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Ley de Terror para todxs
Por reenvío red eco alternativo - Saturday, Dec. 24, 2011 at 8:13 AM

A pesar del rechazo de los organismos de derechos humanos, y diferentes organizaciones sociales, políticas y sindicales, en la madrugada de hoy, jueves 22 de diciembre, la Cámara de Senadores aprobó, por 39 votos a favor y 22 en contra, el proyecto de ley antiterrorista presentado el pasado 14 de octubre por el Poder Ejecutivo Nacional. Se completa así la media sanción que tuvo en la Cámara de Diputados el jueves 15 de diciembre.

(Red Eco) Argentina – A partir de los votos afirmativos de 134 diputados y 39 senadores, se modificó el Código Penal para que el delito de terrorismo se asocie a todos los tipificados allí, sean cometidos tanto por organizaciones como por individuos. Ahora se considerará como terrorista el delito que (tipificado en el Código Penal) sea cometido “con finalidad terrorista”. ¿Qué se entiende por “finalidad terrorista”?: “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población, la escala penal se incrementará en el doble del mínimo y del máximo. Si la finalidad fuese la de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, se aplicará la misma escala, siempre y cuando no se trate del ejercicio de un derecho constitucional”. De esta manera, se establece el doble de la pena prevista para absolutamente todos los delitos si se considera que fueron cometidos con finalidad terrorista. Al duplicarse las penas, los delitos pueden convertirse en no excarcelables.
Además ya no es necesario ser parte de una “organización” o “grupo organizado”, por lo que un acto individual también puede ser considerado terrorista.
En la nueva ley, se crea la figura de “asociación ilícita terrorista” mediante la creación del nuevo articulo 213 ter, que propone considerar como actos terroristas a los cometidos para “aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo” para lo cual realicen una “acción de propagación del odio étnico, religioso o político” y “disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o integridad de un número indeterminado de personas”. Se abre así la posibilidad de que se sancione como acto terrorista cualquier acción popular que pretenda modificar alguna decisión gubernamental.
Desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia indicaron que esta ley “transforma en ´terrorista´ a cualquier movimiento de trabajadores, estudiantes, pueblos originarios, derechos humanos, vecino o ciudadano que intente reclamar por sus derechos”. Además, señalaron: “Con una realidad actual donde cada vez son más los ciudadanos asesinados en el marco de protestas sociales que reclaman tierra para vivir o condiciones de trabajo y cuando aumentan peligrosamente los delitos imputados a quienes participan de esas protestas no es difícil imaginar a quienes está dirigido el presente proyecto de ley”.
En un entrevista realizada por La Vaca, Gastón Chillier, director Ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), afirmó que aunque en sus fundamentos la ley plantea que “quedan terminantemente excluidos de cualquier interpretación criminalizante los hechos de protesta social”, “el problema es que una persona puede ser encarcelada y mucho después, la justicia le reconoce que estaba ejerciendo sus derechos constitucionales, pero mientras tanto queda presa durante años y años, porque la figura penal que le aplican no es excarcelable. Un juez de faltas de Salta, Neuquén, San Juan o cualquier otra provincia puede imputar a indígenas o a vecinos que se oponen a una explotación minera, o a grupos que corten una ruta”.
