Lucha antirrepresiva en Mendoza
Por Sociedad de Resistencia Mendoza - Friday, Aug. 19, 2011 at 9:46 PM
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Esta es una breve reseña del accionar del aparato represivo en Mendoza. Para verlo en PDF pueden ingresar a nuestro blog: http://www.socderesistenciamza.blogspot.com/

Mendoza (Arg.), agosto de 2011 Breve reseña del accionar del aparato represivo en Mendoza Hace décadas ya que el tema de la “inseguridad” ha desplazado a los reclamos sociales básicos predictadura: salarios y condiciones de trabajo, desocupación, vivienda, salud, educación y ataques a la protesta social. Con la vuelta de la democracia el control armado de la sociedad (de los sectores más pobres y de la protesta) debía justificarse de algún modo. Es así que de la guerra antisubversiva se va pasando a la lucha contra la inseguridad. Rápidamente, los lugares que dejan vacíos los militares van siendo ocupados por las policías provinciales y federal, el servicio de inteligencia es actualizado y el penitenciario no. Pero la democracia que siguió a la dictadura, defraudó las esperanzas depositadas en ella, al no hacer otra cosa que profundizar el modelo neoliberal con más flexibilización laboral, desocupación y miseria. Mientras tanto, la desigualdad se hizo más y más patente entre una clase alta que festejaba las privatizaciones tirando manteca al techo por televisión, una clase media cada vez más reducida que se daba la buena vida llenándose de novedades electrodomésticas y barnizándose de cultura en Europa y de sol en Punta del Este y Miami, y una clase baja creciente, desocupada y hambrienta. Y esta brecha, que no paraba de abrirse, entre ricos y pobres fue generando, como siempre, violencia de todo tipo y protesta social. Ni lerdos ni perezosos, los beneficiados por la desigualdad procedieron a desarrollar más y mejores herramientas represivas de control social culpando de todos los males a la misma “inseguridad” que ellos provocaban. Rápidamente se instaló este tema en la agenda mediática y política. De este modo, desde 1996 a la fecha se registra un promedio anual de 220 asesinados por las fuerzas represivas del Estado (según registro de CORREPI, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), esto sin contar los casos que quedan fuera de este registro, así como las torturas, lesiones y detenciones arbitrarias que no se enumeran aquí. La mayoría de estos casos son ejecuciones, mal encubiertas como enfrentamiento o intento de fuga, en su mayoría silenciados por los medios o informados según la versión que quiera dar la policía al respecto. Al aparato represivo se suman herramientas legales como la Ley Antiterrorista (sancionada durante el gobierno de Kirchner en consonancia con la política “antiterrorista” de Bush), herramientas técnicas como la proliferación en todo el territorio de cámaras de vigilancia, nuevas armas y móviles, y la incorporación de decenas de miles de nuevos vigilantes cada año. Se suma incluso a las también crecientes fuerzas de Prefectura y Gendarmería a la tarea de control y represión. Se militarizan zonas y se declara el estado de sitio cuando la protesta se empieza a hacer más fuerte: Cutral Có y Tartagal, diciembre de 2001 en Buenos Aires, Las Heras en el sur, Andalgalá en su lucha contra la megaminería, Bariloche ante las protestas por el asesinato policial de un joven, etcétera, etcétera… Mientras, Mendoza se ubica entre las provincias con más casos de gatillo fácil y abusos policiales. Así se suceden los asesinatos de al menos 160 personas en manos de las fuerzas represivas entre 1996 y 2010. Y los gobiernos de Cobos y Jaque se comprometen a sumar 1000 policías más por cada año de gestión, justificando su efectividad en materia de seguridad con las estadísticas de secuestros cotidianos de pobres y jóvenes bajo la excusa de averiguación de antecedentes. Justamente, el gobernador actual, Celso Jaque, que ya se había destacado por criminalizar a la Asamblea por el Agua de Malargüe cuando era intendente, es un voluntarioso militante en materia represiva. Luego de llegar a la gobernación gracias a su promocionado Mapa del Delito que prometía atacar con esencial rigor a las zonas rojas o villas (uniendo en su gobierno abogados “de los derechos humanos” y policía de la dictadura) encaró distintas reformas legislativas a espaldas de la gente y afines a su política. Además de amenazar con la aplicación de la ley antiterrorista a los grupos contra la megaminería y a quienes colaboraran en tomas de tierra, impulsó una ley de requisas que permite hoy