CAMPESINOS E INDIGENAS DE FORMOSA
La policía formoseña detuvo al abogado de familias campesinas y wichís

(AW) En la mañana del jueves 18 de agosto fue detenido el abogado Daniel Cabrera, del Servicio Jurídico de Pueblos Indígenas (SERVIJUPI). El abogado acompañaba a las cerca de 150 familias que ocuparon viviendas en los barrios San Cayetano y San Martín de esa localidad. En la noche del martes pasado las familias habían sido amenazadas por la policía y también el abogado recibió amenazas telefónicas ese día.


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CONDICIONES CARCELARIAS INHUMANAS
Se levantó la huelga de hambre

(AW) Los detenidos en el pabellón evangélico levantaron la medida luego de firmar un acuerdo con funcionarios del Ministerio de Justicia. En el día de ayer Legisladores y organismos visitaron a los 600 detenidos que realizaban una huelga de hambre desde el primero de Agosto. Los presos denunciaron: "estamos bajo hacinamiento, los jueces no respetan los tiempos de las prisiones preventivas y estamos mezclados procesados y penados. El gobierno no entrega alimentos suficientes, no hay agua potable y tampoco agua caliente, faltan medicamentos y acá hay enfermos de HIV, tuberculosis y detenidos con quebraduras que llevan más de dos años sin atención".




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VIOLENCIA EN HONDURAS
Organizaciones hondureñas demandan el cese de la violencia en el valle de Bajo Aguán

(AW) Entre el lunes y el martes de esta semana fueron asesinados 11 campesinos de dicho valle. En defensa de los terratenientes el gobierno de Porfirio Lobo envió ayer unos 600 soldados y policias para militarizar la zona. Un informe presentado por la Misión de Verificación Internacional, realizado entre el 26 de febrero y el 4 de marzo de 2011, indica que luego del golpe de Estado en Honduras en 2009 ha aumentado el número de muertes, amenazas e intimidaciones contra unos 3500 campesinos en las tierras de Bajo Aguán.




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PROTESTA FRENTE AL MINISTERIO DE TRABAJO
Empresa norteamericana Walmart por fuera de la ley

(AW) Trabajadorxs de la multinacional norteamericana realizaron este jueves una protesta frente a la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación para exigirle a la cartera laboral que haga cumplir las leyes nacionales. La empresa descontó parte del salario a lxs trabajadorxs que realizaron una huelga legal en el año 2010.




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MARCHA DE LOS PARAGUAS
Se agudiza el reclamo en Chile

(AW) En una nueva manifestación alrededor de 100 mil personas marcharon el pasado jueves para exigirle al gobierno chileno de Sebastián Piñera educación pública, gratuita y de calidad. Habiéndose cumplido más de un mes en huelga de hambre, 3 de lxs 42 estudiantes en ayuno debieron ser hospitalizados.




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CAMPESINOS E INDIGENAS DE FORMOSA
La policía formoseña detuvo al abogado de familias campesinas y wichís

(AW) En la mañana del jueves 18 de agosto fue detenido el abogado Daniel Cabrera, del Servicio Jurídico de Pueblos Indígenas (SERVIJUPI). El abogado acompañaba a las cerca de 150 familias que ocuparon viviendas en los barrios San Cayetano y San Martín de esa localidad. En la noche del martes pasado las familias habían sido amenazadas por la policía y también el abogado recibió amenazas telefónicas ese día.


Viernes 19 de Agosto. Reproducimos comunicado

"Para nosotros la situación es muy grave, ya que según la Constitución provincial un abogado goza de inmunidad para el ejercicio de su profesión, cuestión que no se respetó en este caso, considerando que Daniel estaba actuando como representante de las familias campesinas y wichís", señaló Gabriel Alcaráz, abogado del Servicio Jurídico de Pueblos Indígenas (SERVIJUPI).

Si bien se desconocen las circunstancias precisas de la detención del abogado Daniel Cabrera, se sabe que su arresto se efectuó bajo el cargo de instigación a cometer delito, y fue llevado a la Unidad Policial Nº 4 de Las Lomitas donde continuaba detenido hasta la mañana de hoy.

