Domingo 21 de agosto presentación 2da revista de HIJOS La Plata
Por HIJOS La Plata - Friday, Aug. 19, 2011 at 11:12 PM
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ESTE DOMINGO 21 DE AGOSTO HIJOS PRESENTA SU SEGUNDA REVISTA DEL AÑO. PARA SEGUIR CONSTRUYENDO EL JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS POR TODOS LOS COMPAÑEROS.

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DOMIGO 21 DE AGOSTO 20 HS

EN EL MAX NORDAU 11 58 Y 59.
ENTRADA $15 (VA LA REVISTA Y CD INTERACTIVO DE REGALO).


ADELANTO DE LA PUBLICACIÓN

8 AÑOS DE JUICIOS A CUENTAGOTAS

Presentamos a continuación un informe sobre los procesos contra los genocidas de la última dictadura llevados adelante desde el año 2003 a julio de 2011, que destaca sólo los procesos que han pasado por la etapa de juicio oral y tienen condena de un tribunal federal del país.

Los datos son de elaboración propia de HIJOS La Plata en base a información pública tanto de las investigaciones de los organismos de DDHH, como del Ministerio Público Fiscal (http://www.mpf.gov.ar) y del Poder Judicial (http://www.cij.gov.ar). Cabe destacar que si bien los organismos del Estado realizan seguimientos o informes coyunturales sobre los juicios, su ponderación de las cuantificaciones siempre están marcadas por la media de su respuesta como órgano público ante demandas populares, es decir, se muestra sólo lo que conviene a la rendición de cuentas de una actividad pública, relegando los problemas estructurales (políticos y operativos) que atraviesan al tema.

Intentamos con estas líneas sumar a la discusión sobre el estado real del proceso de juzgamiento iniciado hace 8 años, sus contradicciones y avances, la profundidad de su razón de ser y la necesidad completarlo cuanto antes.

Poder contar con estas cifras es importante para evaluar con argumentos sólidos el proceso de juzgamiento. Los datos nos confirman la significancia de la investigación independiente sobre estos temas, y nos inducen a pensar que lo sustancial no es sólo cuantificar qué hizo una gestión de gobierno en abstracto, sino comparar la dimensión real de participación de efectivos de las fuerzas armadas y de seguridad en el Terrorismo de Estado, que supera ampliamente los varios miles de ejecutores, con el último impulso de condena que se viene dando desde 2003.

En Agosto de 2011 se cumplen 8 años de caídas las leyes de impunidad gracias a la lucha popular, tiempo en que el Estado argentino sólo efectivizó 50 juicios orales con sentencia en todo el país. En esos 50 juicios estuvieron procesados 240 imputados (algunos represores en varias causas), donde hubo 221 condenas, 18 absoluciones y un muerto impune, por un universo de 1136 víctimas. Esto quiere decir que sólo alrededor del 13 % del total de los 1.757 procesados desde 2003 fue condenado, y en la mayoría de los casos con codenas menores al máximo de la pena.

Además hay otros 624 genocidas detenidos (36% del total, que incluye un 70% de procesados con prisión preventiva y un 30% condenados).

Hay un número de 814 de los procesados que se encuentra en libertad (46 % del total).
Además hay 39 represores prófugos de la justicia (2% del total) y 280 que murieron impunes antes de llegar a una sentencia o fueron alguna vez condenados pero tenían procesos pendientes (16% del total de procesados).

Los últimos tres que murieron impunes son represores tan sonados como Cristino Nicolaides, jefe del Ejército durante la cuarta junta militar y por responder en el juicio por el “Plan Sistemático de Apropiación de bebés”, Rubén Visuara, primer jefe del centro clandestino de detención “Automotores Orletti” , Pedro Alberto Duran Saénz, jerarca del CCD “El Vesubio” y Julián “Laucha” Corres, el fugado y recapturado mandamás del CCD “La Escuelita” de Bahía Blanca, estos últimos dos fallecidos a menos de un mes de concluir el primer juicio sobre esos lugares de detención.

Entonces, comparado con los miles de represores implicados en el Terrorismo de Estado entre el ’76 y el ’83, e incluso, comparado con los cerca de 1.000 procesados en el nuevo impulso, ese 12 % es menos auspicioso que los datos defendidos desde los sectores oficiales.

En cuanto a las zonas represivas y a las fuerzas que participaron del Terrorismo de Estado, si subdividimos el total de juicios y condenas efectivizados por zona y por fuerza represivas, la perspectiva es mucho más desalentadora. Y obtenemos que en cuanto al Ejército y las policías provinciales se han hecho:
- 19 juicios en jurisdicción del Comando del Primer Cuerpo con 84 condenas.
- 11 juicios en jurisdicción del Comando del Segundo Cuerpo con 44 condenas.
- 12 juicios en jurisdicción del Comando del Tercer Cuerpo del Ejército con 64 condenas.

