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Movilización por el desprocesamiento de militantes sindicales y sociales
Por Indymedia Rosario - Radio Popular Che Guevara - Thursday, Nov. 24, 2011 at 7:44 AM
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En el marco de la jornada nacional de repudio de la creciente criminalización de la protesta, y exigiendo la libertad y anulación de las causas judiciales de más de cinco mil luchadores populares, se realizó en Rosario una importante movilización unitaria por el desprocesamiento de Eduardo Delmonte, de la Corriente Clasista y Combativa de Rosario, Carlos Ghioldi, referente sindical mercantil de la Cooperativa de Trabajadores en Lucha (ex Hipermercado Tigre), y los dirigentes de ATILRA Rosario procesados en el marco de la causa abierta por los hechos del 3 de diciembre de 2008, cuando la patota de ATILRA nacional atacó la sede local del gremio, mientras se realizaba un acto en repudio por las agresiones físicas propinadas a los obreros de SanCor una semana antes, en un hecho casi idéntico. Señalaron que luego del ataque, intervención y disolución de ATILRA Rosario, “a resultas de tamaño accionar se desató la cacería de militantes gremiales y las principales beneficiadas fueron las empresas”.

 
 

Los procesamientos fueron dictados por la magistrada María Luisa Pérez Vara, del Juzgado de Instrucción Nº5. La marcha partió desde La Toma y finalizó en la plaza 25 de Mayo; en el recorrido se pasó ante la Sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario, reclamando el cierre de las causas penales abiertas por el rector Darío Maiorana contra estudiantes que reclamaban por la caída de techos en la Facultad de Psicología.

Criminalizar la solidaridad

“Buscan deslegitimar a varios referentes sociales que han estado siempre en la lucha” señaló Edgardo Barbero, ex Secretario General de ATILRA Rosario y uno de los procesados. Carlos Ghioldi, de La Toma, planteó que “nos han acusado, nos han echado una causa, acusándonos de homicidio en riña, tenencia de arma de guerra y lesiones graves en base a los violentos sucesos que en Diciembre de 2008, impulsaron y generaron las patronales de la industria del sector lechero con el accionar cómplice de las fuerzas policiales que generaron un enfrentamiento terrible que costó la vida de un trabajador, que nosotros lo repudiamos enormemente. Los responsables de esos hechos tan terribles son los dueños de las empresas del sector lechero que hicieron muy buenos negocios reduciendo, reconvirtiendo y rebajando salarios a todo el personal del sector”.

“Se intenta amedrentarnos, se intenta castigarnos al compañero Delmonte y a mí por haber asistido solidariamente” continuó Ghioldi, “es decir, tratar de escarmentar a un grupo de trabajadores que defendían sus derechos laborales y por el otro lado tratar de escarmentar a trabajadores que nos movilizamos solidariamente en causas que no son las nuestras directamente pero que como clase nos compete”.

Por su parte, Estela Gauna, de la Corriente Clasista y Combativa de Rosario, afirmó que “hoy estamos repudiando las causas injustas de los compañeros y luchadores sociales que simplemente fueron a dar una solidaridad ese día y que son procesados injustamente por la jueza. Pero a su vez repudiando que se judicialice la protesta social, porque el compañero Eduardo está procesado no solamente por la causa de ATILRA sino por salir a denunciar el hambre y la desocupación que hay en la ciudad de Rosario. Y también con todos los compañeros que están a nivel país que vienen luchando por todas las reivindicaciones que tenemos todos los que salimos a luchar en la calle porque no queremos seguir viviendo en esta situación”.

"Cacería de activistas gremiales"

Edgardo Barbero realizó un somero repaso de los hechos ocurridos desde los ataques de fines de 2008, con la posterior intervención y disolución de ATILRA Rosario a manos de la conducción nacional, a partir de la culpabilización de los trabajadores rosarinos por parte de los atacantes. “A resultas de tamaño accionar se desató la cacería de militantes gremiales”.

