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Formosa: Denuncia del CELS
Por Página/12 -
Monday, Jan. 30, 2012 at 10:09 AM
El Centro de Estudio Legales y Sociales denunció a dos funcionarios del Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA) de Formosa por privación ilegítima de la libertad de un miembro de la comunidad originaria Qom.
El vocero del CELS, Alejandro San Cristóbal, confirmó que la denuncia fue radicada en el Juzgado número 1 de Formosa capital, a cargo del juez Rubén Antonio Spessot, a raíz de que el 28 de diciembre pasado, Samuel Garcete fue trasladado en ambulancia al Hospital Central de Formosa, al cual ingresó en estado de shock tras permanecer "dentro de la ambulancia durante varias horas sin recibir atención médica alguna".
"El 30 de diciembre, funcionarios del ICA le comunicaron al hermano de Samuel, Virgilio Yabará, que sería trasladado a un hotel, pero no le informaron a cuál ni las razones de esa decisión. A partir de ese día, familiares y amigos intentaron obtener su paradero, pero los funcionarios provinciales negaron toda información sobre su situación", agregó San Cristóbal.
El vocero sostuvo también que Garcete fue encontrado el último 22 de enero en la hostería Refugio Cascabel, de donde los responsables del lugar no lo querían dejar ir "porque el ICA no pagó su cuarto". El médico Nuncio Toscano, quien acudió al hospedaje, recomendó, por su parte, la inmendiata internación, debido a que "la herida de su pierna, producida en la represión del 23 de noviembre de 2010, estaba infectada con riesgo de amputación", y desde entonces Garcete se encuentra internado en el Hospital Juan Domingo Perón de Formosa, abundó el CELS.
Denuncian la privación ilegal de la libertad de integrante de comunidad qom
Por Horacio Aranda Gamboa -
Thursday, Feb. 16, 2012 at 9:13 PM
La esposa de un integrante de la comunidad qom La Primavera de Formosa, representada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) radicó una denuncia contra funcionarios provinciales a los que, entre otros delitos, acusa de privación ilegítima de la libertad sufrida por Samuel Garcete.
La demanda judicial en la que fueron acusados Esteban Ramírez, titular del Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA) formoseño; su secretario, Manuel Musso; el personal del Refugio Cascabel y los médicos del Hospital de Alta Complejidad de la ciudad capital, se originó luego de que Garcete –una de las víctimas de la represión policial del 23 de noviembre de 2010 que lo dejó postrado en silla de ruedas–, en compañía de su hermano Virgilio Yabaré, fue trasladado a la ciudad de Formosa en una ambulancia “del Centro Integrador Comunitario” para que se le realizaran controles médicos.
Al arribar a esa ciudad, el 28 de diciembre, Garcete fue recibido por funcionarios del ICA, no fue trasladado inmediatamente al Hospital Central y debió permanecer varias horas dentro del vehículo donde sufrió un shock con convulsiones, motivo por el cual debió ser internado de urgencia en la sala de terapia intensiva del citado centro de salud, en el que permaneció hasta el 30 de ese mes.
Garcete fue derivado al Hospital de Alta Complejidad, pero a su hermano –que se había ausentado por unos momentos– funcionarios del ICA le dijeron luego “que a Samuel lo iban a trasladar a un hotel, pero no le informaron a cuál ni por qué”. Desde ese momento, Benjamina Pérez, esposa de Garcete, y otros familiares y amigos, intentaron por “todas las formas posibles” mantener comunicación con Ramírez y Musso, “quienes negaron toda información”, a pesar de que el hombre “se encontraba completamente solo” y “alejado de su familia”.
En ese lapso, la familia logró mantener contacto con la Defensoría General de la Nación, con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, con el Servicio de Paz y Justicia y con el CELS, que no pudieron dar con el paradero.
Tras veinte días, finalmente, el pasado 22 de enero, Benjamina y su hija Marcelina, sin ningún tipo de ayuda oficial, lograron dar con Garcete, quien se encontraba retenido en el Refugio Cascabel, donde recibió curaciones superficiales pero no atención médica específica.
En su denuncia, entre otras cosas, Benjamina señala que en compañía del médico Nuncio Toscano visitaron a Garcete “junto con otros hermanos de la comunidad, entre ellos Gerardo y Eduardo Neguesochi”, tras lo cual Toscano “ordenó su inmediata internación, ya que la herida de su pierna”, producto de la represión del 2010, se “encontraba infectada con riesgo de amputación”.
En su escrito, el CELS señala que el hombre “fue privado de su libertad entre los días 20 de diciembre de 2011 y 22 de enero de 2012”, lo que motivó la denuncia por “privación ilegitima de la libertad, abandono de persona, violación de los deberes de funcionario público y todo otro delito que la investigación determine”. La presentación se realizó el viernes último ante el Juzgado Provincial Nº 1 de Rubén Spessot.
La demanda se produce dentro de un clima de hostigamiento denunciado por los habitantes de la comunidad La Primavera, ya que a la nueva agresión padecida el 7 de enero pasado por el hijo de Félix Díaz, se sumaron otros cuatro hechos de violencia, el último de los cuales tuvo lugar el 24 de enero, cuando Irma Peteni, viuda de Roberto López, muerto en la represión de noviembre del 2010, fue agredida a martillazos por un hombre que se dio a la fuga.
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