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CORREPI | Boletín informativo nº 637
Por [Reenvio] CORREPI Prensa -
Tuesday, Dec. 06, 2011 at 9:42 PM
Sumario:
1. 2012: más conflicto social y más represión.
Ya pasaron las elecciones, por lo que el gobierno ya no necesita de eufemismos...
2. Hay para todos… represión a estatales en el Chaco y a docentes en Capital.
Esta semana se dieron dos hechos represivos de significativa importancia por la envergadura de los conflictos que involucran a los trabajadores...
3. El Banco Piano persigue a los sindicalistas antiburocráticos, la policía reprime.
La semana pasada fueron despedidos dos compañeros del Banco Piano...
4. Para qué aumentar las penas, si reprimiendo se obtienen mejores resultados.
La ministra de Seguridad, mientras disertaba en la primera Jornada sobre Seguridad Integral...
5. Restructuración policial para reprimir mejor. ...
a las puertas de la reasunción de la gestión kirchnerista en la nación y varias provincias, hubo varios anuncios de cambios en la estructura policial...
6. A Garrido lo mató la policía.
...la movilización de familiares y vecinos y la lucha organizada del Colectivo de Militantes de DDHH de El Bolsón lograron desbaratar el intento de encubrimiento...
7. Próximas actividades:
Marcha a un año de la represión en el parque Indoamericano, 7 de diciembre, 17:00, Congreso a Plaza de Mayo.
2012: más conflicto social y más represión.
Ya pasaron las elecciones, por lo que el gobierno ya no necesita de eufemismos,
no necesita suavizar el discurso y puede anunciar más medidas antipopulares
como las que viene aplicando desde hace 8 años, sin necesidad de disfraz y sin
ponerse colorados.
Este es el análisis que se desprende luego de la II reunión plenaria del Consejo
de Seguridad Interior (CSI), que se llevó a cabo el pasado miércoles 23 de noviembre
en la sede del ministerio de Seguridad, a cargo de Nilda Garré.
En la reunión del CSI se habló del aumento del conflicto social que se vaticina
para el próximo año. Es sabido que la discusión de las paritarias no superará
el 20% de aumento, en un año en el que la quita de subsidios, el recorte al
gasto público y el enfriamiento de la economía que ya viene pregonando Cristina
Kirchner, sumado a los conflictos ya existentes por tierra, vivienda, trabajo,
salud y educación, van a recrudecer los reclamos y hacer salir la gente a la
calle.
Palabras de preocupación se escuchaban entre los ministros provinciales, que
reclamaron “políticas claras” y respaldo de las autoridades nacionales en caso
que haya que reprimir tomas de tierras, acampes y piquetes.
Piden más respaldo del que ya tienen, tras el conflicto en Ledesma (Jujuy),
cuya represión dejó el saldo de cuatro muertos. O el de la comunidad Qom en
Formosa, que dejó dos, o el más reciente en Santiago del Estero, con el asesinato
de Cristian Ferreyra. Más respaldo para la criminalización de la protesta, cuyo
saldo es de 6.000 procesados, 17 muertos y 5 presos por razones políticas desde
2003. Respaldo para la más absoluta impunidad, garantizada por el aparato judicial,
al servicio de sus intereses.
De todos modos, la ministra Garré les manifestó su apoyo, lanzando un protocolo
de acción en caso de “desbordes callejeros”, medida para reprimir más efectivamente
las tomas de tierras, acampes y cortes de rutas. No se puede negar que la clase
dominante encontró en Garré uno de sus mejores cuadros para planificar las formas
en que el estado descarga la represión sobre el pueblo. Ya ha implementado medidas
como el Operativo Centinela, el Unidad Cinturón Sur y el Escudo Norte, todos
dirigidos al control social, llenando las calles de verdugos.
Está claro que esta reunión apuntó a consolidar alianzas y marcar el rumbo en
materia represiva para los próximos 4 años de gestión kirchnerista.
Hablando de alianzas y estrategias, paralelamente se viene desarrollando la
interna dentro de la CGT. Interna que está íntimamente ligada a la discusión
de las paritarias y al sistema de alianzas políticas hacia adentro del kirchnerismo.