en día requisas en la vía pública y allanamientos de automóviles y viviendas particulares sin orden judicial y ante la mínima “sospecha” de cualquier agente. Intentó hacer aprobar un Código Contravencional Provincial que prohibiera toda manifestación pública o publicación no autorizada, llegando a proponer penas de miles de pesos o hasta años de prisión a quienes entorpecieran incluso el “tránsito peatonal” o quisieran hacer conocer sus ideas fotocopiando panfletos. En este caso, gracias a que nos movilizamos a tiempo, con muchos otros grupos, la ley no pudo aprobarse y se dejó en suspenso su tratamiento para intentar aprobarla cuando el pueblo y sus organizaciones bajen la guardia. Esto ocurría en el segundo semestre de 2008; pero ya en junio del mismo año, los supuestos avances de la penitenciaría provincial en materia de derechos humanos y en el cumplimiento de la ley que regula el Breve reseña del accionar del aparato represivo en Mendoza encierro de los privados de libertad eran puestos en duda por el reclamo desesperado de los internos del pabellón 3. La principal cárcel mendocina había sido intervenida por el gobierno nacional, luego de la sanción de la Corte Interamericana de DDHH contra el Estado Nacional por las pésimas condiciones en que debían vivir y morir los presos de Boulogne Sur Mer. Los principales oficiales penitenciarios quisieron sacarse de encima al interventor federal incentivando a los presos a amotinarse a cambio de futuros “beneficios” para los cabecillas. Para esto presionaron a los delegados de los distintos pabellones consiguiendo que los más inescrupulosos adhirieran a sus planes. Pero muchos otros, procesados en su mayoría, se negaron a “trabajar con la gorra”, por lo que estos presos rebeldes fueron sacados de sus pabellones y reunidos en otro que se encontraba clausurado por ser especialmente inhabitable. Casi cien procesados fueron hacinados en un pabellón de 30 celdas y dos baños precarios, para ahí “aleccionarlos” a su antojo. Al poco tiempo los presos comenzaron a realizar asambleas y tomaron como medida de protesta una huelga de hambre que se extendió por casi tres semanas. Pero como no conseguían que pararan las persecuciones y abusos intentaron llamar la atención de los medios tomando los techos. La represión fue inmediata y sólo llamó la atención la cantidad de gases y munición (de goma y de plomo) utilizada. Nada se habló de las causas de la protesta sino simplemente de que la situación rápidamente se había “normalizado”. Entonces los presos se comunicaron con la Sociedad de Resistencia para que ayudara a organizar, con sus familiares y amigos, la lucha fuera de la cárcel. En poco más de un mes se ganaron todos los puntos del pliego de reivindicaciones del pabellón 3 y se buscó avanzar en la aplicación de estos derechos para el resto de los pabellones. La respuesta de la Penitenciaría fue el intento de castigar y trasladar a los delegados y referentes del pabellón; pero la solidaridad enérgica e inmediata del resto de los pabellones impidió que se avanzara con estas medidas. Finalmente se sacaron el problema de encima liberando a los presos “más molestos” del pabellón 3. Pero la reacción no se hizo esperar. Hacia noviembre de 2009 ya habían recapturado a uno de los referentes del pabellón 3, y otro que fue delegado en aquella lucha, Ricardo Ferreyra, denunció públicamente con cantidad de pruebas el funcionamiento de una mafia policial de Luján que lo quería obligar a trabajar para ella. El fiscal Giunta, responsable del procesamiento de Ricardo por una causa anterior, junto con oficiales y suboficiales de la comisaría 11 de Luján, pretendieron obligarlo a “trabajar” para ellos bajo la amenaza de que si no lo hacía se le aplicarían 7 causas más que andaban “volando”, además de otros perjuicios que podrían sufrir él y su familia. Buscaban que participara en robos y en una extorsión a un empresario del transporte (que atestiguó posteriormente que Ricardo decía la verdad); pero, sobre todo, que sirviera como testigo falso del armado de causas. Ocurre que con la Ley de recompensas, el Estado ofrece decenas de miles de pesos para el esclarecimiento de delitos que no necesariamente existen siquiera. Con sólo un par de testigos falsos (encubiertos y extorsionados o pagos por la policía), se detiene a alguien que sobre o moleste en la zona, y ya sólo queda condenarlo y cobrar para repartir. Así, policía, justicia, Gobierno, medios y opinión pública quedan contentos. Otro “crimen resuelto”. Sólo que esta vez Ricardo se apuró a denunciar públicamente todo éste