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Nueva movilización en febrero para exigir la anulación de la Ley Antiterrorista
Por Fuente: ACTA - Saturday, Jan. 14, 2012 at 4:26 AM

Viernes 13 de enero de 2012, por Inés Hayes - Con la presencia de las organizaciones que marcharon junto a la CTA el 29 de diciembre para exigir la anulación de la Ley Antiterrorista, se realizó una nueva reunión en la que se decidió convocar a una nueva movilización para mediados de febrero y un pedido de audiencia a la Suprema Corte de Justicia y a las Cámaras de Diputados y Senadores.

“La Ley es represiva porque duplica los mil tipos de delitos penales que hay hoy”, comenzó su intervención José Schullman, integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. “Todos los organismos de Derechos Humanos están contra la Ley, incluidas las Madres de Plaza de Mayo”, agregó Schullman quien además explicó que el Código Penal Argentino está copiado del de la Italia fascista de 1928. “Los cinco mil luchadores sociales procesados lo están por coacción agravada. Eso que eran 8 años, con la nueva Ley serán 16 años. 16 años por cortar una ruta!”, clarificó el militante por los Derechos Humanos.

A su turno, Claudia Baigorria, secretaria Administrativa de la CTA y titular de la CONADU Histórica, sumó su voz: “me parece que en esto debiéramos tener un compromiso militante priorizando la causa y los objetivos, lejos de los sectarismos”. Ricardo Peidro, secretario Adjunto de la Central agregó que lo que se debe ir generando son las condiciones para que la Ley no se aplique: “Lo central es la concientización y la movilización”, dijo Peidro. Sentado a su lado, Carlos Alderete de la Corriente Clasista y Combativa volvió a recordar los miles de procesados que hay en el país por reclamar condiciones dignas de vida y de trabajo. “En el interior podemos concentrar en los Juzgados Federales”, propuso Amancay Ardura, también de la CCC. “Nosotras pensamos en volver a tratar el tema de la Ley en la jornada del 8 de marzo”, compartió Alejandra Angriman, secretario de Género de la CTA nacional.

Otra de las propuestas que surgió en la reunión fue la realización de un afiche para concientizar y poner en tema a la ciudadanía. “La idea del afiche es que sea claro y comprensible para toda la comunidad”, dijo Hugo Blasco, secretario de Derechos Humanos quien, junto a Peidro, coordinaron la reunión. “Es bueno también ir intercambiando las diferentes experiencias y saberes de los casos de judicialización de la protesta en todo el país”. La promulgación de la Ley entre gallos y media noche fue puesto de relieve por el secretario general de la CTA Capital Federal, Carlos Chile: “tenemos presente que la idea de promulgar la Ley fue invisibilizarla. Debemos sostener este tema en el centro de la agenda política”. Chile enmarcó el tema de la Ley en el contexto sumamente conflictivo tanto a nivel nacional como internacional de recrudecimiento de la crisis capitalista. Cachorro Godoy, secretario general adjunto de ATE nacional también estuvo presente y adhirió a la convocatoria.

La reunión finalizó con la firme decisión de movilizarse al Congreso Nacional para exigir la anulación de la Ley ‘Terrorista’ y el pedido de audiencia a la Suprema Corte de Justicia y a las Cámaras de Diputados y de Senadores. También se resolvió un próximo encuentro organizativo para el 1 de febrero a las 18 horas en la sede de la CTA Nacional (Lima 609).

Equipo de Comunicación de la CTA

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"una extorsión"
Por vamos todos - Sunday, Jan. 15, 2012 at 2:22 PM

La sanción de las reformas perturba la sintonía que ha sido tónica de las relaciones entre las organizaciones de derechos humanos y el gobierno desde que este resolvió, ocho años atrás, avanzar en procesos contra represores de la última dictadura (1976-1983).

El no gubernamental Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también expresó "profunda preocupación" por los "conceptos tan abiertos e imprecisos" de la ley y el riesgo de que se aplique a "desalojos, cortes de vías de circulación o a protestas en espacios públicos".

Le siguió la Asociación por los Derechos Civiles, que recordó que el uso de un lenguaje excesivamente abstracto "no se condice con los requisitos de precisión y claridad en materia penal que exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

La norma tampoco cuenta con la aprobación del magistrado Eugenio Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien la calificó como "una extorsión" del GAFI en una entrevista con una radioemisora de la central provincia de Córdoba.

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