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Contra el dedo macrista. Nuevo paro y movilización de los docentes porteños
Por reenvío agencia walsh -
Friday, Nov. 04, 2011 at 8:53 AM
(AW) Los docentes porteños vuelven a parar hoy contra el intento del gobierno de Macri de eliminar la Juntas de Clasificación, derecho histórico de los educadores. Hoy se trataría la ley y los docents se movilizan a las 10.00 a la legislatura para impedir que se vulneren sus derechos. El legislador de Coalición Cívica, Sergio Abrevaya, sería el que podría hacer realidad el atentado macrista contra la educación pública.
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2011 (ADEMyS).-
Abrevaya funcional al PRO
El legislador Abrevaya perteneciente al bloque de la Coalición Cívica presentó un proyecto supuestamente alternativo para reemplazar el actual sistema de juntas de clasificación que, en definitiva, lleva al mismo resultado que el original del PRO: Eliminar el carácter electivo de las juntas y poner en peligro el carácter público de la designación de los docentes. Según versiones que circulan en el ámbito legislativo, si al bloque del PRO se le dificulta lograr hacer votar su proyecto, apoyarían el de Abrevaya para así, sumando los votos del bloque de la Coalición Cívica, obtener la mayoría necesaria. Advertimos sobre esta maniobra y solicitamos al legislador Abrevaya y a su bloque que no se vuelvan funcionales a los intereses privatistas y de destrucción del carácter público de la enseñanza. Los docentes de las Escuelas Públicas, que masivamente se han expresado en contrario a estas iniciativas, esperan que Ud. y su bloque retire este proyecto.
Acerca de los concursos y la evaluación docente según el PRO
Por reenvío red eco alternativo -
Friday, Nov. 04, 2011 at 12:07 PM
La agenda educativa del 2011 del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires ha estado centrada en la cuestión de promover un nuevo tipo de evaluación docente que cuestiona el Estatuto Docente, el régimen de concursos públicos y el salario igualitario, bajo la argumentación de que es necesario lograr una “mejor calidad educativa”, anular las Juntas de Clasificación y Disciplina, elegidas por el voto directo de la docencia, en un avance más hacia la manipulación de la carrera docente por arbitrio de los poderes políticos de turno.
docentes.jpg(Laura Marrone para Red Eco) Ciudad de Buenos Aires - Desde enero a la fecha, el ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, ha ido tentando suerte con diferentes formulaciones. Primero presentó la propuesta en forma cruda: atar salario a evaluación y proponer la contratación de Axialent, empresa multinacional, para darle cursos de “leadership y managment” a supervisores y directivos con el propósito de cambiarles su cabeza “estatutaria” por la de gestores empresariales.
Ante el rechazo que ambas medidas generó entre los docentes, formuló nuevas con la misma intención: un curso en el CEPA de 15 hs de clase y 15 hs de trabajo de portafolio. Ante la baja inscripción lanzó una ofensiva mediática, llamados a celulares individuales de cada docente y por carta personal a sus domicilios particulares. A su vez, acompañó la propuesta diciendo que el gobierno “elegiría” entre los aprobados a 100 de estos docentes para ser “maestros de maestros”, un nuevo cargo que tendría salario de vicedirector y la función de asesoramiento pedagógico de sus pares.
A pesar de esta ofensiva, solo un reducido número de docentes ingresaron a la trampa del curso. En un acto de valentía y solidaridad, los trabajadores de la Dirección de Currículum, agremiados en ATE-Esmeralda, rechazaron el pedido del ministro de realizar el diseño de las pruebas de evaluación que atacarían los derechos laborales de los docentes, y esto a pesar de que ellos mismos tienen afectados sus derechos laborales por tratarse de trabajadores precarizados por contrato desde hace décadas.
Evaluación docente y “calidad”: una agenda internacional y nacional
La cuestión de la “calidad educativa” promovida por el PRO, sin embargo, no es original. Es parte del modelo impulsado por los organismos internacionales que diseñaron la Reforma Educativa a nivel mundial desde los ´90 hasta hoy, entre ellos el Banco Mundial, la UNESCO, y el PREAL (Programa para la Reforma Educativa en América Latina). En nuestro país a través de las fundaciones que, con fondos de grandes empresas y bancos como Coca-cola, Shell o City Bank, a su vez deducidos del pago de impuestos, y del propio Estado Nacional, promocionan estos modelos. El armado cierra perfecto: con fondos que debían servir para incrementar, por ejemplo el presupuesto educativo, un staff numeroso de consultores y tecnócratas que integran este florecimiento de fundaciones, viven con salarios en dólares, aconsejando al Estado como aplicar las recetas de los organismos internacionales.
Desde el propio Ministerio de Educación de la Nación, a cargo de Alberto Sileoni, y el Gobierno Nacional, a su vez, se está impulsando la agenda de la calidad. Cristina Fernández firmó un crédito por 3.500 millones de dólares con el Banco Mundial en marzo de este año, comprometiéndose en el mismo acto a abordar “seriamente y con todos los sectores la cuestión de la calidad educativa”.
Tanto los Gobiernos Nacional y de la Ciudad, como el coro de las fundaciones mencionadas, coinciden en el diagnóstico de causas: la docencia.
El Gobierno del PRO en Ciudad quiere ser la delantera de su aplicación en nuestro país. La lógica que sucede a esta ofensiva evaluadora es justificar el ataque tan deseado por todos los gobiernos al Estatuto Docente. Buscan para ello contar con el consenso de algunos sindicatos docentes que neutralizarían de algún modo el conflicto, aunque incluso aparezcan como resistiéndolo pero que operen de forma que no impida su efectiva aplicación.
El ataque a las Juntas electas por voto directo a listas de docentes
El broche de este diseño lo dejaron trascender en setiembre: la amenaza de derogar el artículo 10 del Estatuto Docente que establece el carácter electivo por voto directo de toda la docencia de los miembros de Junta de Clasificación y Disciplina. Nada tiene que ver esta ofensiva con la supuesta modernización del sistema de inscripción informatizada que anuncian.
Anular los representantes electos por sus pares, apunta a dejar las manos libres al gobierno de turno para elegir los docentes que designa. Se trata de reemplazar los concursos por mecanismos, como la designación por “entrevista” de coordinadores políticos del gobierno en los cargos docentes bajo régimen de contrato y precarización laboral, que se extendió hace más de una década en Ciudad y que durante el 2010 fueron centralizados en las nuevas áreas llamadas de Inclusión Educativa y de Educación y Trabajo. En estas áreas, varios miles de docentes, más del 10% de los 45.000 cargos existentes, y que corresponden entre otros a los programas y a los Centros de Formación Profesional de Adultos, no se designan por orden de mérito y a cargo de juntas electas por los docentes. En estas áreas se ha naturalizado la designación por acuerdo con las coordinaciones políticas de las mismas, en total contraposición con lo que fue históricamente un principio de la educación: el concurso para el ingreso y ascenso. Muchas veces incluso en acuerdo con sindicatos docentes y no docentes.
El concurso por mérito y oposición es, aunque perfectible, una herramienta que impide que la educación se haya convertido hasta la fecha en un coto de caza y de control político de lo que se enseña por parte de los diferentes gobiernos de turno. Lo que está en peligro es justamente esto, no sólo un derecho laboral, sino el carácter público sin discriminación política de lo que se enseña.