"Esto demuestra una vez más lo que ha sido una constante en el discurso de las autoridades de Formosa y de algunos medios de prensa provincial, que desacreditan las demandas de los campesinos y los indígenas, y atribuyen sus reclamos únicamente a la acción de lo que ellos llaman instigadores, que son las ONGs o personas que trabajamos en la zona", señaló Gabriel Alcaráz. "Con esto no se hace más que negar los reclamos de las organizaciones", indicó.

Ayer jueves 18 de agosto las familias temían un desalojo violento de las viviendas que habían ocupado el pasado fin de semana. El temor derivaba del movimiento de un contingente de policía antimotines en las cercanías de los barrios ocupados y de las amenazas recibidas la noche del martes, cuando cerca de veinte funcionarios policiales conminaron a las familias a abandonar las viviendas, registrándose algunos altercados. Ya la noche del martes, el abogado Daniel Cabrera había denunciado amenazas telefónicas contra su persona, presumiblemente realizadas por funcionarios policiales.

 

Estos hechos ocurren luego que el sábado 13 de agosto un grupo de de cerca de 150 familias campesinas y wichís, ocuparan en viviendas de los barrios San Cayetano y San Martín, de la localidad de Ingeniero Juárez, distante unos 500 kilómetros de la capital formoseña. Se trata de viviendas construidas por el IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) que se encuentran deshabitadas y sin terminar desde hace cerca de 18 años. "Un agravante es que hay cerca de 25 viviendas que están habitadas por familias de policías, médicos y otros funcionarios, y nunca se les pidió cuentas a ellos por esa ocupación irregular, nunca fueron desalojados a pesar que el destino de esas viviendas es para la gente que no tiene, como las familias campesinas e indígenas, por eso se decidió ocuparlas", indicaba la mañana de ayer, antes de su detención, el abogado Daniel Cabrera de SERVIJUPI.

 

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTAR A: Gabriel Alcaráz, Servicio Jurídico de Pueblos Indígenas (SERVIJUPI) T: (03717) 15 340427 Patricia Valdivia, Comunicaciones Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF) T: (03482) 15 414745

CONDICIONES CARCELARIAS INHUMANAS
Se levantó la huelga de hambre

(AW) Los detenidos en el pabellón evangélico levantaron la medida luego de firmar un acuerdo con funcionarios del Ministerio de Justicia. En el día de ayer Legisladores y organismos visitaron a los 600 detenidos que realizaban una huelga de hambre desde el primero de Agosto. Los presos denunciaron: "estamos bajo hacinamiento, los jueces no respetan los tiempos de las prisiones preventivas y estamos mezclados procesados y penados. El gobierno no entrega alimentos suficientes, no hay agua potable y tampoco agua caliente, faltan medicamentos y acá hay enfermos de HIV, tuberculosis y detenidos con quebraduras que llevan más de dos años sin atención".





Viernes 19 de Agosto (Comisión Provincial por la Memoria)

Ayer, la CPM, legisladores y miembros de organizaciones de derechos humanos visitaron la cárcel y entrevistaron a los presos; más tarde, la CPM se reunió con el ministro Casal y le presentó una serie de demandas.
Tras el recorrido por los pabellones de la Unidad 9, Adolfo Pérez Esquivel y Alejandro Mosquera se reunieron con Ricardo Casal, ministro de Justicia y Seguridad, y César Albarracín, subsecretario de Política Criminal. Allí se le plantearon los diferentes problemas sanitarios y edilicios observados; el Ministro se comprometió a atenderlos.

La CPM presentó una lista con los problemas de salud de varios presos. En el Ministerio se comprometieron a tomar las medidas necesarias para efectivizar los tratamientos y operaciones que necesitan los detenidos.
Se planteó la dificultad de traslado que muchas veces impide la atención médica compleja en los hospitales; se acordó la creación de una unidad de traslado médico. Se garantiza también un médico todos los días de 8 a 13 horas en la sala de atención médica de los pabellones evangelistas, además de la presencia diaria de odontólogos.