El viernes 25, Cristina Kirchner tuvo un claro gesto hacia Gerardo Martínez,
denunciado por varias organizaciones políticas y sindicales, entre ellas CORREPI,
por hacer inteligencia para el batallón 601 en la dictadura. Martínez, líder
de la UOCRA, es el hombre que suena fuerte para reemplazar a Moyano en la dirección
de la CGT. A cambio del blanqueamiento de su prontuario, es el títere perfecto
para torcer la discusión salarial para el lado del gobierno y la UIA.
Es por eso que el vicegobernador, Gabriel Mariotto, organizó un encuentro en
el predio que la UOCRA posee en Esteban Echeverría, al que asistieron Hebe Pastor
de Bonafini, jóvenes de La Campora y Aníbal Fernández. Ahí se pudo ver a la
otrora luchadora por los DDHH compartiendo escenario con el responsable de la
desaparición de al menos 105 trabajadores de la construcción en la dictadura
y que actualmente se dedica, entre otras bellezas, a enviar patotas para golpear
docentes, como en el conflicto de Adosac en Santa Cruz (ver Boletín 612), trabajadores
de listas opositoras dentro del gremio de la construcción, como las reiteradas
palizas a los obreros de Sitraic (ver boletines 595 y 633), así como todo conflicto
que moleste al gobierno y necesite de una fuerza de choque para silenciar los
reclamos.
Como podemos ver, el próximo año se prevé un aumento considerable de la conflictividad
social y la represión no se hará esperar. El gobierno ya está aceitando los
mecanismos para aplicar sobre los trabajadores las medidas represivas que les
permita contrarrestar la lucha. El protocolo de acción en caso de desbordes,
enfocado a la represión que desde CORREPI caracterizamos como selectiva y el
guiño a Gerardo Martínez, demuestra una vez más que la política de DDHH es una
fábula mezquina para obtener consenso, así como también demuestra el carácter
represor y antiobrero de este gobierno.
Hay para todos… represión a estatales en el Chaco y a docentes en Capital.
Esta semana se dieron dos hechos represivos de significativa importancia por
la envergadura de los conflictos que involucran a los trabajadores del estado
en ciudad de Buenos Aires y en la provincia del Chaco.
Ambos conflictos se relacionan con el avance de la precarización laboral, afianzada
en el sector privado, que en este caso se vuelca en la esfera pública.
El jueves 30 de noviembre, los empleados estatales de la provincia del Chaco
realizaron un corte de calle, frente a la Casa de Gobierno, en reclamo de mejoras
salariales y de la derogación de un decreto que establece la obligatoriedad
de una carrera administrativa en el sector público.
El gobernador kirchnerista, Jorge Capitanich, no tardó en enviar a la policía
para que libere el transito, que lo hizo a fuerza de gases y balas de goma que
hirieron a mujeres y niños inclusive. El resultado de la represión fue de varios
heridos y seis detenidos, entre ellos José Niz, titular de UPCP, el mayor gremio
de estatales de esa provincia.
Al mismo tiempo, en la ciudad de Buenos Aires, se desató la represión, en este
caso protagonizada por integrantes de la barrabrava de Boca al servicio del
macrismo, sobre los docentes que venían llevando adelante la lucha contra la
sanción de la ley que reduce a la mitad las juntas de clasificación docente
y establece la creación del una comisión de control que responda al poder ejecutivo
de la ciudad, por ende al gobierno de turno.
En la noche del 29, luego de reiterados paros, los docentes agremiados en UTE
y Ademys, acompañados de organizaciones políticas, hicieron un acampe y vigilia
en las inmediaciones de la legislatura porteña. Alrededor de las 9 de la mañana,
UTE se retiró del acampe, al mismo tiempo que la policía liberó la zona. Poco
tiempo después llegaron cuatro micros con gente encapuchada cantando consignas
contra Macri que se infiltraron entre los manifestantes, previo de robar banderas
y estandartes de algunas organizaciones que estaban en el lugar. Cuando lograron
infiltrarse comenzaron a golpear a los docentes y estudiantes para hacer un
cordón que permitiera el paso de los legisladores al recinto, pra que votaran
la resistida ley.
