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Boletín informativo nº 646
Por Reenvio] CORREPI - Prensa - Friday, Feb. 24, 2012 at 8:16 PM

Boletín informativo nº 646 -23 de febrero de 2012

Sumario:

1. Garré-Moyano, política de estado (meta palo y oportunismo).
... ¡qué dos! dijo el diablo... y se estaba mirando los pies.

2. Balas y tortura para todos.
... las manos del Estado están manchadas de la sangre de los pobres...

3. Policías violadores.
...El uniforme y el arma, herramientas fundamentales para infundir temor, garantes absolutos del poder de oprimir....

4. Libertad a todos los presos políticos.
... la Galle no es la excepción a la regla... Debemos tomar esta lucha como ejemplo, y multiplicarla...

5. Represión a los que luchan, política de Estado más afilada que nunca.
Cada semana nos encontramos con nuevos casos de represión a la protesta ... a lo largo de todo el país...

6. Masacre en Honduras.
359 muertos: “Mantener la justicia, aunque el mundo perezca”...

Garré-Moyano, política de estado (meta palo y oportunismo).

La policía federal y la gendarmería del “gobierno de los Derechos Humanos” reprimieron una protesta de quienes se reivindican como ex combatientes de Malvinas. Con particular violencia, las fuerzas represivas avanzaron sobre la Avenida 9 de Julio, y lograron despejarla. La respuesta del estado derivó en muchos heridos y una veintena de detenidos. La ministra del área, Nilda Garré, se justificó diciendo: "no nos quedó otra".

Con mucho olor a interna, a desaires por vueltos o compromisos incumplidos, la CGT que lidera el burócrata Hugo Moyano hizo gala de oportunismo. En un comunicado, firmado con el burócrata judicial Julio Piumato, se escandalizó frente a esta "escalada que esperamos no sea un cambio en la política de persuasión y de respeto irrestricto a los derechos humanos, que pretendemos siga siendo una política de Estado".

La recurrencia a la represión para resolver toda demanda social es una constante del gobierno nacional, tan constante, como las falacias y distorsiones a las que recurre la burocracia cuando de cuestiones represivas se trata.

Hace rato que al gobierno "no le queda otra" que reprimir la protesta social, por eso tiene 17 muertos en movilizaciones, y miles de trabajadores y estudiantes criminalizados. Y hace rato también que estos devenidos "preocupados" dirigentes cegetistas hicieron del caradurismo una profesión de fe.

Sostener que hay una política de “persuasión y de irrestricto respeto por los derechos humanos” cuando han sido promotores y protagonistas de un despliegue represivo que define al kirchnerismo como uno de los dos gobiernos que más muertes ha tenido en la protesta desde 1983 (el otro fue el de la Alianza), es una subestimación a la inteligencia de la clase trabajadora.

Que la burocracia necesite “despegar” del gobierno que se jactó de ganar con el 54% de los votos y que, como medidas consiguientes, aprobó una nueva ley antiterrorista; escondió los tarifazos detrás de la quita de subsidios a las empresas de servicios públicos y limitó las discusiones paritarias, no implica que olvidemos su directa participación en la comisión o blanqueo de crímenes de estado.

Los hacemos cargo, a unos y otros, de las muertes de compañeros como Mariano Ferreyra, y del despliegue represivo desatado en tantísimos conflictos obreros, por caso, el emblemático de Kraft. En todos ellos, mientras los trabajadores luchaban, Moyano, Tomada, Fernández, por cuenta y orden de Néstor y Cristina Kirchner, consensuaron la manera de exterminarlos. Ésta es su verdadera política de estado.

Los compañeros solemos decir, la calle es la calle, el sitio donde la clase trabajadora confronta directamente con la triple alianza antiobrera (el estado, la empresa, la burocracia sindical).

Así como la organización y la lucha es la política de la clase, la represión es la respuesta de esa alianza. Esa es, y será siempre, la única política del estado capitalista que el gobierno lleva adelante y la CGT ha legitimado con su consentimiento expreso, el accionar de sus patotas, y el ominoso silencio.

El gobierno y la CGT... ¡qué dos! dijo el diablo... y se estaba mirando los pies.




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Balas y tortura para todos.