Los funcionarios se comprometieron a resolver la falta de agua con la colocación de la bomba de agua reparada. Respecto de la falta de agua caliente, se garantizará la reparación de los termotanques. También se enviará un equipo de electricistas para resolver las instalaciones precarias o deficientes. Ante la falta de vidrios, se acepta la propuesta de poner ventanas de policarbonato que permitan cerrarse en invierno y abrirse en verano.
Compromisos

Se acordó para el viernes 26 de agosto una vista conjunta a la Unidad 9 de la CPM y el Ministro, para monitorear la situación y dar cuenta del grado de cumplimiento de los acuerdos arribados.

La CPM va a seguir trabajando para que el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires atienda los casos de prisiones preventivas que excedidas en varios años, vulnerando la legislación nacional y los tratados internacionales.

La CPM planteó además la necesidad de una intervención decidida de la Suprema Corte de Justicia. El miércoles 17 se presentó un escrito dirigido al presidente Dr. Eduardo Pettigiani, donde se advierte que "pese a intervenir en esta situación tres instancias jurisdiccionales provinciales (Tribunal Oral en lo Criminal Nº 5 de La Plata, Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 y Nº 2 de La Plata) que reclamaron del Poder Ejecutivo provincial distintas acciones, el conflicto continúa sin resolverse". El reclamo "está motivado en las condiciones de detención completamente deficientes y contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos vigentes, señala grandes problemas estructurales y generalizados: la muy mala o nula atención de la salud, condiciones edilicias de detención inhumanas (falta de agua, falta de calefacción, ausencia de vidrios en las celdas, instalaciones eléctricas inseguras y precarias) y alimentación de mala calidad, escasa cantidad y carencia de entrega de dietas especiales para personas enfermas. A esto se agregaba un generalizado reclamo por el retardo en la resolución de sus causas, la falta de contacto con sus defensores o jueces y la arbitrariedad en los estudios criminológicos y ambientales elaborados por el SPB".

Durante las entrevistas realizadas (el día Jueves) los detenidos reiteraron los reclamos por las deficientes condiciones de salud y la pésima situación edilicia. "Estamos bajo hacinamiento, los jueces no respetan los tiempos de las prisiones preventivas y estamos mezclados procesados y penados. El gobierno no entrega alimentos suficientes, no hay agua potable y tampoco agua caliente", afirmó Jorge, uno de los huelguistas que desde hace tres años está alojado en uno de los pabellones evangélicos. "Faltan medicamentos y acá hay enfermos de HIV, tuberculosis y detenidos con quebraduras que llevan más de dos años sin atención", completó el diagnóstico.

Tras el recorrido la Comisión Provincial por la Memoria le llevó por la tarde un conjunto de planteos al Ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal.
"Acá hay una sentencia judicial que no se cumple y obliga al Poder Ejecutivo a garantizar atención médica en los pabellones evangélicos. No olvidemos que murieron durante este año 3 detenidos por falta de atención y medicamentos. Nosotros, desde la Comisión, insistimos una vez más con un planteo de base: los profesionales médicos deben depender del Ministerio de Salud, no del Ministerio de Justicia", señaló el secretario ejecutivo de la CPM Alejandro Mosquera.

La Comisión Provincial por la Memoria planteó además la necesidad de una intervención decidida de la Suprema Corte de Justicia. En el día de ayer se presentó un escrito dirigido a su presidente, el Dr. Eduardo Pettigiani, donde se advierte que "pese a intervenir en esta situación tres instancias jurisdiccionales provinciales (Tribunal Oral en lo Criminal Nº 5 de La Plata , Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 y Nº 2 de La Plata ) que reclamaron del Poder Ejecutivo provincial distintas acciones, el conflicto continúa sin resolverse luego de 8 meses de iniciado". El informe afirma además que el reclamo "está motivado en las condiciones de detención completamente deficientes y contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos vigentes, señala grandes problemas estructurales y generalizados: la muy mala o nula atención de la salud, condiciones edilicias de detención inhumanas (falta de agua, falta de calefacción, ausencia de vidrios en las celdas, instalaciones eléctricas inseguras y precarias) y alimentación de mala calidad, escasa cantidad y carencia de entrega de dietas especiales para personas enfermas. A esto se agregaba un generalizado reclamo por el retardo en la resolución de sus causas, la falta de contacto con sus defensores o jueces y la arbitrariedad en los estudios criminológicos y ambientales elaborados por el SPB".