Durante la tarde hubo una movilización en repudio de las agresiones hacia los
docentes y se continuó la vigilia en la puerta de la legislatura. Cuando ya
estaba finalizando el trámite legislativo y la sanción de la ley era casi un
hecho consumado, los manifestantes fueron finalmente desalojados por el personal
de seguridad de la legislatura y la policía metropolitana.
Esto nos muestra que no importa el color político del partido que gobierne.
Kirchnerismo y macrismo, a la hora de reprimir, son lo mismo. Pueden hacer la
parodia de pelearse para las cámaras, pero entre bastidores se dan las manos
porque saben que defienden los mismos intereses.
El Banco Piano persigue a los sindicalistas antiburocráticos, la policía reprime.
La semana pasada fueron despedidos dos compañeros del Banco Piano. Aníbal Maidana,
cajero de la sucursal San Martín, y Daniel Truccolo, cajero de Ballester, fueron
despedidos por su actividad sindical. Ambos pertenecen a la agrupación “La Tecla”,
opositora a la burocracia de la Junta Interna y a la burocracia zanollista de
“La Bancaria”.
El jueves, los compañeros despedidos, junto a otros bancarios, hicieron un escrache
en la casa Central del Banco Piano, para reclamar por la reincorporación de
los despedidos y el cese la persecución sindical hacia los miembros de “La Tecla”.
Cuando los compañeros entraron a la sucursal con bombos, redoblantes y volantes,
los policías de la federal y la seguridad privada del banco agredieron con golpes
y empujones a los trabajadores y hasta intentaron agredir también a un periodista
del diario “El Sindical”.
Los compañeros, ante esta persecución sindical, también iniciaron acciones judiciales.
En 15 días un juez tendrá que decidir si restituye a los compañeros, mientras
avanza el juicio, o si se pone del lado de la patronal y avala la persecución
de la patronal del Banco.
La patronal despide y persigue a los trabajadores antiburocráticos, la burocracia
sindical avala los despidos y la policía reprime cuando protestan. La única
manera de lograr que el juez restituya a los compañeros despedidos a su lugar
de trabajo, es con la solidaridad, la organización y la lucha.
Para qué aumentar las penas, si reprimiendo se obtienen mejores resultados.
La ministra de Seguridad, mientras disertaba en la primera Jornada sobre Seguridad
Integral organizada por el Observatorio de Seguridad Integral de la Fundación
Ángela María Aieta de Gullo efectuada la semana pasada, aseguró que “la conflictividad,
presente en todas las sociedades, requiere conocer cómo gestionarla para que
tenga los menores grados de violencia posibles y que el derecho a la seguridad
de cada ciudadano esté garantizado”. Y rematando agregó: “La mayoría de los
casos pueden resolverse de manera preventiva”, dejando al descubierto que no
hace falta aumentar las penas para reprimir el conflicto social, si existen
métodos más eficaces para resolverlo.
¿Cómo? Con los métodos que viene aplicando e incrementando desde que asumió
su mandato. Sólo para mencionar algunos, la creación del Plan Cinturón Sur militarizando
los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires, la creación de policía vecinal,
policía especial, es decir, más policía, gendarmería, prefectura, todos invadiendo
los barrios con la única finalidad de controlar y reprimir la clase que ella
anuncia como responsable del delito. Lo dijo con toda transparencia: “La desigualdad
no es la única causa del delito pero sí de conflictividad, violencia y situaciones
que terminan en accionares delictivos”.
Mostrando el respaldo de todo el estado nacional en esta política de represión
preventiva, añadió a sus palabras que: “cuando la presidenta Cristina Fernández
de Kirchner creó el Ministerio de Seguridad, dio una señal muy enfática al determinar
en la agenda pública una política de seguridad”.
El mensaje de la ministra de seguridad es claro, “la inseguridad no se resuelve
con penas más duras”, sino con más represión…
Restructuración policial para reprimir mejor.
Esta semana, a las puertas de la reasunción de la gestión kirchnerista en la
nación y varias provincias, hubo varios anuncios de cambios en la estructura
policial. Por el lado de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Scioli
decidió pasar a retiro al jefe de la Bonaerense, Juan Carlos Paggi, desgastado
en los últimos años, después de episodios que trascendieron y pusieron en evidencia
la participación criminal de la fuerza.
