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Reconocen desatención estatal a indígenas costarricenses
Por Prensa Latina / Cuba - Wednesday, Jan. 18, 2012 at 10:51 AM

San José, 17 ene (PL) La Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) incumple con sus funciones como ente promotor de los derechos de los indígenas en Costa Rica, según admite un informe de la Contraloría General de la República.

El documento aborda las debilidades en la gestión y el control de la entidad, creada en 1973, la cual ha sido cuestionada por sus acciones en detrimento de los supuestos beneficiarios, las ocho etnias aborígenes que habitan en el país centroamericano.

Según el texto, la institución carece de una planificación estratégica, por lo que los objetivos y la visión institucionales son poco claras y cambian con cada junta directiva.

La falta de acciones concretas por parte de esa institución provoca que el Estado carezca de una política pública sobre las poblaciones originarias, pese a haber firmado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales (1992), justificó la Contraloría.

El ente regulador costarricense critica a la CONAI en el orden financiero, por sus supuestas debilidades en el control interno y contable, refiere el diario La Nación.

También deplora el manejo ineficaz del presupuesto de la institución, que recibió para este año un monto millonario para el pago de salarios y otros gastos.

Con antelación, la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica denunció que la CONAI es sólo un mecanismo estatal para camuflar un supuesto respeto a los derechos indígenas y violar al mismo tiempo esos derechos, al apadrinar la usurpación y el despojo de sus tierras por el Estado mismo.

Para ese foro, la existencia del ente y su fortalecimiento financiero es un riesgo para los pueblos autóctonos, porque lejos de cumplir con su responsabilidad procura la desaparición de los originarios.

Ejemplos sobran de la actuación cuestionable de la CONAI, enfrentado por los indígenas a través de sus organizaciones familiares, comunitarias, territoriales, regionales y nacionales, señaló la entidad.

En todos estos años, agregó, la dependencia dio vía a la explotación de los territorios de los originarios, de sus recursos naturales, minerales, del agua y de su biodiversidad, al mismo tiempo que propició la imposición de mega proyectos y el bloqueo de iniciativas comunales.

Las denuncias de la Mesa concuerdan con lo expresado por el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la Organización de Naciones Unidas, James Anaya, durante su visita a Costa Rica en abril de 2011. Anaya atendió las quejas respecto al Proyecto Hidroeléctrico Diquís, propulsado por el Instituto Costarricense de Electricidad, y llamó la atención al Estado por la precaria situación de los originarios.

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