En el Barrio Mitre, de Saavedra, Stéfano Tapia, de 20 años, fue asesinado por un oficial del GEOF, cuerpo de elite de la Policía Federal. Durante un allanamiento en su casa, el policía disparó a Stéfano un tiro en el estómago. Como si esto fuera poco, el allanamiento siguió su curso mientras Stéfano se desangraba sin ningún tipo de asistencia médica. Recién cuando lo vio un vecino, llamaron a la ambulancia. Cuando la ambulancia al fin llegó, una vecina escuchó a este oficial decirle a la médica que Stéfano tenía un “golpe” y cuando la médica le contestó que lo que tenía era un orificio de bala, éste le retrucó “vos callate, hacé tu trabajo que yo hago el mío”. Stéfano falleció ese mediodía en el Hospital Pirovano. La gendarmería comenzó las pericias del hecho sin mucho apuro, 12 horas después de ocurrido el hecho.

En Córdoba, Gonzalo Ezequiel Barrionuevo, de 24 años, apareció “ahorcado” en un calabozo de la comisaría 17ª, donde se hallaba detenido. La versión policial, como es de esperarse, apunta a los famosos “suicidios” tan bien pintados por Rodolfo Walsh en “La secta del gatillo alegre” cuando dice que “la melancolía que inspiran las altas paredes de una celda fomenta negras ideas en los jóvenes débiles de espíritu, los ebrios, los chilenos carteristas y, en general, la gente sin familia que pueda reclamar por ella”.

En Misiones, en la URII de Oberá, a raíz de una pelea entre dos internos, fue asesinado Rafael Núñez, de 34 años, de un puntazo en el pecho.

Raúl Abel Sánchez, de 31 años, falleció esta semana luego de estar internado desde el 16 de enero en el Hospital Escuela. Raúl estaba preso en el penal n° 6 de San Cayetano, cuando recibió una terrible golpiza a manos de los agentes penitenciarios, que lo dejó con traumatismo craneoencefálico y debiendo recibir respiración asistida. Su familia y la Red de DDHH, mediante un comunicado de prensa, denuncian la responsabilidad del servicio penitenciario provincial (celadores, oficiales y el grupo ETOP, quienes le propinaron la golpiza), de las autoridades penitenciarias y del ejecutivo provincial. Además, denuncian que la causa por torturas que radicaron el 30 de enero, se encuentra parada, y que la asistencia médica que recibió fue mala. Asimismo, en el momento de la golpiza, cuando otros internos intentaron parar a los agentes penitenciarios, también fueron salvajemente golpeados.

En Corpus, provincia de Misiones, Adrián Vargas, de 21 años, murió el martes 14, luego de agonizar durante 10 días. El sábado 4 de febrero, hubo una discusión familiar en la casa de los Vargas. Un vecino llamó a la policía. El patrullero llegó y los policías intentaron llevarse al joven. Ante la resistencia del chico y su familia, los policías lo amenazaron: “te vamos a estar esperando y en algún momento te vamos a agarrar”. Esa misma noche, Adrián salió de su casa con un amigo para ver los festejos de carnaval. Los policías lo encontraron, lo golpearon, esposaron y lo subieron al patrullero, donde continuaron golpeándolo para luego tirarlo del patrullero y dejarlo abandonado. El joven fue asistido por sus vecinos e internado con traumatismo de cráneo en grave estado.

Estos hechos dejan ver la cadena de mentiras, que comienza en la policía, y se continúa en los medios y en la justicia, siempre listos para brindar su ala protectora a los sicarios del Estado que, después de todo, sólo cumplen las funciones que el mismo Estado les encarga, las de mantener a los pobres bien controlados y hacerles saber, a fuerza de palo y bala, quien manda.

Como denunciamos semana tras semana, mes tras mes y año tras año, las manos del Estado están manchadas de la sangre de los pobres, porque un sistema injusto donde la mayoría es oprimida por una minoría, sólo se mantiene con represión sistemática, gobierne quien gobierne.




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Policías violadores.

Policías violadores. Representantes emblemáticos de una fuerza que somete a través de la violencia. El uniforme y el arma, herramientas fundamentales para infundir temor, garantes absolutos del poder de oprimir.

12 y 13 años tienen las nenas ultrajadas que hoy en día tienen que soportar, además del estigma del abuso, enfrentar a un sistema que está preparado para garantizar la impunidad de los delincuentes de uniforme y el escarnio de las víctimas.

En Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, una nena de 12 años le contó a su mamá a través de mensajes de texto, que su padrastro, un ex policía de 44 años, abusaba de ella desde los 7. El 1° de enero, el policía intentó violarla dentro de un auto, por eso la chica le escribió a su madre: "Ya no aguanto más; desde los siete años mi vida es un infierno. Me quiso violar, pero no lo logró. Me amenazó con matarme si te contaba. Hoy (por el 2 de enero) me pegó. No le digas nada de esto por teléfono ni mucho menos en persona".

