Guatemala:Los problemas creados por la mina Marlin-Goldcorp, San Marcos
Por reenvío red eco alternativo - Wednesday, Feb. 29, 2012 at 7:02 PM

A partir del 2005 Montana Exploradora, subsidiaria de la empresa Canadiense Goldcorp, explota los recursos naturales, sobre todo el oro, en el Altiplano de San Marcos. Ya son siete años que los pueblos de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, dónde está ubicada la Mina Marlín, sienten la influencia diaria del proyecto minero.

(Monseñor Alvaro Ramazzini Obispo de la Diócesis de San Marcos – Rebelión) Guatemala - Para investigar la calidad de las aguas superficiales alrededor de la Mina Marlín, ya por cinco años la Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE) de la Diócesis de San Marcos está realizando un monitoreo. En el cuarto informe, por ejemplo, se ha observado que existen altas concentraciones de cobre, aluminio, manganeso y sobre todo arsénico, así como nitratos en los ríos Quivichil y Tzalá en los puntos ubicados río abajo del reservorio de aguas residuales de la mina y en ciertos nacimientos, por lo que se puede concluir que las operaciones mineras tienen influencia sobre la calidad de estas aguas. En su monitoreo independiente el Centro de Estudios del Mar y Acuicultura (CEMA) de la Universidad de San Carlos de Guatemala respalda el cuarto informe de COPAE, ya que los resultados son parecidos. Además, según el mismo informe de CEMA, todas las fuentes de agua muestreadas en la región (superficiales y subterráneas) mostraron contaminación microbiológica, lo cual indica que no son aptas para consumo humano.
En su “Evaluación de las condiciones previstas y reales de la calidad del agua en la Mina Marlín, Guatemala” E-Tech International, una organización de apoyo técnico ambiental sin fines de lucro, advirtió que “los desechos de la mina tienen un potencial moderado a alto para generar ácido y lixiviar contaminantes (…) a los recursos hídricos y biótica acuática, (…) y que las filtraciones de colas podrían estar migrando al drenaje corriente abajo del embalse de colas.” Según una investigación de COPAE en conjunto con la Universidad Noruega de Ciencias de la Vida también existe mayor reactividad química de arsénico en las capas superiores de los sedimentos ubicados río abajo del reservorio, lo que indica que el arsénico que se encuentra arriba es más reciente al compararse con los sedimentos de arsénico más abajo y que son prueba de episodios de descarga o inundación del reservorio los cuales contribuyen a que el arsénico llegue al río en concentraciones peligrosas en algunas ocasiones.
Según el informe sobre el nivel de contaminación por cianuro, existe un bajo nivel de contaminación en las muestras de precipitación pluvial obtenidas en las zonas cercanas al proyecto minero y en el aire que circula en los alrededores de la zona. La contaminación proviene de la actividad minera en dónde se extrae el oro del mineral por medio de lixiviación. La contaminación por cianuro puede ser corregido de ser implementadas las medidas preventivas o de mitigación correspondientes por la empresa. También existe contaminación por lluvia ácida en toda la zona de los alrededores de la Mina Marlín, posiblemente producto de la actividad minera.
Luego de 4 años consecutivos de monitoreo de agua y de otras investigaciones sobre los riesgos ambientales, los resultados obtenidos nos indican que los habitantes de las comunidades y las demás formas de vida que se encuentran en el área de influencia de la mina continúan en alto riesgo de contaminación, lo cual viola los derechos humanos a un ambiente sano, al agua y la alimentación entre otros.
El Convenio 169 de la OIT, también ratificado por el estado de Guatemala, exige que los pueblos indígenas y tribales sean consultados en relación con los temas, en este caso la minería, que los afectan. Más de un millón de personas están defendiendo su territorio a través de 58 consultas comunitarias dentro del marco de las concesiones de licencias de exploración y explotación y siempre la decisión fue un resoluto “no” a la minería.
El 23 de febrero de 2011 el gobierno Guatemalteco presentó una iniciativa que pretendía reglamentar los procesos de consulta comunitaria de buena fe que se realicen en torno al Convenio 169. El 23 de marzo de 2011 varios pueblos indígenas, reunidos en torno al Consejo de Pueblos de Occidente (CPO) interpuso la Acción Constitucional de un Amparo en contra del procedimiento iniciado por el entonces presidente, Álvaro Colom. El 1 de diciembre de 2011 la Corte de Constitucionalidad emitió la sentencia definitiva a favor del CPO. La ley tendrá que respetar la decisión de las comunidades porque es la legítima decisión del pueblo, haciendo valer sus derechos colectivos.
Fuente: http://rebelion.org/docs/145240.pdf

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