo por parte de dos hermanos empresarios del agro, se la presenta como una “pobre viejita”, en una versión telúrica de la abuelita de Caperucita a punto de ser devorada por un lobo (no necesariamente sojero, pero inhumano).

No es casual que éste haya sido el único conflicto de tierras protagonizado por familias campesinas que logró sortear el “cerco informativo” de los grandes medios. Justamente porque con ese tratamiento sensiblero se lo podía despolitizar. Y así como se ocultaba o disimulaba la pertenencia de Ramona al Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), también se subrayaba la “insensibilidad” de los hermanos Scaramuzza, escamoteando su condición de clase y la índole social del conflicto.

Una tergiversación similar han padecido los chicos de "la Noche de los Lápices” (mentados por estos días por cierto candidato que pretende homenajearlos con un “boleto educativo”), cuyo secuestro, tortura y desaparición pretende explicarse sólo por su reclamo por un boleto estudiantil. Entonces, se los presenta como “jóvenes, chicos apolíticos. Por lo tanto, jóvenes, chicos inocentes”, como observa el periodista Sergio Tagle en un artículo titulado “La noche de los lápices no tuvo lugar” (El Avión Negro, Nº 2, septiembre de 2010).

Tanto en la famosa película de Héctor Olivera como en las reseñas periodísticas, al omitirse el dato de que los chicos del Colegio Nacional de La Plata pertenecían a la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y por lo tanto llegaron a la lucha por el boleto “después de convencerse y comprometerse con un cambio de sistema social”, se distorsiona la verdad histórica y se oculta que “fueron desaparecidos por los mismos motivos por que corrieron igual suerte delegados sindicales, militantes barriales y villeros, curas del Tercer Mundo, cuadros de organizaciones populares, otras juventudes políticas por la liberación”.

Al contrario, señala Tagle, el reconocer a los chicos como “sujetos políticos e históricos actuantes en contra de la dictadura y del poder al que se anudaba imprime racionalidad a sus detenciones, torturas y desapariciones. No el boleto estudiantil, no el lápiz como símbolo”.

Frente a esta discriminación mediática, Natalia Gaitán se hermana con Ramona Bustamante y los desaparecidos del Nacional de La Plata -aunque a ella le va peor, porque la demonizan-. Entonces, su muerte pierde la esencia social y política que le permitiría al público entenderla y se convierte en un drama individual para conmoverse y hasta entretenerse. Se convierte en lo que el semiólogo Roland Barthes define como “suceso”, es decir “una información monstruosa, análoga a todos los hechos excepcionales o insignificantes”; un acontecimiento cerrado en sí mismo, que agota “toda posibilidad de unir este suceso a un sentido exterior”.

El cerco del discurso jurídico

En el juicio, acaba de concluir la ronda testimonial y el miércoles 3 de agosto comenzarán los alegatos. En lo estrictamente jurídico-penal el margen de discusión está acotado por dos límites.

Para la defensa, es prácticamente imposible instalar una duda razonable acerca de la autoría del homicidio por parte de Torres y muy difícil que su abogado convenza al tribunal de los atenuantes que parece estar construyendo a partir de la supuesta “peligrosidad” de la víctima.

Para la fiscalía, que la ley 23.592 sólo contemple como agravante penal a la discriminación por raza, religión o nacionalidad, le impide el fundamentar una pena mayor por la motivación criminal basada en la identidad sexual de la víctima.

Pero la querella, representada por la abogada Natalia Milisenda, sí podrá plantear otras cuestiones que quizás no sean estrictamente jurídicas, pero que son imprescindibles para romper estos cercos y entender por qué ocurrió este crimen: la discriminación social hacia las lesbianas, generada por una cultura conservadora y autoritaria.

Ese alegato será -en palabras la propia abogada- “una oportunidad para mostrar por qué en muchos casos de feminicidio se termina culpando a la víctima y para sensibilizar a la sociedad de que hay todo un sistema social que a Torres le hizo más fácil dispararle a Nati”.

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