Cabe recordar que esta ley enviada desde el Poder Ejecutivo fue producto de un pedido efectuado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Su aprobación es uno de los requisitos para mantener a la Argentina dentro del G20, y obtener el certificado de “país confiable” para recibir inversiones internacionales. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, afirmó que la urgencia con que se aprobó la ley tiene que ver con las imposiciones de los Estados Unidos y el GAFI “para asegurar sus inversiones financieras y el control de los movimientos sociales, indígenas, campesinos, trabajadores y estudiantiles”. José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, consideró que (el presidente de Estados Unidos, Barack) “Obama pide más compromiso con su ´lucha contra el terrorismo´ y el progresismo se rinde a sus pies como si no hubiera habido genocidio, juicios y castigo y promesas de Nunca Más”. Y agrega: “Como han demostrado en el 2007 la casi totalidad de los organismos de derechos humanos y lo han vuelto a hacer una buena parte de ellos ante esta arremetida por la duplicación de las penas de aquella ley, la ley 26.268 aunque fuera enviada al Congreso por el entonces presidente Néstor Kirchner, venía formateada por un organismo supranacional de la órbita del Fondo Monetario Internacional, el GAFI y se inscribe nítidamente en la batería de leyes y reglamentos con que los EE.UU. vienen demoliendo el derecho internacional de posguerra e instalando como regla fáctica su derecho a invadir países, bombardear territorios, asesinar dirigentes que ellos consideran oponentes o no funcionales y todo lo que han hecho en estos años en Afganistán, Irak, Palestina o Colombia”.
Al respecto, el juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni manifestó que esta ley “es una extorsión que nos hace el organismo GAFI, de segunda categoría, que se atribuye más derechos que las Naciones Unidas”. Y agregó: “La República Argentina está extorsionada por este organismo que se ocupa de garantizar que el lavado de dinero se haga solamente en el hemisferio norte”.
Durante la defensa del proyecto en la Cámara de Diputados, el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, afirmó: “Este es el mejor proyecto que se puede elaborar desde el Ejecutivo sin afectar la vigencia plena de los derechos humanos y las garantías constitucionales (…) la definición alcanzada nos parece la que menos consecuencias puede tener sobre la garantía de la protesta social”. Está claro que nunca efectuaron consultas con los organismos de derechos humanos, ya que por ejemplo para Pérez Esquivel “el proyecto de ley adolece de claridad y puede ser usado para impedir los reclamos sociales. (…). No se dice una palabra sobre el ´terrorismo económico´. No clarifica quien o quienes son terroristas, cuales son los parámetros para determinar los que atentan contra la seguridad del pueblo”.
Silvana Melo señaló, en una nota publicada por la Agencia Pelota de Trapo, que “la escasez de precisiones y la generosa amplitud del proyecto habrían convertido en terroristas -si las balas bravas de las policías bravas no hubieran agilizado el trabajo- al López qom de La Primavera formoseña, a los cuatro muertos por parcelitas de tierra en Jujuy, a Mariano Ferreyra, a Maxi Kosteki y Darío Santillán, al desobediente Luciano Arruga, a los 38 muertos por los estados nacional y provinciales exactamente diez años atrás, entre otros sediciosos. Si la ley tuviera carácter retroactivo, se estaría a tiempo de procesar a los centenares de miles de clasemedistas que desafiaron el estado de sitio de De la Rúa y a los centenares de miles de hambrientos que han cortado rutas, callejones, escudos y montadas y paciencias oficiales desde Domingo Cavallo en adelante”.
“¿Por qué tanto apuro sin consultar a las organizaciones sociales y a juristas para evaluar la conveniencia de esta ley más anti-terrorista?, se preguntó Pérez Esquivel. “Hay una tendencia cada vez mayor, incluso en países como EEUU y Europa de ir restringiendo los derechos civiles y aplicando el control social y punitivo. Los mecanismos impuestos son el miedo; en nombre de la seguridad se restringe la seguridad ciudadana. Es necesario estar alerta frente al avasallamiento de la libertad de los pueblos y que no nos arrastren a los totalitarismos”, se respondió.
Ahora, el Poder Ejecutivo tiene 10 días para vetar total o parcialmente esta ley, u ordenar su promulgación.
Desde Red Eco repudiamos a todos aquellos parlamentarios que con actitud genuflexa ante el GAFI y de seguidismo exacerbado hacia las posiciones del gobierno nacional, no han dudado en sancionar esta ley que, lamentablemente, abrirá una nueva etapa de mayor criminalización de las luchas sociales.

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