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“Sólo hay monte, no hay nada”
Por Alba Silva - Wednesday, Dec. 07, 2011 at 12:45 AM

Martes, 06 Diciembre 2011 / El asesinato del campesino Cristian Ferreyra produjo una ola de indignación, declaraciones y movimientos. Están detenidos los autores materiales y el instigador del crimen. A la vez, el revuelo mediático causó que el Gobernador Zamora decrete por seis meses el cese del desmonte.

Lejos de ser un hecho aislado, la muerte de Ferreyra se inscribe en la amenaza cotidiana en la que viven miles de familias en territorios que están en la mira de los campeones del agro-business, la minería o el petróleo en todo el norte argentino donde la frontera agropecuaria avanza imparable a punta de escopeta.

Lo extraño es que no haya más muertos en un sentido literal porque en el otro, en el simbólico, en el de las expectativas, ocurre un hundimiento: el sentimiento de estar bajo fuego sin que las famosas instituciones del Estado funcionen para el lado de la justicia. Así que no queda más que presentar batalla, encarnizada, que es otra vez la palabra a muerte.

El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), como articulador y organizador desde hace 20 años de miles de familias a las que no se les reconocen derechos, pone en evidencia el desinterés o, mejor dicho, los intereses en juego y los compromisos de los gobernantes.

Según un informe del Observatorio de Tierras, Recursos Naturales y Medioambiente que la Red Agroforestal del Chaco publicó en octubre del 2010, en el NOA hay cerca de “8 millones de hectáreas afectadas por conflictos por la propiedad de la tierra o por la devastación y/o contaminación de otros recursos naturales, como el agua, el aire y los bosques. Estos conflictos afectan a cerca de 1 millón de personas, la mayoría comunidades campesinas y aborígenes. Estos datos emanan del análisis de sólo 164 casos”, y agrega: “Desde ese último informe a la fecha hemos sumado otros 80 casos”.

Los datos de la Red Agroforestal contabilizan la pesadilla en la que viven los campesinos y algunas comunidades indígenas que lejos de desarrollar sus culturas permanecen en vigilia permanente, atentos a la llegada de intrusos, mayormente del sur: porteños, cordobeses, santafesinos, que acompañados de mano de obra local, santiagueños marginalizados, ingresan a los territorios armados y dispuestos a todo.

Y si Santiago del Estero creó a la organización campesina más importante de la Argentina y que a lo largo de los últimos 20 años ayudó a que en otras provincias o regiones las familias se organicen, no es menor el rol de los abogados que batallan en los tribunales, mayormente en una actitud defensiva. Sin dudas todos los instrumentos del Estado están para servir a los “inversores” y no para proteger o crear derechos. Mucho menos si se trata de humildes pobladores rurales.

Pedro Orieta, integrante del colectivo PRADE -Práctica Alternativa del Derecho- y abogado de familias campesinas atacadas explicó cómo funciona la aplicación de justicia por parte de los agentes judiciales cuando hay una disputa por los territorios. Es más que interesante el análisis porque muestra el choque, resuelto hasta ahora por la fuerza, de cosmovisiones opuestas.

”Buscamos el instituto jurídico de la posesión para las familias campesinas que son el sujeto que tiene la cosa y se comporta como dueño: vive hace muchísimo tiempo, generación tras generación, cortan leña para hacer carbón, pastorean animales, siembran, etc. En definitiva para vivir en ese lugar no le piden permiso a nadie, no reconocen ningún titular de dominio porque al no pedir permiso no reconocen en otro al dueño, se reconocen a sí mismos. A partir de eso la posesión se manifiesta a través de los actos posesorios, las mejoras que uno tiene, la casa, el cerco, el potrero no están en conflicto porque si así fuera tendríamos muchas posibilidades de ganar. La cuestión es el campo abierto porque para los jueces y su mirada liberal, el derecho tiene un contenido político e ideológico que no contempla la vida de las familias campesinas. Ellos se manejan con la figura de los productores de la pampa húmeda es decir el que tiene delimitado su lote, que sabe hasta dónde ocupar, títulos saneados y acá estamos hablando de otra forma de producción, sin límites definidos , sin cerramientos, no hay alambrados. Los jueces que tenemos en Santiago, que viven en Santiago, asimilan el término campo a uno de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, donde tienen sembrados de sorgo, soja, trigo, maíz y donde las vacas están en feedlots. Esa es la forma de producción que se reconoce aquí, los funcionarios judiciales llegan a una inspección ocular, ven y preguntan: ‘¿Dónde está el alambrado? -no, no tenemos, -¿Y por qué? -No tenemos por los costos´. Esa es la otra, la vida comunitaria que no se termina de entender. Hay parajes que viven alrededor de un campo grande, no hay construcciones, no hay viviendas pero resulta que el campo ese es explotado en forma comunitaria por cinco o siete comunidades y si vos alambras el campo le estas quitando el sustento a esos seis o siete parajes completos.

Entonces el juez dice `-Pero ustedes no tienen su casa aquí, no tienen cerco ni potrero, tampoco sembrados. Sólo hay monte, no hay nada´. Esa es la mirada” concluye Orieta.

Video de marcha en Monte Quemado

http://vimeo.com/33010659

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