Junto con la designación, en su reemplazo, del comisario Hugo Matzkin, de inmejorable
relación con el gobierno nacional a través de León Arslanián, se reestructuró
el organigrama policial, designando a dos civiles en las subsecretarías de Política
Criminal y Operativa.
Paralelamente, el gobernador anuncio la creación de la policía municipal, que
dependerá de los intendentes del conurbano, y de la policía judicial. Ninguno
de ambos anuncios es demasiado novedoso. Por el lado municipal, hace años que
diversos municipios, como Ezeiza, implementan “planes piloto” de policía local,
reclutando ex policías de “impecables antecedentes”, como el “Mataguachos” de
Fiorito, Juan Antonio “El Oso” Peloso, reciclado en aquel municipio cuando fusiló
a Matías Barzola en 2003. Y pocas medidas han sido “anunciadas” más veces que
la policía judicial, que nunca se terminó de implementar.
El triángulo operativo conformado por el nuevo jefe y los civiles a cargo de
las secretarías, responde de manera directa a las prescripciones acordadas con
el ministerio de Seguridad nacional y promovido por el CELS, Pérez Esquivel,
la CTA y otras organizaciones en el llamado “Acuerdo de Seguridad Democrática”,
el decálogo de “cómo reprimir y seguir pareciendo progresistas”.
Al mismo tiempo, pero desde la nación, se anunció la creación de una delegación
para monitorear a las fuerzas de seguridad en Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones,
justamente las provincias en las que, de manera recurrente, los conflictos por
tierras y trabajo son más agudos, y prometen crecer de cara a la miseria que
avanza.
El comunicado del ministerio de Seguridad de la nación es bien claro: “...la
nueva dependencia permitirá detectar problemáticas específicas de seguridad
en la región y, eventualmente, proponer cursos de acción”. La resistencia, a
pesar de la represión y el asesinato, de la comunidad qom La Primavera, es buen
ejemplo de esas “problemáticas específicas” que requieren “proponer cursos de
acción” en los que la nación coordine sus fuerzas federales con las policías
provinciales y municipales.
A Garrido lo mató la policía.
El 36% por ciento de las muertes a manos del aparato represivo estatal ocurren
en comisarías o cárceles. Presentadas como suicidios, descompensaciones o muertes
súbitas, son la perfecta cobertura para la muerte en la tortura o la lisa y
llana ejecución. Aun las atribuidas a peleas o riñas entre presos, suelen estar
acompañadas de la facilitación, cuando no la directa instigación de los funcionarios,
que usan sicarios igual que reclutan “buches” en la calle.
El 1º de diciembre, Alejandro Verardo Iraola, de 37 años, apareció muerto a
puntazos en su celda en el penal de San Felipe, en Mendoza. Con él, ya ronda
la decena la cantidad de nuevos casos que hemos registrado después del cierre
de datos para el acto en Plaza de Mayo.
Al mismo tiempo, pericias médicas confirmaron, en El Bolsón, que a Guillermo
“Coco” Garrido, encontrado ahorcado en la comisaría 12ª el 13 de enero de 2011,
lo mató la policía, fraguando luego su “ahorcamiento”, tal como lo denunciamos
desde el primer momento (ver Boletín nº 593, 31/01/11).
Gracias a la movilización de familiares y vecinos y a la lucha organizada del
Colectivo de Militantes de DDHH de El Bolsón (integrantes del Encuentro Nacional
Antirrepresivo), se logró desbaratar el intento de encubrimiento el que fueron
parte el médico forense que realizó la primera autopsia, que ocultó el golpe
que tenía Guillermo en su cabeza, y el juez Ricardo Calcagno, quien, además
de tratar de cerrar la causa, premió a los asesinos permitiéndoles seguir trabajando.
Como en El Bolsón, sólo la pelea antirrepresiva organizada permite mostrar en
un expediente judicial lo que tanto se esfuerzan en ocultar: que cada preso
que muere en una cárcel o comisaría, es una víctima de la represión estatal.
Próximas actividades:
7 de diciembre, a las 17:00, marcha de Congreso a Plaza de Mayo, en el aniversario
de la represión en el parque Indoamericano.