Julio López
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Romper los límites que impone el poder financiero internacional
Por Fuente: CTA Cba / republica (( icba )) - Thursday, Dec. 29, 2011 at 12:12 PM

Ley Antiterrorista y conflicto social La CTA de la Provincia de Córdoba repudia la conocida ‘Ley Antiterrorista’ aprobada recientemente por el Congreso Nacional, norma expresamente atada a los intereses del capital financiero internacional e impuesta por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), un organismo de tercer orden ligado a las corporaciones que llevaron al capitalismo actual a una crisis mundial sin precedentes.

Esta ley agrava cualquier delito del Código Penal “que fuera cometido –según el criterio de quien la aplique- con la finalidad de generar terror en la población o de obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de tomar determinada decisión”. En estos casos se eleva la pena aplicable al doble de la pena mínima y de la máxima, elevando un delito de 6 meses a tres años de prisión, a una pena de 1 a 6 años.
Tal como señaló la Asesoría Jurídica Nacional de la CTA, así, la reforma genera condiciones para una mayor criminalización de la protesta social, ya que amplía las figuras penales y aumenta notablemente las penas respecto de actos que constituyen la sustancia de las estrategias de reivindicación de derechos en la práctica. Los piquetes, las movilizaciones, las huelgas con permanencia en el establecimiento, la resistencia a desalojos, entre otros, quedarán sujetos a la eventualidad de que un juez los califique como terroristas.
No se trata de una preocupación en abstracto. Son muchos los interrogantes que surgen en nuestra Central sobre la ambigüedad del texto de ley.

¿Deberemos estar atentos en Córdoba a que no se aplique la norma a los trabajadores de la salud provincial, a los campesinos del norte, a los compañeros que luchan por la recuperación del sistema de agua, a los ambientalistas que rechazan el desmonte, a las Madres de Ituzaingó -que han llevado a juicio a productores sojeros por fumigar población urbana con veneno-, a todos y cada uno de los luchadores populares que llevan a la práctica la militancia diaria por una provincia más justa?

Aunque el gobierno nacional anuncie que no se aplicará la ley al conflicto social, ¿Quién puede garantizar que jueces de todo el país no la apliquen en ese sentido? ¿Acaso la justicia no es independiente del gobierno? ¿Las experiencias de represión y persecución de militantes y dirigentes en diversas provincias no nos deben poner en alerta sobre la gravedad de las consecuencias que implica la norma? ¿El gobierno nacional puede garantizar que los jueces en las provincias son realmente independientes de los poderes locales? ¿El caso del compañero Ferreyra, del Mocase, no pone sobre la luz la complicidad de ciertos funcionarios y magistrados judiciales con los asesinos del pueblo? Peor aún, ¿el gobierno impulsa leyes que tienen vencimiento cuando finaliza su gestión o las normas no trascienden el calendario electoral?

No podemos dejar de señalar que el Ejecutivo Nacional impulsó esta ley en un contexto de ajuste tarifario, pretensiones de techo salarial a la discusión paritaria y el ataque a ciertas organizaciones sindicales, con reclamos oficiales de quite de personería incluidos. Un cuadro dentro del cual pareciera que se manejará la gestión política-económica-social del 2012. Se avizora un año en que el gobierno intenta hacer caer sobre los trabajadores la crisis internacional, que sin duda afectará nuestra economía, mientras continúan sin recuperarse la renta agraria, financiera, minera, ictícola y petrolera.

Nuestra Central sostiene que otras opciones se encuentran sobre la mesa si de defender la capacidad de ingreso de los trabajadores se trata. Pero seguramente no será con leyes antiterroristas que la patria podrá superar la crisis financiera, sino distribuyendo la riqueza y profundizando la democracia en todos los ámbitos.

Sin olvidar la legitimidad electoral que el gobierno cosechó hace apenas dos meses, estamos convencidos que la mayoría argentino no votó a favor de criminalizar la protesta social.

Guido Dreizik
Secretario General
CTA Córdoba Capital

Oscar Mengarelli
Secretario General
CTA Córdoba





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