Es lógico que las cifras sean mayores en esas jurisdicciones porque concentraron mayor número de centros clandestinos y de efectivos por ser las zonas más pobladas y de mayor actividad organizativa militante. Pero si revisamos otras jurisdicciones como la del Comando del Cuarto Cuerpo de Ejército, que incluye 8 partidos del norte bonaerense vemos que el juzgamiento fue de solo un Juicio: que en Abril de 2011 condenó a Luís Patti, Reynaldo Bignone, Santiago Omar Riveros y dos genocidas más, por 5 casos en hechos represivos cometidos en el partido de Escobar y zona de influencia.
Y en el caso del Comando del Quinto Cuerpo, que abarca a toda la Patagonia , sólo se realizaron 2 juicios que condenaron a 14 policías y militares que actuaron en los CCD “ La Escuelita ” de Neuquén, las comisarías de Sierra Grande y Viedma y la Escuela de Cadetes de Viedma.

En cuanto al resto de las fuerzas represivas, sólo se logró condenar a 4 integrantes de la Armada y un civil, Juan Herzberg en la Causa Alonso de La Plata , por el caso de apropiación de Natalia Suarez Nelson-Corvalán; y Justo Ortiz y Roberto Pertusio en la causa de Base Naval de Mar del Plata. Recordemos que son 4 marinos condenados sobre 186 imputados. Además sólo 4 fueron los integrantes de la Fuerza Aérea (Pedro Barda, Cesar Comes, Hipólito Mariani y Gregorio Molina) condenados a la fecha en las causas Mansión Seré y Área Mar del Plata. Son 4 aviadores condenados sobre 30 imputados. Y sólo 1 integrante de Gendarmería, Víctor Enrique Rei, fue condenado, en el caso de la apropiación de Alejandro Adrián Fontana-Sandoval, cuando los imputados de esa fuerza son 62.

Si revisamos las características de los juicios en cuanto al número de imputados que incluyeron veremos que de los 50 procesos realizados, más de la cuarta parte tuvieron un solo imputado en el banquillo, más de la mitad tuvieron entre 1 y 5 imputados, y las tres cuartas partes de ellos entre 1 y 10 imputados. Ese patrón responde a la lógica de juzgamiento sólo de las responsabilidades de los altos jefes del mando militar o policial que funcionaron como responsables en la estructura orgánica de las zonas represivas, pero no contempla a la totalidad de los represores que actuaron en cada CCD ni mucho menos a la totalidad de víctimas que por ellos pasaron.

Si analizamos la característica de las penas, surge que sólo el 45 % de los represores fueron condenados al máximo de la pena. Incluimos allí tanto la prisión como la reclusión perpetua, si bien la reclusión es una pena más severa que la prisión, ya que para la reclusión la escala para la tentativa es más alta, no permite ejecución condicional, no permite la prisión domiciliaria y los plazos para la libertad condicional son mayores. Las aunamos porque en nuestro código penal las diferencias son mínimas y en la práctica tanto los condenados a reclusión como a prisión perpetua pueden obtener el beneficio de la libertad condicional a los 20 años. En efecto, el 20 % de los condenados recibió 25 años de prisión, y el restante 35 % menos de 25 años.

Además hubo 18 polémicas absoluciones, de las que destacamos el caso del genocida Alejandro Duret en la causa por el secuestro y desaparición de Carlos Labolita, absuelto por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata; el del represor Miguel Angel Trimarchi, condonado en el juicio por la Masacre de Fátima por el Tribunal Oral Federal Nº 5 de Capital Federal; el caso del torturador de la Policía federal Juan Carlos Falcón, eximido en el juicio parcial del Circuito Club Atlético-El Banco-El Olimpo por el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Capital Federal; y el reguero de perdones que despachó el TOF Nº 1 de Córdoba sobre 7 imputados de un total de 31, en el proceso por los hechos de la Unidad Penal Nº 1 de esa provincia. Estos casos alertan sobre la necesidad de completar las investigaciones incriminatorias preliminares sobre cada imputado para arribar a la etapa oral sin dar posibilidad a las “dudas” absolutorias.
En general, y siempre comparando lo que se ha hecho con la dimensión histórica real de participación de agentes militares, policiales y civiles en la represión, es necesario un mayor impulso de avance en los procesamientos, así como mayor acumulación de las causas hacia la lógica del CCD o el Circuito represivo, que se logra sólo con un mayor impulso político general del proceso juzgador, que este gobierno no está dispuesto a dar. Por ello, la voluntad manifiesta del oficialismo de “clausurar esta etapa histórica”, será una efectiva clausura, pero que dejará a miles de represores libres, a miles de familias sin respuesta por tantos años de lucha por Justicia y a una sociedad toda engañada sobre una política a medias de Juicio y Castigo.

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