México: Condenan en Puebla a dos indígenas nahuas pese a contradicciones de testigos : Argentina Indymedia (( i ))

La historia de los dos indígenas nahuas de la localidad serrana de Atla, en Puebla, fue retomada por Crónica en días pasados.

Ambos eran autoridades tradicionales: Ramón, presidente auxiliar, y Pascual, juez de paz: habían diseñado un plan proporcionar agua gratuita desde un manantial a todas las familias del pueblo, pero el grupo caciquil que desde hace varios años ha controlado el suministro, con cuotas de hasta cinco mil pesos ó 40 días continuos de trabajo comunitario sin remuneración, se opuso al proyecto y les fabricó un delito…

Abraham Aparicio, hijo de Cristóbal Aparicio —uno de los caciques de la zona involucrados en el abastecimiento de agua—, “aventó” su vehículo contra José Ramón, Pascual y un grupo de jornaleros que venían de trabajar en el panteón… Ante la agresión, los afectados llamaron a la policía municipal de Pahuatlán; cuando llegaron los agentes, Aparicio huyó, dejando el auto en abandono, por lo que fue trasladado al corralón local.

Esos hechos fueron denunciados por los hoy acusados ante la Secretaría General del Ayuntamiento, pero la evidencia fue ignorada por el MP de Huachinango, por el juez penal y por los integrantes de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia de Puebla.

Por lo ocurrido aquel día, se acordó que los Aparicio pagarían una multa y hasta firmaron un acta de conformidad, también desechada por los jueces. Sin embargo, días después el padre, Cristóbal, interpuso una denuncia por robo de vehículo con violencia.

“De los matorrales salieron los criminales: José Ramón y Pascual, quienes iban armados con pistola, me desmayé y cuando desperté mi auto ya no estaba”, acusó.

Durante el proceso, se omitió la declaración de los dos hombres ante el MP y nunca se les facilitó intérprete: ni a ellos ni a los testigos de descargo… En cambio, los testigos de la parte acusadora se contradijeron sobre si el dueño del auto presuntamente asaltado fue lesionado o no y sobre el uso o no de un arma de fuego.

Las irregularidades fueron calificadas por el juez y magistrados como “irrelevantes y accidentales” y los antecedentes en torno a las amenazas caciquiles por la promoción de tomas de agua gratuitas a los habitantes de Atla se catalogaron por los juzgadores como “insuficientes para generar odio”.