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Contra la criminalización de la protesta, por el fin de los asesinatos y las patotas
Por reenvío red eco alternativo -
Friday, Nov. 25, 2011 at 5:07 PM
Más de 10 mil personas se movilizaron ayer (anteayer, miércoles) por las calles de la Ciudad de Buenos Aires para exigir el cese de la criminalización de la protesta y el cierre de las causas judiciales a trabajadores, dirigentes obreros y militantes populares.
La movilización fue encabezada por una bandera que exigía el fin de la criminalización de la protesta, de asesinatos a militantes populares y de las patotas sindicales y paraestatales. Detrás de ella se encolumnaron miles de manifestantes obreros y estudiantiles, decenas de Comisiones internas y organizaciones sindicales de base, organizaciones sociales, estudiantiles y de derechos humanos y partidos políticos de izquierda que llevaron a la Plaza de Mayo el reclamo de justicia por los asesinatos y el cese de la persecución judicial a los luchadores.
La fecha tenía una significación particular, ya que ayer se cumplió un año del ataque por parte de la policía y sicarios de terratenientes a la comunidad QOM La Primavera de Formosa que derivó en el asesinato de Roberto López. Crimen cuya impunidad cobra un nuevo sentido cuando hace una semana Cristian Ferreyra, militante del MOCASE de 23 años fue ejecutado a sangre fría por una patota que obedecía órdenes del empresario sojero santafecino José Ciccioli. Este asesinato se enmarca en un contexto más amplio de ataque a las comunidades que pelean por sus tierras. Según denunció en el programa “Quemar las Naves” de Radio Sur el periodista Darío Aranda - quien sufriera censura por parte del diario Pagina 12 que recortó dos párrafos de sus notas en los que señalaba responsabilidades del gobierno provincial de Zamora- “en los últimos dos años hubo cuatro asesinatos de campesinos-indígenas y si no hubo más es porque falló la puntería”.
López y Ferreyra (sí, otro Ferreyra, también de 23 años, también asesinado por una patota al servicio del poder) son parte de una lista de militantes populares asesinados por las fuerzas policiales o patotas paraestatales durante los últimos dos años. En ese listado escrito con tinta roja están grabados también los nombres de Mariano Ferreyra, de los pibes de Bariloche Diego Bonefoi, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, de Mario López de Formosa, de Mártires López de Chaco, de los asesinados en el Indoamericano Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Emilio Canavari, de Ariel Farfán, Felix Reyes, Juan Velázquez y Alejandro Farfán, muertos en el Ingenio Ledesma. Los asesinos de estos compañeros y compañeros gozan de una notable impunidad.
En este contexto viene dándose un crecimiento notable de los procesos judiciales y la persecución a trabajadores, luchadores populares y dirigentes políticos. Si bien el caso más resonante mediáticamente fue la irrisoria detención de Rubén “Pollo” Sobrero, cuya liberación fue producto de una importante movilización y solidaridad popular, decenas de trabajadores han sido procesados en los últimos tiempos, engrosando la lista de los 5 mil luchadores populares con causas judiciales en los últimos ocho años.
Una de las consignas centrales de la marcha tuvo que ver con el pedido de liberación de Carlos Olivera, directivo del SITRAIC detenido por una causa armada; del petrolero santacruceño Victor Oñate, de Mario Tapia y Aldo Claros, detenidos luego de la masacre de Ledesma y de la militante política e hija de desaparecidos Karina Germano, “La Galle”, detenida en Brasil en el año 2002 y acusada injustamente por un secuestro extorsivo, cuando los propios responsables del hecho desligaron a Germano de responsabilidad y ninguno de los testigos de la causa la reconocieron.
Pero además, los procesamientos a trabajadores y dirigentes del sindicalismo combativo se han multiplicado. Según reza el documento leído ayer en la Plaza de Mayo, “prácticamente no hay comisión interna o cuerpo de delegados combativos e independientes de la burocracia sindical que no tenga o haya tenido procesados entre sus miembros”. Un ejemplo paradigmático de ello son los trabajadores de Kraft. Javier Hermosilla, Ramón Bogado, María Rosario, Lorena Gentile, todos integrantes de la actual y de la anterior Comisión Interna, tienen en su contra una decena de procesos judiciales por los cortes en la Panamericana de 2009, a través de los cuales lograron difundir a la opinión pública y resistir el despido de 160 trabajadores, incluida media Comisión Interna. También han sido procesados los dirigentes Vilma Ripoll (MST) y Nestor Pitrola (Partido Obrero) por haberse solidarizado con dichas manifestaciones.
Además de los ferroviarios del Sarmiento, del Roca y del Mitre que enfrentan a las patotas de Pedraza, también están procesados los delegados del Teatro Colón, los dirigentes de la histórica lucha del Hospital Garrahan, el dirigente portuario Pancho Montiel, trabajadores de Call Center, del Subte –como ejemplo, Néstor Segovia, dirigente del Nuevo Sindicato del subte fue absuelto en marzo de este año por una causa armada por Metrovías-, de ATE de Las Heras, de Editorial Colihue, de Fasinpat (Zanón), de FATE, y siguen las firmas.
A ellos se suman militantes de organizaciones piqueteras, dirigentes estudiantiles, representantes de comunidades originarias –decenas de mapuches enfrentan causas judiciales en Neuquén por defender sus territorios- y campesinas. Para este último caso, valga el ejemplo del Mocase, cuyas familias no sólo sufren el avasallamiento constante por parte de terratenientes y representantes del poder político y que tuvo su triste capítulo la semana pasada con el asesinato de Ferreyra, sino que además acumulan causas judiciales por oponerse a las topadoras, al saqueo y al desmonte, por defender las tierras en las que trabajan y viven.
El documento leído en el acto de cierre de la movilización responsabilizó fuertemente al Gobierno nacional por el avance en la criminalización y de la represión, así como también señaló los avances represivos por parte del gobierno de Mauricio Macri y de la acción conjunta entre Policía Federal y Metropolitana, que tiene “entre sus principales cuadros a funcionarios policiales de la época dictatorial”. La represión estatal, que sufrieron petroleros y docentes santacruceños, no sólo en la “lejana” Patagonia sino en la propia Capital Federal, tiene su contracara en las Patotas paraestatales y sindicales, como las de Pedraza, de la UOCRA de Gerardo Martínez, acusado de integrar el batalló 601 de inteligencia durante la dictadura, que atacó duramente a los docentes en Santa Cruz o como las de la UTA, que en complicidad con la empresa Monsa agredieron y atacaron a los delegados de la línea 60 Néstor Marcolín y Daniel Farella, prendiendo fuego el auto de uno y amordazando y golpeando a la nieta del segundo.
Toda esta larga serie de hechos, acontecimientos y circunstancias, criminalización y judicialización por un lado, represión y muerte por el otro, plantean al menos una cuña en el discurso de respeto a los derechos humanos y contrario a la represión que ha enarbolado el gobierno nacional en los últimos años. Nadie con buen tino podría afirmar que estos reclamos son irracionales o carentes de fundamentos. Entre el discurso oficial y la realidad parece haber un largo trecho.
Las palabras finales del documento plantean una lectura también hacia el futuro; “Reafirmamos en esta Plaza que ante cada ataque represivo al legítimo derecho a luchar y a reclamar de nuestro pueblo, responderemos con más lucha, más organización, más solidaridad y más unidad”.