“El primero en sufrir las represalias fue el querido compañero 'El Pata', Rubén Dellapitima, último tesorero de ATILRA Rosario, a quien la empresa Milkaut le impidió reingresar a su puesto de trabajo y debió jubilarse por incapacidad para sobrevivir con una magra jubilación”.

“Luego fueron despedidos cinco compañeros referentes gremiales en la sucursal Rosario de SanCor, luego la empresa despidió a cinco compañeros más de su concesionario Marchisio. Como no pudo quebrar la resistencia, procedió al cierre definitivo de la sucursal Rosario, el traslado compulsivo de la mayoría de los trabajadores a la ciudad de Gálvez y la desvinculación de una decena de trabajadores a quienes no ofreció rehubicación, entre los que se encontraban los integrantes del último cuerpo de delegados que eligieran los trabajadores”.

“La empresa San Ignacio procedió al despido de Miguel Zanier, ex integrante del secretariado de ATILRA Rosario y posteriormente procedió al cierre de la sucusal de ventas en Rosario con cinco despedidos más”.

“La fábrica de quesos de Cotar en la localidad de Totoras fue rematada y su cierre definitivo obligó a más de treinta trabajadores a rehubicarse definitivamente en Cotar Rosario con pérdida de derechos. Desde esa fecha a la actualidad más de sesenta trabajadores se han retirado bajo la modalidad de 'Retiros voluntarios' y quienes quedan sólo cobran una parte de sus sueldos y en forma fraccionada”.

“En la empresa La Serenísima todavía no le permiten el reingreso a su puesto de trabajo al delegado Raúl Schone, a pesar de contar el trabajador con fallos favorables en primer instancia y en la Cámara del Trabajo”.

“Mientras se ha tratado de instalar mediáticamente desde el poder judicial que un grupo de luchadores sociales serían responsables de una tragedia que nunca buscaron, nadie investiga cómo es posible que una organización gremial nacional, ATILRA, desembarcó en dos oportunidades en el término de una semana para agredir a sus propios afiliados, y a resultas de tamaño accionar se desató la cacería de militantes gremiales y las principales beneficiadas fueron las empresas”, concluyó.

Profundización de la judicialización

Gustavo Terés, Secretario General de la CTA Regional Rosario, planteó por su parte que la situación genera "mucha preocupación" y aseveró que “es necesario avanzar en un proceso jurídico y político que tienda al desprocesamiento de los más de 5000 luchadores que hay procesados. Todos esos 5 mil procesados son todos luchadores que tienen muy poco o casi nada y que han tenido que pelear contra aquellos que tienen mucho y lo quieren todo. Así vemos luchas campesinas, obreras, la defensa de la fuente de trabajo, la pelea por el pago del salario, todas luchas totalmente justificadas. Y viene esto: militantes y dirigentes procesados. Hay que desprocesarlos. Por otro lado, con preocupación porque hay una tendencia de los gobiernos provinciales, nacionales, y también locales, de profundizar estos procesamientos. Funcionarios recién electos que hablan de que hay que abandonar las calles, que hay que estar en las plazas y no en las calles, que siguen procesando a los dirigentes que han realizado alguna actividad de esta más la actuación represiva de parte de los grupos de poder contra los que luchan. Entonces preocupado porque hay que generar una iniciativa que desprocese a estos cinco mil y a la vez hay que generar una iniciativa para proteger al movimiento popular e interpelar a los grupos de poder y al Estado para que terminen con este tipo de políticas represivas”.

Sólo los alternativos

En contraste con el alto grado de exposición mediática que tuvo el anuncio de los procesamientos, la movilización contra la criminalización de la protesta sólo fue cubierta por los medios alternativos. Sectores ligados a la magistrada buscan evitarle nuevos cuestionamientos públicos que se sumen a los que sufrió en forma reciente, en particular por su polémico accionar en la causa conocida como “homicidios de barrio Parque”.


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