En Campo Viera, provincia de Misiones, una nena de 13 años fue brutalmente violada, y su familia denunció la complicidad policial. La chica fue entregada el domingo 15 de enero, por una mujer conocida de la familia, quien pasó toda la tarde de ese día en la casa de la nena con la excusa de una visita, esperando la oportunidad de sacarla de la casa bajo engaños. Cuando pudo lograrlo, la guió hacia un auto donde la esperaban estos hombres, quienes la drogaron, la golpearon y violaron durante horas. La chica pudo identificar a cinco de ellos, pero había otros tres encapuchados. Cuando la familia intentó hacer la denuncia en la comisaría, los policías los amenazaron de muerte. Hasta el día de hoy, luego de un mes, la nena continúa internada en el hospital.

Es de manos de estos verdugos que contamos, día a día, las víctimas de nuestro pueblo. Ante la opresión existen dos caminos a elegir, el padecimiento o la resistencia. La defensa de nuestra dignidad radica en la lucha cotidiana. Y el éxito de la lucha, en la organización popular




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Libertad a todos los presos políticos.

Karina Germano López, “La Galle”, está detenida por motivos similares a aquellos por los que el estado argentino asesinó a su padre, Rodolfo Germano, desaparecido en la última dictadura militar.

Durante los ’90, exiliada en España, fue una activa y reconocida militante del movimiento “ocupa” y propulsora de la agrupación H.I.J.O.S. en Barcelona. Continuó su militancia, de regreso en Argentina.

En febrero de 2002, fue condenada por el estado brasileño a 30 años de prisión, condena que fue producto de una causa fraguada en donde se le adjudicó, junto a militantes chilenos y colombianos, el secuestro extorsivo del empresario televisivo Washington Olivetto.

Desde noviembre de 2006, se encuentra detenida en el penal de Ezeiza, gracias a la intensa lucha que su madre y amigos llevaron a cabo para conseguir el traslado. Desde fines de ese año se le venía negando el derecho a salidas transitorias, que le corresponden al cumplirse una sexta parte de la condena de acuerdo al régimen de progresividad que dispone la Ley de Ejecución Penal brasileña.

Hoy, 10 años después de ser condenada y gracias a la lucha incansable que se vino llevando adelante por parte de numerosas organizaciones sociales, políticas y de DDHH, la Corte Suprema debió admitir que le corresponden las salidas transitorias y la Galle va a poder salir a la calle.

Pero la Galle no es la excepción a la regla. El “gobierno de los DDHH”, a lo largo de toda su gestión, llegó a acumular más de 100 presos políticos, unos 6.000 procesados por luchar, y 17 muertos en movilizaciones.

Debemos tomar esta lucha como ejemplo, y multiplicarla, contra la represión a los que luchan y por la libertad de TODOS los presos políticos.




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Represión a los que luchan, política de Estado más afilada que nunca.

Cada semana nos encontramos con nuevos casos de represión a la protesta por parte de los distintos brazos represivos del Estado a lo largo de todo el país.

En Catamarca, siguen las persecuciones a los manifestantes antimineras. Hace dos semanas, un grupo “pro-minera”, integrado por personas que los mismos pueblerinos pudieron identificar como patovicas contratados por la empresa, impidió el acceso a la ruta central de Andalgalá. El bloqueo selectivo tenía como fin el impedimento de acceso o salida a todo “posible asambleísta”, así como a distintos medios de prensa y hasta a una jueza que se dirigía a Belén, donde aún se encuentran detenidos los compañeros criminalizados. Durante el corte, estos “manifestantes pro-minera”, siempre resguardados por la policía provincial, violentaron a varios ambientalistas que intentaban pasar.

La medida fue finalmente levantada, pero los compañeros de Catamarca siguen sufriendo seguimientos, amenazas y armados de causas falsas por parte de la empresa minera, así como allanamientos por parte de la policía provincial, la que, obvio decirlo, se negó a registrar las denuncias de los compañeros que fueron golpeados y agredidos cuando quisieron pasar por la ruta.

Los gobiernos nacional y el provincial, defensores como siempre de los intereses empresariales, continúan con su doble discurso y con su llamado al diálogo, silenciando los constantes ataques sufridos por los manifestantes, ataques que, todos sabemos, son su propia y única respuesta.

Un poco más al norte, en Tartagal, Salta, trabajadores desocupados que se manifestaban junto con distintas organizaciones sociales pidiendo por la reestatización de los hidrocarburos, fueron reprimidos por un grupo de infantería provincial.