sistema perverso responsable de garantizar la seguridad de todos. La repercusión del caso fue inmensa, dos semanas de portadas en los diarios de más tirada y presencia en todos los noticieros y radios; pero la justicia federal se declaró incompetente y pasó la denuncia a la fiscalía de delitos complejos, donde justamente trabajaba Giunta. Entonces Ricardo tuvo que huir de la provincia. Pero casualmente el día en que llegó la denuncia no estaba de turno Giunta, por lo que la recibió la fiscal Claudia Ríos que, a poco investigar, encontró muchas pruebas y testigos que corroboraban que todo lo que decía Ricardo era verdad. Se decidió procesar a personal jerárquico de la comisaría en cuestión y al mismo fiscal Giunta. AMUPPOL, la mutual policial, amenazó con una huelga de brazos caídos que al final no llevó a cabo, y desde entonces hay un tire y afloje entre la fiscal Ríos y todos los testigos y pruebas de la causa, contra los amigos de la comisaría de Luján y de Giunta. Como era de esperar, pasado un tiempo se ha desprocesado a los integrantes de esta mafia y el fiscal ya está de nuevo en funciones, encausando gente y propuesto para juez provincial por el gobernador Jaque. Los medios ya no cubren con la energía de antes estas noticias y curiosamente desaparecieron de toda la web los videos en que Ricardo denunciaba este caso. Por otro lado, en enero de 2011, salieron a la luz pública, por primera vez y en video, las habituales torturas a presos de los penales mendocinos. Mediante el robo de un celular a un penitenciario llegaron decenas de imágenes a manos de abogados de DDHH y de los medios masivos de información demostrando el sadismo y la despreocupación con los que actúan cotidianamente las fuerzas represivas de la provincia. Rápidamente se tomaron algunas denuncias, se procesó a 7 penitenciarios y se pasó a encubrir la situación con que este era un hecho aislado que sería solucionado con formación en DDHH por tratarse de resabios de la dictadura. Aún cuando los penitenciarios que torturaban en los videos no tenían ni 30 años de edad ni 3 años siquiera de servicio. Inmediatamente se recibieron más de 200 denuncias de los presos que comienzan a juntar polvo en los archivos de tribunales y se les “obsequió” una pasta dentífrica y un jabón de tocador por primera vez en la historia a los presos de Boulogne sur Mer. En 2011 se hizo un motín, con toma de rehenes, en la cárcel de Cacheuta denunciando las inhumanas condiciones de detención y pidiendo la pena de muerte para ellos si no se cumplía con la misma ley que los tiene presos porque preferían morir antes que seguir sufriendo de abusos y vejaciones cotidianas. La “fama” de Ricardo, otra vez preso y aislado por orden del Ministerio de Seguridad en Cacheuta, junto con la difusión de la situación y sus dichos en entrevistas y documentales, permitieron que una de sus denuncias por las torturas recibidas terminara con 7 penitenciarios procesados el 5 de agosto pasado. Pero, por otro lado, se lo calumnió en varios medios de información, acusándolo de ser uno de los cabecillas del motín de Almafuerte, Cacheuta, aún cuando esto ocurría en otro pabellón y él se encuentra completamente aislado. Paralelamente, su familia es víctima frecuente de amenazas, detenciones arbitrarias y denuncias públicas sin fundamento por parte de policías. Días atrás se dio a conocer otra tortura comprobada sufrida por Raúl Enrique Utrera, de 51 años de edad, chofer de la Municipalidad de Mendoza, por parte de la Comisaría 4ta de Ciudad. Raúl le comentaba a un compañero de trabajo que a su hija le habían robado y opinaba sobre la ineptitud de “los milicos”. Al escuchar este término, un policía se acercó y, ofuscado, se metió en la conversación y cuando Raúl quiso irse al baño, el policía lo atacó y desmayó de un golpe. Se despertó esposado en un charco de sangre y lo llevaron a la Comisaría 4ta de Capital, adonde lo colgaron desnudo, esposado de pies y manos, para pegarle como a una bolsa de box. Este calvario duró 24 hs y luego lo soltaron. Mientras, como vemos en la provincia, se suceden los “hechos aislados” y la “falta de formación en DDHH” mediante torturas, vejaciones, detenciones arbitrarias dentro y fuera de la cárcel, los jueces, con el último aumento, cobrarán $14.000 de básico, alejándose cada vez más del salario de cualquier trabajador. La seguridad del poder, y con él, la de las fuerzas represivas, es nuestra inseguridad. No deleguemos nuestra seguridad a nuestros verdugos. ¡Difusión, organización y lucha! 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