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Bariloche. La persecución sin fin
Por reenvío red eco alternativo -
Friday, Nov. 04, 2011 at 12:04 PM
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bariloche presentó un habeas corpus por la integridad física del menor Fabián Gallardo, amigo de Diego Bonefoi, luego de que fuera nuevamente amenazado por denunciar penalmente a policías que lo golpearon meses atrás.
(Red Eco) Río Negro – Fabián, de 16 años, reconoció a través de una Cámara Gesell a los efectivos que lo habían bajado de un colectivo para agredirlo brutalmente en julio pasado. El joven presentó una denuncia penal en el Juzgado de Instrucción Penal de Bariloche por apremios ilegales.
Pero tan solo dos días después del reconocimiento, Fabián fue interceptado en una galería del barrio Levalle de Bariloche por tres personas encapuchadas. Le apoyaron una pistola en la cabeza y lo amenazaron exigiéndole que retirara la denuncia penal porque sino lo iban a matar. Además, le dijeron que sabían dónde vivía y estudiaba.
Ante este nuevo hecho, los abogados de la APDH presentaron un recurso de hábeas corpus y apuntaron directamente a la policía. No solo por la denuncia ya presentada por Fabián, sino también porque es habitual el "amedrentamiento para que los jóvenes no denuncien los abusos policiales". En tanto, la mamá de Fabián no descartó sacar a su hijo de la ciudad, ya que teme por su vida.
Además del ataque en el colectivo, en julio de este año Fabián fue agredido en un pub del que lo sacaron a la fuerza. Ya en la calle lo tiraron contra el asfalto, le aplastaron la cabeza con una rodilla y lo esposaron. Sin tener en cuenta que se trataba de un menor de edad, lo llevaron a la Comisaría 2da, donde lo dejaron tirado en un pasillo frente a un calabozo. Allí continuaron las burlas y los golpes contra la pared.
Fabián era uno de los mejores amigos de Diego Bonefoi, el chico de 15 años que fue asesinado en junio del año pasado de un disparo por la espalda por el cabo Sergio Colombil. Este hecho generó una gran movilización de los vecinos de El Alto de Bariloche, que repudiaron lo sucedido y denunciaron los constantes atropellos de la Comisaría 28°. Pero los efectivos respondieron con represión y mataron a otros dos jóvenes: Nicolás Carrasco de 16 años y Sergio Cárdenas de 29.
En junio de este año, Colombil fue condenado a 20 años de prisión por el asesinato de Diego. En tanto, los crímenes de Nicolás y Sergio permanecen impunes. Tampoco hay efectivos detenidos por los abusos y torturas que se produjeron durante la movilización de junio de 2010.
En busca de la verdad
Tras meses de inacción judicial, comenzaron a realizarse nuevas pericias en la investigación por la muerte de Guillermo Garrido en la Comisaría 12 de El Bolsón. Se exhumó el cadáver, se reconstruirá lo sucedido y se efectuarán pericias psicológicas.
Según informó el Colectivo de Militantes por los Derechos Humanos de esa localidad rionegrina, esto fue posible gracias a un equipo de Investigación Criminal de la Provincia de Buenos Aires que viajó especialmente al sur del país, a la intervención de la procuradora de la provincia, pero sobre todo por la fuerza y la lucha de la familia de Guillermo, su abogada Marina Schifrin, y los vecinos que cada mes acompañan las marchas en las que se denuncia su asesinato.
Cabe recordar que Guillermo Garrido apareció muerto en la comisaría 12 de El Bolsón, en enero pasado, apenas una hora después de haber sido detenido por un accidente de tránsito. En ese momento, el doctor Ricardo Calcagno consideró que no había delito, que Garrido se había suicidado e intentó cerrar la causa. Pero desde el primer día, su familia aseguró que Guillermo no tenía motivos para quitarse la vida. Denunciaron además que no les permitieron ver el cadáver del joven y que durante los tres primeros meses se les negó la posibilidad de intervenir en el expediente. Ahora es el momento de esperar los resultados de las nuevas pericias, para dar por tierra la única versión que hasta ahora escuchó el juez, la de los verdugos de Guillermo: la de los policías rionegrinos.
“Una vez más exigimos que el poder judicial no sea garantía de impunidad y esté a la altura de las circunstancias. Entendemos que para esto es necesario el compromiso de toda la comunidad, hasta que los policías que asesinaron a Guillermo “Coco” Garrido y todos sus cómplices sean juzgados y condenados. La muerte de Guillermo en una comisaría, como la de tantos otros pibes, no es un problema privado de la familia, constituye una violación a los derechos humanos y por la cual todos los funcionarios, tanto judiciales como los responsables políticos de las fuerzas policiales, deben dar explicaciones a toda la sociedad”, manifestaron desde el Colectivo de Militantes por los Derechos Humanos de El Bolsón a través de un comunicado.