VIOLENCIA EN HONDURAS
Organizaciones hondureñas demandan el cese de la violencia en el valle de Bajo Aguán

(AW) Entre el lunes y el martes de esta semana fueron asesinados 11 campesinos de dicho valle. En defensa de los terratenientes el gobierno de Porfirio Lobo envió ayer unos 600 soldados y policias para militarizar la zona. Un informe presentado por la Misión de Verificación Internacional, realizado entre el 26 de febrero y el 4 de marzo de 2011, indica que luego del golpe de Estado en Honduras en 2009 ha aumentado el número de muertes, amenazas e intimidaciones contra unos 3500 campesinos en las tierras de Bajo Aguán.





Honduras, Viernes 19 de Agosto. Reproducimos comunicado.

Pronunciamiento internacional
Las organizaciones firmantes condenamos enérgicamente los asesinatos de 11 personas el pasado 14 y 15 de agosto de 2011 en el Valle del Bajo Aguán, Honduras, donde continúan los actos de violencia, las graves violaciones de derechos humanos y la impunidad de los perpetradores.

A partir de la información obtenida por parte de organizaciones nacionales de la sociedad civil, de derechos humanos, de las Fiscalías de Tocoa y Trujillo, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y mediante pronunciamientos públicos de otras instituciones del Estado, así como reportes de medios locales y nacionales, se han podido concluír los siguientes hechos:
El día domingo, 14 de agosto, fueron asesinados en un supuesto enfrentamiento los guardias de seguridad contratados por la Corporación Dinant Marco Antonio Guillén, José Alfredo Aguilar, José Ángel Guzmán Vázquez, y José de Jesús García Flores , el obrero Ramón Leodanys Lobo Hernández, también empleado de la Corporación Dinant, y el campesino menor de edad Wilmer Javier Melgar Ramos, en terrenos ligados a la aldea Paraná, Rigores, Trujillo. Además fueron heridos 11 guardias de seguridad, y en el momento de difusión del presente comunicado, se desconoce si hubo más heridos.
El día lunes, 15 de agosto, fueron asesinadas por desconocidos fuertemente armados cinco personas, al salir en un pick-up de las oficinas del Instituto Nacional Agrario (INA) en Sinaloa. Las personas asesinadas en este asalto en el cual la Fiscalía no constató ningún tipo de robo fueron Bonifacio Dubón, Elvin Geovanni Ortiz Castro, Eleuterio Lara Reyes, Karla Vanesa Cacho Castillo, todos empleados de la embotelladora Pepsi que vivían en San Pedro Sula; y Migdalia Elizaldes Sarmiento Duarte, quien residía en Tocoa y poseía una caseta de venta de comidas en las instalaciones del INA en Sinaloa. Según las informaciones obtenidas, estas personas no tenían ningún vínculo con los conflictos agrarios de la zona.
Las principales organizaciones campesinas de la zona, el Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA), el Movimiento Campesino del Aguán (MCA) y el Movimiento Auténtico Reivindicativo Campesino del Aguán (MARCA) han categóricamente negado haber participado en el supuesto enfrentamiento del 14 de agosto. El Instituto Nacional Agrario (INA) reiteró esta afirmación.
El Ministro del INA también aclaró que los hechos reportados no están ligados al conflicto agrario como se ha manejado por parte de la empresa y algunos medios de comunicación.

 

Ante esta situación de violencia, el gobierno ordenó el 15 de agosto una nueva operación militar denominada Xatruch II, implicando el despliegue de 1.000 policías y militares en la zona, con el objetivo explícito de "poner orden en el Bajo Aguán". El Ministro de Seguridad anunció el mismo día que posiblemente se ejecutarán nuevos desalojos en la zona.
El vocero de la Corporación Dinant declaró públicamente que ante los hechos de violencia del pasado domingo, el acuerdo firmado el 16 de junio de 2011 entre el Grupo Dinant, MUCA y gobierno sobre la compraventa de 4.045 hectáreas de tierras quedaba suspendido. Con ello, después del acuerdo incumplido del 13 de abril de 2010, tambien quedaría en suspenso el segundo convenio acordado para lograr una solución parcial del conflicto agrario en el Bajo Aguán.
Ante los hechos expuestos, las organizaciones firmantes expresamos que:
Condenamos enérgicamente estos asesinatos, y hacemos un llamado para que se respete el derecho fundamental e inalienable a la vida.
Exigimos la investigación inmediata, exhaustiva e imparcial de los crímenes cometidos en el Bajo Aguán. Esto incluye los asesinatos de las 11 personas del 14 y 15 de agosto, así como los asesinatos de 35 campesinos organizados cometidos entre enero de 2010 y julio de 2011[1];