Por último, en la provincia de Buenos Aires, trabajadores de la secretaría de Derechos Humanos, agremiados en ATE, fueron amenazados y violentados por patovicas agremiados en SUTCAPRA. Ruben Schaposnik, uno de los delegados amenazados, denunció que estos ataques son sistemáticos dentro de la actual gestión.

Al estado nacional se le terminó de caer la careta de “defensor de los Derechos Humanos”, y confirma a diario su real objetivo de coerción del pueblo trabajador en pos de los intereses de los poderosos. Más que nunca, habrá que estar bien organizados para denunciar y combatir la represión que día a día sufrimos los que levantamos la cabeza para gritar en contra de este sistema injusto.




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Masacre en Honduras.

El 14 de febrero fue noticia el incendio que provocó, hasta ahora, 359 muertos en un penal de Honduras. Sobre el comienzo del incendio hay, como dicen los medios, “versiones encontradas”. La versión oficial (es decir, policial) dice que el incendio se produjo por un cortocircuito eléctrico, pero sobrevivientes del incendio afirman que el fuego comenzó en medio de una pelea interna entre bandas enfrentadas del penal, pelea facilitada por la acción de los guardacárceles que liberaron la zona.

La cantidad de muertos sólo tiene una explicación, pese a que la versión oficial no tiene todavía un cuento armado. Muchos de los presos murieron a causa de las quemaduras, debido a que los guardiacárceles se resistieron a abrir las celdas, lo que significó una condena de muerte para centenares de personas. Por otro lado, a quienes tuvieron la posibilidad de huir del fuego, se los asesinó. Los relatos de los sobrevivientes hablan de la balacera que comenzó a poco del comienzo del incendio, donde los integrantes del aparato represivo apuntaban y disparaban contra aquellos que intentaban salvarse, fusilándolos con tal de evitar su fuga del penal.

De más está decir que el penal estaba sobrepoblado en un 300% de su capacidad, que la gran mayoría de los muertos provenían de los sectores mas explotados de la sociedad, que muchos ni siquiera habían recibido alfabetización. El diario cubano El nuevo Herald lo retrata de esta manera: "La gran mayoría de los más de 355 muertos eran hombres pobres del campo cuyos parientes nunca entendieron los procesos legales que los conllevaron a la Penitenciaría Nacional de Comayegua".

Pero al estado todavía le quedaban balas para repartir. Al enterarse del incendio, los familiares de quienes cumplían condena ahí se acercaron masivamente al penal para reclamar por la vida de quienes estaban adentro. El cartel que tantas veces habían visto sobre la puerta del penal no les dejaba muchas dudas sobre lo que ocurrió y lo que iba a ocurrir, es bastante explicito: “Mantener la justicia, aunque el mundo perezca”. Justicia, claro está, hecha por y para los ricos y poderosos con el objetivo de someter, explotar y disciplinar al resto de la sociedad. Y bien lo demostraron cuando policías y militares arremetieron con balas de plomo y gases lacrimógenos contra los cientos de personas que esperaban recibir noticias sobre la salud de sus parientes. La represión sufrida por las familias no provocó muertes, pero dejó varios heridos en grave estado.

El estado de las cárceles y la represión que sufren diariamente quienes se encuentran en ellas no es exclusividad de Latinoamérica. Entendiendo que los penales forman parte del aparato represivo del estado y que éste es primordial para toda la clase explotadora en cualquier país, es obvio que donde haya una sociedad dividida en ricos y pobres habrá represión, ya que es la naturaleza de las fuerzas de seguridad de cualquier estado disciplinar y matar a la mayoría explotada que amenaza al poder de unos pocos con la organización y la lucha por lo que les corresponde. Así es en Argentina y así es en el resto de los países.

La masacre de Honduras recuerda que el 8 de diciembre de 2010, un incendio en un penal de Chile dejó más de 80 muertos; que, en Argentina, fueron 33 los presos muertos en 2007 a causa del fuego desatado en el penal de Santiago del Estero, y otro tanto en Magdalena, dos años antes, sin olvidar hechos anteriores, como en Coronda. Casos semejantes hay en cantidad en toda América Latina. Sin mencionar a Brasil, en 2007, en Guinea, 22 jóvenes murieron por asfixia al verse impedidos de escapar del humo del fuego por los guardiacárceles. O el domingo pasado, cuando, debido a que los guardiacárceles abrieron las puertas de los pabellones, 44 personas murieron en un enfrentamiento dentro de un penal en Apodaca, México.

"El trabajo los hará libres" se leía en Auschwitz. “Mantener la justicia, aunque el mundo perezca” reza el cartel del penal de Honduras. Faltaría agregar que eso se lleva a cabo a costa de la sangre de los pobres, acá y en el resto del mundo.

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