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La lucha por la tierra en Latinoamérica sigue manchada de sangre
Por AFP - Friday, Nov. 25, 2011 at 11:30 AM

Los recientes asesinatos de dos caciques indígenas, que defendían territorios ancestrales en Brasil y Argentina del avance de la agricultura extensiva, son los últimos episodios de una lucha más amplia por la tierra en Latinoamérica que acaba a menudo manchada de sangre.

Este conflicto, que a mediados de noviembre le costó la vida a los líderes indígenas Nísio Gomes de Brasil, y Cristian Ferreyra de Argentina, opone intereses varios.

Por un lado, las comunidades indígenas reivindican su derecho a poseer las tierras de sus antepasados, con reclamos que suelen ser apoyados por ecologistas. Por otro, las empresas transnacionales ganaderas o agrícolas, los megaproyectos mineros, los latifundistas o los narcotraficantes pujan por grandes extensiones de tierra.

La violencia relacionada a los conflictos agrarios es moneda corriente en Brasil, un país de tamaño continental donde el 1% de la población controla el 46% de las tierras cultivables.

A los recientes asesinatos de Gomes y del guaraní Teodoro Ricardi, en Mato Grosso do Sul (centro-oeste), se suman otros ocho desde mayo en las regiones aisladas de la selva amazónica de Pará y Rondonia (norte), supuestamente ordenados por terratenientes.

En 2010 fueron asesinados 60 indígenas en Brasil, igual cifra que en 2008 y en 2009, según el Consejo Indigenista Misionero, vinculado a la Iglesia católica.

Este organismo no indica cuántos asesinatos se deben exactamente a conflictos por la tierra, pero establece una relación inequívoca, no sólo por los ataques, sino también por el aumento de la tensión en las aldeas, donde los nativos viven confinados y en la pobreza al perder la capacidad de autosustentarse.

En Argentina, en tanto, donde la muerte del dirigente indígena Ferreyra en Santiago del Estero (norte) fue atribuida a un empresario sojero, son precisamente las presiones de las multinacionales agrícolas las que desatan las mayores tensiones.

La comunidad Qom, perteneciente a la etnia toba de Formosa (noreste), cortó en abril la principal avenida de Buenos Aires exigiendo la devolución de tierras ancestrales. Meses antes, habían denunciado persecución y violaciones de sus derechos.

"No tenemos agua potable, no nos permiten pescar en la laguna, ni usar otros medios de subsistencia. Pasamos hambre, frío. También nos crearon causas judiciales", dijo en diciembre pasado el cacique Félix Díaz, en una conferencia de prensa que contó con el respaldo de varios intelectuales.

También en Paraguay los intereses de las trasnacionales están en el centro de la disputa. En el noreste del país, los indígenas ayoreo luchan contra grandes empresas brasileñas, como River Plate y Yaguaraté SA, una pulseada que lleva ya una década.

Las compañías que disputan el terreno a los indígenas, estimados en unos 110.000 en Paraguay, suelen utilizar el nombre de empresas ganaderas, constituidas a través de subterfugios legales con apoyo gubernamental, previo pago de sobornos, según denunció el lunes la Unión de Nativos Silvícolas del Paraguay.

Este problema también tiene impacto ambiental: sólo en 2009 se perdieron unas 70.000 hectáreas de selva, según estudios indigenistas que controlan vía satélite la deforestación del Chaco occidental.

Además del daño ambiental que este problema trae en toda la región, en Colombia el conflicto por la tierra está marcado por los intereses de los terratenientes -52,2% de las tierras son latifundios y están en manos de 1,15% de los propietarios-, y por las demandas del narcotráfico y la guerrilla.

Aunque los indígenas se dicen neutrales, ni los narcotraficantes ni los grupos armados los respetan y buscan ocupar sus territorios para utilizarlos para cultivo o vía de exportación de la droga o, simplemente con fines tácticos.

Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), en lo que va del año 73 indígenas han sido asesinados. En el 2010 la cifra fue de 122 y se calcula que entre 1999 y 2010 murieron un total de 2.582.

Los indígenas también se enfrentan en Colombia, según datos de la ONIC, a los "megaproyectos" mineros. Este tema afecta también a Panamá, donde este año las protestas de la comunidad Ngobe-Bugle lograron finalmente la derogación de una nueva ley minera que había atraído un emprendimiento que generó un fuerte conflicto.

En Centroamérica las mayores batallas por la tenencia de tierras se registran en Honduras, con cerca de medio centenar de muertos en dos años en el Valle del Bajo Aguán (norte). La disputa opone a campesinos pobres blancos y terratenientes que cultivan la palma africana, en una zona donde operan los carteles del narcotrafico.

A pesar de constituir la mitad de la población, los indígenas en Guatemala, han sido relegados a las tierras menos productivas, donde realizan una agricultura de subsistencia, cada vez más comprometida por el cambio climático y su alternancia de inundaciones y sequías.

Los intentos de ocupar territorios más fértiles acaban en refriega, como ocurrió este año en el Valle de Popochic (300 km al norte la capital) donde 42 familias de etnias mayas se enfrentaron a quienes acusaban de integrar la policía privada de un ingenio azucarero.

En Venezuela, según la ONG Provea, la demora del Estado en demarcar los territorios indígenas -como dicta la Constitución de 1999- ha llevado a los indígenas de la etnia Yukpa a ocupar zonas del estado de Zulia (noroeste) fronterizo con Colombia. Allí, el reclamo centenario por tierras ya provocó muertos y heridos.

Tanto en Nicaragua como en Chile los combates por territorios indígenas tienen otro matiz. En el primer caso, se producen con campesinos sin tierras que presionan para obtener suelos donde trabajar y también degeneran en violencia: este año tres indígenas murieron en la región de Atlántico Norte.

En el caso de los mapuches chilenos, el reclamo, que tomó fuerza después de la dictadura de Pinochet, es por la restitución de tierras tomadas por el Estado a partir de 1883, cuando se sometió por la fuerza a los nativos.

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