Expresamos nuestra preocupación por el riesgo de nuevos actos de violencia y represión en el marco de la nueva operación militar Xatruch II. Hacemos un recordatorio, hacia los dos procesos previos de militarización de la zona en abril y diciembre de 2010 los cuales no resultaron en la prevención de la violencia. Por el contrario, estas acciones militares generaron una mayor violencia y violaciones de derechos humanos, en particular mediante desalojos forzosos, detenciones arbitrarias y otros tipos de abuso de autoridad, en tanto las funciones de defensa avivan los conflictos y postergan soluciones civiles a los problemas sociales;
Reiteramos nuestra convicción de que sólo será posible lograr una salida pacífica y negociada del conflicto agrario en el Bajo Aguán mediante la puesta en marcha de políticas públicas que respeten y cumplan las obligaciones internacionales de derechos humanos adquiridas por Honduras, incluyendo las medidas necesarias para proteger el derecho a la vida, erradicar la impunidad, el efectivo control y supervisión de la seguridad pública y privada en la zona, la garantía del derecho a la alimentación de la población facilitando su acceso a la tierra, así como mediante el cumplimiento de los acuerdos suscritos entre las partes, en particular los acuerdos del 13 de abril de 2010 y del 16 de junio del 2011;
Aclaramos de nuevo que es necesario redefinir la orientación del desarrollo rural vigente cambiando de un modelo basado en el agro-negocio y el acaparamiento de tierras a políticas que fomenten la agricultura campesina sostenible, y la implementación de una reforma agraria integral que en Honduras es mandato constitucional.
Reiteramos nuestra solicitud a la comunidad internacional de cumplir con su papel fundamental en la promoción de los derechos humanos en Honduras, incluyendo medidas concretas y contundentes dirigidas a la prevención de más violencia en el Bajo Aguán y a la protección de las personas en riesgo.
19 de agosto de 2011

Organizaciones firmantes:
APRODEV (Asociación de Agencias de Desarrollo ligadas al Concejo Mundial de Iglesias)
CIFCA (Iniciativa de Copenhague para América Central y México)
FIAN Internacional (Organización Internacional por el Derecho a la Alimentación)
FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos)
La Vía Campesina Internacional
Rel-UITA (Regional latinoamericana de la Unión Internacional de los Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines)

[1] Ver el informe final de la Misión Investigadora "Honduras: Violaciones de Derechos Humanos en el Bajo Aguán", julio de 2011.

PROTESTA FRENTE AL MINISTERIO DE TRABAJO
Empresa norteamericana Walmart por fuera de la ley

(AW) Trabajadorxs de la multinacional norteamericana realizaron este jueves una protesta frente a la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación para exigirle a la cartera laboral que haga cumplir las leyes nacionales. La empresa descontó parte del salario a lxs trabajadorxs que realizaron una huelga legal en el año 2010.




Jueves 18 de Agosto (Fuente: SINTRASUP)

El cuerpo de delegados hizo público su malestar por la "inacción" del Ministerio a la hora de hacer cumplir las leyes laborales a la empresa Walmart. Esta inacción que denuncian los obligó a recurrir ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que en su fallo del 23 de mayo de 2011, dictaminó que Walmart "actuó de mala fe" con sus trabajadores al descontarles el salarios por una huelga legal que Walmart intento frenar con una conciliación obligatoria -Firmada por la Directora Nacional de Relaciones del Trabajo, Dra. Silvia Squire de Puig Moreno- un día antes de que existiera el conflicto y notificada a los trabajadores por el gerente de la firma en lugar de un funcionario del Ministerio.
De todas maneras los trabajadores acudieron a la audiencia convocada por la Dra. Mercedes Gadeas, donde ante esta funcionaria del Ministerio de Trabajo de Nación "la empresa se comprometió a abonar los días de huelga; sin embargo, 24 hs después cambió de opinión, y volvió a ejercer su papel de violador serial de las leyes laborales y derechos constitucionales que existen en la República Argentina" denunció uno de los delegados de Walmart. "Venimos acá porque este ministerio tiene responsabilidades directas sobre el comportamiento desleal de nuestro empleador al no exigirle cumplimiento de sus dictámenes tal como lo hace con los trabajadores, incluso con los delegados que si no acatan sus dictámenes corren el riesgo del desafuero". Concluyeron los representantes gremiales de Avellaneda.

 

 

El Motivo
El reclamo de los trabajadores tiene que ver con descuentos salariales que la empresa les aplicara en el més de febrero, sin embargo a través de una medulosa e implacable resolución, el Ministerio de Trabajo de la Nación ordenó a la empresa supermercadista Walmart a pagar los salarios adeudados a sus trabajadores como consecuencia del descuento de 4 días de huelga que el personal resolvió llevar adelante a fines de 2010.
Por su parte la empresa alegó que los descuentos fueron practicados debido a que los trabajadores se negaron a acatar una conciliación obligatoria dictada por la cartera laboral, para el Ministerio de Trabajo, la empresa "obró de mala fe" ya que los trabajadores al momento de iniciada la medida de fuerza, -que se prolongó por tres días seguidos- no estaban notificados fehacientemente de la conciliación. Por lo tanto para el ministerio resulta lógico que "nadie puede acatar algo que desconoce".

Las medidas de fuerza se llevaron a cabo en el marco de un plan de lucha cuyo primer paso se dio el 17 de noviembre y se repitió el 18,19,20 de diciembre a raíz de la negativa de la empresa a reconocerle a los trabajadores destinados a la venta asistida la categoría que establece el convenio. De la misma forma que desconoce la igualdad salarial entre los trabajadores del depósito y recepción de nuestra sucursal con los compañeros del centro de distribución.

Las omisiones de los derechos del convenio además de significar una evasión al fisco por parte de Walmart, en lo referido a cargas previsionales, permite que los trabajadores de Walmart Alto Avellaneda que se desempeñan en los sectores de depósito y recepción, aunque deben realizar las mismas tareas y cumplir todos los requisitos que se le exigen a los trabajadores del Centro de Distribución de la empresa Walmart Argentina en la localidad de General Rodríguez, tienen condiciones salariales y laborales totalmente desfavorables e inferiores con respecto a estos últimos.
En tanto que el reclamo por comisiones y categorías de vendedores apunta a regularizar la situación convencional del personal destinado a los sectores del hipermercado con funciones de venta con asistencia directa al cliente en áreas con un 80% o más de venta personalizada con asesoramiento específico sobre determinados productos, donde se pueden identificar claramente funciones que no están debidamente encuadradas y por consiguiente tampoco remuneradas.

MARCHA DE LOS PARAGUAS
Se agudiza el reclamo en Chile

(AW) En una nueva manifestación alrededor de 100 mil personas marcharon el pasado jueves para exigirle al gobierno chileno de Sebastián Piñera educación pública, gratuita y de calidad. Habiéndose cumplido más de un mes en huelga de hambre, 3 de lxs 42 estudiantes en ayuno debieron ser hospitalizados.




Chile, Viernes 19 de Agosto (La Haine)

Varias decenas de miles de personas se han manifestado en Santiago de Chile dentro de las demandas estudiantiles por una mejor educación, al tiempo que el presidente del país, Sebastián Piñera, apeló al diálogo como único camino para alcanzar una solución, pero sin ceder en sus intentos privatizadores.
Unas 4.000 personas, empezó diciendo Carabineros por la mañana, que de acuerdo a los medios aumentaron a más del doble en minutos y a 100.000 pasadas las 11:30. Los estudiantes, acompañados de familiares, maestros, trabajadores de diferentes sectores y ciudadanía en general, partieron desde la céntrica Plaza de los Héroes rumbo a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile.
La lluvia torrencial que se abatió sobre Santiago y otras regiones de Chile, que en varios sectores de la capital fue acompañada por una nevada, llevó a los organizadores a denominar a la manifestación «la marcha de los paraguas».
Ante los intentos policiales de impedir la marcha, grupos de manifestantes levantaron barricadas y se enfrentaron con los represores. Hubo enfrentamientos en al menos cuatro puntos de Santiago: Quinta Normal, Barrio República, Grecia con Macul y en las afueras de la Universidad de Chile.
A las 7:00 los manifestantes interrumpieron el tránsito en la céntrica Alameda Bernardo O'Higgins, frente a la Casa Central de la Universidad de Chile, a unas tres manzanas del Palacio de la Moneda.
En el lugar y en una calle aledaña, los manifestantes prendieron fuego a neumáticos, basura y otros elementos en la calzada y se mantuvieron una media hora, resistiendo el asedio policial.
Unas horas antes, una centena de manifestantes instalaron barricadas en la calle San Pablo, frente a un Liceo Industrial que permanece ocupado por sus alumnos, en el municipio de Quinta Normal, donde se enfrentaron a los carabineros, que detuvo al menos a dos de ellos. Los manifestantes también lanzaron piedras y dañaron vehículos policiales y de la prensa.
En tanto, a las 7:30 los Carabineros recién pudieron despejar la céntrica Alameda donde los manifestantes habían encendido las primeras barricadas. Tras la acción represiva, el grupo de manifestantes se movilizó hacia la calle San Diego y luego hacia el sur, donde también instalaron barricadas encendidas para desconcentrar a las fuerzas represivas, gracias a lo cual la manifestación pudo desarrollarse después sin mayores incidentes.
La marcha se concretó después de que estudiantes y profesores rechazaron un nuevo paquete de medidas presentado por el Gobierno para tratar de terminar el conflicto, que da concesiones simbólicas como un sistema combinado de becas y créditos con menores tasas de interés. Pero mantiene en lo esencial las políticas neoliberales.
En reiteradas movilizaciones el estudiantado chileno aboga por una educación pública, gratuita y de calidad, con el rol garante del Estado. La educación en Chile es una de las más caras del mundo, en un país que según los expertos clasifica asimismo como uno de los más desiguales del planeta.
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Se complica salud de estudiantes chilenos en huelga de hambre

Los alumnos del Liceo A-131 de Buin que aún continúan en la huelga de hambre, como una medida de protesta contra el sistema educacional en el país, extendieron desde el martes su protesta a huelga seca, dejando de beber agua, lo que ha producido una gran preocupación por su salud.
Por esta razón los jóvenes Matías Ortega, Felipe Sanhueza y Gloria Navarrete fueron trasladados hasta el Hospital de Buin, en una localidad en la periferia de Santiago, capital de Chile.
Según informó el hospital, Gloria Navarrete presentó dolores en su pecho y mareos, además de poseer las peores condiciones de salud, razón por la cual se decidió que fuera internada en el centro médico.
En tanto, se informó que a Matías Ortega se le tomó un electrocardiograma y que a Felipe Sanhueza se le hicieron radiografías de pulmón. Ambos volvieron durante la tarde al Liceo para continuar su huelga.
Ortega reconoció que sólo ha tomado medio litro de agua en estas 24 horas, pues se encuentra en huelga progresiva hasta dejar de beber líquido como parte de su protesta, exigiendo mejoras al sistema educacional chileno.
De acuerdo con el médico Sergio Aguilera, director del hospital de Buin, de seguir así en las próximas 48 ó 72 horas los jóvenes podrían complicar seriamente su condición.
Durante el último mes cerca de 40 jóvenes se han unido a la huelga de hambre, pero varios han debido dejarla ante los problemas de salud que han presentado; aún así otros estudiantes los han reemplazado hasta sumar 31 huelguistas en la actualidad.
Hace tres días se unieron a la huelga en Buin Kámila Rubilar y Francia Gárate, quienes aseguran que "llegarán hasta las últimas consecuencias por nuestras demandas educacionales, y estaremos aquí hasta que tengamos una respuesta del gobierno".
En medio de las movilizaciones de estudiantes secundarios y universitarios, quienes demandan una reforma al sistema educacional, la huelga de hambre ha generado las mayores preocupaciones.
Mientras tanto, el subsecretario de redes asistenciales del Ministerio de Salud, Luis Castillo, informó de la posibilidad de presentar un recurso de "protección" ante la justicia para impedir que se continúe con la huelga.